El Ministerio de Salud y la Protección Social ha emitido la Resolución 813 de 2026, una normativa que transforma los requisitos y el acceso al derecho a morir dignamente en Colombia.Este nuevo marco legal busca eliminar las barreras que enfrentaban pacientes con enfermedades graves e incurables que, a pesar de padecer sufrimientos intensos, no eran considerados "terminales" por las instituciones de salud. Ampliación del derecho más allá de la fase terminalUno de los puntos más relevantes de la resolución es la formalización de la eutanasia para pacientes sin condición terminal. Según Laura Pombo, directora de la fundación Morir Dignamente, la normativa llega para "dar más claridad a las instituciones" que seguían interpretando el derecho de forma restrictiva. Pombo explicó que, aunque la Corte Constitucional ya había abierto esta posibilidad desde 2021, muchas IPS y EPS mantenían obstáculos burocráticos"Antes, en la práctica, muchas instituciones seguían entendiendo la eutanasia como un derecho reservado únicamente para pacientes en fase terminal", señaló la directora, enfatizando que ahora el sistema de salud debe reconocer escenarios de enfermedades graves, incurables o lesiones corporales irreversibles que generen un sufrimiento incompatible con la dignidad humana. La ruta de acceso y los tiempos de respuestaLa resolución establece una ruta clara para el paciente. El proceso puede iniciarse mediante un documento de voluntad anticipada o una solicitud verbal o escrita. Un aspecto crítico es la agilidad del sistema: una vez realizada la solicitud, el médico cuenta con un plazo de solo 24 horas para activar el comité multidisciplinario de eutanasia.Este comité, integrado por un médico especialista, un psiquiatra o psicólogo y un abogado, tiene la tarea de evaluar si la decisión es libre, informada y consciente. Tras la evaluación, el comité "tiene 10 días para dar una respuesta positiva o negativa", y en caso de ser negativa, esta debe estar plenamente justificada.Protección a menores y objeción de concienciaRespecto a los menores de edad, la norma establece un equilibrio entre la protección y la autonomía. Los niños entre 0 y 6 años están excluidos de las solicitudes, pero deben recibir cuidados paliativos. Para niños de entre 6 y 12 años y adolescentes, se evalúa el nivel de madurez y comprensión de la muerte."La norma intenta equilibrar dos cosas difíciles: proteger a los menores, pero también reconocer que algunos adolescentes con enfermedades muy graves sí tienen voz", afirmó Pombo.Finalmente, sobre la objeción de conciencia, se ratifica que los médicos pueden negarse individualmente por razones éticas o religiosas, pero las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Por tanto, las EPS e IPS están obligadas a garantizar que siempre exista un profesional disponible para realizar el procedimiento y asegurar el derecho del paciente. Escuche aquí la entrevista:
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, con la que redefine la aplicación del derecho la eutanasia o a morir dignamente en Colombia y establece cambios clave en el acceso a este tipo de decisiones dentro del sistema de salud.Uno de los puntos centrales de la norma es que el acceso a la eutanasia ya no está limitado a pacientes en fase terminal. A partir de esta resolución, también podrán solicitar este procedimiento personas con enfermedades graves e incurables que generen un sufrimiento intenso, incluso si su condición no se encuentra en etapa final de vida. Este ajuste elimina una de las principales restricciones que existían y amplía el universo de pacientes que pueden acceder a este derecho.La resolución también amplía el alcance del derecho a morir dignamente. Ya no se entiende únicamente como la posibilidad de acceder a la eutanasia, sino que incorpora de manera integral los cuidados paliativos orientados al manejo del dolor y la calidad de vida y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender o no iniciar tratamientos cuando resultan desproporcionados o no representan un beneficio para el paciente.En materia de decisiones, la norma introduce cambios en la forma en que los pacientes pueden manifestar su voluntad. Se establecen reglas más precisas para el consentimiento informado y se regulan escenarios en los que la persona no puede expresarse directamente. En estos casos, se contempla el consentimiento sustituto y la figura de los “apoyos interpretativos de la voluntad”, que permiten tener en cuenta manifestaciones previas del paciente para orientar la decisión.Otro de los ejes de la resolución es el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La norma establece que las decisiones sobre el final de la vida deben partir de la voluntad de la persona, teniendo en cuenta su concepto de dignidad, calidad de vida y sufrimiento, por encima de otros criterios.Asimismo, se actualiza el papel de los comités dentro del sistema de salud. Los comités de ética hospitalaria tendrán un rol consultivo en casos de decisiones complejas, especialmente frente a la adecuación de tratamientos, mientras que los comités interdisciplinarios de eutanasia serán los encargados de verificar que se cumplan las condiciones para acceder a este procedimiento.
La enorme polémica que ha generado en Colombia la decisión del Ministerio de Ambiente de ordenar la eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio tuvo un nuevo espacio en la Asamblea de Antioquia en donde la autoridad ambiental encargada de la caza controlada lanzó críticas al Gobierno nacional.Hay que recordar que uno de los puntos de la discordia ha sido que no se han contemplado otras soluciones como la traslocación, la esterilización o el confinamiento de los animales e, incluso, el director de Cornare, Javier Valencia, aseguró que a pesar de tener propuestas sobre la mesa para llevarse a varios hipopótamos, el Ministerio de Ambiente no actúa con rapidez."Aquí sí es una pequeña crítica al Ministerio de Ambiente no ha no ha hecho la la gestión demasiado ágil. Si bien la han hecho, pero no con la velocidad que nosotros quisiéramos, a la velocidad tenemos nosotros solicitudes de diferentes santuarios de fauna o instituciones", aseguró el director.En medio de las críticas por la decisión de la eutanasia, Cornare entregó algunas cifras que dejan en evidencia la magnitud del problema y es que, por ejemplo, la esterilización de un solo hipopótamo cuesta cerca de 60 millones de pesos, y aunque ya se han hecho 35 procedimientos, hacerlo con los 80 ejemplares valdría cerca de 5.000 millones de pesos y se demoraría un poco más de 4 años cuando se estima ya hallan cerca de 400 hipopótamos en la subregión.Valencia, quien indicó que cerca del 70 % de los hipopótamos están en jurisdicción de Cornare, manifestó que para la eutanasia se tiene un presupuesto mayor a los 7.000 millones de pesos y que aunque el protocolo existe, hay otra problemática que podría ampliar la discusión: no se han hecho los diálogos con todas las partes, ni se han buscado otras soluciones."Participación, comunicación, socialización, escuchar a las partes, escuchar a todas las partes. Si nosotros no damos esa información, si no se da desde el ministerio, definitivamente, entonces, vamos a mantenernos en un caos. No puede ser la única solución. Le hemos hemos dicho, y es que se tienen que considerar otras acciones", manifestó Valencia.También se debe mencionar que aunque es bien conocido que no es una situación nueva, la autoridad ambiental reconoció que desde el 2009 se hicieron los primeros acercamientos con el Gobierno nacional para, en ese momento, hacer un confinamiento de los cerca de 50 hipopótamos que existían pero que ante la nula respuesta hoy se habla de un problema mucho mayor con más de 200 animales.Finalmente, afirmaron desde la Asamblea de Antioquia que efectivamente los hipopótamos son una especie peligrosa y que se debe tomar una decisión inmediata, hay que tener en cuenta que se debe cebar a los animales, sedarlos, cazarlos y hacer ya disposición, situación que podría tener un costo mayor y que también llevaría un tiempo considerable al hablar de 80 animales.
Un juez en Antioquia abrió un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el manejo de los hipopótamos en Colombia al admitir para estudio una acción de tutela que busca frenar su sacrificio en el Magdalena Medio.La decisión judicial se produce en medio de la controversia generada por el plan del Gobierno nacional para controlar la creciente población de estos animales, considerados una especie invasora. La tutela solicita la suspensión inmediata de cualquier medida que implique la muerte de los hipopótamos, al considerar que podría vulnerar principios relacionados con la protección de los animales y el debido proceso ambiental.Según el recurso, los hipopótamos deben ser reconocidos como seres sintientes, lo que implica que las decisiones sobre su manejo deben contemplar criterios éticos y legales más estrictos. En ese sentido, se propone que se prioricen alternativas no letales como la esterilización o el traslado a otros espacios controlados, en lugar de recurrir a la eutanasia.La acción judicial también cuestiona el papel de varias entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y autoridades ambientales, a quienes se les pide revisar las medidas adoptadas hasta ahora. Además, solicita que expertos y organizaciones ambientales participen activamente en la definición de una estrategia integral para abordar la problemática.Actualmente, se estima que hay cerca de 200 animales, con proyecciones que advierten un aumento significativo en los próximos años si no se toman medidas de control, por ello el Gobierno nacional ha planteado la eutanasia como una de las principales herramientas para frenar esta expansión, argumentando que los hipopótamos representan un riesgo para los ecosistemas y especies nativas.
El destino de los hipopótamos en Colombia, una especie invasora que se multiplica de forma exponencial en el Magdalena Medio, ha llegado a un punto crítico. Ante la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de proceder con la eutanasia como medida principal, el ambientalista Nicolás Ibargüen ha surgido como una voz que busca agotar las alternativas internacionales antes de recurrir al sacrificio masivo.El Santuario Vantara y la propuesta internacionalIbargüen sostiene que existe una oportunidad real a través de Vantara, el santuario más grande del mundo ubicado en la India y propiedad de la familia Ambani. Según el ambientalista, este lugar cuenta con "instalaciones absolutamente sorprendentes, médicos 24 horas 7 días a la semana, nutricionistas especializados y maquinaria especializada para tratar animales". La propuesta, que Ibargüen presentará formalmente a la ministra en una reunión programada para este martes a las 5:00 p.m., consiste en un plan a mediano plazo. "La propuesta va en la reubicación de unos 100 hipopótamos en un plazo de 5 años". El objetivo no es solo trasladarlos a la India, sino utilizar la red de contactos de Vantara para buscarles hogar en países donde la especie está en riesgo de extinción. Dudas sobre la capacidad técnica para la eutanasiaUno de los puntos más polémicos es la viabilidad de la eutanasia en el contexto colombiano. Ibargüen advierte que el país no cuenta con la experiencia necesaria para manejar animales de tal magnitud en libertad. "Nosotros en Colombia no tenemos mamíferos que pesen casi 2 toneladas, 160 que vivan en los ríos. Es una situación bastante complicada". Además, cuestiona los costos económicos presentados por el Gobierno, que estima el proceso en 7.000 millones de pesos. Para el ambientalista, la cifra real podría ser mayor debido a la falta de experticia: "Yo creo que va a ser muchísimo más porque no tenemos la experiencia de hacerle eutanasia a un mamífero de estas características". Presión política y falta de estudiosLa senadora Andrea Padilla también ha manifestado su descontento, acusando al Ministerio de inacción y de incumplir resoluciones previas que priorizaban la traslocación. Padilla señala que, a pesar de las afirmaciones oficiales sobre la falta de interés internacional, "no se ha atendido la solicitud de traslado más seria hasta el momento, que es la del santuario Vantara de la India". Asimismo, denunció que el Gobierno argumenta "pobreza genética" para rechazar traslados, mientras que por escrito admiten que "no hay estudios genéticos" disponibles. Santuarios y esterilizaciónIbargüen enfatiza que su propuesta no es una "bala mágica", sino un esfuerzo conjunto que incluye la creación de infraestructura local. El plan contempla "crear un santuario en Colombia, crear la capacitación veterinaria, tecnológica, logística y física" para que el personal nacional aprenda a lidiar con estos animales. La meta final sería la "esterilización al 100% de la población" para erradicar el riesgo de crecimiento poblacional en un periodo de 5 a 6 años. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha emitido una circular que establece los protocolos para enfrentar la crisis de los hipopótamos en Colombia. Según la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, la decisión de proceder con la eutanasia de aproximadamente 80 individuos responde a una necesidad urgente de control poblacional ante el fracaso de los intentos de traslado internacional y el grave riesgo ecológico que representan. El dilema de la "pobreza genética" y las malformacionesUna de las razones principales por las cuales otros países han rechazado recibir a estos animales es su estado genético. Al descender de solo cuatro ejemplares traídos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de los 80, la población actual sufre de endogamia.La ministra explicó en Mañanas Blu que “el pull de genes que constituye cada uno de los individuos pues es demasiado poco y se han encontrado ya algunas individuos que tienen mutaciones”.Específicamente, se han documentado malformaciones físicas visibles. “Hay una deformación de la trompa de los hipopótamos. Y seguramente habrá otros daños genéticos... ese empobrecimiento genético genera malformaciones en los diferentes individuos”, señaló la ministra, subrayando que esta condición es un factor determinante en la resistencia internacional para la traslocación. Protocolos y altos costos de ejecuciónEl plan de choque busca reducir la población actual, estimada en unos 200 individuos, mediante métodos técnicos supervisados por expertos. La ministra detalló que “estamos hablando de un proceso de eutanasia, que es lo técnicamente recomendado”. El protocolo contempla dos modalidades: “eutanasia química y eutanasia física”. Sobre esta última, precisó que “consiste en que hay un dardo que se le dispara y que hace que el individuo muera en el lugar donde se practica”.Realizar estos procedimientos no será económico. Se estima que el costo por cada animal asciende a los 50 millones de pesos, sumando el gasto de la disposición final. “Ese es el costo de lo que significa el encerramiento, el desplazamiento del equipo técnico, medicamento”, explicó la funcionaria, añadiendo que la disposición final consistirá en el “enterramiento in situ” para garantizar la salubridad de las zonas afectadas.Una amenaza para el ecosistema nativoLa urgencia de la medida se basa en las proyecciones científicas que indican que, de no actuar, para el año 2030 la población podría alcanzar los 500 ejemplares. La ministra fue enfática en el daño que estos animales causan a la biodiversidad local: “esta es una especie invasora que para nuestra ecología es dañina, que tiene un impacto directo sobre el agua... y que está afectando de manera brutal la población de manatíes y de tortugas”.Escuche aquí la entrevista:
La presencia de hipopótamos en Colombia, originada por la introducción ilegal de cuatro ejemplares en la Hacienda Nápoles por parte de Pablo Escobar, se convirtió en un problema ambiental que ahora enfrenta decisiones de fondo. El Gobierno ya firmó una circular con la cual se autorizan medidas, entre ellas la eutanasia, como una de las medidas para controlar su crecimiento.Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población actual, que ya superaría los 200 individuos, presenta condiciones genéticas alteradas debido a su origen reducido. “Esta población surge de solo cuatro hipopótamos, lo que ha generado endogamia y daños genéticos visibles en algunos individuos”, señaló.De acuerdo con el censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia, había 169 ejemplares. Sin embargo, las estimaciones actuales indican un crecimiento sostenido que, de no controlarse, podría llevar a que en 2030 haya más de 500 hipopótamos en el país, especialmente en la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.La ministra advirtió que esta situación no solo implica un aumento poblacional, sino también un impacto directo sobre los ecosistemas. “Sin una intervención, es imposible controlar la población. Esto afectaría especies nativas como el manatí y la tortuga de río”, explicó.Otro de los factores que complica la gestión de estos animales es su imposibilidad de ser reubicados en África. Vélez indicó que países como Sudáfrica no han mostrado interés en recibirlos, debido a que no corresponden a poblaciones originales y presentan posibles alteraciones genéticas derivadas de la endogamia.Frente a este panorama, el Gobierno ya emitió una circular que autoriza la eutanasia como una acción necesaria desde el punto de vista científico. Para el segundo semestre de 2026, se estima que cerca de 80 individuos podrían ser objeto de esta medida, dependiendo de su ubicación en diferentes departamentos.El protocolo incluye dos métodos: eutanasia química mediante inyección y eutanasia física a través de disparo con rifle por un tirador certificado. Posteriormente, los cuerpos serían dispuestos mediante enterramiento, siguiendo lineamientos sanitarios que garanticen trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal.La discusión se enmarca en la necesidad de proteger los ecosistemas locales frente a una especie invasora que no tiene depredadores naturales en el país y que continúa expandiéndose. “El control de esta población es una responsabilidad ambiental. No actuar implicaría un daño mayor a nuestros ecosistemas”, concluyó la ministra.
Un inesperado caso médico dejó cientos de preguntas en una mujer que buscaba alivio y terminó en controversia. Una adulta mayor en Canadá quedó en medio de la polémica, pues una visita a urgencias se convirtió en un relato que para muchos resultó desconcertante.Se trata de Miriam Lancaster, de 84 años, quien contó una historia que dejó a más de uno sorprendido al relatar que acudió al Hospital General de Vancouver. La mujer llegó por un fuerte dolor de columna, derivado de una fractura de sacro, una lesión común en personas de avanzada edad. Sin embargo, la respuesta del especialista no fue la esperada: en vez de darle un diagnóstico o tratamiento, el profesional le sugirió considerar la eutanasia.Mujer fue por un dolor y le recomiendan la eutanasiaSegún comentó la mujer, el momento fue tan inesperado como incómodo. Lancaster explicó que su intención era consultar por el dolor de espalda y encontrar una manera de aliviarlo, pero la propuesta del profesional la tomó por sorpresa y aseguró que nunca pasó por su cabeza terminar con su vida, a pesar del malestar físico que enfrentaba.El testimonio despertó un fuerte debate en redes sociales, ya que muchos criticaron una posible desconexión entre la atención médica y la expectativa de los pacientes, especialmente en servicios de urgencias.Familia de la mujer cuestiona actitud del doctorLa hija de Lancaster, Jordan Weaver, calificó lo ocurrido como una falta de sensibilidad y criticó que se plantee la eutanasia en escenarios donde no hay riesgo inmediato para la vida.De hecho, Jordan también señaló que resulta increíble que se hagan estas propuestas cuando existen convicciones personales y religiosas por parte de la familia que rechazan este tipo de procedimientos.La eutanasia es legal en Canadá: caso Lancaster abre debateEn Canadá, la eutanasia es legal desde 2016, pero su aplicación está sujeta a condiciones específicas, como padecer una enfermedad grave e irreversible o experimentar un sufrimiento físico o mental intolerable. Por eso, el caso ha reabierto la discusión sobre cuándo y cómo debe plantearse esta opción.Tras lo ocurrido, Lancaster decidió continuar su tratamiento médico y logró recuperarse semanas después. Desde entonces, ha retomado una vida activa, realizando viajes y actividades que, según su entorno, reflejan su energía y deseo de seguir adelante.Por su parte, el organismo Vancouver Coastal Health indicó que no tiene conocimiento de una conversación de ese tipo, aunque reconoció que el personal médico puede abordar el tema bajo ciertos criterios clínicos.
Uno de los puntos que más controversia ha generado tras la muerte de Noelia Castillo es el relacionado con la supuesta donación de sus órganos. Las dudas crecieron luego de que en redes sociales se hablara de supuestas presiones, pero con el paso de los días han salido a la luz detalles que permiten aclarar qué fue lo que realmente ocurrió.La joven, de 25 años, falleció este jueves 26 de marzo tras someterse a un procedimiento de eutanasia autorizado legalmente en España. Su caso estuvo rodeado de un proceso complejo, no solo en lo médico, sino también en lo judicial, debido a la oposición de su padre, quien durante cerca de dos años intentó impedir que se ejecutara la decisión.El origen de esta historia se remonta a octubre de 2022, cuando Noelia sufrió una caída desde un quinto piso que le dejó una lesión medular irreversible. Desde ese momento, quedó con paraplejia y enfrentó una vida marcada por dolores constantes, problemas para dormir y un deterioro significativo en su calidad de vida. A pesar de conservar cierta autonomía, la joven había expresado en distintas ocasiones el impacto físico y emocional que padecía a diario.¿Noelia Castillo finalmente donó sus órganos?Fue bajo ese contexto que decidió acogerse a la legislación que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e incurable. Sin embargo, en medio del proceso surgió la posibilidad de donar sus órganos, lo que terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más discutidos.En un primer momento, Noelia manifestó su intención de ser donante. De acuerdo con el concepto médico, su estado de salud —más allá de la lesión medular— la hacía apta para ello. Incluso, llegó a autorizarlo formalmente. No obstante, la situación cambió con el paso del tiempo, especialmente cuando el procedimiento de eutanasia comenzó a retrasarse por las disputas legales.Según versiones conocidas posteriormente, el centro hospitalario le habría informado que esos aplazamientos podían afectar la viabilidad de sus órganos. Este hecho fue interpretado por su entorno familiar como una posible presión para mantener la donación, argumento que fue expuesto por los abogados de su padre.Pese a estas afirmaciones, la normativa española es clara en este punto: la donación de órganos es completamente voluntaria y puede ser revocada en cualquier momento del proceso, sin afectar el acceso a la eutanasia. En otras palabras, no existe ningún tipo de condicionamiento entre ambas decisiones.Días antes de su muerte, Noelia Castillo tomó una determinación definitiva: no donar sus órganos. La decisión fue comunicada al hospital, que la respetó en cumplimiento de la ley vigente, descartando así cualquier obligatoriedad o imposición en este aspecto.El procedimiento de eutanasia se realizó sobre las 6:00 de la tarde y consistió en la administración de una sedación con varios fármacos, en un proceso que duró aproximadamente 15 minutos. Tal como ella lo había solicitado, sus familiares no estuvieron presentes en el momento final. Aunque pudieron acompañarla previamente, debieron salir de la habitación minutos antes, siguiendo el protocolo médico.La decisión de morir en soledad había sido expresada por la joven con anterioridad, especialmente para evitar que su madre presenciara ese instante. Así, su voluntad se cumplió hasta el final.
La historia de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que accedió a la eutanasia tras un complejo proceso médico y judicial, sigue generando conmoción. Luego de confirmarse su fallecimiento este jueves 26 de marzo, han comenzado a conocerse nuevos detalles sobre cómo transcurrieron sus últimos minutos de vida, marcados por una decisión firme y su última voluntad: morir en soledad.De acuerdo con información revelada por medios españoles, Noelia pasó sus últimas horas acompañada por su familia más cercana, pese a las profundas diferencias que existían frente a su decisión. Según el reporte, su madre, padre, hermanas e incluso su abuela estuvieron junto a ella durante al menos media hora antes del procedimiento, en un intento final por compartir sus últimos momentos.Sin embargo, tal como lo había solicitado previamente, el desenlace ocurrió sin la presencia de sus seres queridos. El protocolo médico estableció que la familia debía abandonar la habitación minutos antes de iniciar el procedimiento. “Media hora antes de que le practiquen la eutanasia a Noelia deberán abandonar la habitación (…) y esperar a que posteriormente les notifiquen el fallecimiento”, indicaron en el informe conocido públicamente.La eutanasia se llevó a cabo sobre las 6:00 de la tarde, hora de España, en el centro hospitalario donde permanecía internada. Según versiones periodísticas, el procedimiento consistió en la administración de una sedación mediante una combinación de tres fármacos. Este proceso, que habría durado alrededor de 15 minutos, se realizó sin compañía directa, respetando la voluntad expresa de la joven.La decisión de Noelia de estar sola en ese momento no fue improvisada. En entrevistas previas, había dejado claro que no quería que su madre presenciara el instante final. “No quiero que me vea cerrando los ojos”, dijo, pese al deseo de su progenitora de acompañarla hasta el último segundo.El caso de Noelia Castillo ha estado rodeado de controversia desde el inicio. Tras sufrir una caída en 2022 que le provocó una lesión medular irreversible, su vida cambió drásticamente. La joven enfrentaba una paraplejia, dolores constantes y dificultades emocionales que, según sus propias palabras, deterioraron profundamente su calidad de vida.A esto se sumaron antecedentes de problemas de salud mental, experiencias traumáticas y una relación familiar compleja, factores que influyeron en su decisión de acogerse a la legislación vigente en España que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e incurable.El proceso no estuvo exento de obstáculos. Su padre se opuso legalmente, lo que derivó en una disputa judicial que retrasó el procedimiento. Pese a ello, las autoridades finalmente autorizaron la eutanasia, respaldando el derecho de Noelia a decidir sobre el final de su vida.
La investigación por la desaparición de Yulitza Consuelo Tolosa, la estilista de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse a un procedimiento estético en el sur de Bogotá, continúa revelando información sobre las condiciones en las que funcionaba el centro Beauty Láser M. L., ubicado en el barrio Venecia.Yulitza ingresó al establecimiento en la mañana del miércoles para practicarse una lipólisis láser. De acuerdo con el testimonio de sus amigas en Blu Radio, salió del procedimiento en delicado estado de salud, con dificultad para respirar, palidez y episodios de desmayo. Horas después, cuando regresaron con ropa y elementos personales para acompañarla durante la noche, ya no estaba en el lugar. Desde entonces, no se conoce su paradero.Mientras la Policía Nacional de Colombia y el Gaula avanzan en la investigación, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, entregó detalles sobre los procedimientos que se ofrecían en el establecimiento y sobre las posibles irregularidades detectadas.En entrevista con Blu Radio, la mandataria explicó que cualquier centro que realice procedimientos invasivos debe cumplir estrictos requisitos sanitarios y contar con autorización de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.“Para prestar servicios invasivos se debe contar con unas condiciones higiénico-sanitarias mínimas que deben ser verificadas y certificadas por la Secretaría de Salud”, afirmó.Collante indicó que, según la información preliminar recopilada por las autoridades, en el lugar se ofrecían tratamientos que sí implicaban intervenciones invasivas, pero que no contaban con el aval correspondiente.“Lo que nosotros tenemos, de acuerdo con los servicios que se están ofertando, es que sí se prestaban unos servicios invasivos que no estaban avalados por la Secretaría de Salud”, aseguró.La alcaldesa señaló que entre los procedimientos promocionados en el establecimiento figuraban plasma facial y dermapen, tratamientos que, dependiendo de la técnica utilizada, pueden requerir condiciones especiales de bioseguridad y habilitación.“Son procedimientos que en algunas ocasiones son invasivos y no estaban verificadas las condiciones mínimas para prestar ese servicio”, agregó.La funcionaria también explicó que la Alcaldía Local de Tunjuelito realiza operativos de Inspección, Vigilancia y Control junto con la Secretaría de Salud para identificar establecimientos que operen sin cumplir la normatividad. Aunque este centro tenía prevista una visita para el segundo semestre del año, aseguró que el caso obligó a acelerar las actuaciones administrativas.“Ya estamos tomando las medidas a que haya lugar”, puntualizó.Durante el operativo de las autoridades, además, fue hallada otra mujer de 34 años que se recuperaba sola de un procedimiento estético realizado días antes, sin supervisión médica permanente. A esto se suma la denuncia de los allegados de Yulitza, quienes aseguran que los responsables del establecimiento habrían retirado los DVR donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad.El caso de Yulitza Tolosa sigue siendo materia de investigación y ha puesto nuevamente en evidencia la importancia de verificar que este tipo de procedimientos se practiquen únicamente en lugares habilitados y con personal debidamente autorizado.
Una nueva jornada de violencia se registró en el departamento del Guaviare, dejando un saldo de cuatro soldados fallecidos y tres heridos tras una emboscada perpetrada por grupos disidentes de las Farc en la zona rural de la capital departamental. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, confirmó en Mañanas Blu los hechos ocurridos durante la mañana de ayer, señalando que el ataque tuvo lugar en un sector distante de la cabecera municipal. Detalles de la emboscada y uso de explosivosSegún el mandatario local, los uniformados se encontraban cumpliendo labores de vigilancia cuando fueron sorprendidos por el estallido de cargas explosivas al paso de su patrulla. “La información es que ellos en su responsabilidad hacían patrullaje... fueron emboscados al parecer pasando una vía que corresponde a esas veredas de nuestro municipio”, explicó el alcalde.Respecto a la modalidad del ataque, Rodríguez aclaró que, aunque en la región es común la presencia de minas, este evento parece haber sido una activación deliberada contra la tropa. “Al parecer artefactos explosivos que fueron instalados y seguramente al paso de ellos en sus movimientos pues fueron activados precisamente dando como resultado pues la muerte de esos cuatro soldados”, detalló la autoridad municipal, añadiendo que la zona ya había sido escenario de hechos similares el año pasado.Presencia de grupos armados en la zonaLa autoría del ataque se atribuye preliminarmente a las estructuras disidentes que operan en la región. El alcalde mencionó que en el departamento convergen grupos bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Iván Mordisco’.Si bien la información del Ejército apunta inicialmente a la estructura de Calarcá, el mandatario subrayó la complejidad del territorio: “Los dos grupos hacen presencia... no podemos determinar que en un solo sector existe un solo grupo. Ellos se mueven... inclusive recuerden que ustedes reportaron hace unos meses el enfrentamiento entre los dos grupos de disidencias”.El sector del ataque es un corredor frecuente para estos grupos, que se desplazan entre San José del Guaviare y los corregimientos de Boquerón y Charras. El alcalde enfatizó que estos grupos irregulares suelen replegarse en áreas rurales distantes, aprovechando la amplitud del territorio para evitar los perímetros urbanos.Escuche aquí la entrevista:
Tras más de ocho meses de secuestro, se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de los soldados profesionales y agentes de Policía secuestrados en carreteras de Nariño y Cauca por las disidencias de las Farc del Estado Mayor de alias Iván Mordisco.Según se puede escuchar en los videos, los militares y policías secuestrados aseguran que este es el cuarto material audiovisual que envían a sus familiares y al Gobierno nacional desde que fueron secuestrados en hechos aislados ocurridos entre julio y agosto de 2025.Aunque el video habría sido grabado el pasado 12 de abril de 2026, solo hasta hoy fue emitido por el Frente Occidental Comandante Jacobo Arenas, en el que se puede apreciar a cinco soldados y dos agentes de Policía, quienes envían mensajes a sus familiares y al Gobierno nacional, al que le solicitan cesar los bombardeos porque temen por sus vidas.Los militares y policías privados de la libertad por ese grupo armado ilegal le piden al presidente Gustavo Petro agilizar los diálogos y atender los llamados de los familiares, quienes desde hace entre cinco y ocho meses han solicitado un cese de operaciones militares en el área para evitar una tragedia, pues temen que sus seres queridos puedan perder la vida en caso de que se presente una confrontación armada cerca del lugar donde permanecen secuestrados.Entre los soldados profesionales secuestrados se encuentran Brian Steven Ruiz Toro, de Argelia, Cauca, y Jeison Javier García Rodríguez, de Lorica, Córdoba, integrantes del Batallón de Despliegue Rápido Fudra 2, plagiados el pasado 26 de agosto de 2025 en zona rural del municipio de Cumbitara, en el sector de la cordillera, en el norte de Nariño.Otros de los secuestrados son Hamerson Guachetá, del Batallón Bifra 56; Juan David Buitrón Caicedo, de la Tercera División Fudra 4; Víctor Hugo Yepes García, del Batallón de Operaciones Terrestres número 20; y los agentes de Policía José Larrahondo, perteneciente a la Policía Metropolitana de Cali, y Harold Ricardo Martínez, patrullero de la Seccional de Protección y Servicios Deara.Estos uniformados forman parte de un grupo de siete militares que actualmente se encuentran secuestrados en la región suroccidental del país, en Cauca y Nariño, por distintas facciones de las disidencias.Blu Radio conoció que, en el caso del soldado profesional Juan David Buitrón Caicedo, su secuestro se produjo el 26 de agosto de 2025 en el departamento del Cauca, cuando el militar fue sorprendido por integrantes de una columna de las disidencias de las Farc.La lista la completan Harmenson Adrián Guachetá, plagiado el 26 de julio, y Víctor Hugo Yepes García, secuestrado el 14 de noviembre, cuando se movilizaba por las vías del departamento del Cauca.
Según el movimiento, conformado por 5.000 profesionales de la salud, la decisión fue tomada luego de revisar las propuestas en salud de los distintos candidatos presidenciales. Los integrantes del colectivo señalaron que encontraron coincidencias entre los planteamientos del aspirante y las problemáticas que, aseguran, enfrenta actualmente el sector.A través de un comunicado, el movimiento también expuso varias preocupaciones frente a la situación del sistema de salud en Colombia. Entre ellas, mencionó las dificultades de acceso oportuno a tratamientos para enfermedades huérfanas, la crisis y presión financiera que enfrenta la Adres y la falta de reservas técnicas para garantizar la sostenibilidad del sistema.En ese contexto, citaron advertencias realizadas por la Contraloría General y los gremios sobre la situación financiera del sector y señalaron que la creciente siniestralidad estaría afectando la prestación de servicios y la atención a pacientes.“Los profesionales de la salud llevan décadas siendo los testigos directos de las consecuencias de las malas políticas públicas. Han visto morir pacientes por decisiones tomadas desde escritorios ajenos a la realidad clínica. Han atendido emergencias sin insumos, han firmado historias clínicas con las manos atadas y han jurado salvar vidas en un sistema que sistemáticamente les ha impedido cumplir ese juramento”, señala el comunicado.Por su parte, la doctora Tatiana Villarreal, aseguró que “hoy todo el mundo es experto en la crisis de la salud. Nosotros llevamos 20 años viviendo esto en carne propia. Ya estuvo bueno estar callados”.El movimiento aseguró además que buscará participar en la discusión de políticas públicas relacionadas con salud y tener incidencia en futuras decisiones sobre el funcionamiento del sistema en Colombia.“Este movimiento exige ser escuchado y tenido en cuenta en la construcción de las políticas públicas de salud. Busca el reconocimiento de sus derechos como profesionales y ciudadanos, no es una concesión, es una deuda que la política tiene con quienes sostienen el sistema”.
El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, acaba de revelar la lista de los 55 futbolistas preseleccionados para representar a la tricolor en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.Dentro del listado aparecen referentes históricos como James Rodríguez, David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, junto a figuras como Luis Díaz y Jhon Durán, aunque con una polémica alrededor de su participación en la tricolor.La nómina no corresponde a la convocatoria oficial final, sino a la lista previa exigida por la FIFA para bloquear administrativamente a los jugadores elegibles para la competencia.¿Quiénes son los 55 jugadores de la lista previa de Colombia?ArquerosKevin MierÁlvaro MonteroAndrés MosqueraDavid OspinaAldair QuintanaCamilo VargasDefensasÁlvaro AnguloSantiago AriasCristian BorjaJuan CabalCarlos CuestaWiller DittaJunior HernándezJohn LucumíDeiver MachadoYerry MinaJohan MojicaYerson MosqueraDaniel MuñozEider OcampoAndré Felipe RománJhojan RomañaDavinson SánchezVolantesYaser AsprillaJordan BarreraWilmar BarriosJaminton CampazJorge CarrascalKevin CastañoNelson DeossaAndrés GómezSebastián GómezJefferson LermaJohn Steven MendozaJuan Camilo PortillaRichard RíosGustavo PuertaJuan Fernando QuinteroJohn SolísJames RodríguezDelanterosJohn AriasRafael Santos BorréJohan CarboneroEdwin CetréJhon CórdobaJuan CuadradoJhon DuránJuan Camilo HernándezLuis DíazJuan Manuel RengifoJohan RojasLuis SuárezSebastián VillaNéiser VillarrealKevin Viveros¿Cuáles son las sorpresas en la preselección?Uno de los aspectos que más llama la atención es la presencia de Cuadrado, jugador que ha tenido un amplio recorrido en la Selección Colombia y que vuelven a figurar entre los elegibles para el Mundial.También aparecen futbolistas jóvenes que han venido ganando protagonismo durante los últimos meses, como Yaser Asprilla, Gustavo Puerta, Johan Rojas y Néiser Villarreal.