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La Agencia Nacional de Tierras compró 430 hectáreas de tierras en el departamento del Huila para entregárselas a las familias afectadas por la construcción de la hidroeléctrica El Quimbo.
El problema es que esas tierras no se pueden cultivar porque no se pueden adecuar para el riego: Es decir, no tienen agua. La denuncia aparece en el informe de la Contraloría General de la República en su auditoría anual a la entidad.
Según el documento conocido por Blu Radio, la Agencia Nacional de Tierras pagó por más de 3.000 millones de pesos por esas cuatro fincas en 2014, pero cinco años después los campesinos siguen sin recibirlas.
De acuerdo con la Contraloría, la Agencia de Tierras tiene el compromiso de comprar 2.700 hectáreas para las familias afectadas por el proyecto El Quimbo, pero no tiene un plan concreto en su presupuesto para lograrlo. Según el ente de control, esto lleva a que "se generen expectativas en la comunidad, que posteriormente no son satisfechas".
La Contraloría también encontró problemas con la compra de otro predio en Turbo, Antioquia, donde la entidad compró una finca que ya estaba ocupada con el propósito de entregarla a una supuesta comunidad étnica que en realidad no vivía en esa zona. Por ese predio se pagaron otros 3.000 millones de pesos.
En total la Contraloría realizó hallazgos fiscales por $8.353 millones de pesos.
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