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A diez años del acuerdo de paz, tierras y sustitución de cultivos siguen entre los pendientes: FIP

La Fundación Ideas para la Paz presentó un balance sobre la implementación del acuerdo de paz, en el que reconoce los avances en la implementación y además pide al Gobierno nacional aprovechar los mecanismos existentes, en lugar de crear nuevas instancias.

Acuerdo de paz.
Acuerdo de paz.
Foto: referencia, Flow

El próximo 24 de noviembre se cumplirán diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las antiguas Farc. Una década después, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que varios de los compromisos que buscaban transformar las condiciones de vida en las zonas más afectadas por el conflicto armado siguen sin materializarse plenamente.

En su informe Diez años del Acuerdo de Paz: balances, aprendizajes y prioridades para la próxima década que será presentado el próximo lunes 20 de 23 de noviembre, la organización revisó seis agendas: el ordenamiento de la propiedad rural, las garantías de seguridad, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reincorporación de excombatientes y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

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Aunque el documento reconoce avances en diferentes componentes, advierte que existe una distancia importante entre los compromisos adquiridos y los resultados que han llegado a las comunidades. Por eso, uno de sus principales llamados al próximo Gobierno es no comenzar de cero ni desmontar los instrumentos existentes, sino corregir sus dificultades y lograr que las entidades trabajen de manera coordinada.

Uno de los principales rezagos identificados por la FIP está en el primer punto del Acuerdo de Paz, que estableció tres compromisos para ordenar la propiedad rural: formalizar siete millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad, adjudicar tres millones de hectáreas a través del Fondo de Tierras y construir un catastro multipropósito.

Diez años después, ninguno de estos tres objetivos se ha cumplido en su totalidad. Sin embargo, el informe llama la atención sobre la diferencia entre las hectáreas que han ingresado al Fondo de Tierras y aquellas que efectivamente han sido adjudicadas con un título registrado.

De acuerdo con las cifras citadas por la FIP, el Fondo acumula 2,09 millones de hectáreas, equivalentes al 70 % de la meta de tres millones. No obstante, la tierra adjudicada con título formalmente registrado se encuentra entre 87.672 hectáreas, según la Procuraduría, y 98.148, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esto representa cerca del 3 % de la meta.

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A esto se suma que otras 206.000 hectáreas fueron entregadas de manera provisional y cerca de 47.000 permanecen pendientes de registro. Para la organización, esta diferencia evidencia uno de los principales obstáculos de la reforma rural: el Estado ha logrado incorporar tierras a sus inventarios, pero tiene dificultades para convertir esos avances en derechos de propiedad plenamente reconocidos.

En materia de formalización, la Misión de Verificación de Naciones Unidas reportó 3,9 millones de hectáreas formalizadas a marzo de 2026, mientras que la Procuraduría reconoció 3,24 millones efectivamente inscritas en el registro. La diferencia es importante porque, como advierte la FIP, es la inscripción formal la que brinda seguridad jurídica plena sobre la propiedad.

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La FIP también advierte que la falta de coordinación entre la Agencia Nacional de Tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y los gestores catastrales ha frenado el proceso. A esto se suma la capacidad limitada para sostener la actualización de la información.

El problema, además, tiene consecuencias sobre la seguridad. En territorios donde se superponen la informalidad en la tenencia de la tierra, las restricciones ambientales y el conflicto armado, la falta de información precisa permite que los grupos ilegales regulen el acceso a los predios, intervengan en los conflictos entre habitantes y ejerzan control sobre las actividades productivas.

El segundo gran pendiente está relacionado con la sustitución de cultivos de uso ilícito. La FIP advierte que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) se implementó de manera distinta a como fue concebido en el Acuerdo de Paz.

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El programa buscaba combinar los apoyos directos a las familias, a través del Plan de Atención Inmediata (PAI), con iniciativas comunitarias y municipales de infraestructura, desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y formalización de tierras, contempladas en los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA).

Sin embargo, en la práctica, la implementación se concentró principalmente en la atención individual a las familias, mientras que los proyectos comunitarios y las inversiones para transformar las condiciones de los territorios tuvieron mayores dificultades para avanzar.

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Para la FIP, esta situación limita la posibilidad de que las familias que sustituyen los cultivos de coca encuentren alternativas económicas sostenibles. A esto se suma la falta de garantías de seguridad para las comunidades y los liderazgos que promovieron la sustitución voluntaria. Los retrasos en los compromisos estatales debilitaron la confianza en el programa y aumentaron la vulnerabilidad de quienes impulsaron el tránsito hacia actividades legales.

El balance de la FIP también advierte que el escenario de seguridad cambió considerablemente desde 2016. La salida de las Farc de la confrontación armada no significó el fin de la violencia organizada y abrió paso a una reconfiguración de los grupos ilegales y de las disputas por el control territorial.

Según el documento, en 2026 los grupos armados organizados superan los 28.802 integrantes, más del doble de los registrados en 2018. Además, las zonas de confrontación pasaron de siete en 2022 a 13 en 2026.

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Asimismo, el informe destaca que entre diciembre de 2017 y septiembre de 2026, la entidad emitió 369 alertas tempranas. Sin embargo, la FIP recuerda que en 2023 la Defensoría advirtió que el 85 % de sus recomendaciones eran desatendidas por el Gobierno Nacional.

El documento también dedica un capítulo a la reincorporación de quienes dejaron las armas. La FIP reconoce que más de ocho de cada diez firmantes del Acuerdo continúan comprometidos con su proceso, pero advierte que este avance se ha sostenido en medio de graves riesgos de seguridad. Desde la firma del Acuerdo más de 500 excombatientes han sido asesinados.

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Es por esto que la Fundación señala que proteger sus vidas y garantizar condiciones para que puedan desarrollar sus proyectos económicos y sociales no es únicamente un compromiso con quienes dejaron las armas, sino una condición para la credibilidad de futuros procesos de desarme y sometimiento.

En materia de justicia transicional, la FIP advierte que la financiación de las decisiones judiciales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) será uno de los principales desafíos de la entidad durante los próximos años. También destaca la importancia de garantizar la capacidad técnica y financiera de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que tiene el reto de buscar alrededor de 137.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado.

En sus conclusiones, la Fundación Ideas para la Paz sostiene que el principal desafío no es la ausencia de herramientas institucionales, sino la dificultad para convertirlas en resultados concretos. Por eso, su recomendación es aprovechar la estructura que dejó el Acuerdo de Paz y evitar la creación de nuevos instrumentos que terminen dispersando los recursos públicos y debilitando la confianza de las comunidades.

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A diez años de la firma, la organización plantea que el Acuerdo debe servir como una brújula para la próxima década, con una hoja de ruta que permita abordar de manera conjunta la seguridad, el desarrollo rural y la gobernanza, sin perder de vista a las comunidades y a las víctimas del conflicto armado en el país.

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