Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.Uno de los casos es el de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar cuando los paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a sus vecinos, por lo que tuvieron que abandonar la zona ante el ultimátum del grupo armado de desocupar en un plazo de 15 días.Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra, como lo narró Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia."Después que nosotros salimos, dieron 15 días para que se ocuparan todas las zonas, y ahora queda personal, fue comenzando a entrar y eso otra vez. Todo quedó vacío. Entonces, mataban gente así. Nosotros, por miedo, nos vinimos. Abandonamos las casitas que teníamos, temblábamos maíz, yuca, arroz, ñame, frisol. De eso vivíamos, de los animalitos que teníamos, marranitos, gallinas", recordó Agamez.La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, quienes representan jurídicamente a la mencionada familia."Ellos tuvieron que salir de esas tierras hace 30 años, y el proceso administrativo y judicial ha demorado por lo menos diez. Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba a través de grupos paramilitares y de la familia Castaño".La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Perancho, perteneciente al pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Riosucio. La acción judicial busca reparar a 194 personas agrupadas en 47 familias de las comunidades de Padadó y Bequerá Perancho, afectadas durante décadas por el conflicto armado en un territorio ancestral de más de 899 hectáreas.La demanda fue presentada por el equipo étnico de la Dirección Territorial Apartadó de la URT y documenta graves afectaciones sufridas por las comunidades indígenas, entre ellas confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal y bombardeos ocurridos principalmente entre 1997 y 1998. También expone impactos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas tradicionales de caza, pesca y agricultura.Según la entidad, las afectaciones pusieron en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Emberá Eyábida, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores. Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran medidas para garantizar la protección de los menores, acceso a salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural y espiritual.Por su parte, Carlos Andrés Uparela, representante legal de Camizba, señaló que esta acción permitiría restaurar derechos colectivos e individuales, además de recuperar sitios sagrados y ecosistemas afectados."Para el resguardo perancho es importante que los jueces puedan admitir la demanda, porque restauraría derechos vulnerados, colectivos e individuales, pero también otros derechos territoriales, como de los sitios sagrados, el desplazamiento de faunas y floras", indicó.“Celebramos esta radicación de la demanda con la que buscamos el restablecimiento de sus derechos. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por la violencia y victimas de la operación ‘Cararica’. Este año esperamos cerrar con un total de 53 demandas radicadas en la región en toda la vigencia de la ley y los decretos étnicos, de las que este gobierno aportó un 52% en solo cuatro años”, indicó José Alberto Kunzell, director territorial de la URT ApartadóDurante los últimos cuatro años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas campesinas y 21 étnicas en la región de Urabá y el Darién
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Una solicitud urgente lanzaron líderes sociales y reclamantes de tierras en la subregión de Urabá por cuenta de las demoras que aseguran tiene la justicia en procesos de restitución.A través de un comunicado a la opinión pública, los afectados destacaron que los jueces están ignorando los casos, no fallan oportunamente y esto se sigue convirtiendo en ventajas indirectas para los victimarios.“La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, se lee en la comunicación.Como consecuencia de esta problemática, los afectados lanzaron como principal exigencia el cambio de todos los jueces y el personal de apoyo en los juzgados.“Son negligentes, no deciden, no reparan”, advirtieron los firmantes señalando también que los despachos se han dedicado al abordaje de tutelas para asuntos que no fueron creados.“Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garantice una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio. No más jueces que se esconden tras los escritorios mientras las víctimas esperan la reparación de sus tierras despojadas”, concluye la comunicación sobre unas 700 mil personas esperan ser reparadas por estos delitos.Forjando Futuros ha lanzado varias alertas en materia del lento avance que tiene la restitución de tierras, indicando que, en promedio, solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias en el departamento de Antioquia.No obstante, algunos casos no han registrado avances como en Tulapas, donde la Dirección Territorial de Apartadó de la URT ha presentado 763 demandas en esta zona y prevé documentar más de 90 casos, para sumar a las más de 9.300 hectáreas restituidas allí.
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 - Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, del municipio de Turbo, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia.En medio de la visita, las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y que se garantice su retorno con condiciones de seguridad, infraestructura y acceso a servicios. "Las comunidades están regresando, las víctimas de despojo están recuperando sus tierras. Los jueces, el juez de restitución de tierras y las instituciones deben garantizar un retorno con dignidad y con derechos, no un retorno improvisado o no acompañado, sino un retorno con toda la garantía de los derechos", indicó la magistrada.En el recorrido, la Unidad de Restitución de Tierras (con su dirección territorial de Apartadó), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas y el despojo ejercido por el Fondo Ganadero de Córdoba.Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a las víctimas, manifestó la importancia de este procedimiento."Es un hecho como de gran importancia. Es un territorio muy grande el Urabá, y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos acá, en el territorio. ¿Por qué lo manifiesto? Porque es un caso, como muchos casos del territorio, que se le hacen audiencias particulares y que la jurisdicción está tomando decisiones", expuso Taborda.Más allá de sus predios, piden sustentoLas víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras. Así lo dijo Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas."Queremos que nos devuelvan la tierra, pero también el territorio. Y la única forma de que nos devuelvan el territorio es que se acabe la ganadería extensiva. Porque mientras haya ganadería extensiva, los propietarios van a tener su presencia acá. Y ustedes saben qué presencia van a mantener acá. Entonces, el día que todos seamos campesinos, cultivadores, ellos no van a venir por acá", apuntó.Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.Según destacó la Dirección Territorial de Apartadó de la URT, de las más de 766 demandas presentadas en la zona de Tulapas, la unidad pretende este año avanzar en la documentación de más de 90 casos, de los cuales 30 serán objeto de presentación ante los jueces en los próximos meses, garantizando así que se sumen más hectáreas de las ya 9.000 hectáreas restituidas en esta misma zona.
En el marco de la Mesa Campesina de Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras anunció su primera demanda colectiva para que sean reconocidos los derechos de familias despojadas de sus territorios por parte de grupos armados en el marco del conflicto.Se trata de una iniciativa judicial que busca devolver 223 hectáreas a 17 familias en el municipio de Necoclí como una forma de atender a la población víctima de la guerra y central en los procesos de Reforma Agraria. "Con esto buscamos la restitución de más de 220 hectáreas en favor de 17 familias. Asimismo, no solo buscamos la restitución individual de cada uno de los predios, sino la reparación integral de esta comunidad y la transformación de su territorio", destacó José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución en Apartadó.Durante el espacio de la mesa también se reforzaron los conocimientos de los reclamantes sobre la ley de víctimas, se socializaron las afectaciones identificadas por el equipo de la Unidad y se priorizaron las pretensiones reparadoras de la demanda, que permitirán una restitución con condiciones dignas para todos los involucrados en la acción judicial.
Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
Los resultados de ColorLoto de hoy, jueves 24 de septiembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 221. Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 221 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:6 (blanco) - 2 (amarillo) - 5 (blanco) - 4 (azul) - 7 (rojo) - 3 (azul).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLoto Después del sorteo realizado este jueves 24 de septiembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.150 millones.El valor corresponde al nuevo acumulado mostrado en los resultados oficiales del sorteo 221, luego de que no se registrara un ganador en la categoría de seis aciertos.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
Existen diferentes destinos en Colombia en donde la naturaleza es, sin duda, el mayor atractivo para sacarles el máximo provecho. Sin embargo, muchos de estos para poderlos conocer al máximo necesitan de largos trayectos, por ende, de algún tipo de vehículo para una mejor movilización.Sin embargo, de acuerdo con un reporte de Booking.com, existe un destino en donde caminar se convirtió en el mayor atractivo turístico del sitio y, cada día, más personas lo escogen como el sitio ideal para hacer una conexión real con la naturaleza.Neusa, el destino ideal en donde caminar es el atractivoA pocas horas de Bogotá, Neusa es una alternativa para cambiar las calles de la ciudad por senderos, bosque y paisajes alrededor del agua. Este destino invita a disfrutar el entorno caminando, ya sea recorriendo sus zonas verdes, contemplando el embalse o haciendo una pausa para conectarse con la tranquilidad del paisaje.Actividades ideales en Neusa, CundinamarcaCaminar por los senderos y recorrer las zonas de bosque nativo.Hacer picnic junto al embalse y disfrutar del paisaje.Acampar en las zonas habilitadas del parque.Hacer fogatas en los espacios permitidos, especialmente como actividad nocturna.Pescar deportivamente, siguiendo las normas y adquiriendo el permiso correspondiente.Navegar o remar en el embalse mediante las actividades autorizadas por la CAR.Alquilar botes para recorrer el embalse.Hacer fotografía de naturaleza, especialmente de los paisajes, bosque y fauna.Observar aves y fauna de la zona, donde pueden encontrarse especies como colibríes, mirlas, carpinteros y pavas andinas.Otros destinos en Colombia en donde caminar es el mayor atractivoVilla de Leyva, Boyacá: Calles empedradas, fachadas blancas, cafés, restaurantes y museos para recorrer a pie desde la Plaza Mayor.Jardín, Antioquia: Fachadas coloridas, arquitectura tradicional, cafés y caminos naturales que permiten conocer el municipio caminando.Minca, Magdalena: Senderos entre montañas y vegetación, con caminatas hacia Pozo Azul, las cascadas de Marinka y diferentes miradores.San Gil, Santander: Una opción para quienes buscan aventura, con rafting, parapente, rappel, torrentismo, espeleología y recorridos en cuatrimoto.
Finalizó otra jornada del fútbol profesional colombiano con el esperado choque entre Atlético Nacional y Millonarios por la Liga BetPlay. El duelo, que se disputó en el Atanasio Girardot, terminó en un flojo 1-1 en donde el protagonismo se lo llevó los errores individuales de cada equipo.Este partido correspondió a la fecha 12 de este segundo semestre del 2026, la cual arrancó el pasado martes, 22 de septiembre, y que irá hasta el domingo 27 con el compromiso entre Fortaleza y Tolima en Bogotá.Primero Cali logró la victoria 1-0 en su visita a El Campín frente a Independiente Santa Fe; luego América de Cali sumó tres puntos, también de 1-0, frente a Águilas Doradas.El liderato sigue en manos de América de Cali con 24 unidades, seguido por Millonarios (20), Atlético Nacional (19), Medellín (18), Deportivo Cali (18).Es importante tener en cuenta que todos los equipos no tienen la misma cantidad de partidos, por ende, el orden podría modificarse en cualquier momento con nuevos resultados que se den en los próximos días. Por ejemplo, Nacional tiene tres partidos menos que América.Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026América — 24 puntosMillonarios — 20 puntosAtlético Nacional — 19 puntosMedellín — 19 puntosDeportivo Cali — 18 puntosBucaramanga — 17 puntosTolima — 17 puntosSanta Fe — 16 puntosLlaneros — 14 puntosOnce Caldas — 12 puntosÁguilas Doradas — 11 puntosInternacional de Bogotá — 11 puntosCúcuta — 9 puntosFortaleza — 8 puntosPasto — 8 puntosAlianza — 8 puntosBoyacá Chicó — 8 puntosDeportivo Pereira — 7 puntosJaguares — 7 puntosJunior — 6 puntos
Conseguir altas calificaciones, dominar idiomas y preparar exámenes de admisión suele ser la prioridad en los últimos años escolares. Sin embargo, el Colegio Rochester, ubicado en Chía, sostiene que las notas no lo son todo al momento de enfrentar la vida universitaria e internacional.De acuerdo con la institución, el error más común consiste en enfocar todos los esfuerzos en ingresar a una universidad específica, en lugar de preparar al estudiante para aprovechar cualquier oportunidad. Por ello, su modelo combina exigencia académica con autonomía, pensamiento crítico y un Programa de Proyecto de Vida que inicia en grado octavo.Este acompañamiento temprano busca que los jóvenes identifiquen sus fortalezas y metas personales antes de elegir carrera, en lugar de guiarse únicamente por los rankings de las instituciones. La estrategia incluye orientación en becas, proyectos de investigación, cursos Advanced Placement (AP) y formación bilingüe.El caso de María José Chávez Hernández, egresada del colegio, ilustra esta dinámica. Tras obtener una beca para estudiar Genética en la Universidad CEU San Pablo en España y ser seleccionada para un intercambio Erasmus en el Reino Unido, señala que las calificaciones abren puertas, pero la resiliencia y la autonomía son clave para mantenerse.¿Por qué las calificaciones no garantizan el éxito en la universidad?Según explica la institución educativa, sacar buenas notas es apenas el primer paso para acceder a un programa de educación superior. Los verdaderos retos surgen al asumir la vida adulta e independiente:Autonomía y gestión del tiempo: el estudiante debe adaptarse a sistemas educativos diferentes y tomar sus propias decisiones sin supervisión constante.Inteligencia emocional y resiliencia: mantener una beca o superar momentos difíciles exige autoevaluación, responsabilidad personal y control interno.Desarrollo integral: la participación en actividades culturales o deportivas facilita la construcción de redes sociales en entornos nuevos.¿Qué habilidades buscan las universidades según el Colegio Rochester?De acuerdo con cifras suministradas por el colegio, el 28,78 % de sus egresados cursa carreras en universidades internacionales y sus graduados tienen presencia en nueve países. Entre las instituciones con admisiones figuran University of Toronto, Sorbonne University y Pennsylvania State University, además de centros educativos en Colombia como la Universidad de los Andes y la Javeriana.Para lograr este perfil, la institución señala que la habilidad más determinante es la capacidad de aprender de manera autónoma. Esto implica saber formular preguntas, investigar, evaluar el propio progreso y adaptarse a situaciones inciertas, entendiendo que la universidad es solo un medio dentro del proyecto de vida.
Tres integrantes del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, de las disidencias de las Farc, murieron en medio de combates con la Fuerza Pública en zona rural de Buga, Valle del Cauca. Entre los muertos estaría alias ‘Norto’, señalado como segundo cabecilla de esta estructura armada. En el mismo operativo, un integrante más fue capturado.Según el Ejército, alias ‘Norto’ llevaba más de cinco años en actividades criminales y sería señalado de participar en secuestros extorsivos, homicidios selectivos y extorsiones en el centro del Valle. Las autoridades también lo vinculan con el secuestro y posterior homicidio de un comerciante ocurrido a finales de 2025."En zona rural de Buga, Valle del Cauca, tras intensos combates, tropas de la Tercera División del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y en coordinación con la Policía Nacional, lograron la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias 'Norto', señalado como segundo cabecilla del Frente 57, y junto a él, dos integrantes más y la captura de otro sujeto de este grupo terrorista", dijo el brigadier general Samuel Salinas Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron bastante material de guerra con el cual atacaban a la Fuerza Pública. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan las investigaciones."Se incautaron 335 cartuchos, un fusil, 4 armas cortas, una granada de mano, 8 proveedores, 7 teléfonos celulares, 4 radios de comunicación y un vehículo tipo camioneta. Este grupo estaba generando rentas criminales que estarían entre los 200 a 2.500 millones de pesos", manifestó Salinas.El Ejército indicó que las operaciones continúan en esta zona rural de Buga para afectar las capacidades del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’. La Fuerza Pública mantiene presencia en el área luego de los combates que durante varias horas obligaron a las comunidades de las veredas y corregimientos a permanecer resguardadas en sus viviendas.