Por falta de soportes, más de $13.000 millones de la Unidad Tierras están en riesgo: CGR
La entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo.
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Según una reciente auditoría adelantada por la Contraloría, en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) detectaron 6 hallazgos fiscales por $13.694 millones por posibles irregularidades administrativas durante la vigencia de 2024.
Una de las preocupaciones tiene que ver con pagos que superan los $6.000 millones y fueron gestionados a través de Magna Comunicaciones S.A.S., pero que no tienen respaldo judicial ni otros soportes requeridos.
“Se realizaron pagos por $2.066.663.912 a terceros no reconocidos en sentencia judicial. Estos desembolsos no contaron con la aprobación del Tribunal Judicial de Cartagena, lo que compromete la correcta ejecución de las órdenes judiciales”, fue otra de las presuntas irregularidades detectadas.
También el contrato 040 de 2024, la Contraloría identificó deficiencias en los soportes de pagos por $2.711.019.421, pues no se verificaron los costos ni exigieron los documentos necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato.
En cuanto a fiducias, la auditoría relaciona dos contratos (2117 de 2023 y 47 de 2024) con documentos que son insuficientes para verificar la ejecución de los recursos o soportes de gastos. Estos dos contratos, que suman $2.698.557.059, están relacionados con eventos y actividades logísticas.
“Se identificó un pago por $192.111.400 relacionado con actividades no ordenadas judicialmente. La URT asumió compromisos dirigidos a otra entidad pública, lo que genera riesgos de pagos sin justificación”, advirtió la Contraloría.
Finalmente, la entidad nacional alertó de varios problemas de articulación interna y coordinación entre la Unidad de Restitución de Tierras y su Grupo Fondo, afectando la gestión pública y uso eficiente de los recursos públicos.
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“Se identificaron riesgos en relación con falencias en los controles en la gestión de administración de predios para determinar el valor del avalúo comercial o catastral y reflejar la realidad económica de los bienes”, puntualizó la Contraloría.