María Consuelo Córdoba tiene 67 años y lleva más de dos décadas enfrentando las consecuencias de un ataque con ácido que, según su relato, le cambió la vida para siempre. Hoy, después de pasar por decenas de procedimientos médicos y vivir en condiciones precarias, asegura que está cansada de sufrir y contempla la posibilidad de solicitar la eutanasia.La mujer, de origen chocoano, fue víctima del ataque hace más de 20 años. De acuerdo con su testimonio, quien era su esposo llegó una noche hasta su habitación, abrió la puerta y le lanzó un recipiente completo de ácido sobre el cuerpo.Las quemaduras afectaron diferentes partes de su cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el pecho y la espalda. Desde entonces, María Consuelo ha tenido que someterse a 87 cirugías estéticas en un intento por recuperar parte de las condiciones que tenía antes de la agresión.Sin embargo, asegura que los médicos le han manifestado que ya no hay más procedimientos que puedan realizar para mejorar su situación.“Dos veces me tiró toda esa caneca de ácido en la carita y parte del cuerpo. Aquí hasta el ombligo estoy quemada”, relató María Consuelo al recordar el ataque que sufrió en diálogo con Blu Radio.La difícil situación que enfrentaLas secuelas de la agresión no solo están relacionadas con las heridas físicas. María Consuelo perdió uno de sus ojos y actualmente necesita una venda en el rostro, dos tubos en la nariz para poder respirar y un bastón para desplazarse.A diario sale de su vivienda, ubicada en el barrio El Remanso, en Puente Aranda, para pedir ayuda económica en las calles de Bogotá. Según contó, debe reunir dinero para pagar cerca de 600.000 pesos mensuales por la habitación en la que vive y también para poder cubrir sus necesidades básicas.Su situación económica y la ausencia de una red familiar en la capital han profundizado las dificultades que enfrenta. De su exesposo, asegura que solo sabe que estaría en la costa y que tiene una nueva familia. Mientras tanto, cuenta que su hija vive en Suiza y que tampoco tiene otros hijos o familiares cercanos que puedan acompañarla en Bogotá.María Consuelo también recordó que permaneció durante cerca de dos años hospitalizada en Bolivia, una etapa que, según sus palabras, atravesó prácticamente sola.El encuentro con el papa Francisco que la hizo cambiar de decisiónEn medio de esta historia hay un episodio que, según María Consuelo, influyó en que no tomara antes la decisión de recurrir a la eutanasia.La mujer aseguró que tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con el papa Francisco durante la visita que el pontífice hizo a Colombia en 2017. Según su relato, en ese encuentro le contó parte de su historia y recibió una petición que, durante años, decidió respetar.María Consuelo asegura que desde entonces ha intentado continuar con su vida pese al dolor y las dificultades. Sin embargo, actualmente sostiene que se encuentra agotada por las condiciones en las que vive y por las consecuencias que todavía enfrenta después del ataque.Su principal petición, según explicó, es encontrar ayuda que le permita vivir con tranquilidad y sin tener que salir diariamente a las calles a pedir dinero. Pero si esa ayuda no llega, asegura que contempla la eutanasia como una alternativa para poner fin a los años de sufrimiento.
Catalina Giraldo encontró la tranquilidad que durante años estuvo buscando. Horas antes de someterse a la eutanasia, la psicóloga colombiana concedió una última entrevista en la que habló con serenidad sobre la decisión que tomó tras una larga batalla judicial para acceder a una muerte digna. Sus palabras, registradas por Noticias Caracol, se convirtieron en una especie de testamento con el que también buscó dejar un mensaje sobre la salud mental y el suicidio médicamente asistido en Colombia.La psicóloga, quien padecía trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y un trastorno de ansiedad, falleció el pasado 9 de julio en una clínica de Bogotá, luego de permanecer cerca de diez meses librando una lucha legal para que se le permitiera acceder al suicidio médicamente asistido, procedimiento que fue despenalizado por la Corte Constitucional en 2022, pero que todavía no cuenta con una reglamentación.Ante ese vacío jurídico y la incertidumbre sobre el futuro de su caso, Catalina terminó aceptando la eutanasia, una alternativa distinta a la que inicialmente había solicitado. En sus últimas horas explicó que esa decisión no significaba renunciar a la causa que defendió durante meses."Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que más bien puedes detenerlo", afirmó en diálogo con Noticias Caracol.El contraste con la primera conversación que sostuvo meses atrás era evidente. Mientras en ese momento reflejaba el desgaste provocado por su enfermedad mental, en esta ocasión apareció sonriente y en calma. Incluso aseguró que esa paz también le dio la certeza a su madre y a su hermana de que estaba tomando la decisión correcta."Eso no me pasaba hace mucho tiempo. Creo que eso también es lo que le da certeza a mi mamá y a mi hermana de que esta es una decisión correcta, porque ven la tranquilidad en mi mirada", expresó.Catalina reconoció que aceptar la eutanasia fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Durante meses insistió en que quería ejercer su autonomía a través del suicidio médicamente asistido, convencida de que era la forma en la que deseaba despedirse. Sin embargo, explicó que el desgaste emocional terminó por llevarla a cambiar de camino."Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha. Pero llevo diez meses en este proceso y no siento que me esté rindiendo; siento que ahora estoy entregando la responsabilidad a otros", afirmó.La psicóloga también reveló cuál fue el episodio que marcó un punto de quiebre definitivo. Recordó que, tras una hospitalización psiquiátrica ocurrida en mayo, comprendió que no quería volver a atravesar una situación similar."Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya he olvidado. En ese momento me dije que no podía volver a estar en ese lugar", relató.Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista estuvo dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes aún estudian el caso relacionado con el suicidio médicamente asistido. Catalina pidió que su muerte no significara el cierre del debate y que la justicia continuara analizando el tema para otras personas que atraviesan sufrimientos similares."Esta lucha no termina conmigo. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria. Espero que entiendan que esta es una lucha por la salud mental y por una muerte digna para muchas personas", manifestó.También respondió a quienes consideraban que su historia podía representar una romantización del suicidio. Según explicó, el objetivo nunca fue promover la muerte, sino abrir una discusión sobre el acompañamiento y el respeto hacia quienes enfrentan enfermedades mentales severas e irreversibles."La gente se suicida y se va a seguir suicidando. No es romantizar la muerte, es acompañarla, cuidarla y respetar el proceso de la persona", sostuvo.Antes de despedirse, Catalina dijo que esperaba ser recordada como alguien que abrió una conversación necesaria en el país. Para ella, su historia no solo hablaba sobre la muerte digna, sino también sobre la necesidad de reconocer el sufrimiento que pueden producir las enfermedades mentales.Su legado, afirmó, apenas comenzaba.
El Ministerio de Salud y la Protección Social ha emitido la Resolución 813 de 2026, una normativa que transforma los requisitos y el acceso al derecho a morir dignamente en Colombia.Este nuevo marco legal busca eliminar las barreras que enfrentaban pacientes con enfermedades graves e incurables que, a pesar de padecer sufrimientos intensos, no eran considerados "terminales" por las instituciones de salud. Ampliación del derecho más allá de la fase terminalUno de los puntos más relevantes de la resolución es la formalización de la eutanasia para pacientes sin condición terminal. Según Laura Pombo, directora de la fundación Morir Dignamente, la normativa llega para "dar más claridad a las instituciones" que seguían interpretando el derecho de forma restrictiva. Pombo explicó que, aunque la Corte Constitucional ya había abierto esta posibilidad desde 2021, muchas IPS y EPS mantenían obstáculos burocráticos"Antes, en la práctica, muchas instituciones seguían entendiendo la eutanasia como un derecho reservado únicamente para pacientes en fase terminal", señaló la directora, enfatizando que ahora el sistema de salud debe reconocer escenarios de enfermedades graves, incurables o lesiones corporales irreversibles que generen un sufrimiento incompatible con la dignidad humana. La ruta de acceso y los tiempos de respuestaLa resolución establece una ruta clara para el paciente. El proceso puede iniciarse mediante un documento de voluntad anticipada o una solicitud verbal o escrita. Un aspecto crítico es la agilidad del sistema: una vez realizada la solicitud, el médico cuenta con un plazo de solo 24 horas para activar el comité multidisciplinario de eutanasia.Este comité, integrado por un médico especialista, un psiquiatra o psicólogo y un abogado, tiene la tarea de evaluar si la decisión es libre, informada y consciente. Tras la evaluación, el comité "tiene 10 días para dar una respuesta positiva o negativa", y en caso de ser negativa, esta debe estar plenamente justificada.Protección a menores y objeción de concienciaRespecto a los menores de edad, la norma establece un equilibrio entre la protección y la autonomía. Los niños entre 0 y 6 años están excluidos de las solicitudes, pero deben recibir cuidados paliativos. Para niños de entre 6 y 12 años y adolescentes, se evalúa el nivel de madurez y comprensión de la muerte."La norma intenta equilibrar dos cosas difíciles: proteger a los menores, pero también reconocer que algunos adolescentes con enfermedades muy graves sí tienen voz", afirmó Pombo.Finalmente, sobre la objeción de conciencia, se ratifica que los médicos pueden negarse individualmente por razones éticas o religiosas, pero las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Por tanto, las EPS e IPS están obligadas a garantizar que siempre exista un profesional disponible para realizar el procedimiento y asegurar el derecho del paciente. Escuche aquí la entrevista:
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, con la que redefine la aplicación del derecho la eutanasia o a morir dignamente en Colombia y establece cambios clave en el acceso a este tipo de decisiones dentro del sistema de salud.Uno de los puntos centrales de la norma es que el acceso a la eutanasia ya no está limitado a pacientes en fase terminal. A partir de esta resolución, también podrán solicitar este procedimiento personas con enfermedades graves e incurables que generen un sufrimiento intenso, incluso si su condición no se encuentra en etapa final de vida. Este ajuste elimina una de las principales restricciones que existían y amplía el universo de pacientes que pueden acceder a este derecho.La resolución también amplía el alcance del derecho a morir dignamente. Ya no se entiende únicamente como la posibilidad de acceder a la eutanasia, sino que incorpora de manera integral los cuidados paliativos orientados al manejo del dolor y la calidad de vida y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender o no iniciar tratamientos cuando resultan desproporcionados o no representan un beneficio para el paciente.En materia de decisiones, la norma introduce cambios en la forma en que los pacientes pueden manifestar su voluntad. Se establecen reglas más precisas para el consentimiento informado y se regulan escenarios en los que la persona no puede expresarse directamente. En estos casos, se contempla el consentimiento sustituto y la figura de los “apoyos interpretativos de la voluntad”, que permiten tener en cuenta manifestaciones previas del paciente para orientar la decisión.Otro de los ejes de la resolución es el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La norma establece que las decisiones sobre el final de la vida deben partir de la voluntad de la persona, teniendo en cuenta su concepto de dignidad, calidad de vida y sufrimiento, por encima de otros criterios.Asimismo, se actualiza el papel de los comités dentro del sistema de salud. Los comités de ética hospitalaria tendrán un rol consultivo en casos de decisiones complejas, especialmente frente a la adecuación de tratamientos, mientras que los comités interdisciplinarios de eutanasia serán los encargados de verificar que se cumplan las condiciones para acceder a este procedimiento.
La enorme polémica que ha generado en Colombia la decisión del Ministerio de Ambiente de ordenar la eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio tuvo un nuevo espacio en la Asamblea de Antioquia en donde la autoridad ambiental encargada de la caza controlada lanzó críticas al Gobierno nacional.Hay que recordar que uno de los puntos de la discordia ha sido que no se han contemplado otras soluciones como la traslocación, la esterilización o el confinamiento de los animales e, incluso, el director de Cornare, Javier Valencia, aseguró que a pesar de tener propuestas sobre la mesa para llevarse a varios hipopótamos, el Ministerio de Ambiente no actúa con rapidez."Aquí sí es una pequeña crítica al Ministerio de Ambiente no ha no ha hecho la la gestión demasiado ágil. Si bien la han hecho, pero no con la velocidad que nosotros quisiéramos, a la velocidad tenemos nosotros solicitudes de diferentes santuarios de fauna o instituciones", aseguró el director.En medio de las críticas por la decisión de la eutanasia, Cornare entregó algunas cifras que dejan en evidencia la magnitud del problema y es que, por ejemplo, la esterilización de un solo hipopótamo cuesta cerca de 60 millones de pesos, y aunque ya se han hecho 35 procedimientos, hacerlo con los 80 ejemplares valdría cerca de 5.000 millones de pesos y se demoraría un poco más de 4 años cuando se estima ya hallan cerca de 400 hipopótamos en la subregión.Valencia, quien indicó que cerca del 70 % de los hipopótamos están en jurisdicción de Cornare, manifestó que para la eutanasia se tiene un presupuesto mayor a los 7.000 millones de pesos y que aunque el protocolo existe, hay otra problemática que podría ampliar la discusión: no se han hecho los diálogos con todas las partes, ni se han buscado otras soluciones."Participación, comunicación, socialización, escuchar a las partes, escuchar a todas las partes. Si nosotros no damos esa información, si no se da desde el ministerio, definitivamente, entonces, vamos a mantenernos en un caos. No puede ser la única solución. Le hemos hemos dicho, y es que se tienen que considerar otras acciones", manifestó Valencia.También se debe mencionar que aunque es bien conocido que no es una situación nueva, la autoridad ambiental reconoció que desde el 2009 se hicieron los primeros acercamientos con el Gobierno nacional para, en ese momento, hacer un confinamiento de los cerca de 50 hipopótamos que existían pero que ante la nula respuesta hoy se habla de un problema mucho mayor con más de 200 animales.Finalmente, afirmaron desde la Asamblea de Antioquia que efectivamente los hipopótamos son una especie peligrosa y que se debe tomar una decisión inmediata, hay que tener en cuenta que se debe cebar a los animales, sedarlos, cazarlos y hacer ya disposición, situación que podría tener un costo mayor y que también llevaría un tiempo considerable al hablar de 80 animales.
Un juez en Antioquia abrió un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el manejo de los hipopótamos en Colombia al admitir para estudio una acción de tutela que busca frenar su sacrificio en el Magdalena Medio.La decisión judicial se produce en medio de la controversia generada por el plan del Gobierno nacional para controlar la creciente población de estos animales, considerados una especie invasora. La tutela solicita la suspensión inmediata de cualquier medida que implique la muerte de los hipopótamos, al considerar que podría vulnerar principios relacionados con la protección de los animales y el debido proceso ambiental.Según el recurso, los hipopótamos deben ser reconocidos como seres sintientes, lo que implica que las decisiones sobre su manejo deben contemplar criterios éticos y legales más estrictos. En ese sentido, se propone que se prioricen alternativas no letales como la esterilización o el traslado a otros espacios controlados, en lugar de recurrir a la eutanasia.La acción judicial también cuestiona el papel de varias entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y autoridades ambientales, a quienes se les pide revisar las medidas adoptadas hasta ahora. Además, solicita que expertos y organizaciones ambientales participen activamente en la definición de una estrategia integral para abordar la problemática.Actualmente, se estima que hay cerca de 200 animales, con proyecciones que advierten un aumento significativo en los próximos años si no se toman medidas de control, por ello el Gobierno nacional ha planteado la eutanasia como una de las principales herramientas para frenar esta expansión, argumentando que los hipopótamos representan un riesgo para los ecosistemas y especies nativas.
El destino de los hipopótamos en Colombia, una especie invasora que se multiplica de forma exponencial en el Magdalena Medio, ha llegado a un punto crítico. Ante la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de proceder con la eutanasia como medida principal, el ambientalista Nicolás Ibargüen ha surgido como una voz que busca agotar las alternativas internacionales antes de recurrir al sacrificio masivo.El Santuario Vantara y la propuesta internacionalIbargüen sostiene que existe una oportunidad real a través de Vantara, el santuario más grande del mundo ubicado en la India y propiedad de la familia Ambani. Según el ambientalista, este lugar cuenta con "instalaciones absolutamente sorprendentes, médicos 24 horas 7 días a la semana, nutricionistas especializados y maquinaria especializada para tratar animales". La propuesta, que Ibargüen presentará formalmente a la ministra en una reunión programada para este martes a las 5:00 p.m., consiste en un plan a mediano plazo. "La propuesta va en la reubicación de unos 100 hipopótamos en un plazo de 5 años". El objetivo no es solo trasladarlos a la India, sino utilizar la red de contactos de Vantara para buscarles hogar en países donde la especie está en riesgo de extinción. Dudas sobre la capacidad técnica para la eutanasiaUno de los puntos más polémicos es la viabilidad de la eutanasia en el contexto colombiano. Ibargüen advierte que el país no cuenta con la experiencia necesaria para manejar animales de tal magnitud en libertad. "Nosotros en Colombia no tenemos mamíferos que pesen casi 2 toneladas, 160 que vivan en los ríos. Es una situación bastante complicada". Además, cuestiona los costos económicos presentados por el Gobierno, que estima el proceso en 7.000 millones de pesos. Para el ambientalista, la cifra real podría ser mayor debido a la falta de experticia: "Yo creo que va a ser muchísimo más porque no tenemos la experiencia de hacerle eutanasia a un mamífero de estas características". Presión política y falta de estudiosLa senadora Andrea Padilla también ha manifestado su descontento, acusando al Ministerio de inacción y de incumplir resoluciones previas que priorizaban la traslocación. Padilla señala que, a pesar de las afirmaciones oficiales sobre la falta de interés internacional, "no se ha atendido la solicitud de traslado más seria hasta el momento, que es la del santuario Vantara de la India". Asimismo, denunció que el Gobierno argumenta "pobreza genética" para rechazar traslados, mientras que por escrito admiten que "no hay estudios genéticos" disponibles. Santuarios y esterilizaciónIbargüen enfatiza que su propuesta no es una "bala mágica", sino un esfuerzo conjunto que incluye la creación de infraestructura local. El plan contempla "crear un santuario en Colombia, crear la capacitación veterinaria, tecnológica, logística y física" para que el personal nacional aprenda a lidiar con estos animales. La meta final sería la "esterilización al 100% de la población" para erradicar el riesgo de crecimiento poblacional en un periodo de 5 a 6 años. Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, ha emitido una circular que establece los protocolos para enfrentar la crisis de los hipopótamos en Colombia. Según la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, la decisión de proceder con la eutanasia de aproximadamente 80 individuos responde a una necesidad urgente de control poblacional ante el fracaso de los intentos de traslado internacional y el grave riesgo ecológico que representan. El dilema de la "pobreza genética" y las malformacionesUna de las razones principales por las cuales otros países han rechazado recibir a estos animales es su estado genético. Al descender de solo cuatro ejemplares traídos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de los 80, la población actual sufre de endogamia.La ministra explicó en Mañanas Blu que “el pull de genes que constituye cada uno de los individuos pues es demasiado poco y se han encontrado ya algunas individuos que tienen mutaciones”.Específicamente, se han documentado malformaciones físicas visibles. “Hay una deformación de la trompa de los hipopótamos. Y seguramente habrá otros daños genéticos... ese empobrecimiento genético genera malformaciones en los diferentes individuos”, señaló la ministra, subrayando que esta condición es un factor determinante en la resistencia internacional para la traslocación. Protocolos y altos costos de ejecuciónEl plan de choque busca reducir la población actual, estimada en unos 200 individuos, mediante métodos técnicos supervisados por expertos. La ministra detalló que “estamos hablando de un proceso de eutanasia, que es lo técnicamente recomendado”. El protocolo contempla dos modalidades: “eutanasia química y eutanasia física”. Sobre esta última, precisó que “consiste en que hay un dardo que se le dispara y que hace que el individuo muera en el lugar donde se practica”.Realizar estos procedimientos no será económico. Se estima que el costo por cada animal asciende a los 50 millones de pesos, sumando el gasto de la disposición final. “Ese es el costo de lo que significa el encerramiento, el desplazamiento del equipo técnico, medicamento”, explicó la funcionaria, añadiendo que la disposición final consistirá en el “enterramiento in situ” para garantizar la salubridad de las zonas afectadas.Una amenaza para el ecosistema nativoLa urgencia de la medida se basa en las proyecciones científicas que indican que, de no actuar, para el año 2030 la población podría alcanzar los 500 ejemplares. La ministra fue enfática en el daño que estos animales causan a la biodiversidad local: “esta es una especie invasora que para nuestra ecología es dañina, que tiene un impacto directo sobre el agua... y que está afectando de manera brutal la población de manatíes y de tortugas”.Escuche aquí la entrevista:
La presencia de hipopótamos en Colombia, originada por la introducción ilegal de cuatro ejemplares en la Hacienda Nápoles por parte de Pablo Escobar, se convirtió en un problema ambiental que ahora enfrenta decisiones de fondo. El Gobierno ya firmó una circular con la cual se autorizan medidas, entre ellas la eutanasia, como una de las medidas para controlar su crecimiento.Según explicó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, la población actual, que ya superaría los 200 individuos, presenta condiciones genéticas alteradas debido a su origen reducido. “Esta población surge de solo cuatro hipopótamos, lo que ha generado endogamia y daños genéticos visibles en algunos individuos”, señaló.De acuerdo con el censo realizado en 2022 junto a la Universidad Nacional de Colombia, había 169 ejemplares. Sin embargo, las estimaciones actuales indican un crecimiento sostenido que, de no controlarse, podría llevar a que en 2030 haya más de 500 hipopótamos en el país, especialmente en la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.La ministra advirtió que esta situación no solo implica un aumento poblacional, sino también un impacto directo sobre los ecosistemas. “Sin una intervención, es imposible controlar la población. Esto afectaría especies nativas como el manatí y la tortuga de río”, explicó.Otro de los factores que complica la gestión de estos animales es su imposibilidad de ser reubicados en África. Vélez indicó que países como Sudáfrica no han mostrado interés en recibirlos, debido a que no corresponden a poblaciones originales y presentan posibles alteraciones genéticas derivadas de la endogamia.Frente a este panorama, el Gobierno ya emitió una circular que autoriza la eutanasia como una acción necesaria desde el punto de vista científico. Para el segundo semestre de 2026, se estima que cerca de 80 individuos podrían ser objeto de esta medida, dependiendo de su ubicación en diferentes departamentos.El protocolo incluye dos métodos: eutanasia química mediante inyección y eutanasia física a través de disparo con rifle por un tirador certificado. Posteriormente, los cuerpos serían dispuestos mediante enterramiento, siguiendo lineamientos sanitarios que garanticen trazabilidad, bioseguridad y bienestar animal.La discusión se enmarca en la necesidad de proteger los ecosistemas locales frente a una especie invasora que no tiene depredadores naturales en el país y que continúa expandiéndose. “El control de esta población es una responsabilidad ambiental. No actuar implicaría un daño mayor a nuestros ecosistemas”, concluyó la ministra.
Un inesperado caso médico dejó cientos de preguntas en una mujer que buscaba alivio y terminó en controversia. Una adulta mayor en Canadá quedó en medio de la polémica, pues una visita a urgencias se convirtió en un relato que para muchos resultó desconcertante.Se trata de Miriam Lancaster, de 84 años, quien contó una historia que dejó a más de uno sorprendido al relatar que acudió al Hospital General de Vancouver. La mujer llegó por un fuerte dolor de columna, derivado de una fractura de sacro, una lesión común en personas de avanzada edad. Sin embargo, la respuesta del especialista no fue la esperada: en vez de darle un diagnóstico o tratamiento, el profesional le sugirió considerar la eutanasia.Mujer fue por un dolor y le recomiendan la eutanasiaSegún comentó la mujer, el momento fue tan inesperado como incómodo. Lancaster explicó que su intención era consultar por el dolor de espalda y encontrar una manera de aliviarlo, pero la propuesta del profesional la tomó por sorpresa y aseguró que nunca pasó por su cabeza terminar con su vida, a pesar del malestar físico que enfrentaba.El testimonio despertó un fuerte debate en redes sociales, ya que muchos criticaron una posible desconexión entre la atención médica y la expectativa de los pacientes, especialmente en servicios de urgencias.Familia de la mujer cuestiona actitud del doctorLa hija de Lancaster, Jordan Weaver, calificó lo ocurrido como una falta de sensibilidad y criticó que se plantee la eutanasia en escenarios donde no hay riesgo inmediato para la vida.De hecho, Jordan también señaló que resulta increíble que se hagan estas propuestas cuando existen convicciones personales y religiosas por parte de la familia que rechazan este tipo de procedimientos.La eutanasia es legal en Canadá: caso Lancaster abre debateEn Canadá, la eutanasia es legal desde 2016, pero su aplicación está sujeta a condiciones específicas, como padecer una enfermedad grave e irreversible o experimentar un sufrimiento físico o mental intolerable. Por eso, el caso ha reabierto la discusión sobre cuándo y cómo debe plantearse esta opción.Tras lo ocurrido, Lancaster decidió continuar su tratamiento médico y logró recuperarse semanas después. Desde entonces, ha retomado una vida activa, realizando viajes y actividades que, según su entorno, reflejan su energía y deseo de seguir adelante.Por su parte, el organismo Vancouver Coastal Health indicó que no tiene conocimiento de una conversación de ese tipo, aunque reconoció que el personal médico puede abordar el tema bajo ciertos criterios clínicos.
El aumento del impuesto predial ha sido un tema de debate en varias ciudades del país, pues algunos ciudadanos consideran que determinados incrementos son exagerados. Sin embargo, el aumento no puede aplicarse de la misma manera a todos los propietarios.Los límites establecidos por la legislación colombiana dependen de la razón por la que aumentó el cobro, de las características del inmueble y de si hubo una actualización o formación catastral.De acuerdo con una reciente decisión del Consejo de Estado, las alcaldías y los concejos municipales están obligados a respetar los topes establecidos por la ley. Esto quiere decir que las entidades territoriales pueden fijar las tarifas del impuesto dentro de sus competencias, pero no establecer reglas locales que permitan superar los límites previstos en la legislación.Esteban García Jimeno, Senior Counsel en Holland & Knight, explicó que para determinar si un incremento está dentro de la ley es necesario revisar qué ocurrió con el avalúo catastral, la tarifa aplicada y la clasificación del predio.El Impuesto Predial Unificado es administrado y recaudado por los municipios y tiene como base gravable el avalúo catastral o el autoavalúo cuando existe una declaración anual. Por eso, es necesario diferenciar entre el aumento del avalúo catastral, que corresponde al proceso realizado por el gestor catastral, y la liquidación del impuesto, que realiza el municipio.Un incremento en el avalúo puede aumentar la base gravable, pero eso no significa que el impuesto pueda subir automáticamente en la misma proporción. La liquidación debe respetar los límites correspondientes.¿Cuáles son los límites para aumentar el impuesto predial?Uno de los límites para el incremento se encuentra en el artículo 6 de la Ley 44 de 1990. Cuando entra en aplicación una formación catastral y el impuesto se calcula con base en el nuevo avalúo, el valor liquidado no puede superar el doble del impuesto pagado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.Esta regla no aplica a predios incorporados por primera vez al catastro, terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, ni lotes cuyo nuevo avalúo corresponda a una construcción realizada en ellos.Por otro lado, el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 indica un límite del 25 % cuando el aumento proviene de una modificación de las tarifas aprobadas por el concejo. Esta norma no aplica cuando existen cambios físicos o económicos identificados en la actualización catastral.Además, la Ley 1995 de 2019 contempla otros topes. Para predios actualizados catastralmente, el incremento máximo corresponde al IPC más ocho puntos porcentuales. Para inmuebles que no han sido actualizados, el límite es del 50 % frente al impuesto del año anterior.En viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo de hasta 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, el aumento no puede superar el 100 % del IPC.Estas reglas tienen excepciones relacionadas, entre otros casos, con terrenos urbanizables, nuevas construcciones, autoavalúos, cambios de destinación económica y modificaciones en las áreas del predio.¿Qué puede hacer ante un aumento predial exagerado?El propietario debe comparar las liquidaciones de los dos años y revisar el avalúo catastral, la tarifa y la clasificación del predio. También debe verificar si existieron cambios en el uso, las áreas construidas, la destinación económica o nuevas edificaciones.Si la diferencia se encuentra en el avalúo, el propietario puede solicitar una revisión ante el gestor catastral competente. El concepto señala que es pertinente aportar un avalúo comercial elaborado bajo los parámetros del IGAC.Cuando el problema está en la liquidación tributaria, el propietario puede presentar una solicitud o derecho de petición ante la Secretaría de Hacienda correspondiente. Si existe un acto administrativo, puede interponer el recurso de reconsideración dentro de los dos meses siguientes a su notificación, como regla general.Si ya pagó de más, puede solicitar devolución o compensación. En estos casos, el análisis debe hacerse según las características particulares del predio y la causa que originó el incremento.
La agencia de noticias oficial iraní Irna afirmó que no están previstas nuevas conversaciones entre Irán y Estados Unidos a pesar de que el presidente Donald Trump había dejado entrever que podrían reanudarse rápidamente."La delegación iraní presente en Nueva York [en la Asamblea General de la ONU] no tiene previsto negociar con Estados Unidos", indicó Irna, que cita a una fuente cercana al equipo.El presidente estadounidense aseguró el domingo al medio Axios que esperaba que las conversaciones con Irán se reanudaran próximamente, un día después de rechazar un plan presentado por Teherán para reabrir en siete días el estrecho de Ormuz."Los puntos de vista y las posiciones de la República Islámica de Irán fueron comunicados de forma clara y explícita a la parte estadounidense el martes pasado por medio de un mediador catarí", añadió la agencia Irna. Precisó que la delegación iraní regresará a Teherán el martes.Irán afirmó haber presentado siete condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.Esta vía estratégica, por la que antes de la guerra transitaba una quinta parte de los hidrocarburos mundiales, está en el centro del conflicto que Estados Unidos e Israel desencadenaron a finales de febrero con ataques contra Irán.Desde entonces, la República Islámica reivindica su control, mientras Washington impone en respuesta un bloqueo a los puertos iraníes.Además Estados Unidos impuso sanciones a todo el sector aéreo de Irán a principios de septiembre y prometió represalias a las empresas extranjeras que les presten ayuda.Cuando las sanciones entraron en vigor el miércoles, las principales aerolíneas iraníes se vieron obligadas a cancelar muchos vuelos, incluso en las rutas regionales.En respuesta, Irán ha presentado una queja ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), informó el lunes un medio estatal."Irán ha (...) presentado una protesta oficial ante la Organización de Aviación Civil Internacional para defender los derechos legítimos del sector aéreo y contrarrestar las restricciones ilegales impuestas por Estados Unidos", declaró el director de aviación civil iraní, Abuzar Shirudi.La OACI, con sede en Montreal, es una agencia de la ONU."También hemos presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", añadió Shirudi, citado por la agencia de prensa gubernamental Irna.Turquía sigue siendo la principal opción para los iraníes que deseen abandonar o regresar a su país. Las conexiones con Afganistán, Pakistán, China, Rusia, Malasia y Tailandia siguen abiertas.
Un hombre de nacionalidad peruana, identificado como Alejandro Damian Salazar, de 39 años, falleció en el barrio Santa Mónica de Medellín en medio de hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. De acuerdo con el reporte de la Policía, el hombre sufrió un trauma craneal severo, una fractura de radio derecho y una fractura abierta de cráneo.Los hechos ocurrieron hacia las 3:55 de la madrugada del sábado 26 de septiembre, en la carrera 90A con calle 35A, cuando Salazar habría caído desde el tercer piso del inmueble hacia la vía pública. Fue trasladado a la Clínica Medellín de Occidente, donde permaneció bajo atención médica, pero falleció hacia las 2:40 de la madrugada de este domingo.Según los testimonios recopilados por las autoridades, Salazar se encontraba con su pareja sentimental, una mujer de 26 años, y ambos estarían en estado de embriaguez. Uno de los testigos aseguró que escuchó a la pareja discutir antes de que el hombre cayera.Otro residente del edificio manifestó que escuchó ruidos en el exterior y, al verificar desde su balcón, observó a Salazar colgado de una ventana. Según su relato, intentó ayudarlo a sostenerse, pero el hombre cayó al vacío y se golpeó contra el andén.La mujer, quien posteriormente fue entrevistada por las autoridades, habría manifestado que Salazar intentaba ingresar por la ventana y que temía que la golpeara.Por lo pronto, la Policía Judicial adelanta la investigación para establecer exactamente qué ocurrió. Las cámaras internas del edificio están pendientes de verificación y, según el reporte, al parecer estarían fuera de servicio. De momento, la Fiscalía abrió una noticia criminal por muerte por establecer y hasta el momento no se reportan capturas.
Los resultados de la Lotería de Boyacá vuelven a captar la atención de miles de colombianos que cada semana esperan conocer los números ganadores y comprobar si alguno de sus billetes obtuvo un premio. Para el sorteo número 4643, la tradicional lotería puso en juego un Premio Mayor de $15.000 millones de pesos, además de un millonario plan de premios secos y aproximaciones. El número favorecido con el máximo premio fue el: 9882, correspondiente a la serie 270. La jornada corresponde a uno de los sorteos más esperados de la Lotería de Boyacá, considerada una de las loterías más tradicionales de Colombia. Los jugadores pueden consultar los números ganadores y verificar sus billetes para determinar si resultaron favorecidos en alguna de las categorías de premios.La Lotería de Boyacá dio a conocer los números ganadores de sus secos, con premios que van desde los $10 millones hasta $1.000 millones. Consulte la lista completa y verifique si su número fue favorecido.Resultados de los secos de la Lotería de BoyacáLanzamiento adicionalNúmero: 704247Premio: Combo HogarPremios principalesFortuna: $1.000 millonesNúmero: 3519Serie: 455Alegría: $400 millonesNúmero: 4306Serie: 418Ilusión: $300 millonesNúmero: 7970Serie: 182Esperanza: $100 millonesNúmero: 1981Serie: 3264 premios Berraquera — $50 millones1078 — Serie 3330592 — Serie 0405116 — Serie 3469676 — Serie 23615 premios Optimismo — $20 millones6681 — Serie 3247608 — Serie 0770517 — Serie 3093602 — Serie 0951151 — Serie 0431280 — Serie 3794016 — Serie 1177278 — Serie 3068535 — Serie 4026525 — Serie 1398466 — Serie 1666832 — Serie 3138297 — Serie 1581679 — Serie 4146215 — Serie 45436 premios Valentía — $10 millones0102 — Serie 3900662 — Serie 2420797 — Serie 0330835 — Serie 3871720 — Serie 3411760 — Serie 1401930 — Serie 1992453 — Serie 3452557 — Serie 3262767 — Serie 4262926 — Serie 2553214 — Serie 4393581 — Serie 0244399 — Serie 3624405 — Serie 1064477 — Serie 2354691 — Serie 3714788 — Serie 0064928 — Serie 0624982 — Serie 2114998 — Serie 0125228 — Serie 0725453 — Serie 2425481 — Serie 0405870 — Serie 4066529 — Serie 2597124 — Serie 4667472 — Serie 2967520 — Serie 3527826 — Serie 0027844 — Serie 0368158 — Serie 1349117 — Serie 2459534 — Serie 0919697 — Serie 1519720 — Serie 244La Lotería de Boyacá realizó un lanzamiento adicional con una nueva oportunidad para sus jugadores. En el sorteo extraordinario, correspondiente al 26 de septiembre de 2026. El resultado hace parte de los premios adicionales entregados por la Lotería de Boyacá. La Lotería de Boyacá también difundió a través de sus canales oficiales la información gráfica correspondiente al sorteo 4643. Allí se presentan los datos del Premio Mayor de $15.000 millones y los diferentes premios secos jugados durante la jornada.Por esta razón, la recomendación para los compradores es revisar detalladamente cada una de las fracciones de sus billetes. Un número que no coincida con el Premio Mayor todavía podría estar relacionado con alguna de las demás categorías contempladas en el plan de premios.¿Cómo consultar los resultados de la Lotería de Boyacá?Para comprobar si un billete obtuvo algún premio, los participantes deben comparar sus números y series con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Boyacá.Es importante revisar tanto el número como la serie, especialmente cuando se trate de categorías en las que ambos datos sean determinantes para establecer si existe un premio. También se recomienda conservar el billete en buen estado hasta confirmar los resultados y conocer el procedimiento oficial para reclamar cualquier eventual premio.La consulta de los resultados a través de los canales oficiales permite reducir el riesgo de confusiones frente a información que pueda circular en redes sociales u otras plataformas.Lotería de Boyacá en VIVO
La intensa sequía que atraviesa Santander ya genera dificultades en el suministro de agua en 13 municipios del departamento, donde la reducción de los caudales de ríos y quebradas ha obligado a implementar racionamientos.La situación, sin embargo, es diferente en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. De acuerdo con el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, por ahora no existe una alerta que haga prever restricciones en el servicio, debido a las condiciones de las fuentes que abastecen al sistema.Carlos Suárez, gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la empresa mantiene un monitoreo permanente de las fuentes de abastecimiento y que, hasta el momento, no se registra un impacto que comprometa el suministro de agua.“Hoy no tenemos ningún impacto fuerte o de emergencia sobre las fuentes. Nosotros monitoreamos las fuentes de manera permanente y estamos tranquilos por el momento frente a la capacidad de suministro”, señaló el gerente.Suárez agregó que el sistema cuenta además con el embalse de Tona, que permitiría responder ante una eventual afectación de las fuentes por una sequía más prolongada.Según explicó, el embalse tiene capacidad para suplir durante aproximadamente cuatro meses la demanda de Bucaramanga y los municipios del área metropolitana de manera autónoma, mientras se recuperan las fuentes de abastecimiento.“Hoy no hay racionamiento. En caso de un impacto sobre las fuentes, pudiéramos suplirlo durante cuatro meses mientras se recupera la fuente”, indicó.El Acueducto señaló que continuará realizando seguimiento permanente a los niveles y condiciones de las fuentes, en medio de una temporada seca que ya ha generado restricciones en otros municipios de Santander.
