En Colombia avanza un debate jurídico y ético trascendental sobre los derechos de los animales de compañía. Una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Jhaslen Ramírez y la médica veterinaria Ledia Escobar logró eliminar la causal de "vejez extrema" contemplada en el artículo 17 de la Ley 84 de 1989, la cual permitía la eutanasia de animales sanos bajo el único argumento de su edad avanzadaEl recurso, cuya ponencia está a cargo del magistrado Héctor Carvajal en la Corte Constitucional, sostiene que "la edad avanzada no constituye una justificación constitucionalmente suficiente para ponerle fin a la vida de un animal". El origen del debate: la historia de "Beto"El origen de la acción judicial se remonta a un caso ocurrido hace casi tres décadas en el municipio de Ebéxico, Antioquia. La profesora Ledia Escobar presenció en su juventud la historia de Beto, un perro pastor criollo que custodiaba una finca. Al envejecer y perder la capacidad de ladrar y alertar sobre intrusos, el dueño de la propiedad decidió llevarlo al veterinario solicitando poner fin a su vida. La justificación expresada por el propietario fue categórica: "Eutanasia porque ya está muy viejo y no sirve para lo que lo tienen". Años más tarde, al compartir cátedra en un doctorado sobre legislación animal y bioética en la Universidad de Antioquia, la veterinaria le planteó el caso al abogado Jhaslen Ramírez cuestionando: "¿Cómo es posible que ese veterinario en ese entonces, si el animal estaba sano simplemente porque estaba viejo lo mataran? ¿Eso es legal?". Tras evaluar el marco normativo colombiano, Ramírez identificó que la legislación de 1989 "prevía esa causal, sacrificar un animal única y exclusivamente... por vejez extrema", lo que motivó la elaboración de la demanda junto a un equipo multidisciplinario de biólogos y juristas. Cacotanasia, distanasia y la responsabilidad del veterinarioEn el marco de la discusión pública, el abogado Ramírez expuso tres categorías fundamentales para comprender la muerte asistida: la eutanasia, la cacotanasia y la distanasia. Precisó que mientras la eutanasia implica el consentimiento libre del paciente (concepto aplicable a los seres humanos), en los animales se configura la cacotanasia, definida como "darle tal vez muerte al individuo sin que padezca dolores, pero sin su consentimiento". Por otra parte, definió la distanasia como "el encarnizamiento terapéutico", situación en la que se prolonga artificial e innecesariamente el sufrimiento de un animal que ya no tiene posibilidades de recuperarse.Ramírez enfatizó que para proceder al sacrificio legal de una mascota deben confluir dos requisitos estrictos: la evaluación de un médico veterinario certificado y el consentimiento del tutor o propietario, siempre que existan patologías o impedimentos funcionales graves. Asimismo, advirtió sobre las implicaciones penales para los profesionales que apliquen la inyección letal a un ejemplar sano: "donde el veterinario se preste para eso, pasa a cometer el delito de muerte del animal". El proceso judicial pone en evidencia la transformación de las dinámicas sociales frente a los animales de compañía, los cuales han dejado de ser vistos como herramientas de trabajo para pasar a integrar el núcleo afectivo del hogar. Sobre este fenómeno, el jurista afirmó: "La sociedad ha cambiado y nos guste o no nos guste, muchas personas consideran a estos animales como sus animales de compañía, como sus familiares".Escuche aquí la entrevista:
Un niño de casi dos años se convirtió en el primer menor de ese rango de edad en recibir la eutanasia bajo una normativa que permite este procedimiento en casos excepcionales de enfermedades graves. La decisión se tomó después de que los médicos y sus padres consideraran que el sufrimiento que enfrentaba era insoportable, no tenía posibilidades de mejorar y no podía ser aliviado mediante otras alternativas razonables.El caso ocurrió en Países Bajos y corresponde a un menor que nació prematuramente, a las 26 semanas de gestación, y que durante su corta vida presentó múltiples complicaciones. Entre ellas estaban un daño cerebral severo, parálisis cerebral, discapacidad visual y epilepsia, además de dificultades respiratorias asociadas con la acumulación de secreciones en los pulmones y las vías respiratorias.Su estado de salud fue deteriorándose con el paso del tiempo. Las crisis epilépticas continuaban pese a los tratamientos empleados y sus capacidades motoras y de desarrollo estaban gravemente limitadas. De acuerdo con la valoración médica, tampoco existían perspectivas de que pudiera alcanzar un nivel significativo de autonomía o experimentar una recuperación de sus condiciones.Sin embargo, la posibilidad de recurrir a la eutanasia no fue aceptada desde el primer momento. Antes de tomar una decisión definitiva, el médico responsable consultó a diferentes especialistas independientes para determinar si el sufrimiento del niño cumplía con los requisitos establecidos y, especialmente, si todavía había opciones para disminuirlo.Las primeras valoraciones no fueron concluyentes. Uno de los médicos consultados consideró que no podía establecerse que el menor estuviera experimentando un sufrimiento continuo e insoportable. Una especialista en cuidados paliativos, además, señaló que todavía podían estudiarse otras alternativas, como modificar determinadas medidas de atención y probar diferentes medicamentos para controlar las crisis epilépticas.Otro especialista llegó a una conclusión similar y planteó que aún existían posibilidades de intervención. Por esta razón, el procedimiento no se realizó inmediatamente y se continuó evaluando la evolución del niño y la respuesta a las alternativas disponibles.La situación cambió después de una nueva valoración independiente. En esta ocasión, el especialista consultado consideró que el sufrimiento insoportable del menor podía ser observado de manera clara y que, teniendo en cuenta la gravedad y carácter irreversible de sus afectaciones, se cumplían las condiciones necesarias para proceder.Finalmente, los padres y el médico tratante acordaron poner fin a la vida del niño. El caso fue remitido posteriormente al comité encargado de revisar este tipo de procedimientos, que determinó que el profesional había cumplido con los criterios de diligencia establecidos. En su análisis tuvo en cuenta el deterioro del menor, la ausencia de perspectivas de mejoría y que las intervenciones realizadas no habían conseguido aliviar de manera suficiente su situación.En Países Bajos, desde 2024 existe una regulación específica para la terminación de la vida de niños de entre uno y 12 años que padecen una enfermedad grave y sufren de manera insoportable, cuando no existe una posibilidad razonable de mejorar su condición. El procedimiento requiere, entre otros aspectos, la participación de los padres y la valoración de médicos independientes.El caso ha llamado especialmente la atención porque se trata del primer registro de un procedimiento de este tipo desde que la normativa fue ampliada para contemplar a menores de esas edades. La revisión posterior del comité concluyó que, en las circunstancias concretas del caso, el médico había actuado conforme a los requisitos de cuidado establecidos.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Nueva EPS y a la IPS Health & Life SAS realizar nuevas valoraciones médicas y llevar a cabo un Comité Técnico Interdisciplinario para resolver la solicitud de eutanasia de una paciente de 64 años, tras constatar dilaciones injustificadas y barreras administrativas en el trámite. El fallo tuteló sus derechos a una muerte digna, la dignidad humana, la autonomía personal, el debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad.La decisión judicial, proferida en segunda instancia por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, resolvió la impugnación presentada por Nueva EPS. La accionante, identificada en el expediente con el nombre ficticio de “Susana”, tiene 64 años y padece varias enfermedades crónicas y progresivas que, según manifestó en la tutela, le generan intensos sufrimientos.Según consta en el expediente, la paciente radicó ante Nueva EPS la solicitud de muerte digna el 30 de marzo de 2026. El 8 de mayo se realizó una Junta Médica que concluyó que no cumplía los requisitos para avanzar a la segunda fase del procedimiento.Sin embargo, el Tribunal encontró que el trámite había sufrido una dilación injustificada, pues la primera etapa se realizó más de un mes después de presentada la solicitud, pese a que el procedimiento contempla un plazo de 10 días calendario para esa fase. La corporación también señaló deficiencias en la información suministrada a la paciente y en la comunicación de la decisión adoptada por la Junta Médica.El Tribunal además concluyó que en el análisis del caso se utilizaron parcialmente criterios que no eran aplicables y se impusieron condiciones que no resultaban admisibles constitucionalmente. En particular, señaló que las alternativas de tratamiento pueden ser informadas al paciente, pero no pueden convertirse en una obligación que deba agotarse para acceder a la muerte digna mediante la eutanasia.Asimismo, la sentencia recordó que el procedimiento no puede condicionarse a la existencia de una enfermedad terminal ni al agotamiento obligatorio de tratamientos o cuidados paliativos, conforme a las reglas jurisprudenciales que el Comité deberá aplicar al estudiar nuevamente el caso.¿Qué le ordenó el Tribunal a Nueva EPS y a la IPS?La corporación judicial fijó órdenes precisas y plazos para continuar el trámite de la solicitud:Nuevas valoraciones médicas (5 días): Nueva EPS y Health & Life deberán programar y realizar valoraciones por especialistas en psiquiatría y medicina del dolor y cuidados paliativos, con presencia de la familia. En ellas deberán brindar información completa, adecuada y suficiente sobre el estado de salud, diagnósticos, síntomas, secuelas, pronóstico y alternativas de tratamiento, con el propósito de construir un consentimiento informado. Los conceptos médicos deberán emitirse dentro del mismo plazo.Comité Técnico Interdisciplinario (5 días posteriores): Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los conceptos médicos, deberá llevarse a cabo un nuevo Comité Técnico Interdisciplinario para resolver la solicitud de eutanasia, aplicando las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional.Comunicación de la decisión: Una vez el Comité adopte una decisión, deberá garantizarse que la paciente conozca plenamente el contenido del acta. Si la solicitud es aprobada, deberá recibir información clara sobre el procedimiento; si es negada, deberá ser informada sobre su posibilidad de solicitar la revisión, así como sobre los canales y términos para hacerlo.¿Por qué el Tribunal detectó barreras administrativas en el trámite?El fallo identificó varios obstáculos en el proceso adelantado por las entidades:Demora en la primera etapa: La solicitud fue presentada el 30 de marzo y la Junta Médica se realizó el 8 de mayo. El Tribunal consideró injustificada esa demora frente al plazo de 10 días calendario previsto para la primera etapa.Condiciones no admisibles: La corporación consideró que se habían impuesto condiciones relacionadas con alternativas terapéuticas que no podían convertirse en requisitos obligatorios para acceder a la eutanasia.Falta de información y comunicación: El Tribunal señaló que no se acreditó que la paciente hubiera recibido información clara, suficiente y profunda sobre su enfermedad y las posibilidades de tratamiento. También cuestionó que no se hubiera acreditado una comunicación oportuna e integral de la decisión de la Junta Médica del 8 de mayo.Criterios no aplicables: La Sala concluyó que la decisión del Comité se fundamentó parcialmente en criterios que no correspondían a las reglas constitucionales aplicables y que, además, no se actuó con la diligencia necesaria frente a las dudas sobre la capacidad mental de la paciente.
María Consuelo Córdoba tiene 67 años y lleva más de dos décadas enfrentando las consecuencias de un ataque con ácido que, según su relato, le cambió la vida para siempre. Hoy, después de pasar por decenas de procedimientos médicos y vivir en condiciones precarias, asegura que está cansada de sufrir y contempla la posibilidad de solicitar la eutanasia.La mujer, de origen chocoano, fue víctima del ataque hace más de 20 años. De acuerdo con su testimonio, quien era su esposo llegó una noche hasta su habitación, abrió la puerta y le lanzó un recipiente completo de ácido sobre el cuerpo.Las quemaduras afectaron diferentes partes de su cuerpo, entre ellas el rostro, el cuello, el pecho y la espalda. Desde entonces, María Consuelo ha tenido que someterse a 87 cirugías estéticas en un intento por recuperar parte de las condiciones que tenía antes de la agresión.Sin embargo, asegura que los médicos le han manifestado que ya no hay más procedimientos que puedan realizar para mejorar su situación.“Dos veces me tiró toda esa caneca de ácido en la carita y parte del cuerpo. Aquí hasta el ombligo estoy quemada”, relató María Consuelo al recordar el ataque que sufrió en diálogo con Blu Radio.La difícil situación que enfrentaLas secuelas de la agresión no solo están relacionadas con las heridas físicas. María Consuelo perdió uno de sus ojos y actualmente necesita una venda en el rostro, dos tubos en la nariz para poder respirar y un bastón para desplazarse.A diario sale de su vivienda, ubicada en el barrio El Remanso, en Puente Aranda, para pedir ayuda económica en las calles de Bogotá. Según contó, debe reunir dinero para pagar cerca de 600.000 pesos mensuales por la habitación en la que vive y también para poder cubrir sus necesidades básicas.Su situación económica y la ausencia de una red familiar en la capital han profundizado las dificultades que enfrenta. De su exesposo, asegura que solo sabe que estaría en la costa y que tiene una nueva familia. Mientras tanto, cuenta que su hija vive en Suiza y que tampoco tiene otros hijos o familiares cercanos que puedan acompañarla en Bogotá.María Consuelo también recordó que permaneció durante cerca de dos años hospitalizada en Bolivia, una etapa que, según sus palabras, atravesó prácticamente sola.El encuentro con el papa Francisco que la hizo cambiar de decisiónEn medio de esta historia hay un episodio que, según María Consuelo, influyó en que no tomara antes la decisión de recurrir a la eutanasia.La mujer aseguró que tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con el papa Francisco durante la visita que el pontífice hizo a Colombia en 2017. Según su relato, en ese encuentro le contó parte de su historia y recibió una petición que, durante años, decidió respetar.María Consuelo asegura que desde entonces ha intentado continuar con su vida pese al dolor y las dificultades. Sin embargo, actualmente sostiene que se encuentra agotada por las condiciones en las que vive y por las consecuencias que todavía enfrenta después del ataque.Su principal petición, según explicó, es encontrar ayuda que le permita vivir con tranquilidad y sin tener que salir diariamente a las calles a pedir dinero. Pero si esa ayuda no llega, asegura que contempla la eutanasia como una alternativa para poner fin a los años de sufrimiento.
Catalina Giraldo encontró la tranquilidad que durante años estuvo buscando. Horas antes de someterse a la eutanasia, la psicóloga colombiana concedió una última entrevista en la que habló con serenidad sobre la decisión que tomó tras una larga batalla judicial para acceder a una muerte digna. Sus palabras, registradas por Noticias Caracol, se convirtieron en una especie de testamento con el que también buscó dejar un mensaje sobre la salud mental y el suicidio médicamente asistido en Colombia.La psicóloga, quien padecía trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y un trastorno de ansiedad, falleció el pasado 9 de julio en una clínica de Bogotá, luego de permanecer cerca de diez meses librando una lucha legal para que se le permitiera acceder al suicidio médicamente asistido, procedimiento que fue despenalizado por la Corte Constitucional en 2022, pero que todavía no cuenta con una reglamentación.Ante ese vacío jurídico y la incertidumbre sobre el futuro de su caso, Catalina terminó aceptando la eutanasia, una alternativa distinta a la que inicialmente había solicitado. En sus últimas horas explicó que esa decisión no significaba renunciar a la causa que defendió durante meses."Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo, sino que más bien puedes detenerlo", afirmó en diálogo con Noticias Caracol.El contraste con la primera conversación que sostuvo meses atrás era evidente. Mientras en ese momento reflejaba el desgaste provocado por su enfermedad mental, en esta ocasión apareció sonriente y en calma. Incluso aseguró que esa paz también le dio la certeza a su madre y a su hermana de que estaba tomando la decisión correcta."Eso no me pasaba hace mucho tiempo. Creo que eso también es lo que le da certeza a mi mamá y a mi hermana de que esta es una decisión correcta, porque ven la tranquilidad en mi mirada", expresó.Catalina reconoció que aceptar la eutanasia fue uno de los momentos más difíciles del proceso. Durante meses insistió en que quería ejercer su autonomía a través del suicidio médicamente asistido, convencida de que era la forma en la que deseaba despedirse. Sin embargo, explicó que el desgaste emocional terminó por llevarla a cambiar de camino."Me negaba a solicitar nuevamente la eutanasia porque sentía que estaba traicionando esta lucha. Pero llevo diez meses en este proceso y no siento que me esté rindiendo; siento que ahora estoy entregando la responsabilidad a otros", afirmó.La psicóloga también reveló cuál fue el episodio que marcó un punto de quiebre definitivo. Recordó que, tras una hospitalización psiquiátrica ocurrida en mayo, comprendió que no quería volver a atravesar una situación similar."Me vi en una cama de hospital por un número de veces que ya he olvidado. En ese momento me dije que no podía volver a estar en ese lugar", relató.Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista estuvo dirigido a los magistrados de la Corte Constitucional, quienes aún estudian el caso relacionado con el suicidio médicamente asistido. Catalina pidió que su muerte no significara el cierre del debate y que la justicia continuara analizando el tema para otras personas que atraviesan sufrimientos similares."Esta lucha no termina conmigo. Hay personas que lo necesitan de manera urgente y prioritaria. Espero que entiendan que esta es una lucha por la salud mental y por una muerte digna para muchas personas", manifestó.También respondió a quienes consideraban que su historia podía representar una romantización del suicidio. Según explicó, el objetivo nunca fue promover la muerte, sino abrir una discusión sobre el acompañamiento y el respeto hacia quienes enfrentan enfermedades mentales severas e irreversibles."La gente se suicida y se va a seguir suicidando. No es romantizar la muerte, es acompañarla, cuidarla y respetar el proceso de la persona", sostuvo.Antes de despedirse, Catalina dijo que esperaba ser recordada como alguien que abrió una conversación necesaria en el país. Para ella, su historia no solo hablaba sobre la muerte digna, sino también sobre la necesidad de reconocer el sufrimiento que pueden producir las enfermedades mentales.Su legado, afirmó, apenas comenzaba.
El Ministerio de Salud y la Protección Social ha emitido la Resolución 813 de 2026, una normativa que transforma los requisitos y el acceso al derecho a morir dignamente en Colombia.Este nuevo marco legal busca eliminar las barreras que enfrentaban pacientes con enfermedades graves e incurables que, a pesar de padecer sufrimientos intensos, no eran considerados "terminales" por las instituciones de salud. Ampliación del derecho más allá de la fase terminalUno de los puntos más relevantes de la resolución es la formalización de la eutanasia para pacientes sin condición terminal. Según Laura Pombo, directora de la fundación Morir Dignamente, la normativa llega para "dar más claridad a las instituciones" que seguían interpretando el derecho de forma restrictiva. Pombo explicó que, aunque la Corte Constitucional ya había abierto esta posibilidad desde 2021, muchas IPS y EPS mantenían obstáculos burocráticos"Antes, en la práctica, muchas instituciones seguían entendiendo la eutanasia como un derecho reservado únicamente para pacientes en fase terminal", señaló la directora, enfatizando que ahora el sistema de salud debe reconocer escenarios de enfermedades graves, incurables o lesiones corporales irreversibles que generen un sufrimiento incompatible con la dignidad humana. La ruta de acceso y los tiempos de respuestaLa resolución establece una ruta clara para el paciente. El proceso puede iniciarse mediante un documento de voluntad anticipada o una solicitud verbal o escrita. Un aspecto crítico es la agilidad del sistema: una vez realizada la solicitud, el médico cuenta con un plazo de solo 24 horas para activar el comité multidisciplinario de eutanasia.Este comité, integrado por un médico especialista, un psiquiatra o psicólogo y un abogado, tiene la tarea de evaluar si la decisión es libre, informada y consciente. Tras la evaluación, el comité "tiene 10 días para dar una respuesta positiva o negativa", y en caso de ser negativa, esta debe estar plenamente justificada.Protección a menores y objeción de concienciaRespecto a los menores de edad, la norma establece un equilibrio entre la protección y la autonomía. Los niños entre 0 y 6 años están excluidos de las solicitudes, pero deben recibir cuidados paliativos. Para niños de entre 6 y 12 años y adolescentes, se evalúa el nivel de madurez y comprensión de la muerte."La norma intenta equilibrar dos cosas difíciles: proteger a los menores, pero también reconocer que algunos adolescentes con enfermedades muy graves sí tienen voz", afirmó Pombo.Finalmente, sobre la objeción de conciencia, se ratifica que los médicos pueden negarse individualmente por razones éticas o religiosas, pero las instituciones no pueden tener objeción de conciencia. Por tanto, las EPS e IPS están obligadas a garantizar que siempre exista un profesional disponible para realizar el procedimiento y asegurar el derecho del paciente. Escuche aquí la entrevista:
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 813 de 2026, con la que redefine la aplicación del derecho la eutanasia o a morir dignamente en Colombia y establece cambios clave en el acceso a este tipo de decisiones dentro del sistema de salud.Uno de los puntos centrales de la norma es que el acceso a la eutanasia ya no está limitado a pacientes en fase terminal. A partir de esta resolución, también podrán solicitar este procedimiento personas con enfermedades graves e incurables que generen un sufrimiento intenso, incluso si su condición no se encuentra en etapa final de vida. Este ajuste elimina una de las principales restricciones que existían y amplía el universo de pacientes que pueden acceder a este derecho.La resolución también amplía el alcance del derecho a morir dignamente. Ya no se entiende únicamente como la posibilidad de acceder a la eutanasia, sino que incorpora de manera integral los cuidados paliativos orientados al manejo del dolor y la calidad de vida y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, que permite suspender o no iniciar tratamientos cuando resultan desproporcionados o no representan un beneficio para el paciente.En materia de decisiones, la norma introduce cambios en la forma en que los pacientes pueden manifestar su voluntad. Se establecen reglas más precisas para el consentimiento informado y se regulan escenarios en los que la persona no puede expresarse directamente. En estos casos, se contempla el consentimiento sustituto y la figura de los “apoyos interpretativos de la voluntad”, que permiten tener en cuenta manifestaciones previas del paciente para orientar la decisión.Otro de los ejes de la resolución es el fortalecimiento de la autonomía del paciente. La norma establece que las decisiones sobre el final de la vida deben partir de la voluntad de la persona, teniendo en cuenta su concepto de dignidad, calidad de vida y sufrimiento, por encima de otros criterios.Asimismo, se actualiza el papel de los comités dentro del sistema de salud. Los comités de ética hospitalaria tendrán un rol consultivo en casos de decisiones complejas, especialmente frente a la adecuación de tratamientos, mientras que los comités interdisciplinarios de eutanasia serán los encargados de verificar que se cumplan las condiciones para acceder a este procedimiento.
La enorme polémica que ha generado en Colombia la decisión del Ministerio de Ambiente de ordenar la eutanasia para 80 hipopótamos en el Magdalena Medio tuvo un nuevo espacio en la Asamblea de Antioquia en donde la autoridad ambiental encargada de la caza controlada lanzó críticas al Gobierno nacional.Hay que recordar que uno de los puntos de la discordia ha sido que no se han contemplado otras soluciones como la traslocación, la esterilización o el confinamiento de los animales e, incluso, el director de Cornare, Javier Valencia, aseguró que a pesar de tener propuestas sobre la mesa para llevarse a varios hipopótamos, el Ministerio de Ambiente no actúa con rapidez."Aquí sí es una pequeña crítica al Ministerio de Ambiente no ha no ha hecho la la gestión demasiado ágil. Si bien la han hecho, pero no con la velocidad que nosotros quisiéramos, a la velocidad tenemos nosotros solicitudes de diferentes santuarios de fauna o instituciones", aseguró el director.En medio de las críticas por la decisión de la eutanasia, Cornare entregó algunas cifras que dejan en evidencia la magnitud del problema y es que, por ejemplo, la esterilización de un solo hipopótamo cuesta cerca de 60 millones de pesos, y aunque ya se han hecho 35 procedimientos, hacerlo con los 80 ejemplares valdría cerca de 5.000 millones de pesos y se demoraría un poco más de 4 años cuando se estima ya hallan cerca de 400 hipopótamos en la subregión.Valencia, quien indicó que cerca del 70 % de los hipopótamos están en jurisdicción de Cornare, manifestó que para la eutanasia se tiene un presupuesto mayor a los 7.000 millones de pesos y que aunque el protocolo existe, hay otra problemática que podría ampliar la discusión: no se han hecho los diálogos con todas las partes, ni se han buscado otras soluciones."Participación, comunicación, socialización, escuchar a las partes, escuchar a todas las partes. Si nosotros no damos esa información, si no se da desde el ministerio, definitivamente, entonces, vamos a mantenernos en un caos. No puede ser la única solución. Le hemos hemos dicho, y es que se tienen que considerar otras acciones", manifestó Valencia.También se debe mencionar que aunque es bien conocido que no es una situación nueva, la autoridad ambiental reconoció que desde el 2009 se hicieron los primeros acercamientos con el Gobierno nacional para, en ese momento, hacer un confinamiento de los cerca de 50 hipopótamos que existían pero que ante la nula respuesta hoy se habla de un problema mucho mayor con más de 200 animales.Finalmente, afirmaron desde la Asamblea de Antioquia que efectivamente los hipopótamos son una especie peligrosa y que se debe tomar una decisión inmediata, hay que tener en cuenta que se debe cebar a los animales, sedarlos, cazarlos y hacer ya disposición, situación que podría tener un costo mayor y que también llevaría un tiempo considerable al hablar de 80 animales.
Un juez en Antioquia abrió un nuevo capítulo en el debate nacional sobre el manejo de los hipopótamos en Colombia al admitir para estudio una acción de tutela que busca frenar su sacrificio en el Magdalena Medio.La decisión judicial se produce en medio de la controversia generada por el plan del Gobierno nacional para controlar la creciente población de estos animales, considerados una especie invasora. La tutela solicita la suspensión inmediata de cualquier medida que implique la muerte de los hipopótamos, al considerar que podría vulnerar principios relacionados con la protección de los animales y el debido proceso ambiental.Según el recurso, los hipopótamos deben ser reconocidos como seres sintientes, lo que implica que las decisiones sobre su manejo deben contemplar criterios éticos y legales más estrictos. En ese sentido, se propone que se prioricen alternativas no letales como la esterilización o el traslado a otros espacios controlados, en lugar de recurrir a la eutanasia.La acción judicial también cuestiona el papel de varias entidades estatales, entre ellas el Ministerio de Ambiente y autoridades ambientales, a quienes se les pide revisar las medidas adoptadas hasta ahora. Además, solicita que expertos y organizaciones ambientales participen activamente en la definición de una estrategia integral para abordar la problemática.Actualmente, se estima que hay cerca de 200 animales, con proyecciones que advierten un aumento significativo en los próximos años si no se toman medidas de control, por ello el Gobierno nacional ha planteado la eutanasia como una de las principales herramientas para frenar esta expansión, argumentando que los hipopótamos representan un riesgo para los ecosistemas y especies nativas.
El destino de los hipopótamos en Colombia, una especie invasora que se multiplica de forma exponencial en el Magdalena Medio, ha llegado a un punto crítico. Ante la reciente decisión del Ministerio de Ambiente de proceder con la eutanasia como medida principal, el ambientalista Nicolás Ibargüen ha surgido como una voz que busca agotar las alternativas internacionales antes de recurrir al sacrificio masivo.El Santuario Vantara y la propuesta internacionalIbargüen sostiene que existe una oportunidad real a través de Vantara, el santuario más grande del mundo ubicado en la India y propiedad de la familia Ambani. Según el ambientalista, este lugar cuenta con "instalaciones absolutamente sorprendentes, médicos 24 horas 7 días a la semana, nutricionistas especializados y maquinaria especializada para tratar animales". La propuesta, que Ibargüen presentará formalmente a la ministra en una reunión programada para este martes a las 5:00 p.m., consiste en un plan a mediano plazo. "La propuesta va en la reubicación de unos 100 hipopótamos en un plazo de 5 años". El objetivo no es solo trasladarlos a la India, sino utilizar la red de contactos de Vantara para buscarles hogar en países donde la especie está en riesgo de extinción. Dudas sobre la capacidad técnica para la eutanasiaUno de los puntos más polémicos es la viabilidad de la eutanasia en el contexto colombiano. Ibargüen advierte que el país no cuenta con la experiencia necesaria para manejar animales de tal magnitud en libertad. "Nosotros en Colombia no tenemos mamíferos que pesen casi 2 toneladas, 160 que vivan en los ríos. Es una situación bastante complicada". Además, cuestiona los costos económicos presentados por el Gobierno, que estima el proceso en 7.000 millones de pesos. Para el ambientalista, la cifra real podría ser mayor debido a la falta de experticia: "Yo creo que va a ser muchísimo más porque no tenemos la experiencia de hacerle eutanasia a un mamífero de estas características". Presión política y falta de estudiosLa senadora Andrea Padilla también ha manifestado su descontento, acusando al Ministerio de inacción y de incumplir resoluciones previas que priorizaban la traslocación. Padilla señala que, a pesar de las afirmaciones oficiales sobre la falta de interés internacional, "no se ha atendido la solicitud de traslado más seria hasta el momento, que es la del santuario Vantara de la India". Asimismo, denunció que el Gobierno argumenta "pobreza genética" para rechazar traslados, mientras que por escrito admiten que "no hay estudios genéticos" disponibles. Santuarios y esterilizaciónIbargüen enfatiza que su propuesta no es una "bala mágica", sino un esfuerzo conjunto que incluye la creación de infraestructura local. El plan contempla "crear un santuario en Colombia, crear la capacitación veterinaria, tecnológica, logística y física" para que el personal nacional aprenda a lidiar con estos animales. La meta final sería la "esterilización al 100% de la población" para erradicar el riesgo de crecimiento poblacional en un periodo de 5 a 6 años. Escuche aquí la entrevista:
El pasado 10 de agosto, decenas de familias en Cali decidieron servirle a la ciudad en medio del terremoto a pesar de haber resultado afectados también. Una de esas fue la familia Mellizo Perdomo. William, Mayra y Helena, perdieron su apartamento ubicado en la comuna 18 de la ciudad, pero no el impulso de ayudar a los demás.William Mellizo es un bombero que lideró varios equipos de rescate de personas entre los escombros de edificios que colapsados en Cali, entre ellos Torres del Limonar en Capri, y también varios de la comuna 19. Durante más de 30 años de preparación y entrenamiento atendió emergencias fuera de Colombia, como el terremoto de Turquía, jamás creyó que su familia viviera la misma situación."Atendimos a todos los vecinos, curamos a varios que estaban heridos, hicimos vendajes, inmovilizamos, controlamos heridas que tenían, les dijimos a algunos que fueran al médico. Ya después le dije a mi esposa: ustedes ya están seguras y yo no puedo quedarme con ustedes sabiendo que yo entrené toda la vida para esto, y que hay gente muriendo bajo los escombros", indicó William.Mientras él se encontraba cumpliendo su misión como rescatista en las zonas de emergencia, su familia se enfrentaba a la dura realidad de perder su vivienda. Mayra Perdomo, esposa de William, tuvo que asumir el reto de solucionar el hecho de haberse quedado sin hogar, y especialmente mantener la calma para su pequeña Helena."Le dije que pues estamos hablando de nuestra ciudad, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, no sabemos qué fue lo que sucedió. Yo vi una unidad destruida, el quinto y el cuarto piso colapsados, las paredes externas se abrieron por completo, ya sabíamos que no se podían ingresar. Le dije que yo me iba a encargar de todo ese proceso, para que él se enfocara en sus rescates", señaló Mayra.Actualmente esta familia se encuentra a salvo y muy agradecidos con la solidaridad de sus amigos, conocidos y de toda la ciudad, sin embargo, aún les hace falta el cumplimiento de una promesa que el presidente Abelardo De La Espriella le hizo a la pequeña Helena, volver a tener un hogar propio.
El sector transportador en el sur del país se encuentra en alerta ante el incremento de los hechos terroristas en diferentes puntos de la vía Panamericana. Tan solo en la última semana, el peaje del corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, fue atacado tres veces, con explosivos lanzados desde drones.Sumado a otros hechos terroristas ocurridos semanas atrás, como los ataques con motocicletas bomba contra el peaje El Mango, en el municipio de La Sierra, Cauca. El miedo latente de los viajeros ha hecho que se reduzca considerablemente la cantidad de recorridos entre Cali y Popayán, ante el temor de quedar en medio de cualquier acción violenta."No, la gente no está viajando, no está saliendo de Popayán, la gente se siente muy temerosa. un viaje a Cali se puede convertir perfectamente en seis horas. Yo ayer venía de Cali, salí a las tres de la tarde y llegué a mi casa a las ocho de la noche, porque en cualquier momento dicen que están atacando, y entonces uno tiene que quedarse quieto donde le digan. Los transportadores estamos mal, estamos en la quiebra porque no están viajando los pasajeros", señaló un conductor del transporte intermunicipal.Otro de los sectores más golpeados con esta problemática es el transporte de carga, diariamente se están registrando afectaciones a camiones, además de la amenaza que corren por la presencia de integrantes de grupos armados en diferentes parte de este importante corredor del suroccidente."Cauca sigue siendo el departamento número uno en ser el más inseguro para el transporte de carga y de pasajeros. Se han presentado más de 60 modalidades de atentados explosivos, más de 35 camiones quemados, se presenta de manera frecuente el hurto de vehículos de carga con secuestro del conductor, buses quemados 20, retenes ilegales más de 40, vandalizados más de 30 vehículos", señaló Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.Los transportadores están pidiendo mayor presencia de la Fuerza Pública a lo largo de este corredor específicamente en puntos como la glorieta de Colombina, El Bordo y los peajes de Mondomo y el Mango, atacados últimamente.
Un barco chocó contra un crucero que transportaba a cientos de personas en el río Mississipi cerca de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, EE. UU. Un video muestra a pasajeros aferrándose al costado del crucero, intentando bajarse mientras la nave comenzaba a girar y el agua a entrar en el barco impactado. El número de heridos y la causa del accidente todavía no han sido confirmados.En desarrollo...
Habith Josue Gil García, alias ‘El Animal’, señalado de dedicarse al robo de prendas de oro en Barranquilla y Puerto Colombia, sería uno de los hombres que, según confirmó la Policía, se enfrentó a tiros con una patrullera de la institución, quien resultó herida durante la balacera registrada la tarde del jueves en el sector de Villa Campestre.El hecho ocurrió cuando la uniformada intentó frustrar un asalto a una tienda de cadena ubicada cerca de una estación de gasolina.El señalado delincuente quedó grabado en cámaras de seguridad, por lo que autoridades buscan dar con su paradero e invitan a la ciudadanía a denunciar su ubicación.La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó que alias el Animal tiene más de 15 anotaciones judiciales en por delitos como concierto para delinquir, receptación, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.“Gracias a la rapidez de la recolección de evidencias en este momento se identifica al actor criminal de este hecho alias El Animal. Un actor criminal con más de 15 anotaciones delictivas. Invitamos a la ciudadanía a proporcionar información que nos permita con agilidad dar con la captura de este delincuente porque no quedará un sitio en Barranquilla donde esconderse”, fueron sus palabras en un comunicado.La patrullera herida está adscrita a la unidad de Fuerza de Control Territorial y Apoyo Operativo de la Policía, Fucot. Tras los hechos fue auxiliada por empleados del sector, quienes la llevaron hasta la Clínica Portoazul, ubicada a pocos metros del lugar de los hechos, donde se encuentra fuera de peligro.Los investigadores de la Sijín adelantan las labores para dar con el paradero del señalado y establecer las circunstancias del ataque.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de aplazar por 30 días hábiles la continuación de la versión voluntaria de Sandra Ramírez Lobo Silva, en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de las antiguas Farc.La petición fue presentada por el abogado de Ramírez, Camilo Fagua, quien argumentó que tenía compromisos judiciales e institucionales que le impedían asistir a la diligencia programada para el jueves 12 de noviembre.Entre las razones expuestas por la defensa estaba otra audiencia ante la JEP, relacionada con medidas cautelares de protección para comparecientes forzosos, así como la atención de otros requerimientos judiciales.Sin embargo, la magistratura aceptó el aplazamiento únicamente por esta vez y determinó que la diligencia se reanudaría este viernes 13 de noviembre, a las 2:00 de la tarde. De esta manera, negó la posibilidad de trasladarla hasta dentro de los siguientes 30 días hábiles.La JEP advirtió al abogado que deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar su asistencia y señaló que no puede permitir que la disponibilidad de la defensa genere nuevas demoras en el proceso. También recordó la importancia de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, dentro de los tiempos de la justicia transicional.Cabe destacar que la comparecencia de Sandra Ramírez comenzó el pasado 4 de noviembre y se extendió durante ocho horas. En esa primera sesión respondió preguntas sobre su trayectoria y los roles que desempeñó en las antiguas Farc, así como sobre patrones de violencia sexual y reproductiva al interior de esa guerrilla.Una vez concluya la versión voluntaria, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones frente a la información entregada por la compareciente.