La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda de restablecimiento de derechos territoriales en favor del Resguardo Indígena Perancho, perteneciente al pueblo Emberá Eyábida, ubicado en el municipio de Riosucio. La acción judicial busca reparar a 194 personas agrupadas en 47 familias de las comunidades de Padadó y Bequerá Perancho, afectadas durante décadas por el conflicto armado en un territorio ancestral de más de 899 hectáreas.La demanda fue presentada por el equipo étnico de la Dirección Territorial Apartadó de la URT y documenta graves afectaciones sufridas por las comunidades indígenas, entre ellas confinamientos, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad, presencia de minas antipersonal y bombardeos ocurridos principalmente entre 1997 y 1998. También expone impactos sobre la seguridad alimentaria y las prácticas tradicionales de caza, pesca y agricultura.Según la entidad, las afectaciones pusieron en riesgo la pervivencia física y cultural del pueblo Emberá Eyábida, especialmente de mujeres, niños y adultos mayores. Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran medidas para garantizar la protección de los menores, acceso a salud, seguridad alimentaria y fortalecimiento cultural y espiritual.Por su parte, Carlos Andrés Uparela, representante legal de Camizba, señaló que esta acción permitiría restaurar derechos colectivos e individuales, además de recuperar sitios sagrados y ecosistemas afectados."Para el resguardo perancho es importante que los jueces puedan admitir la demanda, porque restauraría derechos vulnerados, colectivos e individuales, pero también otros derechos territoriales, como de los sitios sagrados, el desplazamiento de faunas y floras", indicó.“Celebramos esta radicación de la demanda con la que buscamos el restablecimiento de sus derechos. Esta ha sido una comunidad históricamente afectada por la violencia y victimas de la operación ‘Cararica’. Este año esperamos cerrar con un total de 53 demandas radicadas en la región en toda la vigencia de la ley y los decretos étnicos, de las que este gobierno aportó un 52% en solo cuatro años”, indicó José Alberto Kunzell, director territorial de la URT ApartadóDurante los últimos cuatro años, la URT Apartadó ha radicado 675 demandas campesinas y 21 étnicas en la región de Urabá y el Darién
A 15 años de la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances siguen siendo limitados, panorama del que no es ajeno Antioquia y su capital, Medellín. Así lo advirtió el abogado Gerardo Vega, de la Fundación Forjando Futuros, quien calificó como “doloroso” el bajo nivel de resultados frente a las solicitudes presentadas por las víctimas.Según cifras con corte al 30 de marzo de 2026, de 172.445 solicitudes de restitución en el país solo se han resuelto 18.631, lo que representa apenas un 10,7 %. En territorio antioqueño, el panorama es apenas ligeramente mejor, con cerca del 12 % de los casos resueltos, concentrados principalmente en regiones como Urabá y el Oriente antioqueño.Analizando Medellín, la situación es aún más crítica. Vega señaló que no se ha concretado ni una sola restitución de vivienda, pese a que existen más de 3.000 solicitudes activas, rezago que se ha dado por factores como la microfocalización (que limita las zonas donde se puede intervenir por razones de seguridad) y la falta de decisiones administrativas que agilicen los procesos sin necesidad de acudir a jueces en casos sin oposición.Por ejemplo, en casos cuyo victimario es el mismo, los predios son colindantes y los hechos de violencia fueron los mismos, tampoco se logró que se resolvieran de manera masiva."Nosotros teníamos una expectativa de que se pudieran hacer una modificación para hacer la restitución administrativa, o sea, cuando no hay opositor, que es el 61 % de los casos, ¿para qué lo llevan ante un juez? ¿Eso no se pudo modificar? Tampoco hubo una decisión de la Unidad de Restitución de Tierras para adelantar los procesos colectivos. Quiere decir ellos que en una sentencia un juez pueda resolver 50, 100, 70 casos", afirmó.El abogado también cuestionó la falta de alternativas para las víctimas cuando no hay condiciones de seguridad, pese a que la ley contempla compensaciones en dinero o con tierras en otras zonas. Según dijo, “las solicitudes se quedan congeladas mientras las víctimas envejecen o fallecen esperando una respuesta”, como por ejemplo uno de los casos que representa Forjando Futuros en Urabá, sin respuestas tras décadas."La Teca lleva desde el año 2014 en Nueva Colonia Turbo, pegado al puerto, y no ha sido posible que ese tema se resuelva. Han fallecido 422 personas que pertenecían a una asociación asociación de trabajadores de la Teca, y no ha sido posible que la resuelvan. Eso lo llevó la Unidad de construcción de tierra, que nosotros ya estamos presentando esos casos ante la Comisión Interamericana, y estamos también evaluando una nueva audiencia en la Comisión Interamericana", sostuvo el directivo.Y es que a cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación pidió que de manera urgente se fortalezca la participación institucional y se aceleren los resultados en la reparación integral de las víctimas. "Sin cambios estructurales, uso de tecnología y voluntad política, además de las estadísticas, sería imposible cumplir las metas en el tiempo restante", concluyó.
La Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras decidió radicar cuatro demandas para poder reparar a dos resguardos indígenas y dos consejos comunitarios que fueron víctimas del conflicto armado y que están ubicados en los municipios antioqueños de Turbo y San Pedro de Urabá, y los municipios chocoanos de Carmen del Darién y Riosucio.La URT destacó que estos grupos poblacionales fueron víctimas a través del secuestro y el asesinato de líderes, desplazamientos, confinamientos y abandono forzado de sus tierras, por lo que la demanda busca restituir más de 52.000 hectáreas de territorio para más de 2.200 personas pertenecientes a 678 familias indígenas y negras.José Alberto Kunzell, director de la URT Apartadó, destacó que con las cuatro demandas se busca beneficiar de manera definitiva a los resguardos Río Alto San Juan y Mamey de Dipurdú, así como a los consejos comunitarios de La Nueva y Bocas del Atrato."Pretendemos garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto y la restitución territorial de estas comunidades. Demostramos con esto que sí es posible avanzar en la política pública de restitución de tierras en el Urabá, y sí es posible restituir tierras en el Urabá", indicó.Por ejemplo, el Consejo Comunitario Bocas del Atrato tiene más de 600 habitantes y una extensión superior a las 34.000 hectáreas, mientras que el Consejo Comunitario La Nueva tiene más de 15.000 hectáreas y 250 familias que esperan poder recuperar su autonomía territorial para, entre otros aspectos, garantizar el cuidado del medio ambiente.Hay que destacar que, a la fecha, la Unidad de Restitución de Tierras Apartadó ha logrado cuatro sentencias de restitución de tierras, en donde se entregaron a las comunidades cerca de 7.000 hectáreas. Además, tiene actualmente 46 demandas de comunidades étnicas ante jueces y magistrados.
Una solicitud urgente lanzaron líderes sociales y reclamantes de tierras en la subregión de Urabá por cuenta de las demoras que aseguran tiene la justicia en procesos de restitución.A través de un comunicado a la opinión pública, los afectados destacaron que los jueces están ignorando los casos, no fallan oportunamente y esto se sigue convirtiendo en ventajas indirectas para los victimarios.“La restitución de tierras no es un favor, es un derecho constitucional. Cada día sin decisión judicial es otro día en que el despojo sigue triunfando”, se lee en la comunicación.Como consecuencia de esta problemática, los afectados lanzaron como principal exigencia el cambio de todos los jueces y el personal de apoyo en los juzgados.“Son negligentes, no deciden, no reparan”, advirtieron los firmantes señalando también que los despachos se han dedicado al abordaje de tutelas para asuntos que no fueron creados.“Exigimos que se respeten nuestros derechos y se garantice una justicia con sentido de urgencia y presencia real en el territorio. No más jueces que se esconden tras los escritorios mientras las víctimas esperan la reparación de sus tierras despojadas”, concluye la comunicación sobre unas 700 mil personas esperan ser reparadas por estos delitos.Forjando Futuros ha lanzado varias alertas en materia del lento avance que tiene la restitución de tierras, indicando que, en promedio, solo 1 de cada 10 casos tienen sentencias en el departamento de Antioquia.No obstante, algunos casos no han registrado avances como en Tulapas, donde la Dirección Territorial de Apartadó de la URT ha presentado 763 demandas en esta zona y prevé documentar más de 90 casos, para sumar a las más de 9.300 hectáreas restituidas allí.
En cabeza de la magistrada Nadiezdha Henríquez, encargada del caso 04 - Situación Territorial del Urabá de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se llevó a cabo una inspección en las veredas La Pita y La Pitica, en la región de Tulapas, del municipio de Turbo, el mayor y más emblemático caso de despojo de tierras en Colombia.En medio de la visita, las víctimas reiteraron la urgencia de que se materialice la restitución de sus predios y que se garantice su retorno con condiciones de seguridad, infraestructura y acceso a servicios. "Las comunidades están regresando, las víctimas de despojo están recuperando sus tierras. Los jueces, el juez de restitución de tierras y las instituciones deben garantizar un retorno con dignidad y con derechos, no un retorno improvisado o no acompañado, sino un retorno con toda la garantía de los derechos", indicó la magistrada.En el recorrido, la Unidad de Restitución de Tierras (con su dirección territorial de Apartadó), la Agencia Nacional de Tierras, la Defensoría del Pueblo y la Misión de la ONU dialogaron con la comunidad, verificaron el estado de los predios reclamados y revisaron los cultivos de teca establecidos en estas tierras hace más de tres décadas, tras el desplazamiento forzado de las familias campesinas y el despojo ejercido por el Fondo Ganadero de Córdoba.Jahson Andrey Taborda Casas, abogado de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa a las víctimas, manifestó la importancia de este procedimiento."Es un hecho como de gran importancia. Es un territorio muy grande el Urabá, y la magistrada tiene un interés muy particular por el reconocimiento de los derechos acá, en el territorio. ¿Por qué lo manifiesto? Porque es un caso, como muchos casos del territorio, que se le hacen audiencias particulares y que la jurisdicción está tomando decisiones", expuso Taborda.Más allá de sus predios, piden sustentoLas víctimas valoraron la presencia de la JEP, y de las instituciones en el territorio, e insistieron en que la prioridad es volver a sus tierras. Así lo dijo Eliodoro Jiménez, víctima del conflicto y líder en Tulapas."Queremos que nos devuelvan la tierra, pero también el territorio. Y la única forma de que nos devuelvan el territorio es que se acabe la ganadería extensiva. Porque mientras haya ganadería extensiva, los propietarios van a tener su presencia acá. Y ustedes saben qué presencia van a mantener acá. Entonces, el día que todos seamos campesinos, cultivadores, ellos no van a venir por acá", apuntó.Durante la diligencia, la comunidad pidió que les sean entregados en calidad de reparación los cultivos de teca de la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA), entidad cuyos accionistas son la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, el Idea, EPM y Volante, que actualmente ocupa más de 1.200 hectáreas en predios reclamados. Las víctimas insistieron en que ninguna inversión forestal puede estar por encima de su derecho a la restitución.Según destacó la Dirección Territorial de Apartadó de la URT, de las más de 766 demandas presentadas en la zona de Tulapas, la unidad pretende este año avanzar en la documentación de más de 90 casos, de los cuales 30 serán objeto de presentación ante los jueces en los próximos meses, garantizando así que se sumen más hectáreas de las ya 9.000 hectáreas restituidas en esta misma zona.
En el marco de la Mesa Campesina de Urabá, la Unidad de Restitución de Tierras anunció su primera demanda colectiva para que sean reconocidos los derechos de familias despojadas de sus territorios por parte de grupos armados en el marco del conflicto.Se trata de una iniciativa judicial que busca devolver 223 hectáreas a 17 familias en el municipio de Necoclí como una forma de atender a la población víctima de la guerra y central en los procesos de Reforma Agraria. "Con esto buscamos la restitución de más de 220 hectáreas en favor de 17 familias. Asimismo, no solo buscamos la restitución individual de cada uno de los predios, sino la reparación integral de esta comunidad y la transformación de su territorio", destacó José Alberto Kunzell, director territorial de la Unidad de Restitución en Apartadó.Durante el espacio de la mesa también se reforzaron los conocimientos de los reclamantes sobre la ley de víctimas, se socializaron las afectaciones identificadas por el equipo de la Unidad y se priorizaron las pretensiones reparadoras de la demanda, que permitirán una restitución con condiciones dignas para todos los involucrados en la acción judicial.
Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.
Tras una información publicada por la Presidencia de la República, donde son señalados al menos ocho congresistas de ser posibles acaparadores de tierras baldías, se prenunció el Representan por Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, del partido Conservador y hermano del gobernador Juvenal Díaz.La acusación fue hecha por el propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman."Estos congresistas, que de alguna manera tienen unos impedimentos deliberados asociados a la discusión de tierras, son los que están definiendo la legislación agraria en Colombia y eso sí que es tremendamente delicado”, manifestó Felipe Harman.Afirmó el funcionario que hasta la fecha, han sido investigadas 680.000 hectáreas, de las cuales se han declarado baldíos 183.000. “Esto no es una cacería de brujas... estamos atentos a los llamados del Congreso”, señaló. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Luis Eduardo Díaz Mateus, rechazó categóricamente los señalamientos realizados por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien lo tildó de presunto acaparador de tierras en el departamento de Santander.A través de un comunicado oficial, el congresista desmintió las acusaciones relacionadas con la adquisición de un predio rural en el municipio de Cerrito, señalando que se basan en una actuación administrativa preliminar y en construcción. Díaz Mateus calificó las afirmaciones como “infames y temerarias, sin fundamentos sólidos y con flagrante desconocimiento del debido proceso”, además de una vulneración a su derecho legítimo a la contradicción y defensa.El representante conservador también expresó que este tipo de declaraciones públicas, sin el sustento jurídico correspondiente, ponen en riesgo su buen nombre y afectan principios fundamentales del debido proceso, la moral pública y la confianza ciudadana en las instituciones.“Rechazo rotundamente estos señalamientos infundados que no solo buscan desacreditarme, sino que también atentan contra el respeto que merecen las instituciones y los derechos del campesinado colombiano”, indicó Díaz Mateus en su pronunciamiento.
Campesinos del municipio de Cáceres recibirán este jueves más de 1.700 hectáreas de tierra que estaban en poder del exjefe paramilitar alias 'Macaco'. Durante la entrega, la Agencia Nacional de Tierras también oficializa 85 títulos de propiedad de propiedadTras un proceso de extinción de dominio en medio de la desmovilización y sometimiento a Justicia y Paz, cuatro predios del exparamilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco’, fueron adjudicados a asociaciones de campesinos y campesinas víctimas del conflicto armado en el municipio de Cáceres.La entrega oficial la adelantará en la mañana de este jueves la Agencia Nacional de Tierras, en un acto que se llevará a cabo en la centralidad de este municipio del Bajo Cauca antioqueño. Se trata de los predios ‘Las Brisas’, ‘El Topacio’, ‘Pivijay’ y ‘Cumaral’, con 1.704 hectáreas de tierras.Farlin Perea, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en Antioquia, manifestó que con estas hectáreas se avanza en la implementación de la reforma agraria del presidente Gustavo Petro.“Lo que buscamos es que estas familias puedan trabajar la tierra, que estas familias puedan satisfacer necesidades de sus comunidades para el campesinado antioqueño que bien sabemos que ha sufrido la violencia y el desplazamiento forzado. Y desde luego que Antioquia sea esa defensa agroalimentaria que tanto requiere Colombia”, aseguró.Durante este acto, la entidad también entregará 85 nuevos títulos de propiedad a campesinas y campesinos de Cáceres, que completan 602 títulos con 5.414 hectáreas en este gobierno.“Son títulos de propiedad a familias que van a regresar a esos predios. En este momento se hizo un proceso de barrido predial masivo realizado con el apoyo de Isaí. Familias van a recibir su título. Ellas llevaban décadas esperando ese título que los acreditara como pro como propietarios de sus predios. Ya ellos van a poder estar con esa tranquilidad, esa seguridad jurídica”, aseveró.Con esta entrega, Cáceres se convierte en el municipio antioqueño que más tierra ha recibido durante este gobierno, tras los hechos de despojo y desplazamientos masivos por parte de grupos armados al margen de la ley.
Una grave denuncia dio a conocer la fundación Forjando Futuros, de que una heredera de la empresa Todo Tiempo, acompañada por dos hombres armados que se identificaron como miembros de “la organización”, llegaron hasta predios en proceso de restitución el municipio de Belén de Bajirá para intimidar a sus propietarios.Según indicaron desde esta organización que representa a las víctimas, no es la primera vez que esto ocurre, pues la mujer recurriendo a intimidaciones habría impedido que los dueños de varios predios de la hacienda Monteverde en esta zona del Urabá, recientemente restituidos, delimiten sus tierras conforme a lo establecido en las sentencias de jueces, presuntamente imponiendo límites arbitrarios y apropiándose indebidamente de tierras que no les pertenecen.Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, indicó que hay un antecedente de hace 10 años, con esta misma persona, cuando por sus acciones se afectaron a unas 120 familias por problemas similares."Hizo la entrega primero la juez y luego después fueron a recibir materialmente el pedido de la familia Duarte y allí estaba con líderes sociales y se presentó la señora María Teresa Moreno con gente armada imponiendo cambiar los linderos de lo que se entregaba. A esa familia le quitaron siete hectáreas nuevamente ya ordenado por el juez de entrega de esa tierra", dijo Vega.La preocupación ahora se centra en que desde hace varios años, líderes y reclamantes de tierras han sido amenazados sistemáticamente, siendo los más recientes afectados las familias Duarte, Nisperusa, Hernández, Díaz, Gómez y el líder comunitario Carlos Páez, quienes ya han interpuesto al menos tres denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas de muerte.Por su parte, anunciaron que estas mismas acciones también se adelantarán ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de que se tomen prontas medidas de protección.Finalmente, la petición de la entidad es al Estado, la Fiscalía y organismos internacionales para que se garantice la vida y la integridad de familias a las que se les restituyó la tierra mediante sentencia judicial y hoy son objeto de amenazas.
La misión humanitaria que El Salvador envió a Venezuela logró el rescate de Camila Sofía Medina Rivas, una adolescente de 15 años que permanecía atrapada junto a su mascota entre los escombros de un edificio de nueve pisos colapsado en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado miércoles.El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, informó que la joven fue localizada con vida y que su madre aguardaba en el exterior del inmueble mientras los equipos especializados trabajaban para abrir un acceso seguro hasta el lugar donde se encontraba.El momento del contacto fue compartido por los rescatistas salvadoreños, quienes buscaron transmitir tranquilidad y esperanza a la adolescente mientras continuaban las labores de búsqueda.“Hola, Camila. Buenas tardes. Somos la UHR de El Salvador. Estamos aquí para ayudarte, para sacarte lo más pronto posible”, le expresó uno de los integrantes del equipo, quien también le pidió mantenerse fuerte y responder con golpes sobre la superficie para facilitar su ubicación dentro de la estructura colapsada.Durante el intercambio, los especialistas solicitaron a la joven que describiera qué movimientos podía realizar en el reducido espacio donde permanecía atrapada y le recordaron que todo el equipo trabajaba para llegar hasta ella.“Es un gusto saludarte de parte de nosotros, los salvadoreños, y estamos aquí para hacer todo lo posible y lo necesario que esté a nuestro alcance”, añadió el rescatista, mientras el operativo avanzaba con herramientas especializadas para romper las paredes que aún impedían el acceso al punto donde se encontraba la menor.Horas antes, el presidente Nayib Bukele había informado que los equipos de rescate ya habían localizado a Camila Sofía Medina Rivas con vida y explicó que todavía era necesario atravesar varias paredes para concretar el rescate.La participación de El Salvador forma parte de una amplia operación de asistencia internacional ordenada tras la emergencia sísmica. Inicialmente, el Gobierno salvadoreño ofreció el envío de 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos de primera necesidad para apoyar las labores de búsqueda y atención de víctimas. Posteriormente, la misión fue reforzada con seis aeronaves y un mayor volumen de maquinaria especializada, elevando la capacidad operativa del contingente desplazado hacia La Guaira.Entretanto, autoridades de Venezuela mantienen en 920 la cifra de personas fallecidas y en más de 3.000 los heridos. A esta hora continúa la inspección de los edificios desplomados y la llegada de ayudas internacionales.
El chance Sinuano Noche sigue siendo uno de los sorteos más populares entre los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, miles de jugadores están atentos a los resultados oficiales para conocer si lograron acertar alguna de las combinaciones ganadoras y acceder a los premios que ofrece este tradicional juego de azar.Según el resultado oficial del sorteo realizado el viernes 26 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: (en minutos).Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: Los jugadores pueden verificar sus resultados en los canales autorizados y puntos de venta oficiales para confirmar cualquier premio obtenido.La quinta balota gana protagonismo en el Sinuano NocheUna de las características que más interés ha despertado entre los apostadores es la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.Incorporada durante 2025, esta modalidad amplía las posibilidades de ganar al permitir nuevas combinaciones y premios adicionales cuando coincide con la selección realizada por el jugador. Gracias a ello, se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por quienes participan frecuentemente en el Sinuano Noche.¿A qué hora juega el Sinuano Noche?El sorteo del Chance Sinuano Noche se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.Los interesados pueden participar realizando apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida y del valor que deseen invertir.Modalidades de apuesta disponiblesEl Sinuano Noche cuenta con diferentes alternativas para que cada jugador elija la que mejor se ajuste a sus preferencias.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes aciertan las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite obtener premio al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.Tres cifras directoLa apuesta resulta ganadora cuando coinciden las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega premio a quienes aciertan las tres últimas cifras, aunque aparezcan en una posición diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos cifras finales del número ganador.Una cifra o uñaPremia a quienes logran acertar únicamente la última cifra sorteada.¿Cómo reclamar los premios del Chance Sinuano Noche?El proceso de cobro varía según el valor del premio obtenido, aunque todos los ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos.Documentos obligatoriosPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original diligenciado y sin tachaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Requisitos según el valor del premioPremios menores a 48 UVTSolo se requiere la documentación básica exigida por el operador autorizado.Premios entre 48 y 181 UVTAdemás de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.Premios superiores a 182 UVTLos ganadores deben presentar los documentos básicos, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente con una expedición máxima de 30 días.Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el Sinuano Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas para quienes buscan probar suerte cada noche en Colombia.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más seguidos por los apostadores colombianos. Su variedad de modalidades de juego, junto con las diferentes opciones de premios, hacen que miles de personas consulten diariamente los resultados oficiales para verificar si resultaron favorecidas.De acuerdo con el resultado oficial del sorteo realizado el 25 de junio de 2026, la combinación ganadora fue: 8819 - 0.Número ganador: 8819Dos últimas cifras: 19Tres últimas cifras: 819La quinta: 0La organización recomendó a los jugadores revisar cuidadosamente sus tiquetes y validar cualquier premio en puntos de venta autorizados.Chontico Noche y la quinta balota: una oportunidad adicional para ganarUno de los elementos más llamativos de este sorteo es la quinta balota, una cifra complementaria que acompaña al número principal.Esta modalidad brinda la posibilidad de acceder a premios adicionales según el tipo de apuesta realizada, ampliando las opciones de acierto para los participantes. Por ello, se ha convertido en una de las características más valoradas por los jugadores habituales del chance Chontico Noche.¿A qué hora juega el Chontico Noche?Los sorteos se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además de este sorteo nocturno, los jugadores pueden encontrar otras alternativas de juego de la misma marca en diferentes horarios durante la jornada.Modalidades de apuesta disponibles en Chontico NocheLos participantes pueden escoger entre varias opciones según el tipo de premio que desean obtener y la cantidad de cifras que esperan acertar.Cuatro cifras directo o superplenoPremia a quienes acierten las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden del sorteo.Combinado de cuatro cifrasPermite ganar al acertar las cuatro cifras sin importar la posición en la que aparezcan.Tres cifras directoSe obtiene premio al acertar las tres últimas cifras en el orden exacto del resultado oficial.Combinado de tres cifrasEntrega ganancias cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en un orden diferente.Dos cifras o pataConsiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.Una cifra o uñaEs la modalidad más sencilla, ya que únicamente requiere acertar la última cifra sorteada.Valor de las apuestasEl chance Chontico Noche ofrece opciones para diferentes presupuestos, permitiendo que más personas participen en cada sorteo.Apuesta mínima: $500.Apuesta máxima: $10.000.De esta manera, cada jugador puede elegir el valor que mejor se adapte a sus posibilidades.Cómo reclamar un premio de Chontico NocheLos ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por los operadores autorizados para realizar el proceso de cobro.Documentación requeridaPara reclamar cualquier premio es necesario presentar:Tiquete original sin enmendaduras ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible de la cédula.Requisitos según el monto ganadoLas condiciones para el cobro varían de acuerdo con el valor del premio obtenido:Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, de acuerdo con la normativa vigente.Premios superiores a 182 UVT: además de los documentos anteriores, se debe presentar una certificación bancaria vigente.En los premios de mayor valor, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar hasta ocho días hábiles.
A 105 se elevó la cifra de centros médicos clausurados en Soledad, en el Atlántico, donde atendían pacientes sin cumplir los requisitos mínimos establecidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, aseguraron las autoridades de ese municipio.La más reciente intervención se realizó en las últimas horas de este viernes, cuando un equipo de las secretarías de salud municipal y departamental, junto a la Policía, se tomaron 14 IPS y las sellaron, al encontrar que dichos lugares no garantizaban condiciones adecuadas de infraestructura, bioseguridad, dotación, talento humano ni procesos asistenciales seguros.El secretario de Salud de Soledad, Edison Barrera, afirma que el cierre de estos establecimientos constituye una medida preventiva de gran impacto para la salud pública, ya que evita la realización de procedimientos médicos, odontológicos, ópticos y otros servicios que se venían practicando bajo condiciones inseguras, sin supervisión profesional adecuada y sin las garantías legales necesarias para responder ante cualquier eventualidad.“Con estas 14 clausuras, la Administración Municipal alcanza un total de 105 establecimientos de salud cerrados por operar sin el cumplimiento de los requisitos legales durante el actual gobierno. Esta cifra evidencia el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control lideradas por la Secretaría de Salud, así como el compromiso permanente de la Alcaldía de Soledad con la protección de la salud pública y la seguridad de los usuarios de este sistema”, dijo el funcionario.Desde la Alcaldía de Soledad le pidieron a la comunidad verificar que los establecimientos de salud donde reciben atención se encuentren debidamente habilitados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), y denuncien cualquier situación irregular que pueda poner en riesgo su vida.
Cencosud anunció la compra del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, una operación valorada en aproximadamente US$158 millones, que será financiada con recursos propios y que le permitirá fortalecer su presencia en el mercado mayorista del país.Con esta adquisición, la compañía chilena incorporará las 21 tiendas que actualmente opera Makro en 16 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La cadena, con más de 25 años de operación en Colombia, está enfocada en la atención de clientes profesionales, pequeños comerciantes y emprendedores, a través del formato Cash & Carry.La compra representa la entrada de Cencosud a este segmento del mercado colombiano y amplía su portafolio de formatos comerciales en el país. Además, la empresa prevé generar sinergias en áreas como logística, abastecimiento y operación de tiendas.“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, afirmó Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).La adquisición también hace parte de la estrategia regional de crecimiento de Cencosud en el negocio mayorista. En 2025, la compañía concretó la compra de Makro en Argentina y actualmente también opera el formato Giga en Brasil.Con presencia en seis países de América, Cencosud suma más de 1.400 tiendas de retail y busca seguir fortaleciendo su oferta multiformato mediante inversiones en supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.