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En segunda instancia, el alto tribunal negó las pretensiones de Carlos Palacino, quien buscaba anular los actos administrativos que le impusieron el pago de más de 1,4 billones de pesos y el reconocimiento de perjuicios materiales y morales por supuestas vulneraciones a su derecho al debido proceso.
El Consejo de Estado concluyó que, como presidente ejecutivo y representante legal de Saludcoop entre los años 1995 y 2011, el expresidente de Saludcoop EPS intervino directamente en la concepción, estructuración e implementación de operaciones que permitieron el desvío de recursos parafiscales del Sistema de Salud afectándolo gravemente.
Ahora, la demanda de Palacino alegaba, entre otros puntos, violación del derecho de defensa, indebida valoración de pruebas, falsa motivación en los actos administrativos y desconocimiento de principios como la buena fe y la confianza legítima.
Sin embargo, el tribunal determinó que los procedimientos adelantados por la Contraloría General de la República se ajustaron a la ley y que existieron suficientes pruebas para demostrar el daño al patrimonio público y la responsabilidad del demandante.
El Consejo de Estado determinó entonces que, Carlos Palacino está en la obligación de reintegrar los recursos desviados y desestima sus reclamos por indemnizaciones.
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