Más de 100 familias santandereanas despojadas de sus tierras por grupos criminales pudieron reconstruir sus vidas y adelantar procesos productivos con cacao y café.Hace 21 años, la familia de Cesar (nombre cambiado por seguridad) tuvo que huir de su finca ubicada en un municipio de Santander junto a su mamá, por amenazas de un grupo criminal, en ese momento pensó que todo estaba perdido.“Es perderlo todo, dejar atrás quizás lo que en ese momento pensaba que era futuro pero llega el momento en que vuelven hacer esa lucecita de esperanza", manifestó Cesar. Hoy, dejando atrás la pesadilla de la guerra la familia de Cesar pudo recuperar la finca, el único patrimonio que tenían, mediante un proceso de restitución, que hoy es ejemplo en el país."Hoy la finca tiene cacao y café pero la parte más principal es el cacao donde hay más cantidad y de ahí estamos sacando ya unos productos para como para dejarle un mejor proceso al Cacao”, señaló este hombre que volvió a su tierra luego de ser amenazado. “ La unidad adquiere el predio para el beneficiario de restitución y simplemente allí un proyecto productivo concertado con ese beneficiario”, aseguró Andrés Castro, director de la Unidad de Restitución de TierrasEl presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, Eduard Caballero, manifestó que la vida de estas familias victimas del desplazamiento forzado son un ejemplo para el país. “Visitamos la finca de don César y su familia que nos demuestra que cuando se quiere se puede, cuando nos articulamos con las instituciones los productores se benefician al 100%”, aseguró el representante de Fedecacao.En Santander ya son 120 familias las que mediante procesos de restitución, han podido recuperar al menos 5.000 hectáreas de tierras despojadas y que dan esperanzas de una nueva vida luego padecer el yugo de la violencia.El el país son 2.107 beneficiarios del programa de restitución de tierras, los beneficiados con la estrategia de Agricultura por Contrato del MinAgricultura.
Este jueves, 18 de agosto, en la presentación del octavo informe de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, señaló que “se requiere de un mayor compromiso fiscal para ejecutar las medidas contempladas en la ley de víctimas”.“Los 135.5 billones de pesos destinados por el Gobierno nacional desde el año 2012, van a ser insuficientes y de aquí a 2031, va a ser requerida la suma de 328.3 billones de pesos”, añadió. Por su parte, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, advirtió que “el esfuerzo fiscal del Gobierno nacional entre 2012 y 2021, es insuficiente para atender el crecimiento del universo de víctimas que hoy supera los nueve millones”.Para Camargo, “si bien hay avances significativos en algunos puntos específicos, la garantía de los derechos de las víctimas aún presenta rezagos”.“Durante el primer semestre de 2021 se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se desplazaron por cuenta del conflicto armado”, señalaron.Por otra parte, también participó la procuradora General, Margarita Cabello, quien mostró su preocupación “por el recrudecimiento de la violencia asociada al conflicto, relacionadas con las luchas que existen hoy por el control de rentas ilegales”.“Nos preocupa la lucha que existe permanentemente en ese tipo de control que buscan ejercer actores criminales, en donde terminan re victimizando a las víctimas”, agregó. “A pesar de que se han realizado múltiples estrategias para fortalecer la atención virtual y la atención telefónica, realmente no se ha logrado atender oportuna y eficientemente la alta demanda de víctimas que solicitan ayuda humanitaria y, que solicitan indemnización”, finalizó.
La Procuraduría radicó el tercer Informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en el cual señala que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, faltan resultados transformadores en reforma rural integral, participación política, garantías de seguridad y en el capítulo étnico.Respecto a la participación política, el ente de control aseguró que se ha avanzado solo en el 32 % de los compromisos, ya que no hay reformas normativas, como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos y protesta social.Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde 2016 hasta junio de 2021, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y defensores de derechos humanos.Por otro lado, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71 % se concentran solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado en Colombia presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.Para el órgano de control, si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6 % de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4 % han sido adjudicadas.Además, el ente de control asegura que los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios.De esta manera, en lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, sin contar con un protocolo que defina las causas de suspensión y retiro de los beneficiarios y una estrategia interinstitucional para la ejecución de los proyectos productivos.
El congresista santandereano Oscar Villamizar solicitó a la Sala Civil Especializada de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cúcuta una aclaración del fallo que lo obliga junto a sus dos hermanos a devolver una finca que compraron en el 2008.El recurso de aclaración del fallo fue presentado por congresista del Centro Democrático en junio, porque la sentencia no está ejecutoriada, conoció BLU Radio.El Tribunal de Restitución de Tierra le devolvió judicialmente la finca Puerto Rico a la familia Durán Capacho, luego que se comprobará que sus integrantes fueron obligados en 1.997 por grupos armados a abandonar el predio ubicado en cercanías al río Sogamoso.Los hermanos Villamizar compraron la finca en el año 2008 a la señora Nacy Mantilla quien en 2002 la adquirió al realizar un negocio con la familia Castellanos Rodríguez.Se conoció que la Procuraduría General de la Nación se opuso al fallo de restitución de la finca de los hermanos Villamizar a la señora Marta Capacho."No existía en el certificado de tradición y libertad del predio e indicación alguna del supuesto desplazamiento de la solicitante y su núcleo familiar, ni sobre algún otro hecho victimizante que indicara un posible despojo o aprovechamiento de adquirir el predio Puerto Rico", afirma el Ministerio Público en el concepto entregado al Tribunal de Restitución de Tierra de Cúcuta.
Medicina Legal le confirmó a familiares de funcionarios de Restitución de Tierras y reclamantes que los cuerpos hallados el pasado fin de semana en Mesetas, Meta, obedecen a los de sus seres queridos, quienes habían sido reportados como desparecidos desde el pasado 27 de mayo.Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, lamentó la noticia y aseguró que la noticia" le ha roto el alma", no solo a las cuatro familias de estas personas, sino a todo el equipo de Restitución de Tierras.Recordemos que la comisión la confirmaban Yadmil Cortés, Sandra Milena Cortés, hermanas reclamantes de tierras, Jhoan Steven Cogua, conductor del vehículo y Karen Sulay Garay Soto, funcionaria de la oficina de restitución de tierra del Meta, quienes partieron desde Villavicencio con rumbo al municipio de Mesetas, donde horas después sus familiares perdieron contacto con ellos.Días después y pese a las labores de búsqueda y a la recompensa de 20 millones de pesos que ofreció la gobernación del Meta, los cuerpos de estas personas fueron hallados en una fosa común, en la zona donde se habían reportado como desaparecidos.Ahora las autoridades deberán establecer que fue lo que sucedió con esta comisión, quienes, al parecer, llegaron a la zona sin mayores medida de seguridad, aún cuando una de las reclamantes ya había recibido amenazas en su contra. Sin embargo, la Unidad de Restitución de Tierras aseguró que que se cumplió con todos los protocolos necesarios.
A las afueras de Medicina Legal en Villavicencio el panorama es de incertidumbre para los familiares de dos funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y dos reclamantes que desaparecieron desde hace varios días en el sur del Meta, pues esperan que las autoridades confirme si los cuerpos encontrados en la vereda San Isidro, el mismo lugar de la desaparición, corresponde a sus familiares.Las personas desaparecidas son: Karen Sulay Garay Soto, colaboradora de la Unidad de Restitución de Tierras, Jhoan Steven Cogua, conductor del vehículo, Yadmil Cortés y Sandra Milena Cortés, ambas hermanas y reclamantes de tierras.Marcela Ruíz, hija y sobrina de las dos mujeres reclamantes, aseguró que aunque Medicina Legal les aseguró que el proceso pleno de identificación podría tardar más de 15 días, ya se confirmó que un carné de una funcionaria de la Unidad de Tierras fue hallado en el lugar, además de haber identificado un tatuaje que, al parecer, correspondería a uno que tenía el conductor desaparecido.“Eso fue lo que le dijeron a la familia de ellos, que habían encontrado una identificación de que ella pertenecía a la Restitución de Tierras y eso, pero pues es la única información que nos han dado. Indican que posiblemente podrían ser ellos las personas desaparecidas”, aseguró.Mientras la espera continua, los familiares coinciden en pedirle a Medicina Legal que agilice el proceso de identificación de los cuerpos y poder saber de esta manera si sus familiares fueron asesinados o no.
Por primera vez en Colombia, reclamantes de tierra y la empresa privada suscriben un acuerdo que los reconoce como víctimas de despojo de tierras. Ocurrió entre seis núcleos familiares de Turbo en el Urabá antioqueño y la empresa Pisisí, quien desarrolla el puerto del municipio.La ejecución de la obra sufrió retrasos ante la reclamación de las familias. La sociedad portuaria reconoció los derechos de las víctimas desplazadas en los años 90 por las autodefensas.“La empresa Pisisí financiará la creación de una empresa en favor de las víctimas, de propiedad de las víctimas, esa empresa administrará y propiciará el empleo en un porcentaje pactado con la empresa para que esa empresa contrate a ciudadanos de turno y de Urabá”, explicó Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro.Víctimas y sociedad portuaria acordaron también la entrega de 30 hectáreas, construcción de viviendas para cada familia. Los reclamantes continúan con su reclamación frente al Estado.
En un problema de orden público se convirtió en El Carmen de Chucurí, Santander, el desalojo que ejecutó la Policía a una familia tras el fallo de un juez de Restitución de Tierras de Bucaramanga. Hasta la vereda Rancho Grande llegaron las autoridades para recuperar 27 hectáreas de una finca que era ocupada desde hacía varios años por un grupo de personas que no pudo demostrar su propiedad tras la reclamación hecha por una familia victima del conflicto armado.“Este caso los ocupantes se opusieron al fallo, porque no les fue reconocida la buena fe exenta de culpa”, explicó el director de la Unidad de Restitución de Tierras en el Magdalena Medio, Álvaro Prada.Dijo además que el predio denominado Nebusimake fue entregado a una familia que sufrió un despojo del predio por causa de las acciones violentas de un grupo paramilitar al mando de Alfredo Santamaría."Esta acción de la Unidad de Restitución de Tierras es un atropello, conocemos a las personas que ocupaban esos terrenos, ellos compraron de buena fe, pero no hubo justicia, esto parece un cartel de fallos a favor de terceros", manifestó Rubén Camacho, líder social de El Carmen de Chucurí. Actualmente se adelantan 350 procesos de restitución de tierras a victima de la violencia en el municipio de El Carmen de Chucurí, de los cuales solamente 50 casos se presentaron ante los jueces y de ellos 26 tienen sentencia para devolver los predios.
La Unidad de Restitución de Tierras emitió una resolución el pasado 31 de diciembre en la que incluyó en la lista de registro nacional de tierras despojadas 32.5 hectáreas ubicadas en la vereda Casanova de Turbo, mismo espacio donde se proyecta construir el puerto Pisisí.Esto se da luego que seis familias de la zona presentaran sus pruebas y reclamaciones pues aseguran que estos predios les fueron quitados por grupos paramilitares, los mismos que los hicieron abandonar sus hogares luego de una serie de hechos violentos cometidos entre 1990 y 1996.Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros que acompaña los procesos de restitución en el Urabá, indicó que en la resolución quedaron consignados varios de esos ataques cometidos contra los hoy reclamantes.El director aseguró que con esta resolución, las familias de Casanova ya pueden instaurar una demanda para recuperar sus predios y ser certificadas como reclamantes y víctimas del conflicto.“Con esto se desestima todas estas campañas de desprestigio que suelen crearse, erróneamente, en torno a los reclamantes de Urabá. Fueron delitos muy graves, que sucedieron dentro del marco del exterminio de la UP y con esto la unidad le da la validez a dichas solicitudes”, agregó Vega.Los predios implicados pasaron, luego del despojo, por varios terceros hasta que fueron adquiridos por la constructora del megaproyecto. Por eso, para Gerardo Vega, es importante la vinculación de la empresa privada para agilizar los procesos judiciales, pues "desde hace varios años ya se conocían las reclamaciones y denuncias de las familias de la zona". Vega puntualizó que las víctimas no se oponen al proyecto y al desarrollo de la región, pero sí piden es justicia y reparación por los hechos del conflicto.
Ante la Comisión de la Verdad, la corporación Opción Legal presentó el informe: 'La sombra Oscura del Banano en Urabá: conflicto armado y el rol del empresariado'.En este se denuncia la participación del empresariado en la violencia que vivió la subregión entre 1985 y 2014, años en los que se reportan 47.665 homicidios, más de 12,000 desapariciones forzadas y 581,000 desplazamientos.Así mismo, el documento plantea y presenta evidencia de cómo el Estado favoreció a los grandes empresarios y terratenientes por encima de los campesinos y comunidades indígenas, generando problemas con las titularidades de las tierras en el Urabá.Además, el informe da cuenta de la persecución en contra de partidos políticos como Esperanza Paz y Libertad y la Unión Patriótica y asegura que, entre 2008 y 2018, fueron asesinados 25 reclamantes de tierras. Este es el resumen del informe entregado a la Comisión de la Verdad. (Obligatorio)
Un grave panorama en materia de orden público ha vivido el municipio de Buga, Valle del Cauca, por cuenta, al parecer, de la disputa entre bandas delincuenciales que en menos de 24 horas cobraron la vida de cinco personas en hechos aislados. El más reciente tuvo lugar al interior de una vivienda del barrio San Antonio, donde hombres armados llegaron indiscriminadamente disparando contra las personas que departían. El saldo, dos hombres identificados como John Jefferson Salazar de 31 años y Hernán David de 24, muertos en el lugar de los hechos. Mientras tanto, una niña de tan solo nueve años resultó gravemente herida y aunque fue trasladada a un centro asistencial, falleció. "En este lugar tiene injerencia una estructura criminal denominados 'Los de la M', estamos averiguando porque ese inmueble y había sido allanado con anterioridad buscando estupefacientes. Ninguno de los occisos vivía en ese lugar y esos motivos nos genera sospecha y preocupación", dijo el general Pablo Ruiz, comandante de la región 4 de la Policía Nacional.Las víctimas no presentaban antecedentes judiciales y se pudo determinar que Salazar hacía parte del grupo de la secretaría de Bienestar Social de la Gobernación del Valle. Las autoridades ofrecen una millonaria recompensa a cambio de información que permita la captura de los responsables que huyeron a bordo de una motocicleta. "Estamos ofreciendo $100 millones de pesos, $80 millones por la gobernadora y $20 millones por la alcaldía, para quien nos dé información y poder capturar a quienes propiciaron el hecho como a los integrantes de estructuras delincuenciales que lo ordenaron", manifestó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Durante la madrugada del sábado 23 de octubre dos hombres fueron asesinados en inmediaciones al cementerio municipal. Mientras las autoridades adelantaban el consejo de seguridad extraordinario fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre en cercanías a la cárcel. Por el momento no se ha determinado si presenta heridas.
El Ministerio de Salud reportó en la tarde de este domingo 171 nuevos casos de en la ciudad de Bogotá. En total son 1.453.773 los casos de contagiados en la capital del país.En Colombia ya son 12.542 los casos activos de coronavirus. En cuanto a fallecidos se presentaron 35 en todo el país este domingo.
El Ministerio de Salud confirmó este domingo, 24 de octubre, 1.369 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 4.991.050 en total.Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 127.067 tras el fallecimiento de 35 personas más.Lista de nuevos casos de Coronavirus en ColombiaAntioquia, Barranquilla y Valle son las regiones con más casos reportados.DEPARTAMENTOCANTIDADANTIOQUIA 369BARRANQUILLA 232VALLE206BOGOTÁ171ATLÁNTICO51NORTE DE SANTANDER44SANTANDER34SANTA MARTA29BOYACÁ22GUAJIRA21QUINDÍO21MAGDALENA19CESÁR17NARIÑO17ARAUCA15CUNDINAMARCA15CARTAGENA14PUTUMAYO13META10RISARALDA10SUCRE8SAN ANDRÉS7TOLIMA6HUILA5CALDAS4BOLÍVAR2CASANARE2CAUCA2CHOCÓ2CAQUETÁ1CÓRDOBA1De igual forma, confirmaron que 4.834.893 personas se han recuperado del virus en el país, con lo que la cifra de casos activos es de 12.542.Este es el reporte del COVID-19 entregado por el Ministerio de Salud a través de su cuenta de Twitter.Mapa mundial del coronavirus COVID-19
Marlon Pabón Castro, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), en Sala de Prensa BLU, advirtió sobre los riesgos de la suspensión de la Ley de Garantías en el proyecto de ley del presupuesto general de 2022.Según Pabón, están en riesgo los recursos del Estado, pues se podrían desviar y así apoyar las campañas electorales de distintos candidatos.“La modificación que se hace con la Ley de Garantías es permitir que se celebren convenios interadministrativos en el marco de las elecciones. Tenía un fin en específico y era evitar que esos recursos públicos se destinaran para apoyar ciertas campañas”, señaló Pabón Castro.Además, agregó: “Los recursos del Estado están en juego. Estos recursos pueden ser empleados por cualquier mandatario para beneficiar ciertas campañas, eso es lo que está en juego”.Una de las justificaciones para suspender la Ley de Garantías fue la reactivación económica, a eso el subcoordinador respondió: "No sabemos qué tan probable se reactive la economía vía contratos interadministrativos".Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU:
Eulalia Luango tiene 5 familiares que se encuentran desaparecidos. Uno de ellos es su hijo que se presume estaría enterrado en el cementerio Nuestra señora de La Macarena, en el departamento del Meta. En este lugar se han recuperado 386 cuerpos para su posterior identificación, allí algunos familiares de víctimas de desaparición forzada estuvieron para acompañar la exhumación de los últimos cadáveres documentados que estaban enterrados como no identificados.Eulalia asegura que en este lugar están los restos de su hijo: "la guerra fue muy injusta con nuestros hijos, nosotras no parimos hijos para la guerra. Tuvimos nuestros hijos para que salieran adelante, no para que los mataran, él era un niño porque tenía 15 años. De mis cinco desaparecidos, solamente he encontrado dos pero sigo en la lucha".Luz Yaneth Llanos lleva 20 años buscando a su hija, ella desapareció en Monterrey, Casanare, y desde entonces no ha sabido nada de ella: "estoy en el cementerio en búsqueda de alguna noticia, de saber algo y si de pronto se encuentra acá en La Macarena".Carolina Hoyos es abogada del colectivo Orlando Fals Borda y asegura que este proceso es muy importante con el fin de que los familiares puedan algún día terminar con la incertidumbre sobre sus seres queridos: "en este cementerio se sepultaron alrededor de 460 cuerpos, de los cuales se han exhumado 386 cuerpos y desde el momento de intervención se han identificado de manera plena 40 cuerpos, los cuales fueron devueltos a sus seres queridos".Los familiares ahora esperan que en este cementerio se realice un monumento en homenaje a las víctimas de desaparición forzada y están documentando estos casos para que la JEP pueda determinar la responsabilidad de algunas unidades militares que presuntamente estarían vinculados a estos casos.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
