El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, es responsable de la muerte bajo custodia estatal desde 2018 de ocho personas detenidas por motivos políticos, entre ellas la de su hermano Humberto Ortega y la del líder indígena Brooklyn Rivera, concluye un informe de expertos de Naciones Unidas.El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señala que los abusos que detalla podrían constituir crímenes de lesa humanidad tales como encarcelamiento, tortura, desaparición forzada o persecución por motivos políticos."Un Estado que recurre a las desapariciones forzadas y permite que las personas mueran bajo custodia no cumple las normas mínimas de derechos humanos exigidas para una gobernanza democrática creíble", señaló el presidente del grupo de expertos, el alemán Jan-Michael Simon.El informe dedica un amplio capítulo a la muerte de Rivera, líder indígena miskito y fundador del partido político Yatama, quien permaneció detenido de forma arbitraria durante casi tres años, hasta que las autoridades declararon su fallecimiento el pasado 31 de mayo."El Gobierno de Nicaragua quitó a Rivera su libertad, luego su salud, y por último la vida", afirmó el húngaro Reed Brody, también miembro del grupo de expertos, quien señaló que las explicaciones dadas por el régimen sobre el fallecimiento del líder indígena están plagadas de inconsistencias.Además, esas explicaciones "se ven empañadas por su negativa a permitir una autopsia independiente y por la prisa en enterrarlo antes incluso de que su familia pudiera despedirse de él", afirmó."Anatomía de la crueldad estatal"Respecto al caso de Humberto Ortega, fallecido bajo custodia en un hospital militar en septiembre de 2024, el grupo de expertos subrayó que no pudo verificar las circunstancias de esta muerte pero señaló que hay "serias preocupaciones" en torno a si recibió atención sanitaria oportuna y adecuada.También recordó que el exministro de Defensa y antiguo jefe del Estado mayor nicaragüense, que en sus últimos años fue crítico con el Gobierno de su hermano, permaneció detenido en régimen de incomunicación, algo que puede ser considerado trato cruel, inhumano o tortura.Otros fallecidos bajo custodia citados en el informe son Eddy Antonio Montes, Santos Sebastián Flores, Jorge Hugo Torres, José Modesto Solís, Mauricio Francisco Alonso y Carlos Cárdenas.Sus muertes "son el resultado previsible de una serie de actos sistemáticos, deliberados y coordinados, ejecutados por la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior y el poder judicial", concluye el informe.También señala que existen motivos razonables para creer que este aparato institucional opera bajo el control centralizado de los copresidentes de Nicaragua, en referencia a Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.El informe, titulado "Anatomía de la crueldad estatal", también subraya que al menos 161 personas han sufrido desaparición forzada a manos del régimen desde 2018, y señala que al menos 29 siguen en paradero desconocido.Los expertos exhortaron al Gobierno de Nicaragua a revelar el paradero de esos 29 desaparecidos, a liberar a todos los detenidos por motivos políticos y a investigar las muertes bajo custodia.También instó a devolver los restos de Rivera a su familia y a la comunidad miskita, y urgió a la comunidad internacional a tomar acciones para que haya una rendición de cuentas por los abusos denunciados, usando si es preciso la jurisdicción penal universal.
Estados Unidos exhortó a sus socios a romper vínculos con Nicaragua, tras la decisión del Congreso de ese país de prohibir la participación de opositores en las elecciones, según una declaración este miércoles del secretario de Estado Marco Rubio."Ayer, la Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años. Estados Unidos implementará medidas en la próxima Ministerial de Relaciones Exteriores de la OEA para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura", escrio Rubio en su cuenta de X. En ese comunicado, Washington llama a sus aliados internacionales a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura" del presidente Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.Esto se da después de que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por Ortega, aprobara el martes en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial, establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos "los traidores a la patria", el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma constitucional que busca dejar a la oposición fuera de las elecciones en Nicaragua propone además ampliar el periodo presidencial de seis a siete años, informó este martes la Asamblea Legislativa al recibir el proyecto del presidente Daniel Ortega.La Asamblea -controlada por el gobierno- tiene previsto aprobar a inicios de septiembre las leyes solicitadas por Ortega para que en los comicios no participen "vendepatrias" ni "golpistas" al servicio de Estados Unidos, los términos con los suele referirse a sus adversarios."Nuestro sistema de Estado y gobierno de pueblo presidente propone ordenarse con periodo efectivo de siete años renovables", dijo el presidente del Congreso, Gustavo Porras, al leer la parte introductoria de la propuesta.El texto no ha sido difundido aún en su totalidad.La ampliación del mandato "asegura estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias", añadió Porras.La copresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, explicó el lunes que el plan de reforma fue compartido con el cuerpo diplomático y antes de su aprobación también habrá "consultas" con varios sectores de la sociedad nicaragüense.
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, dijo el domingo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, al anunciar el cierre de 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones.De La Espriella, que debe tomar posesión del cargo el 7 de agosto, dijo que cerrará embajadas en Argelia, Haití, Barbados, Hungría, Senegal, Etiopía, Sudáfrica, entre otros países.También anunció que unificará oficinas en Francia e Italia donde además existen representaciones en organismos como la Unesco y la FAO."En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías", dijo De la Espriella al referirse a Cuba y Nicaragua durante su anuncio, aunque aclaró que estas decisiones "no significan romper relaciones diplomáticas" con el resto de países.El gobierno de Nicaragua anunció esta semana una reforma legislativa para impedir que partidos opositores participen en elecciones."Con el resto de países y organismos, Colombia mantendrá sus relaciones internacionales y garantizará la atención" de sus connacionales a través de otras embajadas, señaló De La Espriella en declaraciones en redes sociales.El gobernante electo también planea reabrir la legación colombiana en Jerusalén y ordenará suspender la instalación de una embajada en Palestina, una iniciativa del presidente Gustavo Petro.Petro rompió en 2024 relaciones con Israel, tradicional aliado en materia de seguridad, en rechazo a la ofensiva de ese país en Gaza.De La Espriella justificó que el cierre de embajadas le permitirá ahorrar dinero y destinarlo a seguridad.En los planes del gobernante electo también está abrir una embajada en Nigeria que "permitirá reorganizar y hacer más eficiente" la presencia colombiana en el continente africano.Informó además que la ciudad de Barranquilla será "sede permanente" de la presidencia y que convertirá a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo en Bogotá "en un museo abierto al público".En medio de la polémica, De La Espriella asegura asumirá el cargo en una ceremonia que se desarrollará en la ciudad de Cali, una iniciativa que debe ser votada en el Congreso la próxima semana.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente este domingo cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar de que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo."Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder", lanzó en un discurso el mandatario durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo.Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan "agazapados" y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse."Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder", enfatizó.Anunció que van trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, "y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán".A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de "copresidenta" en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso electoral libre.EE.UU. acusó a Murillo de que,"cobardemente", junto a Ortega, "ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar".Además, advirtió que "el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo" nicaragüense.
A una cárcel de Antioquia fue enviado el presunto administrador de una lancha en la que viajaban de manera irregular 42 personas que desaparecieron entre la isla de San Andrés y cayos nicaragüenses en 2023.Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó el delito de tráfico de migrantes agravado a Borghi Kure Gaviria, presunto administrador de la lancha en la que viajaban de manera irregular 42 personas que desaparecieron entre la isla de San Andrés y cayos nicaragüenses, el 21 de octubre de 2023.De acuerdo con la Fiscalía, "tres embarcaciones zarparon ese 21 de octubre de un muelle particular con decenas de migrantes a bordo. Dos arribaron sin contratiempos a su destino, mientras que de la tercera no volvió a tenerse noticia”.Investigaciones revelan que la desaparición de la lancha se pudo dar por condiciones climáticas adversas. Además de los dos tripulantes, "a bordo iban pasajeros de nacionalidad colombiana, venezolana y china, entre ellos una mujer gestante y 12 menores de edad, uno de ellos un bebé de tres meses".En la audiencia se conoció que la nave en la que iban estas personas era utilizada para actividades de pesca artesanal con capacidad autorizada para 15 personas, por lo que carecía de permiso de la Capitanía de Puerto, tanto para navegar en mar abierto como para transportar viajeros.Kure Gaviria, al parecer, "hacía parte de una organización dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés, proporcionarles alojamiento temporal, coordinar el posterior traslado marítimo hacia territorio nicaragüense, la definición de los horarios de zarpe y las condiciones de pago por cada viajero".Este hombre fue capturado el pasado 14 de julio en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro (Antioquia), tras ser deportado de Panamá, país al que habría huido tras la desaparición de la embarcación.Luego de la formulación de cargos en su contra, un juez penal le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Kure Gaviria.
La oficina central de Interpol en Francia negó la solicitud de la Fiscalía para reactivar la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, señalado como el cerebro del desfalco en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El organismo internacional argumentó que tiene prohibido intervenir en asuntos de naturaleza política, blindando la movilidad global del exfuncionario, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia colombiana y bajo asilo político en Nicaragua.¿Por qué Interpol negó la circular roja a Carlos Ramón González?La decisión de la Interpol se fundamenta en sus estatutos de neutralidad. Según voceros de la Fiscalía General de la Nación, la organización internacional notificó que no reincorporará a González en sus listados de búsqueda global debido a su estatus de asilado político en Nicaragua, otorgado por el régimen de Daniel Ortega.Aunque la circular fue retirada inicialmente el pasado 7 de abril, esta nueva negativa ratifica que el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) no podrá ser capturado en el exterior por la policía internacional. No obstante, las autoridades colombianas aclararon que la orden de captura nacional sigue vigente, lo que implicaría su detención inmediata si llegara a ingresar al territorio colombiano.González, quien también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), es investigado por la Fiscalía por tres delitos principales: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos.La investigación señala que González habría ordenado el pago de sobornos por 4.000 millones de pesos en efectivo a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle. El objetivo de estos pagos, presuntamente extraídos de recursos de la UNGRD, era asegurar el trámite de las reformas pensional y laboral del gobierno del presidente Gustavo Petro.El exfuncionario ha logrado evadir la extradición gracias a las gestiones realizadas ante el gobierno nicaragüense. A pesar de que el Ministerio de Justicia inició los trámites de extradición en agosto, el régimen de Ortega se negó rotundamente a colaborar, ratificando la condición de refugiado de González. Esta situación se suma a la polémica por el apoyo que habría recibido desde funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua para gestionar su documentación de residencia mientras la justicia colombiana lo requería.
Óscar Muñoz, en calidad de encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, gestionó la renovación de la residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González, señalado por ser el cerebro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) e imputado por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.Cuando se hizo público este escándalo, la Cancillería aseguró que se trató de gestiones que no conoció ni el presidente Petro ni la ministra en ese entonces, Laura Sarabia. Le abrieron una investigación interna, pero luego su nombre volvió a ser noticia por una parranda vallenata promocionada por la Embajada de Colombia en Nicaragua en la que participó Muñoz y a la que también asistió Carlos Ramón siendo prófugo de la justicia.En ese momento, el presidente Gustavo Petro en un trino pidió la salida de todos los funcionarios de la misión involucrados en la fiesta. Pero, aunque este funcionario aparece en todos los videos conocidos, en la tarima y bailando, no fue retirado de su cargo sino trasladado y nombrado primer secretario en la Embajada de Guyana.La resolución fue firmada por la canciller Rosa Villavicencio el 17 de diciembre del año pasado y se posesionó, según un acta conocida por Blu Radio, el 23 de febrero de este año. Este medio conoció que el traslado de Muñoz de una embajada a otra le costó a la Cancillería, que está en plan de austeridad, 72.812.000 de pesos correspondientes a viáticos y menaje, es decir, un dinero que le dan para que trastee sus cosas de un país a otro. Su sueldo en Guyana es de 9.873 dólares, es decir, 36 millones de pesos mensuales.Blu Radio consultó a la Cancillería para preguntar por qué si el mandatario ordenó la salida de este funcionario, la decisión fue reubicarlo a una embajada abierta por el Gobierno Petro, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Por su parte, la unión de funcionarios de carrera diplomática y consular, cuestionó el nombramiento.“El traslado de un funcionario profesional en medio de cuestionamientos no puede presentarse como un simple movimiento administrativo. Envía un mensaje equivocado, desdibuja el carácter excepcional de la profesionalidad y afecta la credibilidad del servicio exterior”, dijo Jose Salcedo, presidente encargado de Unidiplo.
El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.Estados Unidos había tildado de "preocupante" la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.Países a los que Nicaragua les exigirá visa en 2026Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:AfganistánAndorraAntigua y BarbudaArmeniaAzerbaiyánBahamasBangladeshBarbadosBenínBosnia y HerzegovinaBotsuanaBurkina FasoBurundiButánCabo VerdeCamboyaCamerúnChadChina (solo portadores de pasaportes ordinarios)Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)ComorasCongoRepública Democrática del CongoRepública Popular Democrática de CoreaCosta de MarfilCroaciaCubaDjiboutiEgiptoEmiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)EritreaEslovaquiaEsloveniaEstoniaEsuatiniEtiopíaFijiGabónGambiaGeorgiaGhanaGranadaGuineaGuinea BissauGuinea EcuatorialGuyanaHaitíIndia (solo portadores de pasaportes ordinarios)Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)IrakIrán (solo portadores de pasaportes ordinarios)IslandiaIslas MarshallIslas MauricioJamaicaKeniaKirguistánKiribatiLaosLesothoLíbanoLiberiaLibiaLiechtensteinLituaniaMacedoniaMadagascarMalawiMaldivasMaliMarruecosMéxico (solo portadores de pasaportes ordinarios)MicronesiaMónacoMongoliaMontenegroMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNÍgerNigeriaNueva ZelandaPakistánPalaosPapúa Nueva GuineaPerú (solo portadores de pasaportes ordinarios)RuandaRepública Árabe Saharaui DemocráticaRepública CentroafricanaSamoaSan Cristóbal y NievesSan MarinoSan Vicente y las GranadinasSanta LucíaSanto Tomé y PríncipeSenegalSerbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)SeychellesSierra LeonaSiria (solo portadores de pasaportes ordinarios)Sri LankaSudánSurinamTailandiaTanzaniaTayikistánTimor OrientalTogoTongaTrinidad y TobagoTúnezTurkmenistánTuvaluUcraniaUgandaUzbekistánVanuatuVenezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)YemenZambiaZimbabue
Carlos Ramón González no planea regresar a Colombia, incluso si la Corte Suprema de Justicia lo condena. Así lo dejó claro su abogado, Iván Cancino, al confirmar que su defendido continuará en Nicaragua bajo la figura de asilo político, una decisión que, según explicó, dependerá del gobierno de ese país.En entrevista en Mañanas Blu, Cancino habló sin rodeos sobre el escenario que enfrenta el exdirector del DAPRE, quien será acusado formalmente el próximo 29 de enero. González, cercano al presidente Gustavo Petro, seguirá el proceso de manera virtual desde Managua, donde reside desde hace varios meses.La frase que marcó la conversación fue directa y sin ambigüedades: “Si lo condenan y el asilo sigue vigente, pues él tomará la decisión que creo será la de seguir asilado en Nicaragua”, afirmó el abogado, dejando claro que el regreso a Colombia no está en los planes inmediatos.¿Carlos Ramón González volvería al país si hay condena?Para Cancino, la respuesta es clara. Mientras el asilo político se mantenga, Colombia no tendría herramientas para obligar su regreso. “Si se mantiene el asilo, pues obviamente no podrán traerlo”, explicó, aunque reconoció que, si Nicaragua decide levantar esa protección, la justicia colombiana podría actuar.El abogado reiteró que, desde su perspectiva, González sigue siendo inocente. “Para mí sigue siendo inocente”, insistió, señalando que la acusación no cambia la estrategia de defensa ni su convicción sobre el resultado del proceso.González comparecerá virtualmente desde NicaraguaCancino confirmó que su cliente asistirá a las audiencias de manera virtual. “Él se comunicará virtualmente con la audiencia y atenderá las audiencias que se sigan de aquí en adelante por ese medio”, dijo.Sobre la posibilidad de que fiscales o autoridades viajen a Nicaragua para interrogarlo, fue tajante: “Perderían el tiempo”. Según explicó, su recomendación es clara: “Mi recomendación para Carlos Ramón será guardar silencio”.El abogado aseguró no tener información sobre un eventual acompañamiento del Gobierno colombiano o de la Cancillería. “No tengo ni idea si lo están apoyando”, afirmó.Mientras se acerca la fecha clave ante la Corte Suprema, la defensa deja un mensaje claro: González no regresará al país y, si hay condena, su permanencia en Nicaragua seguirá siendo la carta principal. El proceso avanzará, pero a distancia.
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Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 25 de septiembre de 2026:Alejandro Eder, alcalde de Cali, informó que la 'Operación Iron' permitió desarticular siete bandas dedicadas al microtráfico, hurto y homicidio en sectores como El Calvario, El Vallado y Meléndez. Explicó que participaron cerca de 1.400 integrantes de la fuerza pública y anticipó que este será el primero de varios operativos contra las cerca de 100 estructuras delincuenciales que, según la Alcaldía, están identificadas en la ciudad.Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, explicó que la reforma tributaria distrital ya avanzó en sus principales componentes, entre ellos la sobretasa para financiar el alumbrado público inteligente. Si el proyecto termina de aprobarse, estimó que el cobro equivaldría en promedio a $11.000 mensuales para estrato 4, $19.000 para estrato 5 y $29.000 para estrato 6, con excepciones para hogares sin capacidad de pago.Carlos Hernán Betancourt, director de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia, cuestionó la sobretasa de alumbrado público y advirtió que calcularla con base en el avalúo catastral puede generar incrementos significativos para locales y centros comerciales. Sostuvo que el mayor costo podría trasladarse a precios, afectar la permanencia de algunos negocios y aumentar la presión tributaria sobre el sector.María Luisa Escolar, directora de Claro Empresas, informó que la compañía invirtió más de $125.000 millones este año en sus centros de datos para ampliar la capacidad de procesamiento y almacenamiento en Colombia. También destacó la recuperación de cerca del 90 % de la infraestructura tecnológica afectada por el terremoto en las primeras 48 horas y presentó la apuesta de la empresa por inteligencia artificial, ciberseguridad y nuevos servicios digitales.Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera, dio la bienvenida al nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, y pidió fortalecer la producción de petróleo y gas, proteger el empleo y mantener personal con experiencia técnica en las principales vicepresidencias de la compañía. Además, defendió el desarrollo de yacimientos no convencionales como una alternativa para aumentar las reservas energéticas del país.Iader Maldonado, director de Tecnología de Claro Empresas Colombia, explicó que el terremoto dejó afectadas más de 600 estaciones celulares, de las cuales cerca del 90 % se recuperó en tres días y el 98 % en una semana. Señaló además que Claro ya tiene desplegadas más de 2.800 estaciones 5G y la cobertura de esta tecnología está cerca del 55 % de la población del país.Húber Darío Sánchez, alcalde de Ábrego, Norte de Santander, informó que las autoridades investigan el atentado en el que murieron dos policías en un sector urbano del municipio. Aseguró que todavía no se había determinado qué grupo fue responsable y anunció un consejo extraordinario de seguridad en el que se evaluarían medidas como un eventual toque de queda.Miguel Cendales, gerente de Ciberseguridad de Claro Colombia, advirtió que los ataques informáticos ya no buscan únicamente robar información, sino que pueden afectar directamente maquinaria, servicios públicos e incluso equipos médicos conectados a internet. Explicó que el uso de inteligencia artificial también está aumentando la velocidad y sofisticación de los ataques y llamó a que pequeñas y medianas empresas refuercen su protección digital.Alejandro Fernández, médico urólogo de la Clínica del Country y el Hospital Militar, explicó que la ciencia ha avanzado en métodos anticonceptivos masculinos capaces de detener temporalmente la producción de espermatozoides, pero todavía existen dificultades para garantizar que el efecto sea rápidamente reversible. También señaló que algunos tratamientos en investigación podrían interferir con receptores androgénicos y generar efectos secundarios como alteraciones en la erección.Escuche el programa completo aquí:
Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita esclarecer el asesinato de dos uniformados de la Policía ocurrido este viernes 25 de septiembre en Ábrego, Norte de Santander, y que conduzca a la identificación y captura de los responsables.De acuerdo con el coronel Carlos Angarita, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, el ataque ocurrió hacia las 9:30 de la mañana, cuando los uniformados se desplazaban en un vehículo institucional para adelantar una actividad preventiva en un colegio del municipio. Según la información preliminar, fueron atacados con armas de fuego por sujetos que se movilizaban en otro vehículo y que posteriormente huyeron en dirección hacia Cúcuta.En el hecho murieron el intendente César Augusto Rodríguez Nieves, de 40 años, y el auxiliar de Policía Brian Steven Lizarazo Torres, de 19 años, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones.Tras el ataque, la Policía, en coordinación con el Ejército Nacional, desplegó capacidades operativas e investigativas para ubicar a los responsables y establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen. “Ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos y llegar con los responsables de este acto criminal”, señaló el coronel Angarita.Las autoridades pidieron a la ciudadanía suministrar cualquier información que pueda contribuir a la investigación, mientras los equipos de inteligencia e investigación criminal adelantan la búsqueda de los responsables. La Policía también expresó su solidaridad con las familias de los dos uniformados y aseguró que continuará con las acciones para lograr su judicialización.
Un árbitro fue suspendido en Bolivia por pitar un penal inexistente que provocó una reacción insólita: en protesta por la decisión, el portero dio la espalda al ejecutor y se plantó al lado de un poste, desde donde vio caer su valla.El juez central Carlos Arteaga fue suspendido "por un lapso de tiempo indefinido" a raíz de su polémica determinación, que se ha viralizado en redes sociales, dijo el viernes a la AFP un vocero de la Federación Boliviana de Fútbol.La situación ocurrió el domingo en el encuentro del torneo de ascenso boliviano que Atlético Independiente y Wilstermann Cooperativas disputaron en Cochabamba, sin la asistencia del VAR.A pocos minutos del final, cuando el juego iba empatado 2-2, Arteaga decretó un penal por una supuesta falta en un mano a mano entre el portero argentino Gustavo Tesonotte y un delantero rival.El juez sancionó "un penal inexistente en una jugada de disputa normal", una decisión que "ha incidido en el resultado final del partido", aseguró la Comisión Nacional de Árbitros de Bolivia al justificar la suspensión del referí.El fallo arbitral inmediatamente generó reclamos de los jugadores visitantes del Wilstermann, pero Tesonotte fue más allá y optó por ni siquiera intentar atajar el penal.El guardameta, de 28 años, se puso de espaldas al delantero Ernesto Adiri, se ubicó en la esquina del arco junto al poste y dejó que su contrincante rematara sin ninguna resistencia.Cuando Adiri, de 24 años, anotó el gol que le dio la victoria 3-2 a Atlético Independiente, Tesonotte aplaudió mientras sus compañeros discutían con el árbitro."Me generó muchísima bronca", contó el arquero a Cadena 3 de Argentina tras el partido. Aseguró que la manera en que encaró el penal fue "en forma de protesta" y concertada con sus compañeros y el cuerpo técnico del club.
