El abogado Jaime Granados, quien representa como defensor al senador Álvaro Uribe y al general Nicacio Martínez, dijo que el allanamiento ordenado el pasado 18 de diciembre por la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, no tenía como fin investigar presuntas chuzadas ilegales ordenadas por el general Martínez como lo denunció la revista Semana.
"Ella ordenó dentro de sus competencias unas pruebas, entre ellas las declaraciones y la inspección del 18 de diciembre pasado y los detalles no los puedo revelar", dijo Granados en relación con el allanamiento al batallón de comunicaciones del Ejército en Facatativá, Cundinamarca.
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"Fue una inspección que se realizó parcialmente porque luego ella la suspendió y a eso asistió la defensa del senador Uribe con el abogado Carlos Alarcón, uno de mis suplentes, y no pasó nada irregular", dijo Granados al asegurar que ese allanamiento hacia parte de la investigación que busca establecer si existió alguna relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda.
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"Aquí están relacionando dos cosas que nada que ver", finalizó el abogado.
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