Con 24 votos a favor y 20 en contra, la el Concejo de Bogotá aprobó el cobro del alumbrado público y su modernización vía una sobretasa al impuesto predial, que será cobrado a estratos 4, 5 y 6 y viviendas con avalúo comercial superior a los 1.000 millones de pesos, a partir de enero del próximo año.Los estratos 1, 2 y 3 no tendrán este aumento en el impuesto. Sin embargo, se calcula que el incremento anual en promedio será de 133.000 pesos para el estrato 4, 227.000 pesos en estrato 5 y 348.000 pesos en estrato 6.Este nuevo cobro también aplica para sectores comerciales, financieros e industriales. Desde el Distrito dicen que con estos recursos busca modernizar el alumbrado público con luces LED, sensores, conectividad, y que sean controlados remotamente, y así mejorar la seguridad en la capital del país."La fuente del recurso, que es la sobretasa, unas vigencias futuras que, con base en ese ingreso, no en ingresos ordinarios del Distrito, va a poder tener un proyecto de inversión a 10 años para transformar la ciudad y el soterramiento", explicó Ana María Cadena, secretaria de Hacienda.Para el concejal Marco Acosta, quien votó en contra de este proyecto, manifestó que no hay claridad sobre los $4,2 billones que se necesitan para la modernización del alumbrado público en la ciudad. Además, señaló que no se le puede imponer una carga económica a los ciudadanos y empresarios de la capital."Mi voto negativo es contra la forma de financiarlo: no podemos imponerles a los bogotanos una carga durante diez años sin tener absolutamente claro cuánto van a pagar, en qué se va a gastar cada peso y qué va a quedar finalmente para la ciudad”, agregó el concejal.Aumento al impuesto ICAPEste jueves también se aprobó el incremento al impuesto de industria y comercio, ICAP, para los bancos que pasarán de pagar de 14x1000 a 20x1000 en el año 2027. También aumentará para sectores como el comercio de alcohol y tabaco, vehículos eléctricos, vehículos híbridos y vehículos convencionales, incluyendo motocicletas. La reforma también representa una reducción del ICA para el 89 % de industriales y el 82 % de comercios.Una vez termine su trámite en el cabildo Distrital, la reforma que busca recaudar 1.2 billones de pesos quedará a una firma del alcalde galán para entrar en vigencia.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
El viceministro de Energía, Armando Cuello Navarro, aseguró que el país recibió un sistema eléctrico “en crisis” y “en cuidados intensivos”. Además, advirtió que el déficit de energía en firme pasó del 7,2 % al 8,6 % en apenas una semana. Es decir, cada vez es menor la cantidad de electricidad que las plantas generadoras pueden garantizar de manera continua y segura.El viceministro también señaló como otro de los principales problemas la situación financiera de los operadores de red. “Hablamos de Air-e, hablamos de Afinia, pero también hay muchos más en los territorios que tienen una exposición a bolsa y una y una fragilidad financiera muy delicada. Entonces, cuando unimos eso, nos quedamos en que necesitamos prender las térmicas para poder guardar los embalses, pero no tenemos cómo ir a cobrar ese sobrecosto. Y tenemos una deuda de aire de alrededor de $5 billones”, afirmó Cuello.Cuello cuestionó además el nivel de recaudo de estas empresas y aseguró que, entre las pérdidas de energía y los recursos que finalmente logran recaudar, solo estaría ingresando cerca del 60 % de los recursos que deberían recibir. A esto se suma, según el funcionario, un déficit conjunto de alrededor de 200.000 millones de pesos mensuales.Las declaraciones las entregó durante el seminario “Energía para volver a crecer”, donde diferentes actores del sector energético analizaron los retos que enfrenta el país para garantizar el suministro eléctrico. Frente a este panorama, el viceministro explicó que uno de los principales objetivos del Gobierno es aumentar la oferta de energía en firme en los próximos años, con proyectos de diferentes tecnologías y bajo condiciones de sostenibilidad financiera.“Tenemos que propiciar las condiciones para que en 3 años no estemos en este momento. Tenemos que ser responsables de sacar oferta de energía en firme, competitiva, neutral tecnológicamente, desde carbón hasta eólica. Offshore, onshore, lo que sea, pero que sea sostenible financieramente, que la matriz energética nos dé la seguridad”, afirmó Cuello.
El presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, aseguró que la crisis financiera de Air-e, la empresa de servicios públicos que distribuye y comercializa energía eléctrica en el Caribe, ya le está generando un fuerte impacto a la compañía. Según explicó, el GEB ha tenido que provisionar cerca de $300.000 millones por las deudas de la distribuidora eléctrica intervenida.“Estoy destrozado con las provisiones de Air-e. Es ridículo que, al día de hoy, uno no sepa si el Gobierno va a pagar la deuda que es del Gobierno”, afirmó el presidente del GEB. Aunque reconoció el esfuerzo del Ejecutivo para enfrentar la situación financiera de Air-e, Ortega insistió en que debería existir un documento Conpes que establezca que el Estado responderá por las obligaciones de la empresa, independientemente del tiempo que tome el pago.El presidente del GEB explicó que este impacto financiero no debería haberse producido porque, según la regulación, el negocio de transmisión eléctrica en Colombia no tendría riesgo de que una contraparte incumpla sus pagos. Sin embargo, aseguró que una circular introdujo ese riesgo para las empresas transmisoras y cuestionó que la norma continúe vigente. “En teoría, la transmisión en Colombia no tenía riesgo de contraparte, pero se inventaron con una circular que sigue vigente y es ilegal, que ahora la transmisión tiene riesgo de contraparte”, dijo.Pero la situación del Grupo no se limita a Air-e. Otro de los puntos a los que se refirió Juan Ricardo Ortega en el seminario “Energía para volver a crecer” organizado por el centro de pensamiento económico ANIF y por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), fue a las dificultades operativas que tiene el sector. El presidente del GEB aseguró que el sector ha enfrentado 150 bloqueos en los últimos meses que han frenado obras de construcción, lo que representa pérdidas por 20.000 millones de pesos debido a que las cuadrillas de trabajo han tenido que permanecer paradas sin poder operar.Esto lo dijo refiriéndose a la discusión política que rodea la explotación de los hidrocarburos, en los que, según dijo, el mayor riesgo no está relacionado directamente con la contaminación ambiental, sino con este tipo de gestiones operativas en el territorio. “Y hemos generado mecanismos en los que bloquear no tiene ningún castigo, en los que no hacer no tiene ningún castigo, como lo hizo la doctora Muhammad en el Ministerio de Ambiente, que se sentó durante tres años sobre los expedientes y no le pasó nada”.Ortega también expresó preocupación por el futuro del mercado de gas y advirtió que Colombia podría enfrentar varios años de precios altos debido a las decisiones que, según él, se han tomado en materia de abastecimiento. “Eso no se va a resolver. Aquí vienen seis, siete años donde vamos a comer ‘m’ por lo que decidieron no hacer”, afirmó.Ante este escenario, planteó la necesidad de reorganizar el mercado mediante contratos de largo plazo y cuestionó la expectativa de que el gas venezolano pueda solucionar rápidamente el déficit de abastecimiento. Además, señaló que cualquier operación de este tipo requeriría previamente autorizaciones de autoridades de Estados Unidos y advirtió que tampoco se puede esperar que nuevos proyectos, como Sirius, resuelvan de inmediato las necesidades del país.
Ante la creciente necesidad de optimizar el consumo energético, la industria de alimentos refrigerados y congelados en Colombia avanza en la incorporación de energías renovables y estándares internacionales de eficiencia. En este contexto, Emergent Cold LatAm anunció que sus plantas de Buga y Girón obtuvieron la certificación EDGE Zero Carbon, mientras que la instalación de Funza recibió EDGE Advanced y cuenta además con LEED Zero Energy.Los reconocimientos cobran relevancia para un sector que depende de sistemas de refrigeración que operan de manera permanente y que, por ello, enfrentan una alta demanda de electricidad. A través de estas certificaciones, la compañía busca reducir el consumo de energía y agua, incrementar el uso de fuentes renovables y disminuir las emisiones asociadas a sus operaciones.De acuerdo con el Panorama de Sostenibilidad 2025 de Emergent Cold LatAm, las energías renovables representaron el 65 % de su matriz energética durante ese año, cinco puntos porcentuales más frente a 2024. Este avance se produjo mientras la capacidad operativa de la compañía creció 52 %, al tiempo que el consumo de energía no renovable proveniente de proveedores externos disminuyó 13 %. A nivel regional, también se registró un aumento de 394 % en el consumo de energía solar y la capacidad instalada de paneles pasó de 11,9 MW a 19,9 MW.En Colombia, los resultados también se reflejan en el desempeño de sus principales instalaciones. La planta de Buga, que se convirtió en el primer proyecto inmobiliario del país en obtener EDGE Zero Carbon, logró durante su diseño y construcción reducciones de 56 % en consumo de energía, 51 % en agua y 64 % en energía incorporada en los materiales. “Para una compañía que opera infraestructura con una alta demanda de energía, la sostenibilidad implica asumir la responsabilidad de crecer reduciendo el impacto de nuestras operaciones”, concluyó Moises Ventocilla, director de Ingeniería de Emergent Cold LatAm.
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que no tiene sentido que el Gobierno no firme nuevos contratos de exploración de petróleo y gas, al señalar que los hidrocarburos, el gas, la energía y los minerales críticos serán considerados sectores estratégicos durante el gobierno de Abelardo De La Espriella.“No tiene ningún sentido no firmar nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. No tiene ningún sentido eximirse de la responsabilidad y la oportunidad que tenemos en el desarrollo de hidrocarburos y de gas, con métodos no convencionales. Allí vamos a estar, porque genuinamente creemos que hay oportunidad de crecimiento”, afirmó.Restrepo aseguró que Colombia tiene oportunidades en cobre, litio, níquel y tierras raras y afirmó que, a su juicio, durante los últimos cuatro años “le entregamos esos sectores mineros a la minería criminal”.“¿Y en qué terminó esa historia? Deforestación. Porque tenemos los peores datos en la historia de Colombia en materia de deforestación y destrucción del medio ambiente. Los que supuestamente iban a defender el medio ambiente se convirtieron en los verdugos del medio ambiente de este país. En nuestro Gobierno esa historia cambia”, aseguró.Gas y gasoducto Antonio RicaurteEl vicepresidente señaló que aumentar la generación de energía también requiere garantizar el acceso a gas, particularmente para respaldar la generación térmica. En ese contexto, destacó avances en proyectos de regasificación y planteó mejorar el gasoducto Antonio Ricaurte aprovechando lo que denominó una nueva relación con Venezuela, con participación de Estados Unidos.“Somos conscientes también que esto implica el desarrollo de gasoducto, eso implica también los esfuerzos que nosotros debemos hacer en nuestro país para aprovechar, en la nueva forma de relación con Venezuela, de la mano de los Estados Unidos de América, para mejorar ese gasoducto Antonio Ricaurte”, aseguró.Restrepo afirmó que este planteamiento hace parte de las conversaciones que el Gobierno viene adelantando con Estados Unidos y señaló que tanto el sector energético como la relación con Venezuela fueron incluidos como asuntos prioritarios.“Esto que acabo de decir hace parte de una conversación con los Estados Unidos de América, en donde, en el marco de lo que hemos llamado US-Colombia Bilateral Prosperity Dialogue, nosotros hemos incluido el sector de energía como un sector prioritario, y la nueva forma de relación con Venezuela por la vía de Estados Unidos como otra acción prioritaria”, explicó.Agregó que parte de su agenda en Nueva York durante la próxima semana estará encaminada a avanzar en esa dirección.Riesgo de apagónEl vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el Gobierno está tomando medidas para evitar un riesgo de apagón eléctrico.“Todos los esfuerzos los estamos haciendo para evitar que esa sea la realidad, pero no podemos dejar de decir que el Gobierno anterior nos dejó en ciernes un apagón eléctrico. Nuestra tarea es evitar que eso suceda”, afirmó.Entre las acciones mencionadas por el vicepresidente están acelerar proyectos, avanzar en los proyectos de regasificación, agilizar licencias ambientales y consultas con comunidades.Destrabar proyectosEl vicepresidente planteó además destrabar trámites, demoras en licencias y consultas con comunidades como algunos de los obstáculos para la entrada de nuevos proyectos de generación.Según Restrepo, los procesos de licenciamiento ambiental pueden registrar demoras de hasta 800 días, mientras que las consultas previas pueden extenderse hasta cuatro años.Entre 30 y 60 proyectos para atraer inversiónComo parte de la estrategia para aumentar la inversión, Restrepo aseguró que el Gobierno ha identificado aproximadamente 176 proyectos públicos, privados y público-privados y, dentro de ese grupo, seleccionó entre 30 y 60 considerados prioritarios.“Esos son los proyectos que llevaremos a lo que hemos llamado las ‘Milagro Weeks’ en distintas regiones del mundo”, explicó.El vicepresidente señaló que los sectores con mayor peso dentro de los proyectos identificados son infraestructura y energía y anunció que la próxima semana realizará en Nueva York, en el marco de la agenda de Naciones Unidas, un prelanzamiento de esta estrategia.“Tenemos que lograr que el mundo reconozca este nuevo escenario de confianza, incertidumbre y de apoyo a la iniciativa privada, donde hay un país que tiene oportunidades de inversión”, afirmó.La estrategia hace parte de la denominada Misión Crecer. Según Restrepo, junto con el Ministerio de Hacienda también trabajan en nuevos incentivos para promover la inversión y en mecanismos que brinden estabilidad jurídica a los inversionistas.El vicepresidente sostuvo además que el Gobierno buscará diversificar la matriz energética sin privilegiar una única tecnología y mencionó generación eólica, solar, térmica, hidroeléctrica y nuevas fuentes, incluida la energía nuclear. “El avance de este país tiene que ser en todas las direcciones”, aseguró.Restrepo afirmó que estas medidas buscan sentar durante este Gobierno las bases para aumentar la capacidad energética del país a largo plazo y reiteró que su ejecución requerirá un trabajo de la mano con el sector privado, reglas de juego estables y la aceleración de los proyectos.En ese sentido, el vicepresidente resumió su petición en tres puntos: confiar en el futuro del país, confiar en el Gobierno y trabajar de manera conjunta en los proyectos que, según señaló, requiere Colombia hacia 2050.“Confiar en un gobierno que además quiere invitarlos a que pongamos primero el acento en las poblaciones más vulnerables de nuestro país, aún en este sector. Y confiar en un gobierno que cree firmemente en la iniciativa privada, porque los países que creen en la iniciativa privada son los que salen adelante”, afirmóFinalmente señaló que “el potencial no nos falta. Lo que tenemos que hacer es liberarlo. Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el agua, tenemos las capacidades físicas, tenemos la biodiversidad, tenemos las torres levantadas. Lo que no podemos es perder el tiempo. Y lo que está absolutamente claro es que para no perder el tiempo, al final, ese esfuerzo depende de todos y cada uno de los aquí presentes”.
Durante el 18 Congreso Anual de Energía, Natalia Gutierrez, presidenta de Acolgen, señaló que Colombia tiene actualmente un problema de energía en firme. Según las cifras de XM presentadas por la dirigente gremial, el déficit de energía firme frente a la demanda sería de 5,4% en 2026, aumentaría a 7,8% en 2027 y se ubicaría en 7,6% en 2028.“Eso significa que el problema no termina cuando pase este fenómeno del niño. Tenemos una dificultad coyuntural, sí. Pero también tenemos un problema estructural, por decisiones equivocadas que tomaron en los últimos 4 años”, afirmó.Gutiérrez advirtió además sobre el impacto que tendría para la economía un eventual racionamiento de energía.Según las cifras expuestas a partir de un estudio del Banco de Bogota, una hora diaria de racionamiento tendría un costo para la economía de entre $165.000 millones y $204.000 millones. Los sectores más afectados serían la manufactura, la minería y el comercio, que en conjunto representan el 24% del PIB y el 30% de los empleos del país.Gutiérrez también llamó la atención sobre el retraso en la entrada de energía al sistema. Según las cifras expuestas durante su intervención, en 2022 ingresó el 28% de la energía esperada; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; en 2025, apenas el 10%, y en lo corrido de 2026, el 23%.“Aquí quiero ser supremamente clara. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella recibe este problema del gobierno anterior. La seguridad energética está en cuidados intensivos, y ahí está precisamente nuestra esperanza, porque el país tiene la oportunidad de tomar decisiones técnicas, oportunas, que permitan recuperar la confianza y volver a poner en marcha los proyectos en Colombia”, aseguró.Sobre la posibilidad de un apagón, Gutiérrez reiteró que, a su juicio, la situación que enfrenta actualmente el sistema fue heredada de la administración anterior.“Este Gobierno, reitero nuevamente, heredó un problema que no es de ellos. Si nosotros llegáramos a tener algún tipo de apagón, es el apagón de Petro, no es el apagón de este Gobierno. Y este Gobierno llegó con toda la tenacidad de sincerar el problema en el que estamos, de no tener ningún tipo de negación sobre ninguno de los problemas y de tratar de resolver cada punto”, afirmó.La presidenta de Acolgen señaló además que la demanda viene aumentando. Indicó que el pasado 28 de agosto alcanzó un máximo histórico de 262 gigavatios hora día, con un crecimiento anual de 6,2%, frente a un crecimiento histórico de 3%.A esto se suma, según explicó, que el consumo de electricidad por habitante en Colombia continúa por debajo del promedio mundial. Un colombiano consume cerca de 1.700 kilovatios hora al año, frente a un promedio mundial de 3.700. En Chile, indicó, el consumo alcanza los 4.200; en España, 4.800, y en Portugal, 5.400 kilovatios hora por habitante.“No es que estemos por debajo del mundo desarrollado, estamos por debajo de la mitad del promedio mundial. Y esta es una cifra supremamente importante, es una cifra de desarrollo, porque ningún país ha salido de la pobreza consumiendo poca energía. Y si Colombia quisiera apenas llegar al nivel de Chile, tendríamos casi que triplicar la demanda de energía. Y si eso lo lleváramos a aumentar la oferta, eso significa que tenemos que hacer inversiones anuales por 10 billones de pesos, solo para recuperar el margen de confiabilidad que nos permita afrontar nuevos períodos de de sequía”, explicó.Sobre las condiciones hídricas, Gutiérrez aseguró que las lluvias de agosto estuvieron en el 61% de la media histórica y que en lo corrido de septiembre se ubican en el 75%. Añadió que el país completa tres meses consecutivos por debajo del promedio histórico.La dirigente gremial explicó que, aun con los embalses llenos, actualmente podrían cubrir aproximadamente 66 días de demanda sin lluvias, frente a alrededor de 87 días durante 2015 y 2016.“El tanque es prácticamente el mismo, pero Colombia es un país mucho más grande que está consumiendo mucha más energía. Por eso cada kilovatio cuenta, cada proyecto cuenta, cada decisión cuenta y cada día cuenta”, señaló.Sobre el nivel de los embalses, Gutiérrez aseguró que actualmente se encuentran 1,5 puntos por debajo de la senda esperada por el Gobierno y señaló que deberían cerrar diciembre por encima del 80%.“Deberíamos poder cerrar los embalses en diciembre por encima del 80 %, y por eso es tan importante que ahorremos, porque si ahorramos, le damos la posibilidad a estos embalses que se recuperen”, explicó.Agregó que los embalses están recibiendo lluvias por debajo de la media esperada para esta época y que esa situación se ha presentado durante los últimos tres meses consecutivos.Gutiérrez también destacó la necesidad de contar con generación térmica como respaldo del sistema. Actualmente, aseguró, estas plantas aportan alrededor de 90 gigavatios hora día, cerca del 40 % de la demanda diaria. En escenarios críticos, agregó citando a XM, podrían requerirse entre 90 y 100 gigavatios hora día durante 11 meses consecutivos.Frente a este panorama, la presidenta de Acolgen señaló que el país necesita administrar adecuadamente los embalses, garantizar la disponibilidad y salud financiera del parque térmico y el suministro de combustibles, acelerar la entrada de proyectos de generación, que las redes de transmisión se construyan, además de recuperar la confianza.En materia de inversión, Gutiérrez aseguró que el sector requiere seguridad jurídica y reglas de juego claras a largo plazo para que los proyectos puedan desarrollarse. Entre ellas estabilidad normativa, señales regulatorias coherentes y mayor agilidad y claridad en los trámites ambientales, territoriales y de consulta previa.También señaló como necesidades la expansión oportuna de las redes de transmisión, una mayor articulación institucional y garantizar la disponibilidad de combustibles para la generación.“Cuando una empresa decide poner su capital en Colombia, el país debe transmitirle un mensaje muy claro: queremos esa inversión, necesitamos esa inversión y vamos a crear las condiciones para que esa inversión llegue”, aseguró.
Una falla técnica en un módulo de 34.500 voltios, un nivel de media tensión utilizado para distribuir grandes cantidades de energía, provocó un conato de incendio en la subestación San Mateo, en la parte alta del barrio Bogotá, dejando sin servicio a cerca de 135.000 usuarios en Cúcuta y municipios vecinos desde las 8:44 de la noche de este miércoles.El secretario de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Fabián Prato, aclaró que la emergencia se originó por el fuego en un generador, el cual fue atendido por el cuerpo de bomberos. La falla perjudicó el suministro en las comunas 3 y 4 de Cúcuta y en sectores de Villa del Rosario y Los Patios.Por su parte, desde el centro de control, el gerente de Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS, filial del Grupo EPM), José Miguel González Campo, indicó que las causas del daño se encuentran en proceso de identificación.Para normalizar la situación, el personal técnico realiza transferencias de carga hacia otras subestaciones en coordinación con el Centro Nacional de Despacho y habilita maniobras alternas en la planta afectada, lo que permite la reconexión progresiva del servicio.Las autoridades municipales pidieron mantener la calma mientras continúan los trabajos en el lugar. CENS, la empresa encargada del servicio de energía, también pidió a la comunidad hacer un uso racional de la luz durante este jueves, mientras avanzan las revisiones técnicas y se completa el restablecimiento del servicio en los hogares que siguen afectados.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) analizar la posibilidad de revocar la convocatoria pública UPME STR 01-2026 para la Subestación Nueva Lorica 110 kV, que habría dejado el gobierno de Gustavo Petro a través del Ministerio Minas. La solicitud busca que la entidad evalúe realizar las modificaciones necesarias al procedimiento administrativo a la luz de los principios de la función pública.El proceso licitatorio bajo vigilancia tiene por objeto la "selección de un inversionista y un interventor para el diseño, adquisición de los suministros, construcción, operación y mantenimiento de la Subestación Nueva Lorica 110 kV y líneas asociadas".Como primer hallazgo puntual, el órgano de control cuestionó los requisitos de experiencia técnica exigidas en los pliegos de selección. El órgano de control señaló que excluir a firmas con contratos en ejecución "podría resultar limitante o restrictiva de la participación y, en consecuencia, impedir que la entidad reciba mayores y mejores ofertas para la ejecución del objeto descrito".Al solicitar los estudios de mercado que respalden dicha restricción, el ente de control enfatizó que "se hace necesario que la UPME revise las normas contenidas en el documento de selección del inversionista a la luz de los principios de buena fe y seguridad jurídica".Además, se evidenció serias contradicciones en el régimen de comunicaciones y notificaciones hacia los proponentes. Existen discrepancias entre la plataforma tecnológica y el correo electrónico, así como en el momento en que se entiende surtida la notificación, lo que afecta el debido proceso.Un tercer punto crítico señala la presunta violación del artículo 74 del CPACA al prohibir recursos contra la adjudicación. Los pliegos fijan que el acta de adjudicación no podrá ser impugnada, lo cual desconoce que se trata de un acto administrativo definitivo frente al cual la ley garantiza el derecho a interponer recurso de reposición.El cuarto hallazgo advierte sobre la causal de declaratoria desierta por "razones de inconveniencia". La Procuraduría enfatiza que al no definirse cuáles son esas razones, se vulneran la seguridad jurídica y la confianza legítima, abriendo la puerta a decisiones subjetivas y arbitrarias por parte de la entidad. Ante la gravedad de las fallas, la Procuraduría solicitó formalmente a la UPME analizar la revocatoria del proceso contractual, conforme al artículo 93 del CPACA. El objetivo de esta medida es que la entidad corrija las reglas de juego y las ajuste a la ley antes de tomar una decisión definitiva.Además, la Procuraduría le fijó a la UPME un plazo de un día hábil, y en todo caso antes de adjudicar, para responder detalladamente con soportes técnicos y jurídicos.
El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios deberán entregar a la Procuraduría General de la Nación un informe detallado sobre la prestación del servicio de energía eléctrica en ocho departamentos del país.La solicitud hace parte de una actuación preventiva del Ministerio Público para conocer las condiciones reales en las que se está prestando este servicio a los usuarios.El informe deberá detallar, por cada departamento, cuántos usuarios reciben el servicio, cuál es la capacidad instalada, cuántas horas de energía tienen diariamente y en qué estado se encuentra la infraestructura eléctrica. La Procuraduría también busca conocer cuáles son las principales dificultades que están afectando la continuidad, eficiencia y calidad del suministro en estas regiones. La solicitud comprende los departamentos de Amazonas, Chocó, Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada, territorios que presentan diferentes desafíos para garantizar el acceso continuo a la energía eléctrica."Nuestro objetivo es velar por la eficiente prestación de los servicios públicos, el adecuado uso de los recursos y evitar situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los usuarios en estas regiones apartadas del país", señaló el Procurador Delegado, Francisco Canossa.El organismo de control pretende contar con un diagnóstico que permita establecer dónde están las principales deficiencias y qué medidas se están adoptando para atenderlas. Además, el Ministerio Público pidió un inventario actualizado de los proyectos de energías renovables que se encuentran en ejecución, estructuración o planeación, así como de aquellos que contemplan la conexión de estas regiones al Sistema Interconectado Nacional (SIN).El objetivo, según el organismo de control, es contar con información suficiente para identificar las necesidades de estas regiones y hacer seguimiento a las soluciones que se están implementando.
El sueño por más de 40 años de tener una terminal aérea digna para uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia, sobre el litoral pacífico, empezó a hacerse realidad con la entrada en funcionamiento de la terminal de pasajeros del aeropuerto José Celestino Mutis, en el municipio de Bahía Solano, Chocó.Se trata de una ambiciosa apuesta por reinvertir recursos del departamento en un territorio con una riqueza natural inigualable, provenientes del Sistema General de Regalías, y en esta fase inicial por más de 31 millones de pesos.La gobernadora Nubia Carolina Córdoba destacó la infraestructura como una posibilidad de impulsar desde el turismo la economía del departamento fuertemente golpeada por el terremoto del pasado 10 de agosto."Esto es una de nuestras apuestas más grandes para la reactivación económica con posterioridad al sismo de 7.4. Por eso nos esforzamos tanto en que este aeropuerto pudiera ponerse en funcionamiento, aún cuando no ha terminado ni la temporada de ballenas", declaró la mandataria.Para los solaneños y visitantes atrás quedaron las épocas en las que en casetas improvisadas operaban las aerolíneas comerciales, recibían equipajes y se realizaban trámites administrativos.Ahora una moderna infraestructura equipada con salas de espera, locales comerciales, áreas especiales para carga y baños, se convierten en orgullo de la región y la puerta de entrada para una de las zonas con mayor afluencia de visitantes, especialmente durante la famosa temporada de ballenas."El aeropuerto era un techito de zinc con palos y las maletas y la oficina de las aerolíneas queda en unas casitas al frente. El llamado de los viajeros se hacía gritando y con una lista en la mano. No podía se que un sitio tan importante para el turismo y para la biodiversidad, no solo de Colombia, sino del mundo recibiera de esa manera a turistas", añadió Andrés Felipe Durán, guía de la zona.Por su parte Leonel Valencia, alcalde de Bahía Solano destacó la nueva terminal aérea como la posibilidad de potenciar la industria pesquera, clave para el desarrollo del territorio."Nosotros, el primer eslabón de la economía que mueve al municipio que es el turismo, y esta obra va a implantar favorablemente para que más turistas puedan visitarnos. Y en el tema local, nosotros también vivimos de la pesca, de la pesca artesanal a través de medidas como la cepa, y hace que los productores, que los pescadores artesanales puedan colocar sus productos en menos de 24 horas desde que los sacan del mar y llevarlos a los restaurantes de todo el país", explicó.La entrega de la terminal hace parte de la primera fase del proyecto que además contempla su cerramiento perimetral de seguridad, la torre de control, la base de bomberos y la construcción y ampliación de la pista en la que avanza el Ejército Nacional.Se espera que estos espacios continúen entregándose en los próximos meses comprometiendo 12 mil millones de pesos adicionales. Por ahora hasta la zona tienen cobertura comercial las aerolíneas Satena, Clic y Moonflights.
José Camilo Manzur Jattin presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación Colombiana de Distribuidores y Comercializadores de Energía Eléctrica ( Asocodis) cargo que ocupó durante los últimos 20 años.De acuerdo con el gremio, durante su gestión acompañó a las empresas afiliadas en un periodo de transformaciones para el sector eléctrico y promovió propuestas técnicas relacionadas con la prestación de un servicio público de calidad, sostenible, suficiente, confiable y con amplia cobertura.Las 21 empresas afiliadas a Asocodis expresaron su agradecimiento a Manzur por su liderazgo y compromiso con el fortalecimiento del sector de distribución y comercialización de energía eléctrica.Tras su salida, la Junta Directiva de Asocodis iniciará los procesos institucionales correspondientes para garantizar la continuidad de la gestión gremial.Manzur deja la presidencia para asumir nuevos retos profesionales dentro del sector energético. Según el comunicado, hará parte de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, en momentos en los que el sector enfrenta desafíos como la llegada del fenómeno de El Niño y los retos asociados a la transición energética del país.
En el Atlántico las autoridades investigan el extraño caso de una mujer que se encontraba internada en el hospital público de Malambo por tuberculosis y luego apareció muerta en la trocha La Magdalena de ese municipio el pasado miércoles en la mañana.Su madre señala que aún no recibe explicaciones satisfactorias o claras de cómo en la noche ella dejó a su hija recluida en la ESE Hospital Local de Malambo, Santa María Magdalena, y a la mañana siguiente solo la llamaron a decirle que fuera a reconocer el cadáver en una zona enmontada.A la espera de que las autoridades aclaren lo sucedido, cada vez surgen más preguntas en ese municipio del Atlántico alrededor de la muerte de Dayana Sánchez Mujica, de 35 años.Inicialmente las autoridades reportaron que no tenía signos de violencia. Sin embargo, a las afueras de Medicina Legal en Barranquilla su madre, Carmen Mujica, exigió explicaciones, ya que sostiene que no debió amanecer muerta en ese sector enmontado, pues tiene registros de haberla dejado internada en el hospital local Santa María Magdalena del municipio.La progenitora explica que desde el domingo estaban en urgencias por una tuberculosis avanzada, y además tampoco podía caminar porque presentaba hinchazón en los pies. Asimismo, relata que los médicos la tenían amarrada de pies y manos por su ansiedad por consumir estupefacientes.“Yo la llevé a la clínica porque tenía dificultad para respirar. Ella no podía caminar por sí sola porque se le hincharon mucho los pies. Yo le dije al médico el martes en la noche me iba para la casa a cambiarme y descansar un rato. En la mañana me llamaron y me dijeron que fuera a reconocer su cadáver, que estaba en una cancha tirada atrás del hospital. Yo le dije al policía que me llamó que esa no podía ser mi hija, porque a ella la dejé en el hospital la noche anterior. Es más, ella se quitaba el oxígeno, se quitaba todo y entonces en el hospital la tenían amarrada”, aseguróLa madre de Dayana señala que no se conforma con las condolencias entregadas por el centro asistencial, y que lo único que quiere saber es qué hay detrás de la muerte de su hija y si hay médicos del mismo centro asistencial implicados.Por su parte el hospital local Santa María Magdalena publicó un comunicado en el que informó que ya activó todas las actuaciones administrativas e investigaciones internas y disciplinarias correspondientes, con el fin de esclarecer los hechos.Agregó que también es respetuoso y espera las conclusiones de las investigaciones que adelantan los organismos judiciales.Se conoció que investigadores de la Policía Metropolitana también solicitaron los videos de las cámaras de seguridad de la noche anterior al hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.
Este viernes 25 de septiembre comenzó el pago de $14.784 millones en apoyos económicos temporales destinados a familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda y Quimbaya, Quindío.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.Para Risaralda fueron destinados $13.599 millones, con los que se busca apoyar a hogares afectados en los 14 municipios del departamento.Los pagos se realizarán a través de Apostar, marca aliada de SuperGIROS. Las familias habilitadas recibirán la información correspondiente para realizar el cobro y deberán presentar su documento de identidad.Las autoridades han insistido en que las familias deben consultar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero, claves o información personal a terceros que prometan agilizar el trámite.Para organizar la entrega, la Unidad estableció una medida de pico y cédula en todo el departamento, de acuerdo con el último número del documento de identidad:Viernes 25 de septiembre: 0, 1 y 2.Sábado 26 de septiembre: 2, 3 y 4.Domingo 27 de septiembre: 5, 6 y 7.Lunes 28 de septiembre: 8 y 9.Martes 29 de septiembre: 0, 1 y 2.Miércoles 30 de septiembre: 2, 3 y 4.Jueves 1 de octubre: 5, 6 y 7.Viernes 2 de octubre: 8 y 9.Por otro lado, en Quimbaya, Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas.La entrega se realizará a través de Facilísimo, además, se habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias que permanecen en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, ubicado en el barrio El Rocío.El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que aparecen incluidos en el Registro Único de Damnificados, cuya vivienda haya sido identificada como destruida o no habitable y que hayan cumplido con el proceso de verificación de la UNGRD.Por tratarse de una ayuda temporal, estos recursos buscan contribuir a los gastos de las familias mientras continúa el proceso de recuperación y atención de las zonas afectadas por el terremoto. Las autoridades recomiendan a los damnificados verificar previamente su habilitación y esperar las comunicaciones oficiales antes de desplazarse a los puntos de pago.
Este sábado habrá una reunión clave entre el Grupo EPM y el Gobierno nacional para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de Afinia. La filial, que presta el servicio de energía en el Caribe colombiano, generó el año pérdidas superiores al billón de pesosDebido a que la situación financiera de esta filial del Grupo EPM, es insostenible, según el propio relato del alcalde y presidente de la Junta de las empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha insistido que este ha sido el peor negocio que ha hecho la empresa antioqueña.El mandatario local, aseguró que esta empresa que atiende a 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, además de 11 municipios del departamento de Magdalena, genera 1.5 billones de pesos de pérdidas al año al Grupo empresarial.Ante este panorama, este sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla, el propio presidente Abelardo De La Espriella, junto a sus ministros de Minas y Energía María Nohemí Arboleda y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encabezará una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para tomar una o más decisiones de fondo."Lo hablé con el presidente, él lo conoce, sabe cuál es esta situación. Hay que encontrar una situación de fondo entre todos, como ciudad, como EPM, como Gobierno nacional y las regiones, y encontrar una solución estructural, no del día a día", señaló el alcalde Gutiérrez.El presidente de la Junta de EPM, aseveró que se debe tomar decisiones inmediatas, porque según él es el “chicharrón” más grande que le dejó la administración del ex alcalde Daniel Quintero y sus presuntas irregularidades, donde recordemos ha salido a flote por parte de Federico Gutiérrez y en la audiencia contra Miguel Quintero, la supuesta venta de la gerencia de esta filial en 8 millones de dólares.El alcalde Federico Gutiérrez viajará desde este viernes, debido a que será uno de los invitados al acto de posesión de Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol.
