Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.Uno de los casos es el de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar cuando los paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a sus vecinos, por lo que tuvieron que abandonar la zona ante el ultimátum del grupo armado de desocupar en un plazo de 15 días.Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra, como lo narró Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia."Después que nosotros salimos, dieron 15 días para que se ocuparan todas las zonas, y ahora queda personal, fue comenzando a entrar y eso otra vez. Todo quedó vacío. Entonces, mataban gente así. Nosotros, por miedo, nos vinimos. Abandonamos las casitas que teníamos, temblábamos maíz, yuca, arroz, ñame, frisol. De eso vivíamos, de los animalitos que teníamos, marranitos, gallinas", recordó Agamez.La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, quienes representan jurídicamente a la mencionada familia."Ellos tuvieron que salir de esas tierras hace 30 años, y el proceso administrativo y judicial ha demorado por lo menos diez. Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba a través de grupos paramilitares y de la familia Castaño".La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Perancho, perteneciente al pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Riosucio. La acción judicial busca reparar a 194 personas agrupadas en 47 familias de las comunidades de Padadó y Bequerá Perancho, afectadas durante décadas por el conflicto armado en un territorio ancestral de más de 899 hectáreas.La demanda fue presentada por el equipo étnico de la Dirección Territorial Apartadó de la URT y documenta graves afectaciones sufridas por las comunidades indígenas, entre ellas confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal y bombardeos ocurridos principalmente entre 1997 y 1998. También expone impactos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas tradicionales de caza, pesca y agricultura.Según la entidad, las afectaciones pusieron en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Emberá Eyábida, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores. Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran medidas para garantizar la protección de los menores, acceso a salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural y espiritual.Por su parte, Carlos Andrés Uparela, representante legal de Camizba, señaló que esta acción permitiría restaurar derechos colectivos e individuales, además de recuperar sitios sagrados y ecosistemas afectados."Para el resguardo perancho es importante que los jueces puedan admitir la demanda, porque restauraría derechos vulnerados, colectivos e individuales, pero también otros derechos territoriales, como de los sitios sagrados, el desplazamiento de faunas y floras", indicó.“Celebramos esta radicación de la demanda con la que buscamos el restablecimiento de sus derechos. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por la violencia y victimas de la operación ‘Cararica’. Este año esperamos cerrar con un total de 53 demandas radicadas en la región en toda la vigencia de la ley y los decretos étnicos, de las que este gobierno aportó un 52% en solo cuatro años”, indicó José Alberto Kunzell, director territorial de la URT ApartadóDurante los últimos cuatro años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas campesinas y 21 étnicas en la región de Urabá y el Darién
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Una solicitud urgente lanzaron líderes sociales y reclamantes de tierras en la subregión de Urabá por cuenta de las demoras que aseguran tiene la justicia en procesos de restitución.A través de un comunicado a la opinión pública, los afectados destacaron que los jueces están ignorando los casos, no fallan oportunamente y esto se sigue convirtiendo en ventajas indirectas para los victimarios.“La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, se lee en la comunicación.Como consecuencia de esta problemática, los afectados lanzaron como principal exigencia el cambio de todos los jueces y el personal de apoyo en los juzgados.“Son negligentes, no deciden, no reparan”, advirtieron los firmantes señalando también que los despachos se han dedicado al abordaje de tutelas para asuntos que no fueron creados.“Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garantice una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio. No más jueces que se esconden tras los escritorios mientras las víctimas esperan la reparación de sus tierras despojadas”, concluye la comunicación sobre unas 700 mil personas esperan ser reparadas por estos delitos.Forjando Futuros ha lanzado varias alertas en materia del lento avance que tiene la restitución de tierras, indicando que, en promedio, solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias en el departamento de Antioquia.No obstante, algunos casos no han registrado avances como en Tulapas, donde la Dirección Territorial de Apartadó de la URT ha presentado 763 demandas en esta zona y prevé documentar más de 90 casos, para sumar a las más de 9.300 hectáreas restituidas allí.
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 - Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, del municipio de Turbo, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia.En medio de la visita, las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y que se garantice su retorno con condiciones de seguridad, infraestructura y acceso a servicios. "Las comunidades están regresando, las víctimas de despojo están recuperando sus tierras. Los jueces, el juez de restitución de tierras y las instituciones deben garantizar un retorno con dignidad y con derechos, no un retorno improvisado o no acompañado, sino un retorno con toda la garantía de los derechos", indicó la magistrada.En el recorrido, la Unidad de Restitución de Tierras (con su dirección territorial de Apartadó), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas y el despojo ejercido por el Fondo Ganadero de Córdoba.Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a las víctimas, manifestó la importancia de este procedimiento."Es un hecho como de gran importancia. Es un territorio muy grande el Urabá, y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos acá, en el territorio. ¿Por qué lo manifiesto? Porque es un caso, como muchos casos del territorio, que se le hacen audiencias particulares y que la jurisdicción está tomando decisiones", expuso Taborda.Más allá de sus predios, piden sustentoLas víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras. Así lo dijo Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas."Queremos que nos devuelvan la tierra, pero también el territorio. Y la única forma de que nos devuelvan el territorio es que se acabe la ganadería extensiva. Porque mientras haya ganadería extensiva, los propietarios van a tener su presencia acá. Y ustedes saben qué presencia van a mantener acá. Entonces, el día que todos seamos campesinos, cultivadores, ellos no van a venir por acá", apuntó.Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.Según destacó la Dirección Territorial de Apartadó de la URT, de las más de 766 demandas presentadas en la zona de Tulapas, la unidad pretende este año avanzar en la documentación de más de 90 casos, de los cuales 30 serán objeto de presentación ante los jueces en los próximos meses, garantizando así que se sumen más hectáreas de las ya 9.000 hectáreas restituidas en esta misma zona.
En el marco de la Mesa Campesina de Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras anunció su primera demanda colectiva para que sean reconocidos los derechos de familias despojadas de sus territorios por parte de grupos armados en el marco del conflicto.Se trata de una iniciativa judicial que busca devolver 223 hectáreas a 17 familias en el municipio de Necoclí como una forma de atender a la población víctima de la guerra y central en los procesos de Reforma Agraria. "Con esto buscamos la restitución de más de 220 hectáreas en favor de 17 familias. Asimismo, no solo buscamos la restitución individual de cada uno de los predios, sino la reparación integral de esta comunidad y la transformación de su territorio", destacó José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución en Apartadó.Durante el espacio de la mesa también se reforzaron los conocimientos de los reclamantes sobre la ley de víctimas, se socializaron las afectaciones identificadas por el equipo de la Unidad y se priorizaron las pretensiones reparadoras de la demanda, que permitirán una restitución con condiciones dignas para todos los involucrados en la acción judicial.
Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
La sostenibilidad en la industria hotelera ha dejado de medirse únicamente por indicadores ambientales. Aunque la reducción del consumo de agua, energía o plásticos sigue siendo una prioridad, cada vez cobra más fuerza un enfoque que también busca generar oportunidades para las comunidades, promover la inclusión laboral y fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones sociales.Así lo explicó Agustina Nadellini, líder de Up for People en América, quien considera que el reto del sector es demostrar que la sostenibilidad no puede limitarse al discurso, sino traducirse en acciones que tengan un impacto real sobre las personas.Uno de los ejes de este modelo es el voluntariado corporativo. A través de diferentes jornadas durante el año, colaboradores participan en actividades con fundaciones que apoyan a niños en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos, juguetes y otros insumos. A esto se suman iniciativas de economía circular, en las que la ropa donada por los propios empleados se intercambia por alimentos no perecederos que posteriormente son destinados a organizaciones sociales.La inclusión laboral también hace parte de esta transformación. En Colombia, por ejemplo, se desarrollan programas que facilitan el acceso al empleo de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, en alianza con fundaciones especializadas. El propósito es ofrecer oportunidades de trabajo formal que contribuyan a su autonomía económica y a una mayor inclusión en el mercado laboral.Otra de las iniciativas busca brindar apoyo a familias con niños que deben desplazarse para recibir tratamientos médicos o cumplir actividades organizadas por fundaciones. La idea es que los menores puedan permanecer acompañados por sus familiares durante estos procesos, aprovechando la infraestructura hotelera como una herramienta de apoyo.Nadellini explicó que el impacto de estos programas se mide a través de indicadores como el número de beneficiarios, voluntarios y donaciones, además de la capacidad de adaptar las iniciativas a las necesidades específicas de cada comunidad.Este modelo hace parte de la estrategia de sostenibilidad de Minor Hotels, que divide su trabajo entre los programas Up for Planet, enfocado en el cuidado del medio ambiente, y Up for People, orientado al desarrollo de las comunidades. "La sostenibilidad llegó para quedarse. No solo se trata de cuidar el planeta, sino también de construir comunidades más fuertes, inclusivas y con mejores oportunidades para las futuras generaciones", concluyó Nadellini.
Saber qué hacer y cómo reacciona el cuerpo tras el sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia es clave para recuperar la tranquilidad. El evento, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, se percibió en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira y Manizales, convirtiéndose en el más fuerte de la última década en el país, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).Frente a sensaciones físicas persistentes como la percepción de que el suelo se sigue moviendo, Denisse Morales, directora de la Maestría en Psicología Clínica de la Universidad de San Buenaventura, Bogotá, explicó las causas médicas de este fenómeno y estructuró pautas de manejo emocional.Qué es el síndrome de mareo postsismoLa especialista señaló que manifestaciones como mareo, taquicardia, insomnio, dificultad para concentrarse o temor a ingresar a edificios responden a una activación del sistema de alarma del cuerpo para protegerse.De acuerdo con un estudio publicado en 2021 por la revista científica PLOS ONE sobre los terremotos de Kumamoto (Japón, 2016) citado por la institución, de 4.231 personas encuestadas, 1.543 mantuvieron la sensación de mareo posterior al evento. Este fenómeno combina la respuesta del oído interno, encargado del equilibrio, el sistema nervioso y factores emocionales como la ansiedad.Las réplicas del movimiento telúrico reactivan temporalmente la vigilancia del organismo, por lo que la calma suele retornar de forma paulatina.Cinco consejos psicológicos tras el temblor de 7.4Para controlar la respuesta de alerta sin descuidar las medidas de prevención ante posibles réplicas, Morales entregó cinco recomendaciones prácticas:Anclar el cuerpo: sentarse con ambos pies apoyados firmemente en el piso, fijar la vista en un punto fijo de la pared y nombrar en voz alta cinco objetos a su alrededor para devolver estabilidad al cerebro.Alargar la exhalación: inhalar contando hasta cuatro y expulsar el aire lentamente contando hasta seis. Repetir la secuencia durante dos minutos para bajar las pulsaciones del corazón.Limitar el uso del teléfono celular: revisar de forma puntual las fuentes oficiales del SGC y la UNGRD, evitando la sobreexposición a imágenes o videos de la emergencia que incrementen la ansiedad.Hablar con claridad a los niños: explicarles con palabras sencillas lo ocurrido y las acciones a seguir si vuelve a temblar, manteniendo las rutinas habituales de alimentación y sueño.Estructurar un plan de acción: Definir un punto de encuentro familiar, despejar las vías de evacuación de la vivienda y alistar una maleta de emergencia con agua, botiquín, linterna, radio y documentos.¿Cuándo solicitar atención médica o psicológica?El análisis académico establece que se debe buscar ayuda profesional si los síntomas no ceden al cabo de una semana; si la persona no logra dormir, comer o laborar; si existe evasión a ingresar a inmuebles o si un menor de edad registra regresiones conductuales.Asimismo, si el mareo se acompaña de vómito intenso, zumbidos constantes o pérdida de audición, la recomendación es acudir a valoración médica para descartar cuadros de vértigo y evitar la automedicación.El Ministerio de Salud cuenta con la línea gratuita 106 para atención en salud mental las 24 horas, mientras que las emergencias inmediatas se atienden a través del número 123.
Como consecuencia del terremoto registrado en Colombia y con el propósito de proteger la integridad de colaboradores, empresarios y usuarios, las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura modificaron temporalmente la atención presencial en sus sedes. La medida se mantendrá mientras se adelantan las inspecciones técnicas para determinar las condiciones de seguridad de las edificaciones y establecer las reparaciones locativas que sean necesarias.La decisión fue adoptada en el marco de lo establecido por la Circular Externa 100-000002 de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, que permite a las cámaras de comercio modificar temporalmente la atención presencial cuando se presentan circunstancias extraordinarias o situaciones de fuerza mayor. Sin embargo, la normativa establece que estas entidades deben garantizar la continuidad de los servicios mediante sus canales virtuales e informar oportunamente a los usuarios y a la autoridad de supervisión sobre cualquier modificación en la prestación del servicio.Por esta razón, los servicios registrales y demás trámites a cargo de las Cámaras de Comercio no quedan suspendidos. Los empresarios y ciudadanos podrán continuar realizando sus diligencias a través de los canales virtuales habilitados por cada entidad, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.La modificación temporal de la atención presencial aplica para las Cámaras de Comercio de Pereira, Cali, Quibdó, Buga, Cartago, Manizales, Armenia y Buenaventura. En cada una de estas ciudades se adelantan las respectivas verificaciones técnicas para establecer si las instalaciones presentan afectaciones derivadas del movimiento telúrico y determinar las condiciones necesarias para retomar la atención al público de manera segura.De acuerdo con la información suministrada por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia, la atención presencial será restablecida una vez finalicen las inspecciones y se compruebe que existen las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cualquier cambio en los horarios o en las condiciones de atención será comunicado por cada Cámara de Comercio mediante sus canales oficiales.Finalmente, la Red de Cámaras de Comercio recomendó consultar los sitios web y las redes sociales oficiales de cada entidad para conocer el estado de la atención presencial y acceder a los canales virtuales disponibles para realizar trámites y servicios mientras se normaliza la atención en las sedes físicas.
El Operador Nacional de Juegos realizó el sorteo del Baloto y Baloto Revancha correspondiente a este lunes, 10 de agosto de 2026, dos de los juegos de azar con los premios acumulados más altos del país.En esta jornada, miles de colombianos estuvieron atentos a los resultados con la expectativa de quedarse con el premio mayor. A continuación, puede consultar los números ganadores de ambas modalidades y conocer cómo quedaron los acumulados para el siguiente sorteo.Números ganadores del Baloto y Baloto RevanchaEstos son los resultados del sorteo de este lunes, 10 de agosto de 2026.BalotoNúmeros ganadores: 14 - 04 - 35 - 27 - 19.Super Balota: 14.Baloto RevanchaNúmeros ganadores: 31 - 13 - 21 - 36 - 09.Super Balota: 03.¿Cómo quedaron los premios del Baloto y Revancha?Si bien el resultado del premio mayor se conoce al finalizar el sorteo, el Operador Nacional de Juegos también publica el balance de ganadores en cada una de las categorías de premiación, desde los cinco aciertos con Super Balota hasta los premios por aproximaciones.En esta publicación se actualizarán el número de ganadores, los valores entregados en cada categoría y el reporte oficial de premiación una vez la información sea divulgada.¿Cuánto está acumulado el Baloto y la Revancha?Para este lunes, 10 de agosto de 2026, el Baloto ofrece un premio acumulado de $52.000 millones, mientras que la modalidad Revancha entrega un acumulado de $10.000 millones.En caso de que no se registre un ganador del premio mayor, ambos acumulados aumentarán para el próximo sorteo, programado para el miércoles, de acuerdo con el calendario oficial del juego.Los jugadores pueden verificar sus resultados y validar los tiquetes adquiridos en los puntos de venta autorizados o mediante los canales oficiales del operador en todo el país.
El sorteo número 586 de MiLoto, jugado este lunes, 10 de agosto de 2026, dejó miles de ganadores en todo el país. En esta edición, el acumulado que estaba en juego alcanzó los $450 millones de pesos.A continuación, te mostramos los números ganadores, el desglose de premios por cantidad de aciertos y el nuevo monto acumulado para el próximo sorteo.Números ganadores de MiLoto 10 de agosto (Sorteo 586)La combinación ganadora del sorteo 586 de este lunes 10 de agosto de 2026 fue: 02 - 19 - 14 - 29 - 08.¿Cómo jugar MiLoto?Elige tus números: Selecciona 5 números del 1 al 39. Puedes elegirlos tú mismo o pedirlos de forma automática (al azar).Costo del boleto: Cada jugada tiene un costo accesible para los apostadores.¿Cómo ganar?: Ganas si aciertas a 5, 4, 3 o 2 de los números sorteados.Puntos de venta: Puedes comprar tu tiquete en los puntos autorizados de Gana, Paga Todo, Suchance, Jer, entre otros operadores de red a nivel nacional, o de forma virtual a través de la plataforma web oficial.