De nuevo la clínica de la 80, antigua sede de Saludcoop en Medellín, es motivo de debate por cuenta del futuro de su funcionamiento.Esta vez la diferencia entre el agente encargado de la liquidación y el alcalde Daniel Quintero llega luego de que este asegurara que se siente engañado porque no le vendieron el edificio al municipio.“Arreglamos una clínica que estaba destruida, aprovechan que hacemos los arreglos y van y se la venden a un privado cuando el sector público la quería comprar. Nos sentimos ciertamente engañados porque pusimos la plata. Luego un día, sin avisarnos, la venden a otra persona”, criticó Quintero.Lea también:El mandatario aseguró que, si bien desde lo social ya se le pagó a la ciudad lo invertido, van a tomar medidas para que les devuelvan esos recursos que, según la alcaldía, fueron de $23.744.712.925 para las adecuaciones físicas.“Pues entre las opciones está que nos den una participación en la nueva clínica, que nos devuelvan la plata en efectivo o que nos la vendan. Si no llegamos a un acuerdo, también estamos pensando en declararla como un Bien de Interés Público”, agregó Quintero.Y pese a que el contrato de comodato finaliza este 30 de abril de 2022, la alcaldía aseguró a través de un comunicado que seguirá ubicada en las instalaciones.“Teniendo en cuenta la inversión realizada y la pertinencia de su utilización, la Alcaldía de Medellín sigue trabajando en la adquisición de este inmueble para que siga prestando servicios a la ciudadanía con atención de carácter público y sea mundialmente reconocida como actualmente el Hospital General de Medellín. Es por lo anterior que la Clínica de la 80 seguirá al servicio de la ciudad en caso de ser necesario en tanto sigamos enfrentando la pandemia del Covid-19”, reseñó el texto.Ante esto, EPS Saludcoop en liquidación, respondió diciendo que es un irrespeto la posición del alcalde, pues nunca se le prometió la venta, y que además sí sabía de los arreglos que necesitaba el edificio cuando firmó el contrato de comodato, que le cedieron el edificio de forma gratuita.Asegura además que la clínica ya fue vendida a un privado que cumplió los requisitos, que es la Clínica Vida.“En desarrollo de las normas de liquidación y tras dos (2) años de utilización GRATUITA de la infraestructura por parte del Municipio, SALUDCOOP vendió su participación a un tercero, quien ya pagó por la totalidad del precio ofrecido y quien se encuentra dispuesto a operar la Clínica de la 80”, enfatizó Saludcoop.La entidad manifestó que también planea acciones legales en caso de que el municipio no entregue en el plazo requerido la clínica, pues también estarían comprometidos los recursos adquiridos por su venta, necesarios para saldar deudas que dejó la liquidación de la EPS.Este es el comunicado completo.
La clínica de la 80, que estaba en desuso tras la liquidación de Saludcoop, fue el espacio con el que la Alcaldía de Medellín logró descongestionar los servicios de salud de la ciudad al instalar unidades de cuidados intermedios, especializadas en enfermedades respiratorias. Por eso radicará una oferta para comprar la infraestructura del centro de salud.Dicha descongestión, sin embargo, se logró gracias a la utilización del espacio en calidad de préstamo, por lo que la secretaría de Salud anunció que ya tienen una propuesta financiera robusta para adquirir la infraestructura con la intención de lograrlo en el primer semestre de 2022.Andree Uribe, secretaria de Salud de Medellín, contó que la oferta que hace el liquidador es de alrededor de $96 mil millones de pesos.“Además del proceso o el plan para adquirirla, también tenemos un plan de operación y de dotación. Hoy estamos en proceso de negociaciones para que la inversión que ya se hizo se haya tenido en cuenta”, dijo Uribe.La inversión por parte de la alcaldía hasta el momento ha sido de 24 mil millones de pesos y entre los propósitos de la administración es enfocar sus servicios en programas de salud mental.El agente liquidador ya se ha reunido con la alcaldía y aunque no se ha radicado, porque falta afinar algunos costos, se espera hacerlo antes de finalizar el año.Escuche más noticias
El Gobierno Nacional ganó en el Senado y en la Cámara el pulso por la suspensión de los límites para contratación con plata pública de la Ley de Garantías Electorales.De nada valieron las críticas de diversos sectores políticos ni de los empresarios que, a través del Consejo Gremial Nacional, habían pedido tumbar esa propuesta porque el artículo 125 logró pasar en Senado con 54 votos a favor y solamente 30 en contra.El senador liberal Mario Alberto Castaño defendió la iniciativa y negó que se tratara de una iniciativa politiquera.“A los gremios, que utilizan al Congreso cuando les conviene y cuando no se declaran independientes. Nosotros, los que estamos aquí no fuimos los del cartel de los pañales, nosotros tampoco fuimos los del cartel del azúcar, nosotros no somos los del cartel de la vigilancia, nosotros no fuimos los que acabamos Saludcoop, así que no se las vengan a dar de transparentes”, dijo Castaño.Tal y como quedó el texto, se permitirán los convenios interadministrativos durante las próximas elecciones, pero estarán sujetos a un control especial de la Contraloría General de la República.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día en Spotify:
La Procuraduría General de la Nación trasladó a la regional de Antioquia una denuncia hecha por un abogado contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunto cohecho y otras faltas disciplinarias.En el reclamo se argumenta que Quintero cometió una irregularidad durante una de sus participaciones en el programa “Prevención y Acción”, que se emitía en vivo por los canales oficiales de la Presidencia de la República.Puntualmente fue en marzo de este año, cuando el alcalde le dijo al mandatario Nacional, que si le entregaba a la ciudad la infraestructura de la Clínica de la 80 (antigua Saludcoop), le pondría “Clínica Duque”, en honor a Iván Duque Escobar, padre del presidente y quien fuera gobernador de Antioquia.Ante esto, el alcalde Quintero recordó que las investigaciones que han abierto en su contra, las han cerrado, pero que respetan las instituciones y están atentos a este nuevo proceso.“Le dije al presidente Iván Duque, y se lo vuelvo a decir, si nos entrega la clínica de la 80, nosotros le ponemos el nombre de su papá. Ahora están diciendo que eso no está bien, yo estoy luchando por Medellín”, respondió Quintero este lunes.El mandatario insistió que adecuar la clínica de la 80, cerrada tras la liquidación de Saludcoop, es una de las estrategias para ampliar la capacidad de atención de la pandemia en Medellín.Le puede interesar. Escuche las Noticias del Día en Spotify:
El Consejo de Estado aprobó un acuerdo conciliatorio parcial al que llegaron la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y las sociedades Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo, Saludcoop S.A., Café Salud E.P.S. S.A., y Cruz Blanca E.P.S. S.A., para saldar la deuda que mantiene el sistema de salud con esas entidades por recobros al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga).El pacto tiene por propósito asegurar que las EPS reciban los 11.582’754.734 pesos que le adeuda el órgano administrador de los recursos del sistema de salud, en virtud de la aplicación de un acuerdo que limitaba el tope máximo del dinero que debían recibir las entidades de salud por los aludidos recobros al Fosyga.La decisión obedece a una reclamación que entablaron las tres EPS en contra del Estado para obtener un capital adeudado, superior a $56.859.000.000.Al margen de la decisión del alto tribunal, estas tres EPS han sido cuestionadas por la Contraloría, como en el caso de Saludcoop. Fue sancionada fiscalmente a pagar más de 1.4 billones de pesos en 2019, por el desvío de recursos con destino a gastos suntuosos que no guardan relación con la prestación de servicios de salud.Para el caso de la EPS Cruz Blanca, la Superintendencia de Salud intervino por despilfarros y malos manejos financieros la entidad.Finalmente, la EPS Cafesalud, que se convirtió en Medimás, cuyas sanciones impuestas por la Contraloría han cuestionado malos manejos financieros.
Justo cuando salía de la cárcel La Picota de Bogotá para recuperar su libertad, la Fiscalía volvió a capturar al expresidente de Cafésalud y exliquidador de Saludcoop, Guillermo Grosso, por un nuevo caso de corrupción.El expresidente de Cafesalud estuvo a punto de salir de la cárcel, pero la Fiscalía lo recapturó en la puerta de La Picota para que responda por un nuevo proceso.Esta vez la Fiscalía tiene evidencias de que Guillermo Grosso, el último día que estuvo como representante de Cafesalud, el 29 de febrero de 2016, habría firmado la ampliación de una serie de contratos, por 195 mil millones de pesos, y habría pedido un 10% de comisión por cada uno, lo que da como resultado el desvío de casi de 2 mil 500 millones de pesos.Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cargos por “cohecho impropio” pero Grosso no los aceptó. Sin embargo, un juez concedió la petición de la Fiscalía para que el exempresario siga en la cárcel mientras avanzan las investigaciones.Por este mismo caso, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a otros dos particulares que habrían pagado sobornos en su condición de directivos de unas instituciones prestadoras de salud involucradas en el escándalo y que recibieron millonarios recursos para atender a pacientes con cáncer.
La Corte Suprema de Justicia confirmó una millonaria condena indemnizatoria contra Saludcoop porque demoró más de 6 meses en practicar una cirugía de un ojo a una persona y, como consecuencia, le ocasionó ceguera permanente.La decisión favorece a Freddy Rene Burgos, un operario industrial, quien pidió cita al oftalmólogo porque sentía molestia en sus ojos en enero de 2004, pero entre citas al médico general y la del especialista que determinó un daño delicado, pasaron más de 14 meses, tiempo después del cual, en 2006, se le diagnosticó una disminución de agudeza visual y pese a que le fue ordenada una operación desde el 31 de mayo de 2006 para corregir el problema, solo fue practicada hasta noviembre del mismo año cuando el daño era irreversible.Aunque el juez de primera instancia no acogió las pretensiones, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo y condenó a Saludcoop a pagar más de 300 millones a Burgos y sus familiares como indemnización de los perjuicios ocasionados por la tardanza en realizar la operación que podría salvar su visión. La Corte al revisar dicha decisión, confirmó en su totalidad el fallo.
La Empresa de Desarrollo Urbano EDU se pronunció en BLU Radio sobre las presuntas irregularidades que halló la Contraloría de Medellín en los contratos para la adecuación de la clínica privada de la 80, anteriormente clínica Saludcoop.Este contrato se firmó por $7.100 millones en una primera etapa y tuvo dos adiciones quedando en $9.110 millones, la primera para los temas eléctricos, gases medicinales, aires, redes hidrosanitarias y otros elementos que solo con las intervenciones iniciales se supo de su necesidad y la segunda adición se firmó por la evolución de la pandemia y a la demanda de pacientes, para más camas UCI o más servicios de hospitalización.En la auditoría especial que realizó la Contraloría sobre la contratación para atender la pandemia, el órgano de control confirmó 11 hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y fiscal, uno de ellos en la Clínica de la 80.Julián Bernal jefe de contratación de la EDU, dijo que no comparten los hallazgos, como el que se originó según la Contraloría por la falta de idoneidad del contratista Luis Óscar Vargas Obandono, pues “no tenía la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud” con la EDU.“Frente a los hallazgos administrativos de la Contraloría, hay que decir que no son compartidos por nosotros. No es cierto que el contratista no tuviera la idoneidad y capacidad técnica. Este requisito se miró previo a la selección, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente”, dijo.Según el informe del ente de control, este contrato tuvo al menos 3 subcontrataciones más, en las que se habrían comprometido recursos públicos 4 días antes de firmar el contrato inicial.Sobre esto el vocero de la EDU dijo que “los subcontratos no están prohibidos, son una estrategia logística para el fin último que era estar preparados rápidamente para la pandemia. Son varias actividades por parte de varios subcontratistas, con una coordinación y responsabilidad de un contratista principal”.Por su parte, el abogado Oscar Santamaría, quien representa al gerente de la EDU, Wilder Ehavarría dijo que las adiciones en los contratos están permitidas en la Ley y que los hallazgos de la Contraloría no significan responsabilidades ni de su cliente ni de los involucrados en el contrato.El abogado anunció una denuncia ante la Fiscalía contra el concejal Alfredo Ramos por sus afirmaciones sobre irregularidades en el contrato para la adecuación de la clínica.La contraloría le dijo a BLU Radio que “por haber casos de subcontratación lo trasladaremos a la Personería para que ellos revisen la legalidad, revisarán si era jurídica y técnicamente viable la contratación de varios operadores en esta gestión”.
Con un mensaje de esperanza y con la idea de hacer parte del equipo de héroes del personal de la salud, 80 personas que prestaron sus servicios en la antigua Clínica Saludcoop de la 80 le solicitaron al alcalde Daniel Quintero que los tenga en cuenta como primera opción para apoyar las labores en esa entidad por contingencia del COVID-19.Esta solicitud la realizan porque se quedaron sin empleo con el cierre de la clínica y ven una esperanza en el anuncio de reapertura de este espacio que servirá para atender a pacientes con coronavirus.Le puede interesar: Estadio, Plaza Mayor y la cancha de la UdeA tendrían camas de UCI en MedellínClaudia Ramírez, vocera de estos trabajadores, aseguró que los empleados de la salud de la antigua Saludcoop de la 80 no han recibido sus pagos correspondientes desde que la clínica fue cerrada en noviembre de 2018, a pesar de tener un contrato vigente.“Muchos de mis compañeros no hemos podido conseguir un trabajo estable. Seguimos contratados por una empresa fantasma”, manifestó Ramírez.“Somos un gran personal entre médicos, enfermeras, auxiliares y personal administrativo, y por eso queremos decirle al doctor Daniel que nosotros estamos aquí y que nos tenga en cuenta”, agregó la vocera en un mensaje enviado al alcalde de Medellín.Le puede interesar: Denuncian que hace ocho meses no le pagan a médicos en una clínica de MedellínPor ahora y mientras siguen las adecuaciones de la clínica para ponerla en funcionamiento, los trabajadores se aferran a la gran posibilidad de conseguir nuevamente un trabajo digno, más en tiempo de crisis, donde aseguran que pueden ser verdaderos aliados para atender la contingencia.“No queremos que el Hospital de la 80 se vuelva a cerrar, no podemos darnos el lujo de tener 22.000 metros cuadrados de atención hospitalaria cerrada, la intención es comprar la clínica o buscar convenios… Es un pecado dejar clínicas cerradas, cuando tanto se necesitan”, concluyó el alcalde.
La prórroga que el Gobierno otorgó para la liquidación de la EPS SaludCoop es de un año y los más perjudicados serían los usuarios, que por cuenta de las deudas a IPS, clínicas y hospitales, sufrirán más traumatismos a la hora de acceder al servicio de salud.El abogado Aníbal Rodríguez, representante de pacientes, como de Medimás, cuestionó la decisión del Gobierno, entregando cifras que advierte la misma resolución de prórroga. “Pero lo más grave es la advertencia que se hace en la resolución de prórroga, sobre que ya aparentemente el 50 % de las deudas de prestación de servicio y posiblemente todas las deudas que no son de otro tipo no se van a cancelar. Estamos hablando de una suma que está por encima de los 2 billones de pesos”, dijo.En el 2011, cuando SaludCoop fue intervenida, tenía deudas por 370.000 millones de pesos, según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud.Los expertos se interrogan por qué la que entonces fuera la EPS más grande del país terminó con deudas de 3,3 billones de pesos que se adquirieron durante la intervención.“Lo grave es que esos recursos llegaron a la EPS en su momento y no fueron trasladados de la IPS a los prestadores del servicio de salud. A la liquidación se presentaron acreencias por 4,4 billones de pesos de prestadores de servicios de salud y se hicieron glosas, muchas glosas justificadas y solo para prestadores las deudas quedaron en 1 billón 250.000 millones de pesos”, aseguró Rodríguez.Se trata de cerca de 4.000 instituciones de salud a las que no solo les debe SaludCoop, sino Cafesalud y Medimás, y que han cerrado servicios por falta de pago.Uno de esos casos es el de Nataly Mosquera, que ha recorrido varias clínicas en Bogotá buscando atención médica para su padre que padece un tipo de cáncer.Vea aquí: Llaman a juicio disciplinario a Guillermo Grosso, antiguo interventor de Saludcoop“Inicialmente, lo mandaron al cancerológico. El cancerológico canceló convenios con ellos, el último día fue el 15, entonces no hay pacientes que están atendiendo en el cancerológico, a menos de que tengan tutela. Después lo enviaron al San José, nos dijeron que no estaban atendiendo pacientes de oncología y menos de Medimás”, aseguró.En la Fiscalía, hay denuncias por el manejo de estos recursos girados por el entonces Fosyga, hoy ADRES, a la EPS y que habrían sido malversados.
Las negociaciones de la ONU para el desarrollo de un tratado contra la contaminación plástica, realizadas en Ottawa, se aceleran tras cuatro días de reuniones que comenzaron a producir algunos avances, aunque el progreso en temas clave como productos químicos es menor, según las fuentes consultadas por EFE.Representantes de 173 países están reunidos del 23 al 29 de abril en Ottawa en la cuarta ronda del Comité Intergubernamental de Negociación de la ONU (INC-4) que tiene como objetivo acordar el texto de un tratado que se debería aprobar a finales de año en la ciudad surcoreana de Busan.Tras cuatro días de reuniones en torno al lenguaje de las casi 80 páginas del llamado borrador cero del acuerdo, se han producido algunos avances y a medida que se acerca la conclusión de INC-4 el próximo lunes, las negociaciones están empezando a acelerarse.Así lo declaró este viernes a EFE Graham Forbes, jefe de la delegación de Greenpeace en la conferencia de Ottawa y responsable de su campaña contra los plásticos."Las negociaciones están acelerando su ritmo y se ha progresado desde que llegamos a Ottawa. Ahora vemos propuestas apoyadas por países que responden a la raíz del problema en vez de pretender que podemos acabar con la contaminación plástica con medidas voluntarias o subsidios al reciclado", explicó Forbes.En términos similares se expresó Felipe Victoria, director de Política Internacional de la organización Ocean Conservancy."Estamos contentos de que las negociaciones se encaminan hacia un consenso para alcanzar un borrador final para noviembre. En las negociaciones, los países han dejado claro que la contaminación plástica no tiene barreras y supone un costo devastador para la gente, el medioambiente y la economía", dijo Victoria.Los avances se han centrado en temas como el ciclo completo del plástico utilizado en la pesca y acuacultura así como en microplásticos y su impacto medioambiental.Pero Victoria también señaló que todavía no se ha avanzado en temas clave como polímeros primarios y productos químicos.Neil Nathan, científico de Benioff Ocean Science Laboratory de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB), también expresó en declaraciones a EFE su preocupación de que muchos países están planteando el tratado en torno a planes de acción nacionales en vez del objetivo más ambicioso de un acuerdo con obligaciones universales.Nathan, que junto con sus colegas desarrolló una herramienta interactiva que permite simular la reducción de contaminación plástica dependiendo de los distintos objetivos que establezca el futuro tratado, dijo que ese está siendo uno de los principales temas de discusión en Ottawa.La herramienta desarrollada por los científicos de UCSB muestra que con objetivos ambiciosos, la contaminación plástica sería eliminada en 2050 "y posiblemente para 2040".Sin embargo, según Nathan, un tratado basado en planes nacionales, como el Acuerdo de París sobre cambio climático, corre el riesgo de ser insuficiente.Por parte de Latinoamérica, se destacó la participación de Grupo AJE, una coalición empresarial creada por WWF, que compartió su visión con empresas y gobiernos de todo el mundo."Al ser la primera empresa latinoamericana de consumo masivo que forma parte de esta coalición empresarial, tenemos la responsabilidad de compartir la realidad de América Latina y el Caribe para lograr un tratado global de plásticos justo que promueva la competitividad de la región, así como una transición justa para los recicladores de base, quienes son nuestros grandes héroes ambientales", dijeron.
Eddy Manuel Suriel Hernández, conocido como Potencia Lirical, expande su música al mercado colombiano gracias a la unión con el cantante Pirlo, que, juntos, presentan ‘Crazy Easy’, una canción que mezcla los ritmos dominicanos con los de acá.‘Crazy Easy’ marca un hito en la trayectoria de Potencia Lirical, consolidando su presencia en el panorama musical internacional. La canción representa un paso importante en su camino hacia la conquista de nuevos públicos y mercados, demostrando su versatilidad y capacidad para conectar con audiencias diversas.En diálogo con Blu Radio, el artista dominicano no negó su admiración por Colombia y sus cantantes, un país que, según él, viene dando catedra en la industria desde hace años y ejemplos son como Feid y Karol G que ponen al país en el radar del mundo.Potencia Lirical de República Dominicana y Pirlo de Colombia, resalta el poder de la música para trascender fronteras y conectar culturas. Su ritmo contagioso y letra inspiradora invitan a celebrar la diversidad y la riqueza de las expresiones musicales latinoamericanas.“Soy un chamaco que viene del barrio. Vengo de grandes evoluciones para llevar mi música al mundo (…) He tenido varios espectáculos en varias discotecas de allá y el apoyo ha sido súper bueno. Llego a Colombia, nos presentan, quedamos en colaborar y se dio. Nosotros venimos de la calle y no podíamos hacer algo comercial, porque queríamos sentirnos como nosotros mismos, identificamos la música de República Dominicana y Colombia”, contó Potencia Lirical.Según él, el público colombiano es algo espectacular y espera poder venir más seguido a Colombia para potenciar su música. Asimismo, dijo que hoy la escena musical tiene el país protagonista estando en el top mundial porque antes solo era Shakira, Juanes, pero hoy el barrio predomina.“Karol G, Feid y el mismo pirlo, hay varios nuevos como Esteban Rojas, Andy Rivera, Kevin Roldán. Hay mucho talento en Colombia (…) Me gusta Juanes, me gusta como su estilo. Estamos esperando el apoyo de los colombianos”, añadió.
Estos fueron los temas tratados en Mañanas Blu, del 26 de abril de 2024.El general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca habló de la operación militar contra las disidencias en El Plateado.La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló de la expansión de las disidencias de las Farc en el departamento.Germán Bahamon, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, habló del rifirrafe con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.César restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre los disturbios de ayer en el sector de la Universidad distrital en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.Gabriel Calle, alcalde de Montelibano habló de las propuestas por altas tarifas de energía que terminaron en disturbios.Escuche el programa completo en el siguiente enlace:
“Somos autónomos y el comando central del Eln (Coce) no puede decir quién es o no guerrillero del ELN", dijo desde las montañas de Nariño Gabriel Yépez Mejía, alias 'HH', comandante del frente Comuneros del Sur, quien rompió su silencio y advirtió que no lo pueden responsabilizar de la crisis de la mesa de diálogos de paz, “porque si el “Coce” quiere romper los diálogos con el Estado colombiano que diga la verdad al país, pero que no coja de pretexto al frente Comuneros del Sur".En dialogo exclusivo con Blu Radio, el jefe guerrillero retó a 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García', para que digan la verdad al país sobre los casos de narcotráfico al interior del ELN e insistió que el frente Comuneros del Sur está listo para la transformación de Nariño con un proceso transparente y serio que permita la dejación de armas antes que termine el gobierno del presidente Gustavo Petro.Movimiento políticoFirme en sus palabras, alias 'HH' dijo que al interior del frente Comunero del Sur hay unidad de mando y por eso aceptaron participar en los diálogos regionales que propuso el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y están dispuestos a sentarse a dialogar con el Gobierno para llegar a un punto de acuerdo que les permita convertirse en un movimiento social y político para trabajar junto con las comunidades en la transformación de las zonas azotadas por la guerra.Yépez Mejía, alias 'HH' es el hombre fuerte del frente Comuneros del Sur de la guerrilla del ELN. Su ingreso a esta organización alzada en armas se produjo hace 33 años, sin embargo, desde el año 2022 el “Coce” lo tienen entre ojos porque, según alias 'Antonio García' comandante de esa organización rebelde, Yépez Mejía es un infiltrado de la inteligencia militar y está llamado a un proceso disciplinario interno por violar la política del ELN de deslinde categórico con el narcotráfico, articulado en operaciones con sectores de la inteligencia estatal.Alias 'HH' o 'Samuel' afirmó que en noviembre del año 2023 se reunieron en el resguardo de Mayasquer, zona rural del municipio de Cumbal, sur de Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, delegados de la guerrilla del ELN entre ellos Bernardo Téllez y Gustavo Martínez en donde se analizaron temas del proceso de paz a través de una pedagogía en la cual participaron comandantes del frente Comuneros del Sur y militantes de ese grupo subversivo.“Es extraño como si en noviembre del 2023 la delegación del ELN había informado al Gobierno sobre la supuesta infiltración de inteligencia militar, porque entonces no se dijo nada en ese encuentro de la frontera”, se preguntó Yépez.Aclaró que su participación en los diálogos regionales de paz no tiene reversa y muestra de ello son los protocolos que ya se firmó para iniciar un desminado humanitario en las zonas en Nariño donde el frente comuneros del sur ha hecho una presencia desde hace más de 32 años.“Somos una expresión más dinámica en la concepción y visión de paz que tenemos como territorio. Nosotros, ante el llamado de los nariñenses en cabeza del gobernador Luis Alfonso Escobar y de las comunidades de estas regiones en tratar de buscar una salida al conflicto, hemos centrado nuestra postura y nuestra posición es la de participar en unos diálogos regionales de paz en Nariño”, aseguró alias 'HH'.En ese encuentro el frente Comuneros del Sur dejó constancia de su postura de que está convencido de hacer parte de una transformación territorial en Nariño y aseguró que confía que antes de que termine el periodo de Gobierno del presidente Gustavo Petro, los integrantes del entre comuneros del sur podrían hacer el tránsito de la lucha armada para llegar a la política.Alias 'HH' invitó a la comunidad nacional e internacional a visitar a la comunidad del Nariño para hablar con la población y que ellos comuniquen qué está sucediendo en esa región.“Espero que 'Pablo Beltrán' y 'Antonio García' acepten un reto para que hagamos una visita para que el "Coce" venga a Nariño, pero que esa visita también se haga en el Catatumbo, porque el frente Comuneros del Sur tributa, pero en el Catatumbo regula y comercializa la droga”, señaló 'HH'.El jefe guerrillero reiteró que "toca decirle la verdad al país", ponerse "cara a cara" para que el país y la comunidad internacional conozca todo lo que ocurre en el ELN y, en el frente Comuneros del Sur.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) realizará una subasta pública de vehículos el 2 y 3 de mayo de 2024. La iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de adquirir mercancías aprehendidas, decomisadas o declaradas en abandono.Entre los vehículos disponibles se encuentran:Van marca Nissan, tipo panel y año 2012. Precio base de $43'453.782.Motocicleta marca DAB MOTORS LLC, eléctrica y año 2022. Precio base de $32'379.626.Automóvil marca Mitsubishi Lancer, tipo Sedan y año 2014. Precio base de $25'790.000.Camioneta marca Toyota, tipo Wagon y año 2022. Precio base de $449'930.000.Además, la subasta incluye una motocicleta Honda, una camioneta Toyota, una camioneta Jeep, motocicletas Kawasaki, una camioneta Suzuki y una cuatrimoto Kawasaki, entre otros vehículos.Es importante tener en cuenta que cada vehículo tiene recargos adicionales, como el impuesto del remate del 5 %, un IVA del 19 % y una comisión del 2,5 % para la plataforma virtual en la que se ofertan.La subasta se llevará a cabo a través de la plataforma digital "El Martillo" del Banco Popular, donde los interesados podrán realizar ofertas desde las 8:00 a.m. del 2 de mayo hasta las 2:30 p.m. del 3 de mayo.Para participar, siga estos pasos:Regístrese en https://www.elmartillo.com.co/inicio.Valide su registro con preguntas de seguridad.Revise el catálogo y encuentre la mercancía de su interés.Ingrese a la sala de subastas virtuales el día de la subasta.Realice el depósito virtual a través de PSE.Haga su oferta y esté atento al cronómetro que indica el tiempo restante de la subasta.Los ganadores tendrán cuatro días hábiles para completar el pago y la DIAN se encargará de los trámites de contrato de compraventa, facturación y entrega de los productos.