La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), formalizó la apertura del proceso de cobro coactivo en contra del expresidente de la extinta EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antía, por un monto inicialmente de $289.982 millones.La medida, ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de noviembre de 2024, se deriva de la condena por el delito de peculado por apropiación relacionado con el uso indebido de recursos públicos entre 2000 y 2004.El cobro tiene como propósito recuperar fondos que, según lo determinado en sentencia judicial, fueron desviados desde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras rentas parafiscales hacia fines ajenos a la prestación del servicio de salud. Estos recursos estaban destinados al financiamiento del Plan Obligatorio de Salud (POS), pero fueron utilizados en inversiones y operaciones no relacionadas con la atención médica de los afiliados.La decisión de la Adres se da luego de que la Corte Suprema de Justicia inadmitiera un recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Palacino. De esta forma, quedaron en firme tanto la condena impuesta en 2022 por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá como su posterior modificación por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en 2023.En el proceso judicial, se documentó que durante su gestión como presidente ejecutivo y representante legal de Saludcoop, Palacino autorizó y promovió la utilización de los recursos públicos para adquirir clínicas, hospitales y equipos médicos sin cumplir los criterios de necesidad ni utilizar fondos provenientes de utilidades legítimas. Según la Corte, estas acciones no solo afectaron la liquidez de la EPS, sino también su capacidad para cumplir con los pagos a la red de prestadores de servicios de salud.Uno de los elementos que sustentó la condena fue la constatación de una manipulación sistemática de los estados financieros de la EPS. Según las investigaciones, esta maniobra contable permitió simular solvencia y justificar la existencia de presuntas utilidades, lo cual sirvió de base para desviar recursos y dar apariencia de legalidad a las decisiones financieras tomadas.La sentencia, hoy en firme, condenó a Carlos Gustavo Palacino a nueve años de prisión, a la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y al pago de más de $112.000 millones al sistema de salud, cifra que se encuentra indexada desde el año 2005. Con base en lo estipulado en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, el proceso de cobro coactivo podrá alcanzar hasta $579.964 millones.La acción de cobro ya fue notificada formalmente al exdirectivo, quien enfrenta ahora no solo una condena penal en firme, sino también un proceso administrativo de recuperación de recursos que busca reparar el daño económico causado al sistema de salud.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 15 años de cárcel contra Carlos Palacino, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, quien fue hallado responsable de desviar $112.000 millones provenientes de recursos públicos entre los años 2000 y 2004.El alto tribunal inadmitió un recurso extraordinario de casación con el que la defensa de Palacino pretendía tumbar la condena. Según la sentencia, él autorizó y promovió la utilización de recursos públicos —provenientes principalmente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras rentas parafiscales— para realizar inversiones que no estaban relacionadas con la prestación del servicio de salud ni con las obligaciones propias del aseguramiento.El monto apropiado supera los $112.000 millones, que fueron destinados a la adquisición de clínicas, hospitales, equipos médicos y otras infraestructuras que, según la Corte, no cumplían con los criterios de necesidad ni fueron realizadas con utilidades legítimas, como argumentaba la defensa.Uno de los aspectos clave que sustentaron la condena fue la manipulación sistemática de los estados financieros de la EPS, lo que permitió simular solvencia y justificar la existencia de presuntos excedentes o utilidades.Para la Corte, esto hizo parte de una estrategia contable deliberada con la que Palacino y sus colaboradores pretendían dar apariencia de legalidad al desvío de recursos públicos.Aunque la defensa alegó que las inversiones se realizaron con base en una interpretación legítima de la normativa vigente y de la jurisprudencia constitucional sobre la “ganancia legítima” de las EPS, la Corte consideró que tales argumentos partían de una valoración distinta de las pruebas ya fijadas en el proceso, lo que hace inadmisible su planteamiento por la vía de casación.Con esta decisión, la Corte deja en firme la sentencia que condenó a Palacino a 15 años de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y al pago de más de $112.000 millones, indexados, a favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En segunda instancia, el alto tribunal negó las pretensiones de Carlos Palacino, quien buscaba anular los actos administrativos que le impusieron el pago de más de 1,4 billones de pesos y el reconocimiento de perjuicios materiales y morales por supuestas vulneraciones a su derecho al debido proceso.El Consejo de Estado concluyó que, como presidente ejecutivo y representante legal de Saludcoop entre los años 1995 y 2011, el expresidente de Saludcoop EPS intervino directamente en la concepción, estructuración e implementación de operaciones que permitieron el desvío de recursos parafiscales del Sistema de Salud afectándolo gravemente.Ahora, la demanda de Palacino alegaba, entre otros puntos, violación del derecho de defensa, indebida valoración de pruebas, falsa motivación en los actos administrativos y desconocimiento de principios como la buena fe y la confianza legítima.Sin embargo, el tribunal determinó que los procedimientos adelantados por la Contraloría General de la República se ajustaron a la ley y que existieron suficientes pruebas para demostrar el daño al patrimonio público y la responsabilidad del demandante.El Consejo de Estado determinó entonces que, Carlos Palacino está en la obligación de reintegrar los recursos desviados y desestima sus reclamos por indemnizaciones.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra del expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia, y del exvicepresidente financiero de la misma entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por su participación en un esquema de fraude con recobros ilegales ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).Ambos exdirectivos fueron hallados responsables de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión. Además, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad por 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas.De acuerdo con el fallo, entre enero de 2010 y mayo de 2011, Palacino y Sabogal expidieron cheques de manera sistemática para cubrir presuntos servicios de salud y atención de pacientes. Sin embargo, dichos pagos nunca se materializaron: los cheques fueron guardados o anulados, mientras la EPS Saludcoop presentó ante el Fosyga solicitudes de recobro como si los servicios se hubieran prestado. Por esta vía, la entidad obtuvo de manera irregular 14.269 millones de pesos correspondientes a 2.912 recobros.La decisión del tribunal también subraya que los ahora condenados no realizaron los pagos oportunos a los prestadores de servicios de salud por procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), tal como lo exige la ley. Igualmente, se determinó que ocultaron la crisis financiera por la que atravesaba la EPS, agravando la situación del sistema de salud.Esta condena corresponde a una decisión de segunda instancia, pero aún es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Un fuerte cruce de mensajes a través de redes sociales protagonizaron este sábado 1 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, en un conflicto que tendría como origen el tema de las intervenciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).El enfrentamiento entre el primer mandatario y el exministro se dio por cuenta de una publicación de Petro, en la que acusó a Gaviria de protagonizar "hipocresías", pues habría estado detrás de la liquidación de Saludcoop en 2015, cuando era titular de la cartera de Salud, y ordenó el traslado de 4,6 millones de usuarios a Cafesalud.Este tema causó molestia en el exministro, que salió en defensa de la decisión en ese entonces tomada por el gobierno de Juan Manuel Santos y explicó, en primer lugar, que Saludcoop tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 1,4 billones que obligaba a este proceder."La liquidación era inevitable. Lo que hizo el gobierno del Presidente Petro fue distinto: acabar las mejores EPS, las que tenían altos indices de satisfacción. Ahora tratan de confundir para justificar la destrucción del sistema y la afectación a los pacientes. No les ha importado la gente. Lo que viene es una crisis de atención en salud", afirmó el exministro en su perfil de X.Al respecto, Petro utilizó la respuesta de Gaviria para argumentar la intervención que la Superintendencia de Salud hizo a la Nueva EPS, que según él atraviesa por una profunda crisis que obligó a su Gobierno a tomar acciones."Señor Gaviria. La Nueva EPS tiene un ocultamiento de 5.5 billones en deudas. Y la contraloría informa de más de 9 billones perdidos en la época del COVID", indicó el jefe de Estado, con lo que encendió la polémica, pues Gaviria salió con duros señalamientos con respecto a esta determinación, la cuál calificó de irresponsable.Según el extitular de la cartera, "Un presidente debería tener responsabilidad, opinar con base en certezas e información oficial". Y afirmó que el informe de la Contraloría es de índole preliminar y fue desmentido. "No hay ninguna investigación abierta en el caso de la Nueva EPS. ¡Responsabilidad por favor!", precisó Gaviria, jefe de la cartera entre 2012 y 2018.
Una juez decidió condenar a 15 años de cárcel al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino por los delitos de falsedad material en documento privado, fraude procesal y estafa.“Condenar a Carlos Palacino a pagar la pena principal de 190 meses de prisión, más multa por 1.010 salarios mínimos, además de la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 88 meses”, sentenció la juez del caso.La condena contra Palacino que, también cobija al exvicepresidente financiero de la desaparecida Saludcoop, Javier Mauricio Sabogal, se dio por el caso de corrupción entre 2010 y 2011 con la expedición de casi tres mil cheques por parte de la EPS, y los cuales no llegaron a su destino porque terminaron guardados o anulados.“Los títulos se emplearon para dar apariencia de legalidad a pagos a prestadores de servicios de salud y proveedores, que en realidad nunca se entregaron a sus destinatarios. Con esta maniobra, el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) desembolsó a favor de Saludcoop 14.000 millones de pesos por concepto de recobros”, explicó la Fiscalía.El exvicepresidente Jaramillo fue señalado de utilizar su posición para autorizar la expedición de 913 cheques que no fueron entregados a las IPS y los cuales sí provocaron la radicación de recobros al Fosyga por más de 9 mil millones de pesos.Hay que recordar que esta es la segunda condena en contra de Carlos Gustavo Palacino Antía por actos de corrupción de la desaparecida Saludcoop. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció a 9 años de prisión por irregularidades detectadas entre 2000 y 2004.
La Personería de Medellín formuló pliego de cargos a la exsecretaria de Salud de Medellín Andree Uribe, por haber firmado un contrato de comodato con la EPS en liquidación SaludCoop durante la pandemia del COVID-19.A pesar de que SaludCoop estaba reportada fiscalmente en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, lo que se configura como una causal de inhabilidad para contratar con el Estado, la ex secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, firmó un contrato con la EPS en liquidación en el año 2020, omitiendo dicha incompatibilidad.Se trata de un contrato de comodato con la clínica de la 80, que le pertenecía a Saludcoop, y que fue adecuada para la atención de pacientes con COVID-19, lo que para la Personería, que le formuló cargos a la exfuncionaria de Quintero, es una falta gravísima si se tiene en cuenta que se violó la Ley 734 de 2002 en el Artículo 48 Numeral 30.Luego de formulado el pliego de cargos, se acudirá a otra instancia en la que se tomará una decisión disciplinaria y se resolverá con un fallo sancionatorio o absolutorio.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Ministerio Público llamó a juicio al interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Grosso (2013-2015), por su posible participación en la autorización indebida de pagos a la IPS, Sin validar la prestación del servicio a sus afiliados.“Para la vigencia 2015 en el ejercicio de funciones públicas el servidor omitió el cumplimiento de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y su obligación de reportar al Fondo de Solidaridad y Garantías, con lo que se pusieron en riesgo los recursos del Sistema de Salud”, explicó la Procuraduría.Para el ente de control, Grosso posiblemente pasó por alto su obligación de verificar los montos autorizados para pagar, entregar información a la cartera de Salud y usar de forma correcta los dineros parafiscales.Para la Procuraduría, el exinterventor de Saludcoop vulneró los principios de responsabilidad, eficacia, moralidad y economía.Contraloría sancionó a Guillermo GrossoFue en el mes de julio, de 2023, cuando a través de un fallo, la Contraloría anunció que sancionaba a Guillermo Grosso por los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Y es que, según la Contraloría, Guillermo Grosso habría realizado anticipos y girado recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; además, se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop.Le puede interesar
La Contraloría emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, exagente interventor de SaludCoop. La investigación adelantada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se centró en los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.El fallo por responsabilidad fiscal se da por diversas irregularidades, entre ellas realizar anticipos y girar recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop y de terceros no vinculados a la entidad; se encontró que se excedió el porcentaje permitido de los gastos de administración para el año 2015.Esta no es la primera vez que la Contraloría investiga el caso, ya que a través de la misma unidad se adelantó una investigación fiscal en el año 2021, por irregularidades en el proceso de intervención y liquidación de la EPS.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Le puede interesar
El paciente Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía en 2012 y, tras un espermograma (examen de esperma), los médicos determinaron que el procedimiento había sido exitoso. Confiados en el dictamen médico, la pareja dejó de planificar y, unos meses después, su esposa quedó embarazada y, en 2013, dio a luz a Luciana. Alcides, con cierta desconfianza, se practicó una prueba de paternidad y la prueba demostró que él sí es el padre de la bebé.La pareja demandó al médico y a la EPS Saludcoop por no informarles que el procedimiento no había sido efectivo y por considerar que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica. Alcides, por las enfermedades que padece, no puede trabajar, vive del salario de su esposa.“Obsérvese, al interior de este proceso se acreditó que el señor Alcides de Jesús Gallego Toro padece de hipoacusia bilateral severa que le ha generado cuadros de vértigo, vómito y la necesidad de portar un audífono izquierdo, enfermedad que, según expresó en su interrogatorio y lo corroboraron la codemandante y los testigos Erika Tatiana García Urrego y Nicolás Zamora Buriticá, estos padecimientos han propiciado dificultades para encontrar una ocupación estable, debiendo dedicarse a labores de plomería, enchape y pintura como trabajador independiente”, se lee en la sentencia en la que un juez le dio la razón a la pareja.En una decisión histórica y sin precedentes en Colombia, el juez Diego Naranjo concluyó que sí hubo una afectación a los proyectos de vida de la pareja y, señala la sentencia, que el médico que le practicó la vasectomía al señor Alcides gallego y la EPS deben hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, quien hoy tiene 10 años, hasta que cumpla los 18 años.Según la sentencia, los padres de Luciana recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales por perjuicio moral, más otros 20 SMLMV cada uno por daño a la vida y un valor de $143.531.067 por daño emergente.Le puede interesar:
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.
