Tres firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados en Colombia en la última semana, dos de ellos en Cauca. Se trata de José David Giraldo y su hijo Yerlin Giraldo, asesinados en Cajibío. Ambos participaban en procesos de reincorporación y en proyectos comunitarios y productivos, entre ellos iniciativas relacionadas con la producción de café.
El doble homicidio ocurrió en medio de un panorama que el Consejo Nacional de Reincorporación califica como de alto riesgo para quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo de Paz.
En su más reciente informe, la entidad reporto 512 firmantes asesinados desde diciembre de 2016, de los cuales 500 eran hombres y 12 mujeres. Además, 42 permanecen desaparecidos y más de 500 han sido desplazados de sus territorios por amenazas y hechos de violencia.
Para Christhian Galvis, abogado y coordinador regional del equipo de defensa de firmantes de paz en el suroccidente, el asesinato de José David y Yerlin no puede analizarse como un hecho aislado. Asegura que ambos estaban comprometidos con la construcción de paz y con procesos comunitarios en el Cauca y que el doble homicidio evidencia, según sus palabras, un “plan de exterminio contra los firmantes del Acuerdo de Paz en el suroccidente colombiano”.
Galvis advierte, además, que la situación de seguridad no se limita a quienes ya fueron asesinados, por eso resume su llamado en la necesidad de la intervención política de la nueva administración de Abelardo De la Espriella. “Lo que estamos requiriendo inicialmente es voluntad política del nuevo gobierno, voluntad política que permita generar acciones interinstitucionales”, afirmó.
Y las cifras del informe muestran que las amenazas son precisamente el principal hecho victimizante contra los firmantes. La Fiscalía tiene 1.939 investigaciones por amenazas, de las cuales 201 corresponden a mujeres. El reporte del Consejo Nacional de Reincorporación señala que 874 casos estaban inicialmente en el inventario de la Unidad Especial de Investigación y otros 1.065 fueron trasladados desde otras fiscalías para unificar las investigaciones e identificar patrones criminales.
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El riesgo, además, está concentrado territorialmente. Norte del Cauca, Valle del Cauca y Nariño conforman el corredor occidental donde se registra la mayor incidencia de amenazas. El Consejo relaciona esta situación con la presencia de economías ilícitas y las disputas de grupos armados por el control territorial. En esas zonas, los firmantes pueden ser considerados obstáculos para el control de esos territorios y sus actividades económicas y comunitarias.
Por eso, desde las organizaciones de firmantes insisten en evitar los mensajes estigmatizantes desde las instituciones del Estado.
“Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Va a tender a acrecentarse porque a partir de la estigmatización y a partir de los señalamientos injustos que han provenido de distintas aristas de este nuevo gobierno, seguramente ese riesgo que individual y colectivamente sufren los firmantes del acuerdo se traducirá en más hechos que no queremos seguir lamentando”, concluyó.