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El secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación de un contrato millonario para la expedición de pasaportes a la empresa Thomas Greg and Sons. Esta decisión desencadenó una serie de acusaciones por parte del presidente Gustavo Petro, quien tildó el acto somo una "traición" y procedió con la destitución inmediata de Salazar.
“El secretario general de la cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todos los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió en X el presidente.
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El contrato, valorado en 600.000 millones de pesos, ha sido el centro de un debate intenso, especialmente después de que la Procuraduría General suspendiera al canciller, Álvaro Leyva, por tres meses, en medio de una investigación que revisaba más de 550 observaciones hechas por las partes interesadas. De hecho, la semana pasada, la Cancillería había anunciado la suspensión de la licitación. Sin embargo, este lunes, el secretario tomó una sorprendente decisión.
En diálogo con Meridiano Blu, José Antonio Salazar defendió su decisión: argumentó que su actuación está enmarcada dentro de la legalidad y el cumplimiento de las leyes colombianas, por encima de cualquier directriz presidencial.
"Insisto que por encima de cualquier instrucción de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley, la ley contractual. Después de un procedimiento licito que surte con transparencia, ordena evaluar el informe final y proceder a la implicación del contrato", afirmó Salazar en diálogo con Ricardo Ospina.
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Pese a que el futuro del contrato con Thomas Greg & Sons parece incierto, Salazar insistió en Meridiano Blu que la adjudicación se mantiene.
Esas decisiones que tomaron por su naturaleza, son de vigencia inmediata y entraron en rigor desde el momento de su expedición.
Sobre él, Salazar afirmó no estar apegado al cargo, sino a la ley, y se mostró dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Insistió en que su actuación ha sido legal y transparente.
De acuerdo con José Antonio Salazar, su decisión se basó en fundamentos legales y procedimentales específicos, a pesar de las controversias y los desacuerdos públicos con la administración del presidente Gustavo Petro. Según explicó, el procedimiento licitatorio que se llevó a cabo debía concluir naturalmente con la evaluación y adjudicación de la propuesta que resultó ser la más favorable. Dijo que el proceso se ajusta a la normativa colombiana, que incluso en situaciones donde existe un único oferente, permite la adjudicación del contrato, estableciendo un marco legal claro para la toma de esta decisión.
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