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XM, el administrador del mercado mayorista, envió una carta al Gobierno nacional quejándose de la falta de reglas claras sobre la terminación de contratos de energía en medio de la intervención de Air-e y sus líos financieros y le pidió a entidades como la Creg y el Ministerio de Minas y Energía que expidan las resoluciones o decretos necesarios que le digan qué puede o qué no puede hacer si Air-e no paga las cuentas.
"Lo anterior se requiere de manera urgente, dada la incertidumbre jurídica que afronta actualmente XM en el cumplimiento de su actividad como Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC", señala la carta conocida por Blu Radio.
Cuando Air-e fue intervenida por el Gobierno, ya existían sobre la mesa 24 solicitudes de terminación unilateral de los contratos de suministro de energía por no pago o por mora. Justamente una de las razones para la intervención es que la terminación de esos contratos habría hecho que la compañía tuviera que comprar más energía en bolsa y que el costo para los usuarios subiera.
Según las reglas de la Creg cuando un contrato de energía tiene una cláusula de terminación unilateral, solo se necesita que una de las partes, en este caso los generadores, usen la cláusula y pidan el registro de la terminación de los contratos. Sin embargo, la Superservicios tiene otra teoría: que una empresa intervenida queda automáticamente protegida desde el momento en que pide la intervención y que no le pueden cortar el suministro de energía.
"La intervención del Estado no debe considerarse una razón válida para terminar un contrato, pues su finalidad es precisamente garantizar la continuidad del servicio público y proteger los derechos de los usuarios. Así, la normativa vigente establece que, mientras no se haya ordenado la liquidación de la empresa intervenida, esta debe seguir cumpliendo con sus obligaciones contractuales, a menos que ambas partes acuerden, de forma voluntaria y consensuada, modificar o finalizar sus compromisos", señaló la Superservicios en un concepto dirigido a XM.
Así las cosas, según los conceptos de la Superservicios desde inicios de septiembre, cuando Air-e pidió al presidente Gustavo Petro su propia intervención en una carta, quedó automáticamente protegida de las terminaciones.
A la fecha, el Gobierno no ha emitido ninguna normativa, ni a consulta ni de forma oficial, sobre la terminación unilateral de contratos para casos como el de Air-e.
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La norma que rige actualmente implica que a Air-e no le pueden aplicar las sanciones por no pago de las garantías en procesos de limitación de suministros. Sin embargo, esa norma rige incluso desde antes de que la compañía fuera intervenida por el Gobierno nacional.
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