En el centro penitenciario de la andina provincia de Azuay "se registraron alteraciones al orden interno, ante lo cual se activaron los protocolos de seguridad y se coordinó la intervención de @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR para mantener la seguridad interna y externa del centro", señaló en SNAI en Twitter.
#SNAI Informa que en el #CPLAzuay N°1 se registraron alteraciones al orden interno, ante lo cual se activaron los protocolos de seguridad y se coordinó la intervención de @PoliciaEcuador y @FFAAECUADOR para mantener la seguridad interna y externa del centro.Noticia en Desarrollo. pic.twitter.com/zgmZ1UHQlk
— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) April 3, 2022
Por su parte la Policía reportó en la misma red social el despliegue de "unidades especializadas para ejecutar acciones de control".
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El año pasado, las cárceles de Ecuador fueron el escenario de violentas revueltas que dejaron unos 320 reclusos muertos. La masacre más reciente ocurrió en septiembre pasado en una cárcel de la provincia de Guayas (suroeste), donde 119 reos fallecieron, algunos desmembrados e incinerados.
Patricio Carrillo, ministro del Interior, tuiteó que el gobierno "pone todo su esfuerzo para evitar que quienes desprecian la vida, continúen incitando la guerra en las cárceles". Apuntó que "Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia".
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El ministro, que fue posesionado el miércoles tras crearse la cartera de Interior para enfrentar el alza de la violencia en el país, consideró que debe haber reformas legales para sancionar las revueltas en las cárceles.
"Necesitamos disposiciones contundentes para quienes protagonizan estos hechos violentos. Están identificados y deben perder todo tipo de beneficio penitenciario", anotó.
En las 65 prisiones de Ecuador, con capacidad para unas 30.000 personas, hay unos 39.000 presos (30% de sobrepoblación). Del total, 15.000 están sin sentencia. Ecuador tiene un déficit de 2.500 guías penitenciarios. Actualmente hay apenas 1.646 para todo el país.
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Para reducir el hacinamiento en las penitenciarías, el presidente Guillermo Lasso firmó en febrero un decreto que estableció las condiciones para que unos 5.000 presos sean indultados.
De acuerdo con las autoridades, la violencia dentro de las cárceles responde a la disputa entre bandas vinculadas al narcotráfico internacional que luchan por el dominio dentro y fuera de las prisiones.
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