La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), formalizó la apertura del proceso de cobro coactivo en contra del expresidente de la extinta EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antía, por un monto inicialmente de $289.982 millones.La medida, ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de noviembre de 2024, se deriva de la condena por el delito de peculado por apropiación relacionado con el uso indebido de recursos públicos entre 2000 y 2004.El cobro tiene como propósito recuperar fondos que, según lo determinado en sentencia judicial, fueron desviados desde la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras rentas parafiscales hacia fines ajenos a la prestación del servicio de salud. Estos recursos estaban destinados al financiamiento del Plan Obligatorio de Salud (POS), pero fueron utilizados en inversiones y operaciones no relacionadas con la atención médica de los afiliados.La decisión de la Adres se da luego de que la Corte Suprema de Justicia inadmitiera un recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Palacino. De esta forma, quedaron en firme tanto la condena impuesta en 2022 por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá como su posterior modificación por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en 2023.En el proceso judicial, se documentó que durante su gestión como presidente ejecutivo y representante legal de Saludcoop, Palacino autorizó y promovió la utilización de los recursos públicos para adquirir clínicas, hospitales y equipos médicos sin cumplir los criterios de necesidad ni utilizar fondos provenientes de utilidades legítimas. Según la Corte, estas acciones no solo afectaron la liquidez de la EPS, sino también su capacidad para cumplir con los pagos a la red de prestadores de servicios de salud.Uno de los elementos que sustentó la condena fue la constatación de una manipulación sistemática de los estados financieros de la EPS. Según las investigaciones, esta maniobra contable permitió simular solvencia y justificar la existencia de presuntas utilidades, lo cual sirvió de base para desviar recursos y dar apariencia de legalidad a las decisiones financieras tomadas.La sentencia, hoy en firme, condenó a Carlos Gustavo Palacino a nueve años de prisión, a la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y al pago de más de $112.000 millones al sistema de salud, cifra que se encuentra indexada desde el año 2005. Con base en lo estipulado en el artículo 838 del Estatuto Tributario Nacional, el proceso de cobro coactivo podrá alcanzar hasta $579.964 millones.La acción de cobro ya fue notificada formalmente al exdirectivo, quien enfrenta ahora no solo una condena penal en firme, sino también un proceso administrativo de recuperación de recursos que busca reparar el daño económico causado al sistema de salud.
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 15 años de cárcel contra Carlos Palacino, expresidente de la extinta EPS Saludcoop, quien fue hallado responsable de desviar $112.000 millones provenientes de recursos públicos entre los años 2000 y 2004.El alto tribunal inadmitió un recurso extraordinario de casación con el que la defensa de Palacino pretendía tumbar la condena. Según la sentencia, él autorizó y promovió la utilización de recursos públicos —provenientes principalmente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras rentas parafiscales— para realizar inversiones que no estaban relacionadas con la prestación del servicio de salud ni con las obligaciones propias del aseguramiento.El monto apropiado supera los $112.000 millones, que fueron destinados a la adquisición de clínicas, hospitales, equipos médicos y otras infraestructuras que, según la Corte, no cumplían con los criterios de necesidad ni fueron realizadas con utilidades legítimas, como argumentaba la defensa.Uno de los aspectos clave que sustentaron la condena fue la manipulación sistemática de los estados financieros de la EPS, lo que permitió simular solvencia y justificar la existencia de presuntos excedentes o utilidades.Para la Corte, esto hizo parte de una estrategia contable deliberada con la que Palacino y sus colaboradores pretendían dar apariencia de legalidad al desvío de recursos públicos.Aunque la defensa alegó que las inversiones se realizaron con base en una interpretación legítima de la normativa vigente y de la jurisprudencia constitucional sobre la “ganancia legítima” de las EPS, la Corte consideró que tales argumentos partían de una valoración distinta de las pruebas ya fijadas en el proceso, lo que hace inadmisible su planteamiento por la vía de casación.Con esta decisión, la Corte deja en firme la sentencia que condenó a Palacino a 15 años de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y al pago de más de $112.000 millones, indexados, a favor del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En segunda instancia, el alto tribunal negó las pretensiones de Carlos Palacino, quien buscaba anular los actos administrativos que le impusieron el pago de más de 1,4 billones de pesos y el reconocimiento de perjuicios materiales y morales por supuestas vulneraciones a su derecho al debido proceso.El Consejo de Estado concluyó que, como presidente ejecutivo y representante legal de Saludcoop entre los años 1995 y 2011, el expresidente de Saludcoop EPS intervino directamente en la concepción, estructuración e implementación de operaciones que permitieron el desvío de recursos parafiscales del Sistema de Salud afectándolo gravemente.Ahora, la demanda de Palacino alegaba, entre otros puntos, violación del derecho de defensa, indebida valoración de pruebas, falsa motivación en los actos administrativos y desconocimiento de principios como la buena fe y la confianza legítima.Sin embargo, el tribunal determinó que los procedimientos adelantados por la Contraloría General de la República se ajustaron a la ley y que existieron suficientes pruebas para demostrar el daño al patrimonio público y la responsabilidad del demandante.El Consejo de Estado determinó entonces que, Carlos Palacino está en la obligación de reintegrar los recursos desviados y desestima sus reclamos por indemnizaciones.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena en contra del expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino Antia, y del exvicepresidente financiero de la misma entidad, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por su participación en un esquema de fraude con recobros ilegales ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).Ambos exdirectivos fueron hallados responsables de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad en documento privado, por lo cual deberán cumplir una pena de 15 años y un mes de prisión. Además, la sentencia contempla el pago de una multa equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad por 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas.De acuerdo con el fallo, entre enero de 2010 y mayo de 2011, Palacino y Sabogal expidieron cheques de manera sistemática para cubrir presuntos servicios de salud y atención de pacientes. Sin embargo, dichos pagos nunca se materializaron: los cheques fueron guardados o anulados, mientras la EPS Saludcoop presentó ante el Fosyga solicitudes de recobro como si los servicios se hubieran prestado. Por esta vía, la entidad obtuvo de manera irregular 14.269 millones de pesos correspondientes a 2.912 recobros.La decisión del tribunal también subraya que los ahora condenados no realizaron los pagos oportunos a los prestadores de servicios de salud por procedimientos no cubiertos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), tal como lo exige la ley. Igualmente, se determinó que ocultaron la crisis financiera por la que atravesaba la EPS, agravando la situación del sistema de salud.Esta condena corresponde a una decisión de segunda instancia, pero aún es susceptible del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Un fuerte cruce de mensajes a través de redes sociales protagonizaron este sábado 1 de junio el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria, en un conflicto que tendría como origen el tema de las intervenciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).El enfrentamiento entre el primer mandatario y el exministro se dio por cuenta de una publicación de Petro, en la que acusó a Gaviria de protagonizar "hipocresías", pues habría estado detrás de la liquidación de Saludcoop en 2015, cuando era titular de la cartera de Salud, y ordenó el traslado de 4,6 millones de usuarios a Cafesalud.Este tema causó molestia en el exministro, que salió en defensa de la decisión en ese entonces tomada por el gobierno de Juan Manuel Santos y explicó, en primer lugar, que Saludcoop tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 1,4 billones que obligaba a este proceder."La liquidación era inevitable. Lo que hizo el gobierno del Presidente Petro fue distinto: acabar las mejores EPS, las que tenían altos indices de satisfacción. Ahora tratan de confundir para justificar la destrucción del sistema y la afectación a los pacientes. No les ha importado la gente. Lo que viene es una crisis de atención en salud", afirmó el exministro en su perfil de X.Al respecto, Petro utilizó la respuesta de Gaviria para argumentar la intervención que la Superintendencia de Salud hizo a la Nueva EPS, que según él atraviesa por una profunda crisis que obligó a su Gobierno a tomar acciones."Señor Gaviria. La Nueva EPS tiene un ocultamiento de 5.5 billones en deudas. Y la contraloría informa de más de 9 billones perdidos en la época del COVID", indicó el jefe de Estado, con lo que encendió la polémica, pues Gaviria salió con duros señalamientos con respecto a esta determinación, la cuál calificó de irresponsable.Según el extitular de la cartera, "Un presidente debería tener responsabilidad, opinar con base en certezas e información oficial". Y afirmó que el informe de la Contraloría es de índole preliminar y fue desmentido. "No hay ninguna investigación abierta en el caso de la Nueva EPS. ¡Responsabilidad por favor!", precisó Gaviria, jefe de la cartera entre 2012 y 2018.
Una juez decidió condenar a 15 años de cárcel al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino por los delitos de falsedad material en documento privado, fraude procesal y estafa.“Condenar a Carlos Palacino a pagar la pena principal de 190 meses de prisión, más multa por 1.010 salarios mínimos, además de la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 88 meses”, sentenció la juez del caso.La condena contra Palacino que, también cobija al exvicepresidente financiero de la desaparecida Saludcoop, Javier Mauricio Sabogal, se dio por el caso de corrupción entre 2010 y 2011 con la expedición de casi tres mil cheques por parte de la EPS, y los cuales no llegaron a su destino porque terminaron guardados o anulados.“Los títulos se emplearon para dar apariencia de legalidad a pagos a prestadores de servicios de salud y proveedores, que en realidad nunca se entregaron a sus destinatarios. Con esta maniobra, el entonces Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) desembolsó a favor de Saludcoop 14.000 millones de pesos por concepto de recobros”, explicó la Fiscalía.El exvicepresidente Jaramillo fue señalado de utilizar su posición para autorizar la expedición de 913 cheques que no fueron entregados a las IPS y los cuales sí provocaron la radicación de recobros al Fosyga por más de 9 mil millones de pesos.Hay que recordar que esta es la segunda condena en contra de Carlos Gustavo Palacino Antía por actos de corrupción de la desaparecida Saludcoop. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá lo sentenció a 9 años de prisión por irregularidades detectadas entre 2000 y 2004.
La Personería de Medellín formuló pliego de cargos a la exsecretaria de Salud de Medellín Andree Uribe, por haber firmado un contrato de comodato con la EPS en liquidación SaludCoop durante la pandemia del COVID-19.A pesar de que SaludCoop estaba reportada fiscalmente en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, lo que se configura como una causal de inhabilidad para contratar con el Estado, la ex secretaria de Salud de Medellín, Andree Uribe, firmó un contrato con la EPS en liquidación en el año 2020, omitiendo dicha incompatibilidad.Se trata de un contrato de comodato con la clínica de la 80, que le pertenecía a Saludcoop, y que fue adecuada para la atención de pacientes con COVID-19, lo que para la Personería, que le formuló cargos a la exfuncionaria de Quintero, es una falta gravísima si se tiene en cuenta que se violó la Ley 734 de 2002 en el Artículo 48 Numeral 30.Luego de formulado el pliego de cargos, se acudirá a otra instancia en la que se tomará una decisión disciplinaria y se resolverá con un fallo sancionatorio o absolutorio.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Ministerio Público llamó a juicio al interventor de la EPS Saludcoop, Guillermo Grosso (2013-2015), por su posible participación en la autorización indebida de pagos a la IPS, Sin validar la prestación del servicio a sus afiliados.“Para la vigencia 2015 en el ejercicio de funciones públicas el servidor omitió el cumplimiento de la Resolución expedida por el Ministerio de Salud y su obligación de reportar al Fondo de Solidaridad y Garantías, con lo que se pusieron en riesgo los recursos del Sistema de Salud”, explicó la Procuraduría.Para el ente de control, Grosso posiblemente pasó por alto su obligación de verificar los montos autorizados para pagar, entregar información a la cartera de Salud y usar de forma correcta los dineros parafiscales.Para la Procuraduría, el exinterventor de Saludcoop vulneró los principios de responsabilidad, eficacia, moralidad y economía.Contraloría sancionó a Guillermo GrossoFue en el mes de julio, de 2023, cuando a través de un fallo, la Contraloría anunció que sancionaba a Guillermo Grosso por los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Y es que, según la Contraloría, Guillermo Grosso habría realizado anticipos y girado recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; además, se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop.Le puede interesar
La Contraloría emitió un fallo con responsabilidad fiscal contra Guillermo Grosso, exagente interventor de SaludCoop. La investigación adelantada por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción se centró en los hallazgos encontrados durante el proceso de intervención y liquidación de la EPS Saludcoop.El fallo por responsabilidad fiscal se da por diversas irregularidades, entre ellas realizar anticipos y girar recursos sin un adecuado seguimiento y control sobre los giros directos; se detectó una provisión indebida y castigo de cartera a cuentas de sociedades vinculadas al grupo SaludCoop y de terceros no vinculados a la entidad; se encontró que se excedió el porcentaje permitido de los gastos de administración para el año 2015.Esta no es la primera vez que la Contraloría investiga el caso, ya que a través de la misma unidad se adelantó una investigación fiscal en el año 2021, por irregularidades en el proceso de intervención y liquidación de la EPS.“La Contraloría General de la República, a través de esta misma unidad, adelantó la investigación fiscal en el año 2021 dentro del mencionado proceso mediante Auto No. 1095 del 12 de julio por irregularidades en el proceso intervención y de liquidación de SaludCoop, por un valor total de $219.734.473.262,78”, indicó el ente de control.Le puede interesar
El paciente Alcides de Jesús Gallego Toro se sometió a una vasectomía en 2012 y, tras un espermograma (examen de esperma), los médicos determinaron que el procedimiento había sido exitoso. Confiados en el dictamen médico, la pareja dejó de planificar y, unos meses después, su esposa quedó embarazada y, en 2013, dio a luz a Luciana. Alcides, con cierta desconfianza, se practicó una prueba de paternidad y la prueba demostró que él sí es el padre de la bebé.La pareja demandó al médico y a la EPS Saludcoop por no informarles que el procedimiento no había sido efectivo y por considerar que la llegada de Luciana empeoraría su ya difícil situación económica. Alcides, por las enfermedades que padece, no puede trabajar, vive del salario de su esposa.“Obsérvese, al interior de este proceso se acreditó que el señor Alcides de Jesús Gallego Toro padece de hipoacusia bilateral severa que le ha generado cuadros de vértigo, vómito y la necesidad de portar un audífono izquierdo, enfermedad que, según expresó en su interrogatorio y lo corroboraron la codemandante y los testigos Erika Tatiana García Urrego y Nicolás Zamora Buriticá, estos padecimientos han propiciado dificultades para encontrar una ocupación estable, debiendo dedicarse a labores de plomería, enchape y pintura como trabajador independiente”, se lee en la sentencia en la que un juez le dio la razón a la pareja.En una decisión histórica y sin precedentes en Colombia, el juez Diego Naranjo concluyó que sí hubo una afectación a los proyectos de vida de la pareja y, señala la sentencia, que el médico que le practicó la vasectomía al señor Alcides gallego y la EPS deben hacerse cargo de una parte de la manutención de Luciana, quien hoy tiene 10 años, hasta que cumpla los 18 años.Según la sentencia, los padres de Luciana recibirán el equivalente a 20 salarios mínimos mensuales por perjuicio moral, más otros 20 SMLMV cada uno por daño a la vida y un valor de $143.531.067 por daño emergente.Le puede interesar:
Corponor elevó de amarilla a naranja la alerta por el comportamiento de las fuentes hídricas en Norte de Santander. La decisión se produce casi 15 días después de la primera advertencia y responde al mayor riesgo de disminución de los caudales de los ríos Pamplonita y Zulia.Humberto Camacho, director de Corponor, explicó que el cambio representa el paso de la prevención a la acción. “Con la alerta naranja estamos llamados ya a la acción”, señaló, al advertir que las autoridades municipales, la Policía y los organismos de gestión del riesgo deberán reforzar el cumplimiento de las restricciones.Uno de los indicadores que genera mayor preocupación está en el río Zulia. Su caudal medio normalmente se encuentra entre 24.000 y 28.000 litros por segundo, pero actualmente registra entre 13.000 y 14.000 litros por segundo.La autoridad ambiental también advierte sobre el aumento de las captaciones ilegales. “Las nacientes siguen siendo las mismas, la población sigue aumentando y el desvío del recurso hídrico de manera ilegal también sigue creciendo”, explicó Camacho.Ante este panorama, Corponor anunció restricciones temporales sobre el uso del agua y medidas contra las captaciones no autorizadas. También se suspendió el aprovechamiento de material de arrastre en las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.Para los ciudadanos también hay restricciones: está prohibido llenar piscinas, regar jardines y zonas verdes, lavar vehículos con manguera y utilizar agua para lavar fachadas, andenes y parqueaderos, entre otras actividades no autorizadas.Aunque todavía no se declara una alerta roja, el director de Corponor advierte que el escenario podría acercarse a ese nivel si no se adoptan las medidas necesarias. “Estamos muy cerca si no tomamos las acciones necesarias”, afirmó.En Cúcuta, la disminución del caudal del río Pamplonita ya es visible en diferentes puntos de la ciudad. Mientras permanece activa la alerta naranja, Corponor y las autoridades locales mantienen reuniones para evaluar la evolución de las fuentes hídricas y determinar nuevas acciones durante los próximos días.
El Audi A6 Sportback E-Tron, un carro eléctrico que oficialmente puede recorrer hasta 777 kilómetros con una carga, consiguió llegar a 1.338 kilómetros antes de quedarse sin batería, una distancia cerca de 72 % superior a la homologada, y de paso estableció un nuevo Récord Guinness para un vehículo eléctrico de producción.La hazaña estuvo a cargo del piloto polaco de rally Miko Marczyk, quien inició el recorrido a la 1:55 a. m. del 11 de septiembre. El trayecto lo llevó por ciudades como Cracovia, Sandomierz, Varsovia, Toruń y Grudziądz hasta llegar a Hel, en la costa del mar Báltico. Desde allí emprendió el regreso por buena parte de la misma ruta.El Audi terminó agotando su batería después de más de 45 horas de recorrido, cuando circulaba entre Toruń y Ciechocinek.¿Cómo un carro de 777 km de autonomía llegó a 1.338 km?La diferencia entre la autonomía oficial y la conseguida en carretera se explica principalmente por el nivel de eficiencia alcanzado durante la prueba. Marczyk consiguió un consumo promedio de apenas 7,09 kWh por cada 100 kilómetros, menos de la mitad del consumo combinado oficial del A6 Sportback E-Tron.No se trató de una prueba realizada en una pista cerrada ni de un vehículo transportado durante parte del recorrido. El Audi circuló por vías públicas y enfrentó tráfico normal, incluso durante horas de mayor congestión.Las condiciones tampoco fueron completamente constantes. La temperatura promedio estuvo alrededor de los 15 grados Celsius y llegó a bajar hasta los 7 grados durante el recorrido.Para reducir el consumo, el piloto aprovechó la frenada regenerativa, anticipó las condiciones del tráfico, evitó aceleraciones y frenadas innecesarias y mantuvo los neumáticos con la presión adecuada.La aerodinámica fue clave para gastar menos energíaEl resultado también está relacionado con las características del propio Audi. El A6 Sportback E-Tron tiene un coeficiente aerodinámico de 0,21, uno de los elementos que contribuyen a reducir la resistencia al avance y, por tanto, el consumo energético.El vehículo utiliza además una batería con 94,9 kWh de capacidad neta y cuenta con un sistema de recuperación de energía mediante frenado regenerativo que puede alcanzar hasta 220 kW.Audi asegura que alrededor del 95 % de las frenadas durante el uso cotidiano pueden realizarse mediante recuperación de energía. En una prueba centrada en recorrer la mayor distancia posible, aprovechar este sistema resulta especialmente relevante.El registro conseguido por Marczyk corresponde a la categoría de vehículos eléctricos de producción. El récord general pertenece al prototipo “muc022” del TUfast Eco Team, que recorrió 2.573,79 kilómetros con una sola carga en Alemania en septiembre de 2023.La diferencia está en el tipo de vehículo. Mientras aquel registro fue conseguido por un prototipo desarrollado específicamente para eficiencia, el Audi utilizado por Marczyk es un modelo de producción que realizó el recorrido en carreteras públicas.El piloto polaco ya había conseguido otro récord Guinness en 2025, cuando recorrió 2.831 kilómetros con un Skoda Superb diésel utilizando un solo tanque de combustible
A tres meses de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, Amnistía Internacional denunció una grave desatención estatal hacia la población afectada. Valentina Ballesta, directora adjunta de investigación para las Américas del organismo, señaló que, si bien los sismos eran eventos naturales impredecibles, la respuesta gubernamental ha estado marcada por la negligencia institucional. "Lo que sí era controlable y lo que sí estaba bajo la posibilidad de las autoridades en Venezuela de hacerlo diferente era cómo atendía a la población afectada. Estamos hablando de un abandono absoluto por parte de las instituciones", afirmó Ballesta.Incertidumbre, desinformación y la búsqueda de desaparecidosLa representante de Amnistía Internacional enfatizó que el desastre telúrico se sobrepuso a una emergencia humanitaria compleja preexistente, en la que gran parte de los ciudadanos ya carecía de acceso a derechos fundamentales como vivienda, alimentación, agua potable y electricidad. Tras los sismos, lejos de centralizar y coordinar la ayuda, la actuación oficial ha generado desorientación en las víctimas. "Vemos que las autoridades efectivamente hacen lo que saben hacer, que es pues generar confusión; no hay una claridad, no hay una centralidad de dónde deben acudir las personas", detalló la investigadora.Ballesta advirtió que persiste una profunda incógnita sobre cuántas miles de personas continúan desaparecidas en el país y criticó la ausencia de protocolos claros para la identificación y entrega de cadáveres. Las familias se ven obligadas a recorrer morgues improvisadas sufriendo "tres meses de búsqueda, de incertidumbre, de desasosiego", sin recibir respuestas oficiales ni definitivas sobre el paradero de sus seres queridos.Un dilema habitacional: refugios, auxilio familiar o acampar sobre las ruinasFrente a la inacción del Estado, la organización documentó tres formas principales en que las familias intentan sobrellevar la tragedia. Un primer grupo de damnificados acudió a refugios temporales instalados en planteles educativos, donde reina la incertidumbre debido al inicio del nuevo año escolar. Un segundo sector optó por trasladarse a viviendas de familiares, "gestionando sus propias necesidades de manera privada" ante la falta de un plan gubernamental de reparación o subsidio de vivienda.El tercer escenario, considerado por la vocera como profundamente doloroso, involucra a personas que acampan a la intemperie frente a sus casas destruidas o marcadas con riesgo alto en los peritajes sísmicos. Muchos se niegan a abandonar el lugar por temor a perder sus terrenos y pertenencias. Ballesta citó el testimonio de una mujer afectada que reflejaba el drama colectivo: "Bueno, pero es que a mí me van a mandar a dónde, a vivir dónde y mi terreno y mi casita".Riesgo de violaciones a derechos humanos y la respuesta de la diásporaAmnistía Internacional hizo un llamado urgente al gobierno venezolano para que actúe con transparencia y aplique políticas imparciales orientadas a proteger a poblaciones vulnerables, entre ellas niños, adultos mayores y mujeres embarazadas. La vocera alertó que, mientras no se implementen medidas serias, "la población solo va a caer en una espiral de violaciones de derechos humanos en su contra".Finalmente, la investigadora destacó el papel de la población en el exterior, indicando que "las réplicas emocionales y psicológicas del terremoto llegaron a toda la diáspora". Ante el vacío dejado por el Estado, la comunidad venezolana en el extranjero se ha movilizado de manera masiva para enviar asistencia y mitigar el impacto de la catástrofe.
Una profesora fue atacada con un cuchillo dentro de un salón de clases por una de sus estudiantes, en un episodio que quedó registrado por las cámaras de seguridad del colegio. La docente terminó en el piso durante el forcejeo, pero consiguió salir del aula y pedir ayuda pese a las heridas.El caso ocurrió el viernes 11 de septiembre en la escuela pública Dr. Gerson dos Santos Peres, en Cametá, ciudad del estado de Pará, en el noreste de Brasil. La profesora fue identificada como Betânia Almeida Prestes y la agresora es una adolescente que estudiaba en la institución.La escena se desencadenó después de una evaluación académica. Según la información conocida por medios locales, la estudiante había presentado un examen y posteriormente recibió la corrección de la docente. Poco después, cuando ambas permanecían solas en el salón, la menor sacó un cuchillo de caza que llevaba escondido.Las imágenes de seguridad muestran el momento en que la joven se acerca a la profesora y comienza la agresión. Betânia intentó evitar que la atacara y logró bloquear el primer movimiento de la estudiante.La docente también trató de contenerla físicamente y la llevó hasta una de las paredes del aula. Sin embargo, durante el enfrentamiento perdió el equilibrio y terminó en el suelo, donde recibió una herida por la espalda.Aun en esas condiciones, la profesora consiguió continuar con la resistencia hasta encontrar una oportunidad para escapar. Una vez fuera del salón, pidió auxilio y alertó a otros integrantes de la comunidad educativa sobre lo ocurrido.La explicación que entregó la estudianteLa Policía fue llamada al colegio y encontró a la adolescente en las instalaciones. Los agentes procedieron con su detención y posteriormente iniciaron el interrogatorio para establecer qué había provocado la agresión.De acuerdo con los reportes de medios locales, la estudiante aseguró que no existía un motivo concreto detrás del ataque. Su explicación fue que la profesora simplemente “no le caía bien”.Durante las diligencias, además, la adolescente señaló que había arrojado el cuchillo utilizado en la agresión dentro de una caneca de basura de la institución. Los uniformados encontraron el arma en ese lugar y procedieron a incautarla.La menor quedó posteriormente a disposición de los Servicios de Protección Infantil, mientras las autoridades notificaron a su madre y trasladaron a la adolescente a la Comisaría de la Policía Civil de Cametá para continuar con el procedimiento correspondiente.¿Qué pasó con la profesora?Tras conseguir salir del salón, Betânia fue atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital Regional de Cametá. Allí recibió puntos de sutura por las lesiones que sufrió durante el ataque.Según los reportes conocidos sobre el caso, las heridas no fueron consideradas de gravedad. La docente permaneció algunas horas en observación médica antes de continuar con su recuperación.El episodio generó una respuesta de la institución educativa, que expresó públicamente su rechazo a la violencia contra la profesora y manifestó su solidaridad con ella.“Es inaceptable que el ámbito escolar se haya convertido en escenario de semejante violencia”, señaló la escuela en un comunicado.En el mismo pronunciamiento, la institución resaltó el trabajo de Betânia Almeida Prestes como docente y sostuvo que lo ocurrido también representa una preocupación para el resto de los profesores.“La violencia contra la profesora Betânia no es solo contra ella, sino contra todos los docentes que sufrimos violencia en las escuelas de este país”, manifestó el colegio, que cerró su mensaje cuestionando hasta cuándo los profesores tendrán que enfrentar situaciones de violencia e irrespeto dentro de las instituciones educativas.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió garantizar las condiciones de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, para que pueda continuar cumpliendo su mandato de investigar graves crímenes del conflicto armado y luchar contra la impunidad.El pronunciamiento se conoció luego de una diligencia en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, donde exjefes de las FARC y máximos responsables de la fuerza pública participaron conjuntamente en labores de búsqueda humanitaria de víctimas del conflicto, como parte del cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la JEP.El organismo destacó la participación de las víctimas y reconoció su papel central dentro del proceso de justicia transicional.Asimismo, calificó estas sanciones como un hito histórico para la justicia transicional colombiana y mundial.De acuerdo con el organismo, la implementación de estas medidas combina restricciones efectivas de libertades y derechos, mecanismos de monitoreo y supervisión y proyectos restaurativos orientados a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto.Para la ONU, estas actuaciones muestran la capacidad de la JEP para establecer patrones relacionados con graves crímenes, determinar responsabilidades e imponer sanciones a los máximos responsables.En ese contexto, la organización señaló que, tanto en esta etapa como en las siguientes, es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la JEP, con el propósito de que la Jurisdicción pueda cumplir sus objetivos frente a los graves crímenes cometidos durante el conflicto.
