Abogado de Medimás para la venta fue mencionado por Contraloría en fallo contra Saludcoop

Desde hace varios años en el sistema de salud colombiano hay un debate sobre hasta qué punto los recursos que administran las EPS, y que son entregados por el Estado, pasan a ser privados y se pueden considerar como utilidades generadas por las aseguradoras debido a sus rendimientos. Vea también Guillermo Enrique Grosso: el remedio peor que la enfermedad en SaludcoopUno de los casos de más trascendencia fue precisamente el de Saludcoop porque la Contraloría consideró que la otrora EPS gerenciada por Carlos Gustavo Palacino no podía utilizar los recursos públicos para la salud para objetivos que no tuvieran una relación clara con la prestación del servicio. Para que eso no ocurra, la normatividad señala que las aseguradoras tienen un 10 % del total de recursos que reciben de parte del erario para gastos administrativos. El restante 90 % debe ser para la atención de los pacientes, los medicamentos y tratamientos, y el pago a las clínicas y hospitales que les prestan servicios a sus afiliados. Sin embargo, las consideraciones de los entes de control sobre el gasto de las EPS son cada vez más radicales y muchos sectores, como la Asociación de Empresas de Medicina Integral, han pedido claridad sobre qué pueden hacer las EPS con los recursos de la salud y cuándo esos recursos dejan de ser públicos y trascienden a la categoría de rentabilidad de la empresa privada. En el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría el 13 de noviembre de 2013, siendo Sandra Morelli la contralora general, se concluyó que en Saludcoop se gastaron indebidamente más de 1.7 billones de pesos, una cifra que algunos expertos han señalado de exagerada. Pero uno de los gastos que en su momento la Contraloría determinó que había sido irregular fue el que tenía que ver con honorarios a abogados. Por ese hallazgo se produjo una discusión entre Morelli y el exfiscal Eduardo Montealegre (Montealegre fue abogado de Saludcoop antes de ser electo fiscal general) porque la Contraloría lo mencionó también en el fallo. Pero otro de los abogados mencionados en ese fallo es José Joaquín Bernal Ardila. Bernal Ardila es un abogado de amplia trayectoria que es conocido, según dijo él mismo a BLU Radio, no solo en el sector de la salud, sino en el de infraestructura, transacciones internacionales y otros más. El abogado Bernal empezó a trabajar con Saludcoop en los años noventa y desde entonces representó y asesoró a Saludcoop en varios procesos. La Contraloría aseguró que el dinero con el que le fueron pagados sus honorarios provenían de los recursos del sistema, es decir el dinero público del Estado destinado a la salud, y no con los recursos propios de la EPS. “En lo que se refiere a los honorarios pagados por Saludcoop por concepto de asesoría legal, si bien es cierto que en el texto de los contratos se afirma que se sufragaron con recursos propios, también lo es que de acuerdo con la evidencia sobre flujos de efectivo, los recursos propios generados por la empresa en los mencionados periodos fueron insuficientes para financiar dichos gastos y que los mismos fueron pagados con cargo a recursos del sistema”, se lee en el documento de la Contraloría. Bernal y otros abogados tuvieron contratos, según el ente de control, por más de $ 2.000 millones de pesos que, de acuerdo a la argumentación de la Contraloría, eran recursos de los colombianos y no de Saludcoop. El objeto de uno de los contratos firmado el 29 de junio de 2006 fue la prestación de servicios de asesoría jurídica en materia penal, y el ejercicio de la defensa técnica de los directivos y funcionarios actuales y retirados de la entidad. Ese contrato fue por $ 500.000.000 más los impuestos de ley. Otro de los contratos fue el de la representación de las acciones que el grupo Saludcoop o sus representantes tenía como accionistas en Ciudadela Salud, así como en el Hospital de Alta Tecnología, incluida la asistencia a la Asambleas Generales de Accionistas y el manejo de las relaciones con sus directivos. Ese contrato fue por un monto de $ 1.070.000.000. Y aparecen otros contratos por servicios y asesorías jurídicas por $ 596.166.663, $ 350.000.000, $ 50.000.000 $ 150.000.000, y $ 33.000.000 millones de pesos entre Bernal, la compañía Vargas Abogados y CIA, y el exfiscal Montealegre.Bernal dijo a Blu Radio que él no conocía cuál era el origen de los recursos porque “un abogado no se mete en la contabilidad para ver de dónde le están haciendo su pago. Uno se imagina que están haciendo las cosas de forma correcta”.Sin embargo, en uno de los contratos firmados por el entonces asesor jurídico de Saludcoop el primero de octubre del 2009 queda claro que los recursos para el pago de los contratos no iban a tener origen en los recursos púbicos, contrario a lo que concluyó la Contraloría. “Así mismo se aclara que el pago de estos valores se realizará por destinación con recursos propios, sin que los mismos provengan de los recursos que administra del sector salud (UPC)”, dice el contrato. El abogado aclaró que, aunque trabajó durante muchos años con Saludcoop, su relación con Carlos Gustavo Palacino siempre se limitó a lo profesional y nunca lo consideró una persona cercana. Dijo también que no se percató de lo que estaba pasando dentro de la EPS porque nunca manejó los temas contables ni fue socio de Saludcoop. Hoy Bernal Ardila es la cabeza jurídica para el proceso de la venta de Medimás y Esimed que se adelanta con el inversionista americano Dynamic Business and Medical Solutions. Hasta ahora no se conoce la cifra que se negocia entre los accionistas de Prestnewco y Prestmed con la empresa estadounidense. Pero esta ofreció más de 1.2 billones de pesos a la agente liquidadora de Saludcoop por varios de los activos de esta compañía.