Un niño de casi dos años se convirtió en el primer menor de ese rango de edad en recibir la eutanasia bajo una normativa que permite este procedimiento en casos excepcionales de enfermedades graves.
La decisión se tomó después de que los médicos y sus padres consideraran que el sufrimiento que enfrentaba era insoportable, no tenía posibilidades de mejorar y no podía ser aliviado mediante otras alternativas razonables.
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El caso ocurrió en Países Bajos y corresponde a un menor que nació prematuramente, a las 26 semanas de gestación, y que durante su corta vida presentó múltiples complicaciones. Entre ellas estaban un daño cerebral severo, parálisis cerebral, discapacidad visual y epilepsia, además de dificultades respiratorias asociadas con la acumulación de secreciones en los pulmones y las vías respiratorias.
Su estado de salud fue deteriorándose con el paso del tiempo. Las crisis epilépticas continuaban pese a los tratamientos empleados y sus capacidades motoras y de desarrollo estaban gravemente limitadas. De acuerdo con la valoración médica, tampoco existían perspectivas de que pudiera alcanzar un nivel significativo de autonomía o experimentar una recuperación de sus condiciones.
Sin embargo, la posibilidad de recurrir a la eutanasia no fue aceptada desde el primer momento. Antes de tomar una decisión definitiva, el médico responsable consultó a diferentes especialistas independientes para determinar si el sufrimiento del niño cumplía con los requisitos establecidos y, especialmente, si todavía había opciones para disminuirlo.
Las primeras valoraciones no fueron concluyentes. Uno de los médicos consultados consideró que no podía establecerse que el menor estuviera experimentando un sufrimiento continuo e insoportable. Una especialista en cuidados paliativos, además, señaló que todavía podían estudiarse otras alternativas, como modificar determinadas medidas de atención y probar diferentes medicamentos para controlar las crisis epilépticas.
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Otro especialista llegó a una conclusión similar y planteó que aún existían posibilidades de intervención. Por esta razón, el procedimiento no se realizó inmediatamente y se continuó evaluando la evolución del niño y la respuesta a las alternativas disponibles.
La situación cambió después de una nueva valoración independiente. En esta ocasión, el especialista consultado consideró que el sufrimiento insoportable del menor podía ser observado de manera clara y que, teniendo en cuenta la gravedad y carácter irreversible de sus afectaciones, se cumplían las condiciones necesarias para proceder.
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Finalmente, los padres y el médico tratante acordaron poner fin a la vida del niño. El caso fue remitido posteriormente al comité encargado de revisar este tipo de procedimientos, que determinó que el profesional había cumplido con los criterios de diligencia establecidos. En su análisis tuvo en cuenta el deterioro del menor, la ausencia de perspectivas de mejoría y que las intervenciones realizadas no habían conseguido aliviar de manera suficiente su situación.
En Países Bajos, desde 2024 existe una regulación específica para la terminación de la vida de niños de entre uno y 12 años que padecen una enfermedad grave y sufren de manera insoportable, cuando no existe una posibilidad razonable de mejorar su condición. El procedimiento requiere, entre otros aspectos, la participación de los padres y la valoración de médicos independientes.
El caso ha llamado especialmente la atención porque se trata del primer registro de un procedimiento de este tipo desde que la normativa fue ampliada para contemplar a menores de esas edades. La revisión posterior del comité concluyó que, en las circunstancias concretas del caso, el médico había actuado conforme a los requisitos de cuidado establecidos.