Treinta años después de haber sido desplazadas de sus tierras por grupos paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba, 12 familias campesinas de la región de Tulapas, en Urabá, recibieron una sentencia que ordena la restitución de 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de los noventa.Uno de los casos es el de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir de Tulapas. En 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar cuando los paramilitares ingresaron a la zona y asesinaron a sus vecinos, por lo que tuvieron que abandonar la zona ante el ultimátum del grupo armado de desocupar en un plazo de 15 días.Tres décadas después, la familia ya comenzó a regresar a su tierra, como lo narró Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia."Después que nosotros salimos, dieron 15 días para que se ocuparan todas las zonas, y ahora queda personal, fue comenzando a entrar y eso otra vez. Todo quedó vacío. Entonces, mataban gente así. Nosotros, por miedo, nos vinimos. Abandonamos las casitas que teníamos, temblábamos maíz, yuca, arroz, ñame, frisol. De eso vivíamos, de los animalitos que teníamos, marranitos, gallinas", recordó Agamez.La decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años. Gerardo Vega Medina, abogado y fundador de la Fundación Forjando Futuros, quienes representan jurídicamente a la mencionada familia."Ellos tuvieron que salir de esas tierras hace 30 años, y el proceso administrativo y judicial ha demorado por lo menos diez. Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba a través de grupos paramilitares y de la familia Castaño".La sentencia permitirá que las 12 familias recuperen formalmente sus predios, retornen a sus territorios y accedan a las medidas de reparación y a los programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, es considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Perancho, perteneciente al pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Riosucio. La acción judicial busca reparar a 194 personas agrupadas en 47 familias de las comunidades de Padadó y Bequerá Perancho, afectadas durante décadas por el conflicto armado en un territorio ancestral de más de 899 hectáreas.La demanda fue presentada por el equipo étnico de la Dirección Territorial Apartadó de la URT y documenta graves afectaciones sufridas por las comunidades indígenas, entre ellas confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal y bombardeos ocurridos principalmente entre 1997 y 1998. También expone impactos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas tradicionales de caza, pesca y agricultura.Según la entidad, las afectaciones pusieron en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Emberá Eyábida, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores. Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran medidas para garantizar la protección de los menores, acceso a salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural y espiritual.Por su parte, Carlos Andrés Uparela, representante legal de Camizba, señaló que esta acción permitiría restaurar derechos colectivos e individuales, además de recuperar sitios sagrados y ecosistemas afectados."Para el resguardo perancho es importante que los jueces puedan admitir la demanda, porque restauraría derechos vulnerados, colectivos e individuales, pero también otros derechos territoriales, como de los sitios sagrados, el desplazamiento de faunas y floras", indicó.“Celebramos esta radicación de la demanda con la que buscamos el restablecimiento de sus derechos. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por la violencia y victimas de la operación ‘Cararica’. Este año esperamos cerrar con un total de 53 demandas radicadas en la región en toda la vigencia de la ley y los decretos étnicos, de las que este gobierno aportó un 52% en solo cuatro años”, indicó José Alberto Kunzell, director territorial de la URT ApartadóDurante los últimos cuatro años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas campesinas y 21 étnicas en la región de Urabá y el Darién
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Una solicitud urgente lanzaron líderes sociales y reclamantes de tierras en la subregión de Urabá por cuenta de las demoras que aseguran tiene la justicia en procesos de restitución.A través de un comunicado a la opinión pública, los afectados destacaron que los jueces están ignorando los casos, no fallan oportunamente y esto se sigue convirtiendo en ventajas indirectas para los victimarios.“La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, se lee en la comunicación.Como consecuencia de esta problemática, los afectados lanzaron como principal exigencia el cambio de todos los jueces y el personal de apoyo en los juzgados.“Son negligentes, no deciden, no reparan”, advirtieron los firmantes señalando también que los despachos se han dedicado al abordaje de tutelas para asuntos que no fueron creados.“Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garantice una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio. No más jueces que se esconden tras los escritorios mientras las víctimas esperan la reparación de sus tierras despojadas”, concluye la comunicación sobre unas 700 mil personas esperan ser reparadas por estos delitos.Forjando Futuros ha lanzado varias alertas en materia del lento avance que tiene la restitución de tierras, indicando que, en promedio, solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias en el departamento de Antioquia.No obstante, algunos casos no han registrado avances como en Tulapas, donde la Dirección Territorial de Apartadó de la URT ha presentado 763 demandas en esta zona y prevé documentar más de 90 casos, para sumar a las más de 9.300 hectáreas restituidas allí.
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 - Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, del municipio de Turbo, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia.En medio de la visita, las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y que se garantice su retorno con condiciones de seguridad, infraestructura y acceso a servicios. "Las comunidades están regresando, las víctimas de despojo están recuperando sus tierras. Los jueces, el juez de restitución de tierras y las instituciones deben garantizar un retorno con dignidad y con derechos, no un retorno improvisado o no acompañado, sino un retorno con toda la garantía de los derechos", indicó la magistrada.En el recorrido, la Unidad de Restitución de Tierras (con su dirección territorial de Apartadó), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas y el despojo ejercido por el Fondo Ganadero de Córdoba.Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a las víctimas, manifestó la importancia de este procedimiento."Es un hecho como de gran importancia. Es un territorio muy grande el Urabá, y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos acá, en el territorio. ¿Por qué lo manifiesto? Porque es un caso, como muchos casos del territorio, que se le hacen audiencias particulares y que la jurisdicción está tomando decisiones", expuso Taborda.Más allá de sus predios, piden sustentoLas víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras. Así lo dijo Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas."Queremos que nos devuelvan la tierra, pero también el territorio. Y la única forma de que nos devuelvan el territorio es que se acabe la ganadería extensiva. Porque mientras haya ganadería extensiva, los propietarios van a tener su presencia acá. Y ustedes saben qué presencia van a mantener acá. Entonces, el día que todos seamos campesinos, cultivadores, ellos no van a venir por acá", apuntó.Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.Según destacó la Dirección Territorial de Apartadó de la URT, de las más de 766 demandas presentadas en la zona de Tulapas, la unidad pretende este año avanzar en la documentación de más de 90 casos, de los cuales 30 serán objeto de presentación ante los jueces en los próximos meses, garantizando así que se sumen más hectáreas de las ya 9.000 hectáreas restituidas en esta misma zona.
En el marco de la Mesa Campesina de Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras anunció su primera demanda colectiva para que sean reconocidos los derechos de familias despojadas de sus territorios por parte de grupos armados en el marco del conflicto.Se trata de una iniciativa judicial que busca devolver 223 hectáreas a 17 familias en el municipio de Necoclí como una forma de atender a la población víctima de la guerra y central en los procesos de Reforma Agraria. "Con esto buscamos la restitución de más de 220 hectáreas en favor de 17 familias. Asimismo, no solo buscamos la restitución individual de cada uno de los predios, sino la reparación integral de esta comunidad y la transformación de su territorio", destacó José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución en Apartadó.Durante el espacio de la mesa también se reforzaron los conocimientos de los reclamantes sobre la ley de víctimas, se socializaron las afectaciones identificadas por el equipo de la Unidad y se priorizaron las pretensiones reparadoras de la demanda, que permitirán una restitución con condiciones dignas para todos los involucrados en la acción judicial.
Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
El senador paraguayo Gustavo Leite, del Partido Colorado, arremetió contra el expresidente Santiago Peña, su compañero de partido, a quien calificó de “bandido” y acusó de haber traicionado al país en medio de la crisis de Ueno Bank, el escándalo financiero que dejó a cerca de 3 millones de ahorristas sin acceso a su dinero y que terminó con la destitución y captura del exmandatario. En diálogo con Mañanas Blu, el legislador afirmó que la ciudadanía exige ver a Peña en una cárcel común y que el proceso judicial “recién comienza”.“Nos traicionó a todos los paraguayos, y con más razón a nosotros”, afirmó Leite al explicar por qué cuestiona con dureza a un político de su misma colectividad. Según recordó, el Partido Colorado acogió a Peña en 2016, cuando provenía del partido tradicional de oposición.“Resultó ser un gran impostor. No sé si un caballo de Troya o un impostor”, sostuvo el senador, quien aseguró que en la sesión del Senado en la que se votó la destitución pidió que el exmandatario saliera del cargo “con deshonra”.Partido Colorado debe asumir “el error histórico”, según LeiteEl legislador insistió en que la filiación política no puede servir de escudo ante los hechos investigados. “Da igual que sea mi partido o no, cuando uno comete una traición no importa de qué partido sea”, declaró.Leite fue más allá y señaló la responsabilidad de su propia colectividad: “El Partido Colorado tiene que asumir históricamente el error de haber puesto a un bandido en la presidencia, que tenemos que tener el coraje para sacarlo y que la fiscalía tiene que tener el coraje para meterlo en la cárcel”.Peña fue enviado a prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial de Asunción, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían acarrear hasta 10 años de cárcel. Además, los fiscales del caso allanaron su vivienda en la ciudad de San Bernardino.Para el senador, sin embargo, la situación de reclusión del expresidente no responde a lo que reclama la ciudadanía. “La gente quiere a Peña no en el regimiento escolta, lo quiere en la cárcel nacional donde van todos los delincuentes comunes”, dijo, y agregó: “La gente lo quiere a Peña sin sonrisa, lo quiere esposado como todos los delincuentes comunes”.Senador anticipa nuevas imputaciones contra Santiago PeñaDe acuerdo con Leite, el caso podría ampliarse en las próximas semanas. El senador afirmó que existen presunciones de que Peña era socio oculto del banco y que la entidad actuó “sin dudas en connivencia con el Ejecutivo”, señalamientos que forman parte de su versión y que deberán ser establecidos por la justicia.“Hay demasiados rastros que van a acelerar otras imputaciones. Aquí creo que no se va a salvar de lavado de dinero y de asociación ilícita”, aseguró.El legislador también se refirió al papel del ente acusador: “Yo dije en mi intervención en el Senado cuando el día de la destitución que el fiscal general del estado tiene la brillante ocasión de ser héroe o villano”.El juicio político que llevó a la salida de Peña se desarrolló en medio de una de las peores crisis políticas y financieras del país, cuando el mandatario había cumplido tres años de gobierno.Las alertas sobre Ueno Bank que no fueron atendidasLeite relató que su distanciamiento con Peña comenzó en marzo de este año, cuando, siendo aún embajador de Paraguay en Estados Unidos, denunció públicamente que durante el gobierno de Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, “no había olor a coima y los proveedores cobraban al día”. Tras esa ruptura, renunció a la embajada y regresó a Asunción.Según el senador, un grupo de legisladores colorados, entre ellos el actual vicepresidente Antonio Barrios, solicitó al Banco Central del Paraguay un informe de 31 puntos sobre la supervisión de la entidad. La respuesta, afirmó, se limitó a invocar el secreto bancario. “El Banco Central, por instrucciones de Peña, nos responde una estupidez, no nos responde nada”, aseguró.El congresista sostuvo que posteriormente se conocieron créditos que calificó de “absolutamente temerarios”, como préstamos de 40 millones de dólares a empresas relacionadas con el grupo del banco que facturaban 10.000 dólares al mes. “Eso ya era un indicio de vaciamiento”, dijo. Añadió que, aun con el banco sometido a un sumario público, la entidad siguió recibiendo fondos estatales, entre ellos recursos de Itaipú.Comisión bicameral para establecer “quién dio la orden”Frente al destino de los recursos públicos depositados en el banco, Leite anunció que impulsará este miércoles en el Senado una comisión bicameral de investigación. “Es para ir al fondo de la cuestión y entender quién dio la orden, y entender quién dio la orden de esconder el déficit, porque es un daño tremendo a la reputación de Paraguay”, explicó.El nuevo Gobierno también busca rastrear el dinero: el vicepresidente Barrios anunció que solicitará cooperación internacional, incluso a Estados Unidos, para establecer el paradero de los recursos y los bonos manejados por la entidad.Así avanza la devolución de ahorros en ParaguayLa crisis de Ueno Bank estalló luego de que la junta del Banco Central sometiera a la entidad a un procedimiento de resolución, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal.Mediante una ley especial, el Banco Central reportó en apenas dos días pagos a 1.196.000 personas por unos 160 millones de dólares a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Aún quedan pendientes 669.336 cuentas, y cerca de 32.000 pensionados serán trasladados a otras ocho entidades bancarias.Leite explicó que la ley garantiza la devolución de hasta 75 salarios mínimos por ahorrista, con recursos acumulados desde la última crisis financiera, y dimensionó el impacto: “3 millones de ahorristas para 6 millones de paraguayos, es la mitad del país damnificado”.Qué espera el senador del gobierno de Pedro AllianaSobre el nuevo presidente, Pedro Alliana, quien era vicepresidente de Peña y asumió tras la destitución, Leite expresó confianza en un cambio: “Porque o cambiamos o nos cambian”. A su juicio, Alliana, expresidente del Partido Colorado y de la Cámara de Diputados, “sabrá entender que la gente quiere cambio de verdad”.Al cierre, el senador envió un mensaje de calma. Aseguró que la crisis afecta al 8 % del sistema financiero, que calificó de sólido, solvente y líquido. “Es un hecho aislado, tremendo pero aislado”, afirmó, y destacó que las instituciones dieron cuenta del caso en 72 horas “sin que haya un muerto”.
Los seguidores de Maluma podrán comprar anticipadamente las entradas para su concierto en Bogotá como parte del Loco X Volver World Tour 2027. La preventa comienza este lunes 9 de noviembre, a las 10:00 a. m., y estará habilitada para clientes con tarjetas de crédito Bancolombia Visa, quienes podrán adquirir hasta seis boletas por tarjeta.La presentación del artista colombiano está programada para el 5 de febrero de 2027 en El Corazón de Bogotá – Arena. La venta anticipada se realizará a través de TuBoleta y tendrá una duración de 48 horas o finalizará antes si se completa el 50 % del aforo previsto para esta primera fecha.La alianza entre Visa y la gira también contempla beneficios para sus tarjetahabientes en América Latina y el Caribe. En Colombia, los clientes de Bancolombia y los usuarios de Nequi que tengan activa la tarjeta Visa podrán acceder a la preventa.¿Quiénes pueden comprar hasta seis boletas para Maluma?De acuerdo con la información entregada por Bancolombia, el beneficio de compra de hasta seis entradas por tarjeta está disponible para los clientes que tengan tarjetas de crédito Bancolombia Visa.La entidad recomendó verificar antes de ingresar a la plataforma que la tarjeta tenga cupo suficiente para cubrir el valor total de la compra. También pidió revisar los topes, pues si el límite está por debajo del monto necesario, puede modificarse a través de la Sucursal Virtual Personas.Por su parte, los usuarios de Nequi también podrán participar en la preventa. Para acceder, deben activar la Tarjeta Nequi Visa desde la aplicación. La compañía explicó que esta opción busca ampliar los beneficios de su tarjeta y permitir que sus usuarios accedan a experiencias como conciertos y eventos.“Con solo activar la Tarjeta Nequi-Visa pueden aprovechar la preventa de esta alianza”, afirmó Santiago Johnson, director de Mercadeo de Nequi. El directivo agregó que la intención es que este medio de pago abra las puertas a nuevas experiencias y facilite que las personas utilicen su dinero en actividades de su interés.¿Cuándo comienza la venta general de entradas para Maluma?La preventa estará disponible desde las 10:00 a. m. del lunes 9 de noviembre y se extenderá por 48 horas, siempre que no se complete antes el 50 % del aforo previsto.Una vez termine esta etapa, se habilitará la venta general el 11 de noviembre, con todos los medios de pago y hasta agotar existencias.La alianza también contempla la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas Visa de crédito Bancolombia y beneficios especiales para clientes Visa Infinite. Además, durante el concierto en Bogotá se ofrecerán activaciones dentro del recinto.El único canal oficial para adquirir las entradas es TuBoleta. La organización anunció que en las próximas semanas dará a conocer nuevas ciudades de Sudamérica, Centroamérica y México que harán parte del recorrido de Loco X Volver World Tour 2027.
El exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rompió el silencio tras recuperar su libertad luego de 11 meses de detención prevenitiva. En diálogo con Mañanas Blu, el exfuncionario abordó los señalamientos en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió su actuación política y cuestionó los procedimientos judiciales que lo llevaron a prisión.Ante el cuestionamiento sobre si la responsabilidad recaía exclusivamente en Olmedo López o si alcanzaba a otras instancias del Gobierno, Velasco aclaró que sus críticas se dirigen hacia operadores específicos y no a la totalidad de la administración del presidente Gustavo Petro: “En el gobierno de Petro encontré gente maravillosa. Así como gente muy mala y que debemos reconocer como este señor Olmedo y de pronto otra gente”.Libertad tras 11 meses y duras críticas al procedimiento judicialVelasco calificó su encarcelamiento como una "barbaridad" y responsabilizó a la actuación de la magistrada Aura Rosero, señalando que tomó una medida intramural desproporcionada. “Es doloroso saber que el 18 de diciembre del año pasado por la vacancia judicial, una magistrada... me mandara a la cárcel... 11 meses después, después de que la Corte Suprema de Justicia en tutela diga, 'Mire, eso fue palabras más palabras menos, una barbaridad lo que hicieron con Velasco', un magistrado del propio tribunal reconozca esos errores, esas decisiones francamente ilegales y me devuelva la libertad”, afirmó.El exministro sostuvo que nunca intentó evadir a la justicia y que ejercerá su defensa plenamente en libertad.Desvinculación del desfalco en la UNGRDFrente a las acusaciones que lo vinculan con los entramados de corrupción en la Gestión del Riesgo, Velasco enfatizó que la propia Fiscalía General de la Nación ha reconocido que él no participó en la apropiación ilícita de recursos.“La propia Fiscalía en una audiencia de hace unos meses dijo con toda claridad que yo no tengo nada que ver con el saqueo de la Unidad de Gestión de Riesgos. O sea, no me he apropiado de un solo centavo”, aseveró Velasco. Asimismo, precisó que no ha sido acusado de peculado y que los señalamientos en su contra se basan en interpretaciones sesgadas de su labor institucional.Niega la "compra de congresistas" y defiende reuniones de GobiernoConsultado sobre las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla —quienes afirmaron que en reuniones de la Casa de Nariño se habría planificado la entrega de dádivas a parlamentarios para respaldar proyectos oficiales—, Velasco rechazó tajantemente dicha versión.“Mientras yo fui ministro, en lo que respecta, no vi ni actué para eso y es lo que puedo decir y es lo que diré ante la Corte”, sostuvo. Velasco explicó que como ministro del Interior participó en más de 50 reuniones de coordinación política del Gobierno, pero negó que en ellas se acordara comprar votos. Destacó además que los otros ocho asistentes a las reuniones mencionadas por Olmedo López han desmentido la existencia de pactos ilícitos.Respecto a los trámites con congresistas, aclaró que facilitar encuentros entre legisladores y altos funcionarios es una tarea cotidiana y legítima del Ministerio del Interior: “El ministro del Interior entre sus funciones está la de acercar al gobierno con congresistas, gobernadores, alcaldes... Conseguí no menos de 100 citas de congresistas con altos funcionarios del gobierno”.Velasco identificó a Olmedo López como el "gran operador" de las irregularidades en la UNGRD y cuestionó que las investigaciones de la Fiscalía no hayan profundizado en otros contratos multimillonarios. Como ejemplo, citó contrataciones para atender la emergencia en La Mojana, donde según sus afirmaciones se suscribieron acuerdos por 129.000 millones de pesos para obras que podían ejecutarse por 45.000 millones. Finalmente, sobre su relación con el presidente Gustavo Petro, señaló que fue institucional y motivada por coincidencias programáticas, aunque aclaró que nunca existió una amistad personal cercana.Escuche aquí la entrevista:
La Gobernación de Antioquia negó la solicitud de ingreso de Miguel Quintero Calle a la cárcel de Yarumito en el municipio de Itagüí, luego de determinar que las condiciones de seguridad del establecimiento penitenciario no son compatibles con el perfil de riesgo del hermano de Daniel Quintero Calle.La decisión quedó consignada en una respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz de Antioquia, tras estudiar la petición presentada por el abogado Felipe Alzate, defensor de Quintero Calle, quien solicitó un cupo en este centro de reclusión.De acuerdo con el documento, Miguel Quintero enfrenta una investigación penal en la que se le atribuyen los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, conductas contempladas como delitos contra la Administración Pública.Sin embargo, se aclaró que la naturaleza de estos delitos no significa, por sí sola, que el investigado tenga la condición de servidor público, como efectivamente no lo era. Se debe mencionar que este ítem es importante para ser recluido en la cárcel de Yarumito, que es un establecimiento especial para servidores y exservidores públicos.Otro de los argumentos analizados fue el vínculo familiar con Daniel Quintero. Frente a este punto, la Gobernación de Antioquia señaló que la condición de servidor público es personal y no se extiende a los familiares por razones de consanguinidad, por lo que este parentesco no constituye un fundamento para obtener un cupo en el establecimiento.La defensa también expuso circunstancias particulares de vulnerabilidad relacionadas con el entorno familiar y la exposición pública del proceso. No obstante, la Administración Departamental explicó que Yarumito es una cárcel de seguridad mínima y no cuenta con capacidades operativas compatibles con las condiciones de seguridad planteadas.Por estas razones, la Secretaría de Seguridad emitió concepto desfavorable y negó formalmente la asignación del cupo solicitado, por lo que, por ahora, Miguel Quintero deberá permanecer en la cárcel de Cómbita en donde está recluido hace más de una semana.
La historia de Nicole Mera y Felipe Velasco estuvo marcada por una noticia inesperada durante el embarazo y una intervención médica de alta complejidad. Sus hijas, Adara Isabel y Arlet Sofía, nacieron siamesas y unidas por el pecho y tuvieron que ser sometidas a una cirugía de separación en el Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali.La intervención, que requirió la participación de más de 50 profesionales de distintas especialidades, permitió que una de las pequeñas sobreviviera, mientras que su hermana falleció durante el procedimiento. El equipo médico continúa atendiendo a la bebé que salió con vida.Las niñas nacieron el 26 de mayo de 2026, después de que sus padres, conocieran durante una ecografía que esperaban gemelas siamesas. La noticia llegó cuando Nicole tenía aproximadamente cuatro meses de embarazo y acudió a un centro médico por un episodio de sangrado.Inicialmente, la pareja pensó que esperaba un solo bebé. Sin embargo, los exámenes confirmaron que eran dos niñas unidas por el tórax.¿Por qué tuvieron que operar a las siamesas?De acuerdo con el equipo médico, las bebés compartían el pecho y el diafragma, una condición que comprometía su capacidad respiratoria y ponía en riesgo sus vidas. Por esta razón, los especialistas decidieron intubarlas y mantenerlas bajo vigilancia en la unidad de cuidados intensivos pediátricos mientras preparaban la separación quirúrgica.La doctora Marisol Nahui, jefe del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Universitario del Valle, explicó que el procedimiento representaba un desafío para el equipo, que tuvo que estudiar y organizar cada etapa con anticipación.“Nos tocó aprender, leer, estudiar. Lo empezamos a hacer desde meses antes, planear, hacer simulacros para hacer algo que nosotros no hacemos normalmente”, explicó la especialista en Los Informantes.“Ese era el momento más riesgoso de la cirugía porque hay una de las niñas que estaba dependiendo 100 % de la hermanita. Entonces, al quitarle estas comunicaciones, la nena le tocaba empezar a trabajar solita”, relató la médica.Cerca de las 5:50 de la tarde, los padres recibieron la noticia de que una de las pequeñas había entrado en paro. Los especialistas intentaron reanimarla durante dos horas, pero no consiguieron salvarle la vida.La doctora explicó que, después de separar las conexiones del hígado, la bebé no logró responder: “La nena no pudo responder, no arrancó ni a orinar, ni su corazoncito funcionó bien, ni sus pulmones funcionaron bien”.¿Cómo evoluciona la bebé que sobrevivió?Después de la cirugía, Arlet Sofía permanece hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. De acuerdo con el equipo médico, su condición es favorable, aunque todavía enfrenta importantes retos relacionados con su desarrollo neurológico, la vía aérea y el cierre de algunas estructuras corporales.Sus padres acompañan su recuperación con la esperanza de llevarla a casa. Para Felipe y Nicole, la operación dejó una profunda pérdida, pero también la expectativa de que su hija sobreviviente pueda continuar evolucionando favorablemente.