La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Perancho, perteneciente al pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Riosucio. La acción judicial busca reparar a 194 personas agrupadas en 47 familias de las comunidades de Padadó y Bequerá Perancho, afectadas durante décadas por el conflicto armado en un territorio ancestral de más de 899 hectáreas.La demanda fue presentada por el equipo étnico de la Dirección Territorial Apartadó de la URT y documenta graves afectaciones sufridas por las comunidades indígenas, entre ellas confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal y bombardeos ocurridos principalmente entre 1997 y 1998. También expone impactos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas tradicionales de caza, pesca y agricultura.Según la entidad, las afectaciones pusieron en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Emberá Eyábida, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores. Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran medidas para garantizar la protección de los menores, acceso a salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural y espiritual.Por su parte, Carlos Andrés Uparela, representante legal de Camizba, señaló que esta acción permitiría restaurar derechos colectivos e individuales, además de recuperar sitios sagrados y ecosistemas afectados."Para el resguardo perancho es importante que los jueces puedan admitir la demanda, porque restauraría derechos vulnerados, colectivos e individuales, pero también otros derechos territoriales, como de los sitios sagrados, el desplazamiento de faunas y floras", indicó.“Celebramos esta radicación de la demanda con la que buscamos el restablecimiento de sus derechos. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por la violencia y victimas de la operación ‘Cararica’. Este año esperamos cerrar con un total de 53 demandas radicadas en la región en toda la vigencia de la ley y los decretos étnicos, de las que este gobierno aportó un 52% en solo cuatro años”, indicó José Alberto Kunzell, director territorial de la URT ApartadóDurante los últimos cuatro años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas campesinas y 21 étnicas en la región de Urabá y el Darién
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Una solicitud urgente lanzaron líderes sociales y reclamantes de tierras en la subregión de Urabá por cuenta de las demoras que aseguran tiene la justicia en procesos de restitución.A través de un comunicado a la opinión pública, los afectados destacaron que los jueces están ignorando los casos, no fallan oportunamente y esto se sigue convirtiendo en ventajas indirectas para los victimarios.“La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, se lee en la comunicación.Como consecuencia de esta problemática, los afectados lanzaron como principal exigencia el cambio de todos los jueces y el personal de apoyo en los juzgados.“Son negligentes, no deciden, no reparan”, advirtieron los firmantes señalando también que los despachos se han dedicado al abordaje de tutelas para asuntos que no fueron creados.“Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garantice una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio. No más jueces que se esconden tras los escritorios mientras las víctimas esperan la reparación de sus tierras despojadas”, concluye la comunicación sobre unas 700 mil personas esperan ser reparadas por estos delitos.Forjando Futuros ha lanzado varias alertas en materia del lento avance que tiene la restitución de tierras, indicando que, en promedio, solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias en el departamento de Antioquia.No obstante, algunos casos no han registrado avances como en Tulapas, donde la Dirección Territorial de Apartadó de la URT ha presentado 763 demandas en esta zona y prevé documentar más de 90 casos, para sumar a las más de 9.300 hectáreas restituidas allí.
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 - Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, del municipio de Turbo, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia.En medio de la visita, las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y que se garantice su retorno con condiciones de seguridad, infraestructura y acceso a servicios. "Las comunidades están regresando, las víctimas de despojo están recuperando sus tierras. Los jueces, el juez de restitución de tierras y las instituciones deben garantizar un retorno con dignidad y con derechos, no un retorno improvisado o no acompañado, sino un retorno con toda la garantía de los derechos", indicó la magistrada.En el recorrido, la Unidad de Restitución de Tierras (con su dirección territorial de Apartadó), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas y el despojo ejercido por el Fondo Ganadero de Córdoba.Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a las víctimas, manifestó la importancia de este procedimiento."Es un hecho como de gran importancia. Es un territorio muy grande el Urabá, y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos acá, en el territorio. ¿Por qué lo manifiesto? Porque es un caso, como muchos casos del territorio, que se le hacen audiencias particulares y que la jurisdicción está tomando decisiones", expuso Taborda.Más allá de sus predios, piden sustentoLas víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras. Así lo dijo Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas."Queremos que nos devuelvan la tierra, pero también el territorio. Y la única forma de que nos devuelvan el territorio es que se acabe la ganadería extensiva. Porque mientras haya ganadería extensiva, los propietarios van a tener su presencia acá. Y ustedes saben qué presencia van a mantener acá. Entonces, el día que todos seamos campesinos, cultivadores, ellos no van a venir por acá", apuntó.Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.Según destacó la Dirección Territorial de Apartadó de la URT, de las más de 766 demandas presentadas en la zona de Tulapas, la unidad pretende este año avanzar en la documentación de más de 90 casos, de los cuales 30 serán objeto de presentación ante los jueces en los próximos meses, garantizando así que se sumen más hectáreas de las ya 9.000 hectáreas restituidas en esta misma zona.
En el marco de la Mesa Campesina de Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras anunció su primera demanda colectiva para que sean reconocidos los derechos de familias despojadas de sus territorios por parte de grupos armados en el marco del conflicto.Se trata de una iniciativa judicial que busca devolver 223 hectáreas a 17 familias en el municipio de Necoclí como una forma de atender a la población víctima de la guerra y central en los procesos de Reforma Agraria. "Con esto buscamos la restitución de más de 220 hectáreas en favor de 17 familias. Asimismo, no solo buscamos la restitución individual de cada uno de los predios, sino la reparación integral de esta comunidad y la transformación de su territorio", destacó José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución en Apartadó.Durante el espacio de la mesa también se reforzaron los conocimientos de los reclamantes sobre la ley de víctimas, se socializaron las afectaciones identificadas por el equipo de la Unidad y se priorizaron las pretensiones reparadoras de la demanda, que permitirán una restitución con condiciones dignas para todos los involucrados en la acción judicial.
Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
Una grave denuncia dio a conocer la fundación Forjando Futuros, de que una heredera de la empresa Todo Tiempo, acompañada por dos hombres armados que se identificaron como miembros de “la organización”, llegaron hasta predios en proceso de restitución el municipio de Belén de Bajirá para intimidar a sus propietarios.Según indicaron desde esta organización que representa a las víctimas, no es la primera vez que esto ocurre, pues la mujer recurriendo a intimidaciones habría impedido que los dueños de varios predios de la hacienda Monteverde en esta zona del Urabá, recientemente restituidos, delimiten sus tierras conforme a lo establecido en las sentencias de jueces, presuntamente imponiendo límites arbitrarios y apropiándose indebidamente de tierras que no les pertenecen.Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, indicó que hay un antecedente de hace 10 años, con esta misma persona, cuando por sus acciones se afectaron a unas 120 familias por problemas similares."Hizo la entrega primero la juez y luego después fueron a recibir materialmente el pedido de la familia Duarte y allí estaba con líderes sociales y se presentó la señora María Teresa Moreno con gente armada imponiendo cambiar los linderos de lo que se entregaba. A esa familia le quitaron siete hectáreas nuevamente ya ordenado por el juez de entrega de esa tierra", dijo Vega.La preocupación ahora se centra en que desde hace varios años, líderes y reclamantes de tierras han sido amenazados sistemáticamente, siendo los más recientes afectados las familias Duarte, Nisperusa, Hernández, Díaz, Gómez y el líder comunitario Carlos Páez, quienes ya han interpuesto al menos tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas de muerte.Por su parte, anunciaron que estas mismas acciones también se adelantarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de que se tomen prontas medidas de protección.Finalmente, la petición de la entidad es al Estado, la Fiscalía y organismos internacionales para que se garantice la vida y la integridad de familias a las que se les restituyó la tierra mediante sentencia judicial y hoy son objeto de amenazas.
Espacios de arte y fiestas en casi 10 municipios de distintas subregiones dan forma a la agenda cultural en el departamento para este fin de semana con puente festivo.El principal evento en Medellín será, hasta el próximo lunes, la edición 15 del Festival de Circos con más de 80 funciones que llenarán la ciudad de creatividad y asombro con malabares y más acrobacias.El secretario de Cultura de Medellín, Santiago Silva, detalló qué podrán disfrutar los asistentes a este espacio: "El arte, la creatividad y la imaginación llegarán a diferentes territorios del distrito. Más de 20 agrupaciones artísticas participarán de esta edición, con funciones con 10 carpas en Medellín y sus corregimientos", indicó el funcionario.Fuera del Valle de Aburrá varios municipios tendrán fiestas. Uno de ellos será El Peñol, cuya programación incluye conciertos, eventos deportivos y más espacios para toda la familia, como cuenta la alcaldesa, Sandra Arelis Duque."El Peñol está de fiesta y queremos que hagas parte de esta gran celebración. Un encuentro al rededor de nuestra historia y tradición, que llenan de orgullo a nuestros peñolenses", señaló la mandataria.También estarán de celebración los municipios de Sopetrán, La Unión, San Francisco, San Luis, Urrao y Ciudad Bolívar, este último, con el Festival de La Piedra. Además, Sabaneta tendrá mañana concierto de Víctor Manuelle, Luis Alberto Posada y Jean Carlos Centeno, en el marco de las Fiestas del Plátano.
A través de un comunicado, la administración de la Universidad de Medellín le informó a la comunidad universitaria y a la opinión pública que fue notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional de un proceso de supervisión y vigilancia.De acuerdo con el contenido del comunicado, con la resolución del Ministerio “se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”.Si bien por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida del Gobierno Petro contra la Universidad de Medellín, el alma mater dejó en claro que acata y recibe “con respeto institucional”, esas medidas de vigilancia, y afirmó que está dispuesta con los requerimientos del Ministerio de Educación.Además, la institución señaló que sus procesos académicos continuarán con normalidad, ya que las medidas del Gobierno no constituyen una intervención administrativa de la Universidad, no implican la sustitución de sus autoridades, no afectan la autonomía universitaria ni modifican la prestación normal del servicio educativo.
Los resultados de Super Astro Luna siguen despertando el interés de miles de colombianos que participan diariamente en este reconocido juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad exige acertar una combinación compuesta por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que le da una dinámica única dentro de las apuestas en Colombia.Según los resultados oficiales del sorteo realizado el viernes 26 de junio de 2026, la combinación ganadora fue el (en minutos).Además, los resultados se desglosan de la siguiente manera:Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: Signo ganador: Gracias a su formato especial, Super Astro Luna se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre quienes buscan nuevas alternativas para probar suerte.Horarios del sorteo Super Astro LunaEl sorteo de Super Astro Luna se realiza todos los días del año, aunque su horario cambia según la jornada:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza cada sorteo a través de los canales autorizados. Para participar, cada jugador debe elegir una combinación formada por un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.Los números disponibles van desde el 0000 hasta el 9999, mientras que los signos zodiacales que se pueden seleccionar son:AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpiónSagitarioCapricornioAcuarioPiscisEl premio mayor se obtiene al acertar tanto el número como el signo zodiacal anunciados en el resultado oficial del sorteo.Modalidades de apuesta disponiblesSuper Astro Luna ofrece varias opciones para que los participantes personalicen sus jugadas. Una de las más utilizadas consiste en apostar un mismo número con los doce signos zodiacales, aumentando así las posibilidades de coincidir con el signo ganador.Asimismo, cada tiquete permite registrar hasta cuatro apuestas diferentes, brindando la oportunidad de participar con varias combinaciones en una sola compra.¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?El juego cuenta con valores accesibles para diferentes presupuestos:Valor mínimo por tiquete: $500Valor máximo por apuesta: $10.000De esta manera, cada participante puede definir el monto que desea invertir según sus preferencias.Cómo verificar los resultados de Super Astro LunaUna vez finalizado el sorteo, se recomienda revisar cuidadosamente el tiquete de apuesta y compararlo con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.
El chance Caribeña Noche continúa siendo una de las opciones de juego más populares en Colombia, especialmente entre los habitantes de la región Caribe que siguen de cerca los resultados diarios.Su variedad de modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con montos accesibles han contribuido a que mantenga una amplia base de jugadores.De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado este viernes, 26 de junio de 2026, este fue el número ganador del Caribeña Noche: (en minutos).Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Horario del sorteo Caribeña NocheLos sorteos de Caribeña Noche se realizan de lunes a sábado, y los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.Los participantes tienen la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio mayor, es indispensable acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que fue sorteado.Modalidades de apuesta de Caribeña NocheEste chance ofrece diversas alternativas para que los jugadores seleccionen la forma de participación que mejor se adapte a sus preferencias.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes aciertan las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto en que fueron anunciadas.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar acertando las cuatro cifras sorteadas, sin que el orden sea un requisito.Tres cifras directoLa apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras del número ganador en el mismo orden del sorteo.Combinado de tres cifrasEntrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataEsta modalidad consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado oficial.Una cifra o uñaPremia a los jugadores que logran acertar únicamente la última cifra sorteada.¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?El valor de las apuestas se ajusta a diferentes presupuestos, permitiendo que más personas puedan participar en el sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.Esta flexibilidad brinda la posibilidad de elegir tanto el monto de inversión como la modalidad de juego más conveniente para cada participante.Quinta balota: una alternativa que amplía las oportunidadesEntre las opciones que han despertado interés entre los jugadores se encuentra la quinta balota, una modalidad complementaria que añade una cifra adicional al resultado principal.Esta alternativa ofrece nuevas posibilidades de obtener premios y permite realizar combinaciones adicionales, aumentando las oportunidades de acierto para quienes participan regularmente en el sorteo.Requisitos para reclamar un premioLos ganadores de Caribeña Noche deben presentar la documentación exigida por los operadores autorizados para realizar el cobro correspondiente.Documentación básicaPara reclamar cualquier premio se requiere:Tiquete original diligenciado y sin tachones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el valor ganadoPremios inferiores a 48 UVTSolo es necesario presentar la documentación básica establecida por el operador.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos obligatorios, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT, requisito exigido para los procesos de verificación e identificación.Premios soperiores a 182 UVTPara estos casos también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida para completar el trámite de pago.
Las aerolíneas Avianca y LATAM Airlines Colombia anunciaron cambios en sus operaciones hacia Venezuela para garantizar la conectividad con ese país, luego del cierre temporal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía por los daños ocasionados tras los terremotos registrados esta semana.Avianca informó que, de manera temporal, operará su ruta entre Colombia y Venezuela a través del Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en la ciudad de Valencia. La medida incluye tanto los vuelos regulares como operaciones adicionales en modalidad chárter, que serán realizadas en aviones Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros.La aerolínea explicó que los viajeros con reservas confirmadas en la ruta Bogotá-Caracas recibirán una notificación en el correo electrónico registrado para reprogramar su itinerario hacia Valencia. Además, indicó que estos vuelos también servirán para transportar brigadas de rescate y personal médico de la Cruz Roja Colombiana y la Patrulla Aérea Civil Colombiana que apoyarán la atención de la emergencia.Quienes prefieran no viajar por esta alternativa podrán acceder, sin costo adicional, a cambios de fecha hasta el 31 de agosto, modificar su destino hacia Cúcuta o Riohacha, o solicitar el reembolso del tiquete, de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía.Por su parte, LATAM Airlines Colombia anunció la operación de tres vuelos especiales en la ruta Bogotá-Valencia-Bogotá, programados para los días 28 y 30 de junio, y 2 de julio, con el objetivo de atender a los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones en Maiquetía.La compañía también mantendrá medidas de flexibilidad para los viajeros con vuelos entre el 25 de junio y el 15 de julio, quienes podrán cambiar la fecha de viaje hasta por un año, solicitar la devolución del dinero o modificar su destino hacia Valencia, Cúcuta o Riohacha sin cargos adicionales.Ambas aerolíneas recomendaron a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales y estar atentos a las comunicaciones enviadas a los correos electrónicos registrados en sus reservas, mientras continúan las restricciones operativas en el principal aeropuerto de Caracas.