La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, liderada por el abogado penalista Jaime Granados, calificó de "irregular" y "políticamente motivado" el reciente llamado a indagatoria proferido por la Fiscalía General de la Nación contra el exmandatario por las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia. La citación, que vincula a Uribe con hechos ocurridos en la década de los 90, ha sido duramente cuestionada por la defensa, que advierte una coincidencia sospechosa con la inminente jornada electoral.Denuncias de irregularidades procesalesDurante una entrevista concedida a Mañanas Blu, con Néstor Morales, el abogado Jaime Granados señaló que el proceso, tramitado bajo la Ley 600 (sistema inquisitivo), presenta vicios de procedimiento que vulneran las garantías de su defendido. Según el jurista, la Fiscalía había decretado la práctica de una serie de pruebas fundamentales para esclarecer la verdad, las cuales fueron solicitadas oportunamente por la defensa y cuentan con el respaldo de la misma entidad."Sorprende realmente que, sin que se hayan evacuado las pruebas oportunamente pedidas por la defensa, decretadas por la fiscalía y prorrogadas a petición de la fiscalía, vengan ahora sin que se hayan podido completar a llamar a indagatoria", afirmó Granados. El abogado enfatizó que, incluso, la fiscal Gloria Marcela Abadía había concedido recientemente una prórroga para agotar esta etapa probatoria, la cual no ha llegado a su vencimiento."El único afán es electoral"Para la defensa del exjefe de Estado, el momento elegido por la Fiscalía para oficializar este llamado no es casual. A tan solo tres días de la segunda vuelta presidencial, Granados sostiene que la celeridad inusitada en este caso busca influir en el panorama político nacional. "El único afán es que tenemos elecciones el domingo, segunda vuelta. Y claramente aquí mostró ya su cara real la fiscal que lleva este caso", sentenció el penalista. Según Granados, la intención detrás del anuncio es generar un impacto negativo sobre la figura de Uribe y, por extensión, sobre las posturas políticas que este ha respaldado en la actual contienda electoral. "Es increíble que una resolución de la fiscalía se equivoque hasta con el nombre de sus testigos. No fija fecha porque dice que lo hará oportunamente. Es decir, no hay ningún afán para que se realice la indagatoria. El único afán es que se sepa que estamos tomando esa decisión a puertas de las elecciones", agregó.El trasfondo del caso: Ituango y derechos humanosLa investigación que mantiene al expresidente bajo la lupa judicial se centra en hechos de violencia ocurridos en Antioquia a finales de los años 90. Específicamente, se indaga por las masacres de El Aro y La Granja, así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.Aunque la Fiscalía ha planteado una hipótesis sobre una presunta coordinación entre autoridades y grupos paramilitares, la defensa sostiene que los elementos probatorios recaudados en años anteriores —incluyendo los periodos en los que el caso estuvo bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia— resultan "ampliamente favorables" al exmandatario. Granados insistió en que, debido a la reserva del sumario, no puede revelar detalles específicos del acervo probatorio, pero subrayó que "el sistema inquisitivo no puede ser una herramienta para asaltar deslealmente a una defensa".
La posible reactivación en la Fiscalía de tres procesos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionados con la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, provocó una respuesta formal de su defensa, que cuestiona de fondo la solidez probatoria de los casos y advierte un trasfondo político en medio del escenario electoral de 2026.El abogado Jaime Granados, defensor del exmandatario, aseguró que se trata de expedientes con décadas de antigüedad que, según sostiene, ya han sido examinados por la justicia. En un documento divulgado por la defensa se afirma que “durante más de veinte años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”, una tesis con la que buscan desvirtuar la posible reapertura de las investigaciones.Uno de los ejes centrales de la respuesta se refiere a la masacre de El Aro, ocurrida en 1997. Sobre este caso, la defensa señala que la acusación se ha sostenido en la versión de que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia habría estado en la zona transportando o supervisando a grupos paramilitares, presuntamente bajo órdenes de Uribe. Sin embargo, el documento sostiene que “las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona”, descartando así la participación directa o indirecta del entonces gobernador.En la misma línea, la defensa cuestiona el valor probatorio del testimonio del exparamilitar Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto al expresidente Uribe felicitando a paramilitares. Frente a esa afirmación, Granados indica que “la defensa demostró documentalmente que, en las fechas señaladas por Villalba, el entonces gobernador se encontraba atendiendo agenda pública en Medellín y Bogotá”, argumento con el que buscan desacreditar esa versión.El segundo proceso mencionado es el de la masacre de La Granja, perpetrada en 1996. En este caso, la acusación apunta a una presunta responsabilidad por omisión. La defensa sostiene que no existía mando operativo sobre las tropas y que el rol del gobernador era de carácter administrativo. Según el documento, “existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona”, lo que, a juicio de sus abogados, excluye una conducta omisiva penalmente relevante.Otro punto de controversia es el relacionado con las versiones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien ha vinculado al expresidente con el conocimiento de operaciones paramilitares. Para la defensa, se trata de un testigo sin credibilidad, al señalar que “Mancuso ha cambiado su versión múltiples veces según su conveniencia jurídica”. Además, recuerdan que en 2006 y 2012 negó vínculos con Uribe y sostienen que su cambio de relato podría coincidir con la búsqueda de beneficios en la justicia transicional. En ese contexto, califican a Mancuso como “un testigo de oídas y sin corroboración” y niegan que haya existido una visita a la hacienda El Ubérrimo o relaciones ilegales con jefes paramilitares, resaltando que varios de ellos fueron extraditados durante el gobierno de Uribe.También se rechaza la presunta vinculación con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, pues se asegura que “no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados”.Finalmente, la defensa aborda el tema de las Convivir, asociaciones de vigilancia y seguridad privada creadas en la década de los noventa. Granados argumenta que estas cooperativas se enmarcaron en el Decreto 356 de 1994 y que no fueron una iniciativa arbitraria de la Gobernación de Antioquia. En el documento se afirma que se trató de un modelo de “neutralidad activa” y participación ciudadana, supervisado por la Superintendencia de Vigilancia, y que “los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador”.
A través de un comunicado, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, calificó como otra grave injerencia del Gobierno nacional el contenido de la carta de renuncia presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.Y es que en la mañana de este viernes, el alto funcionario presentó su renuncia irrevocable alegando que se iba a concentrar en el proceso de casación tras la absolución del expresidente Uribe, caso en el que Montealegre fue declarado víctima.“Una sola razón motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver a un criminal de guerra, un corrupto: Álvaro Uribe Vélez. Un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio nobel de la paz servil ante él, pusilánime. Como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en la impunidad”, escribió Montealegre.Agregó que recurriría a los tribunales internacionales porque, para él, la Corte Suprema estaba “cooptada por el verdugo de la justicia" y no confiaba en ese alto tribunal para defenderse.Para Granados, estas declaraciones buscan distraer la atención de la opinión pública sobre los verdaderos motivos de su salida del ministerio y, al mismo tiempo, deslegitimar el reciente fallo judicial que absolvió al expresidente Uribe.“Más allá de las manifestaciones falsas e injuriosas proferidas por Montealegre, que retratan su catadura moral y estatura jurídica, lo grave es que, nuevamente, el gobierno nacional busca interferir en un asunto que es competencia de la rama judicial, aspecto que atenta gravemente contra la independencia de la justicia”, puntualizó.Finalmente, el defensor del exmandatario aseveró que este tipo de comportamientos por parte del Gobierno ponen en riesgo el equilibrio entre los poderes públicos, socavan la confianza ciudadana en las instituciones judiciales e irrespetan la autonomía de los jueces.
El Tribunal Superior de Bogotá anunció que el próximo martes, 21 de octubre, a las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia de lectura del fallo en segunda instancia dentro del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.En la comunicación oficial enviada a las partes, la Sala informó: “Dando cumplimiento a lo dispuesto en auto del 15 de octubre de 2025, comedidamente se les solicita asistir de manera virtual a la audiencia de lectura de decisión de segundo grado, programada para el próximo martes 21 de octubre de 2025, a partir de las 8:00 de la mañana”.La Sala de Decisión Penal número 19, conformada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, fue la encargada de resolver los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, como por el delegado del Ministerio Público, quienes cuestionaron aspectos de la sentencia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.La decisión de segunda instancia fue adoptada dos días antes de que prescribiera el proceso. Con la lectura del fallo, el Tribunal definirá si ratifica, modifica o revoca la condena impuesta por la jueza Sandra Heredia, la cual convirtió al expresidente Uribe en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia condenatoria.Una vez se conozca la decisión de fondo, cualquiera de las partes podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia interponiendo un recurso extraordinario de casación.
La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la tutela otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá y concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, reavivó la polémica en torno a la actuación de la jueza Sandra Heredia. El abogado defensor de Uribe, Jaime Granados, celebró la determinación y cuestionó con dureza la labor de la togada, señalando que su proceder ha sido reiteradamente corregido por instancias superiores.La Corte Suprema ratifica la tutela a favor de UribeEl primero de agosto, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ordenando su captura inmediata y otorgándole prisión domiciliaria. La defensa interpuso tutela, alegando violación de garantías fundamentales, lo que llevó al Tribunal Superior de Bogotá a revocar la medida restrictiva de la libertad el pasado 19 de agosto.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó esa decisión, recalcando que la motivación de la jueza Heredia fue “aparente” e insuficiente. Según el alto tribunal, las razones esgrimidas no demostraron proporcionalidad ni razonabilidad en la imposición de la medida. “No bastaba con la enunciación; debían exhibirse razones de índole jurídico y fáctico”, señaló la Sala.Duras críticas a la jueza Sandra HerediaGranados no ocultó su satisfacción con el fallo y enfatizó en las fallas de la togada. “Es la tercera tutela que pierde la jueza Sandra Heredia; algo muy mal hizo para que eso ocurriera”, dijo en diálogo con Mañanas Blu. El penalista recordó que desde que la acción de tutela se implementó en Colombia en 1992 no se había presentado un caso similar: un juez que en un mismo proceso penal perdiera tres tutelas consecutivas.El abogado fue enfático en que el fallo del Tribunal y la Corte evidencian que la decisión contra Uribe fue “arbitraria” y fuera del marco legal. En sus palabras: “Se ratifica lo que dijo el Tribunal, que efectivamente la decisión contra el expresidente fue una decisión arbitraria, por fuera del marco de lo legal”.Libertad para Uribe y derechos políticos intactosCon la tutela ratificada, Uribe recobró su libertad plena, lo que, según Granados, le permite retomar sus actividades privadas y públicas. “El expresidente, manteniendo incólume su presunción de inocencia, puede realizar todo tipo de actividades en su desarrollo privado y también público dentro y fuera de Colombia”, subrayó.El fallo, aunque no entra en el fondo de la condena, sí marca un precedente importante en el debate jurídico y político que rodea el proceso del exmandatario.La apelación en curso y la renuncia a la prescripciónEl abogado aclaró que la decisión de la Corte no interfiere en el curso de la apelación que estudia actualmente el Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene la última palabra sobre la condena de Uribe. “Uno de los puntos clave en esta fase es la renuncia de Uribe a la prescripción del caso, con el fin de evitar que el proceso se cierre automáticamente por vencimiento de términos. “Lo que quería el expresidente y, por supuesto, su defensa no era nada diferente que no estuviera presionado por el factor tiempo”, señaló el abogado.Granados recordó la complejidad del expediente: “Cuando uno tiene que atender 69 días de audiencias, revisar más de 2.500 páginas de alegatos y tomar una decisión que por primera vez en la historia de Colombia se refiere a un expresidente, no es un tema menor”.¿Acciones contra la jueza Heredia?Consultado sobre la posibilidad de emprender acciones disciplinarias o penales contra la jueza Heredia, el defensor indicó que por ahora la prioridad es la apelación. “En este momento no estamos concentrados en eso. Primero, en que se resolviera la libertad del presidente, como ya ocurrió, y segundo, en la apelación que está en curso. Después podremos evaluar otro tipo de actuaciones”, puntualizó.La confirmación de la tutela por parte de la Corte Suprema no solo representa un alivio para el expresidente Uribe, sino también un golpe a la credibilidad de la jueza que dictó la medida de detención domiciliaria. La fuerte reprensión del alto tribunal refuerza el debate sobre la calidad de las decisiones judiciales en casos de alta sensibilidad política.En palabras de Granados: “Desde 1992 no he conocido un solo caso en la historia judicial de Colombia en el que un juez haya perdido tres tutelas en un mismo proceso penal. Eso tiene que llamarnos la atención”.
El pasado 19 de agosto el Tribunal Superior de Bogotá concedió una tutela al expresidente Uribe y revocó la detención domiciliaria de 12 años, en ese sentido, el abogado Jaime Granados aseguró que la Fiscalía “se limitó a plantear su posición sin hacer un verdadero ejercicio de impugnación” y recordó que la Corte Constitucional, mediante sentencia definió que la tutela es procedente en casos como este.Granados enfatizó que “la libertad del doctor Uribe debe ser restablecida con el pronunciamiento de segunda instancia, pues no existe necesidad de que esté detenido mientras el fallo cobra firmeza”.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, el jurista señaló que parten de una “premisa fáctica falsa” al afirmar que la defensa no alegó la ilegalidad de la detención inmediata en la apelación.“La apelación no constituye un mecanismo idóneo ni eficaz para remediar violaciones a los derechos fundamentales”, reiteró Granados, al insistir en que la tutela se convierte en el recurso excepcional para salvaguardar el derecho a la libertad y al debido proceso.Finalmente, el abogado pidió a la Corte Suprema “confirmar la decisión impugnada” y rechazar las apelaciones presentadas contra el fallo.Una sala de tutelas conformada por 3 magistrados deberá tomar la decisión en segunda instancia esta tutela que dejó libre al expresidente Uribe.
El abogado penalista Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad inmediata del exmandatario, calificando el fallo como un acto de justicia frente a lo que consideró una “injusta detención domiciliaria”. La decisión judicial se dio tras el estudio de una acción de tutela que, según Granados, reivindica la presunción de inocencia y los principios del derecho penal moderno.“El honorable tribunal tomó esta decisión que reivindica la defensa de la presunción de inocencia. La boleta de libertad frente a esta injusta detención domiciliaria tiene que ser proferida antes de las 8 de la mañana”, afirmó Granados en entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales.Una decisión con carácter inmediatoEl abogado explicó que la orden judicial no admite dilaciones y debe cumplirse de manera inmediata. Según detalló, la jueza 44 de conocimiento está obligada a emitir la boleta de libertad en cumplimiento estricto del fallo.“Estamos pendientes de que se profiera en las próximas horas esa boleta y pueda ya retomar sus actividades normales como jefe de oposición”, puntualizó Granados, tras afirmar que la decisión tiene efecto inmediato y sin posibilidad de desacato.Tribunal reprende a la jueza HerediaEl fallo del Tribunal Superior de Bogotá no solo benefició al expresidente Uribe, sino que también incluyó fuertes críticas a la jueza que había dictado la medida restrictiva. Según la providencia, sus argumentos fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”, lo que vulneró derechos fundamentales.El abogado Granados recalcó que el pronunciamiento judicial marca un precedente en la lucha contra el abuso de medidas privativas de la libertad: “Es inaudito lo que ocurrió en este caso. Este llamado de atención debe servir no solo para el caso del expresidente Uribe, sino para evitar que se abuse del ejercicio arbitrario en otros procesos judiciales”.El debate sobre la apelación de fondoAunque la libertad inmediata representa un triunfo parcial para la defensa, aún está pendiente la apelación frente a la sentencia condenatoria de 12 años que pesa contra el expresidente. Granados aclaró que este proceso será estudiado por otra sala del mismo Tribunal, presidida por el magistrado Merchán, acompañado de dos magistradas.“Naturalmente no podemos anticipar comentarios antes de que el tribunal se pronuncie, pero sí existe un vínculo entre lo ocurrido con la libertad y los argumentos que serán revisados en la apelación”, explicó el abogado.De esta manera, el panorama judicial de Uribe sigue abierto, pues mientras recobra la libertad por orden de tutela, deberá esperar el pronunciamiento de fondo sobre la condena.Reacciones y controversia políticaLa decisión judicial ha generado reacciones encontradas en el escenario político. Mientras sectores afines al expresidente celebran la resolución, el senador Iván Cepeda advirtió que buscará impugnar la tutela. Sin embargo, expertos consultados señalaron que este recurso es limitado, pues la acción de tutela tiene un alcance interpartes y no siempre admite impugnación de terceros.Felipe Zuleta, panelista de Mañanas Blu, expresó que lo alcanzado por la defensa podría calificarse como un triunfo parcial:
La defensa del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que lo condenó a doce años de prisión domiciliaria, alegando sesgos políticos y violación de garantías procesales.En la apelación, de 904 páginas, los penalistas Jaime Granados y Jaime Lombana pidieron al tribunal que "revoque parcialmente" el fallo condenatorio contra el exmandatario y que lo absuelva de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue condenado.Uribe, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el 1 de agosto pasado en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, luego de que la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, lo hallara culpable por estos dos delitos en el llamado 'juicio del siglo' en Colombia, un caso que él mismo inició en 2012.En diálogo con Mañanas Blu, Granados aseguró que la apelación, que suma más de 900 páginas, se construye sobre un "disenso o discrepancia o un ataque a la sentencia", no sobre la simple repetición de argumentos ya expuestos. La estrategia se enfoca en confrontar punto por punto la sentencia de 1114 páginas, señalando específicamente los desacuerdos y las equivocaciones que, a su juicio, la invalidan.SentenciaGranados fue enfático al describir la sentencia como el resultado de una "visión totalmente parcializada" del análisis del caso. La defensa sostiene haber identificado al menos 43 errores en la valoración testimonial. Entre los puntos cruciales de la apelación, el penalista mencionó:Interceptaciones ilegales: La defensa reitera que la grabación del expresidente Uribe desde la Corte Suprema de Justicia es ilegal. Se hace mención específica a las interceptaciones contra Nilton Córdoba Manyoma.Valoración errónea de testimonios: Se cuestiona profundamente la manera en que se valoraron los testimonios, incluyendo el del señor Juan Guillermo Monsalve.Ausencia de "determinación": La apelación discute la supuesta "determinación" que la jueza habría encontrado en la conducta del expresidente.Escuche aquí la entrevista:
En medio de la polémica generada por la condena de doce años de prisión domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su constante actividad en redes sociales ha suscitado preguntas sobre la pertinencia legal y política de sus intervenciones públicas. El abogado Jaime Granados, defensor principal del exmandatario, respondió a esta inquietud en entrevista con Mañanas Blu: reiteró que Uribe conserva intacta su presunción de inocencia.“Álvaro Uribe Vélez mantiene incólume, es decir, intacta, su presunción de inocencia. Hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal”, afirmó Granados.El marco legal: presunción de inocencia y libertad de expresiónDe acuerdo con el penalista, la Constitución colombiana, en su artículo 29, y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004, establecen que ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que una decisión judicial esté ejecutoriada. Bajo esta premisa, el expresidente estaría habilitado para continuar participando en el debate público y en las redes sociales, herramientas que ha usado de forma constante desde su salida del poder.La apelación ante el Tribunal SuperiorEste miércoles, la defensa presentó un recurso de apelación de 904 páginas ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el que busca la revocatoria parcial de la sentencia proferida por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito.En primera instancia, la magistrada encontró culpable al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero lo absolvió del delito de soborno simple. La condena, de doce años de prisión domiciliaria, lo convirtió en el primer exmandatario colombiano con una sanción penal.Los abogados Granados y Jaime Lombana alegaron que la sentencia tiene “sesgos políticos” y viola garantías procesales. Además, insistieron en que, mientras no haya una decisión de segunda instancia, no existe obligación legal de mantener al exmandatario privado de la libertad.El trasfondo del ‘juicio del siglo’El caso contra Uribe comenzó en 2012, cuando él mismo denunció un supuesto intento de vincularlo con el paramilitarismo. Paradójicamente, las investigaciones derivadas de su denuncia llevaron a que en 2018 fuera señalado de presionar testigos —a través de su abogado Diego Cadena— para que no lo relacionaran con estos grupos armados ilegales.Según la sentencia, Cadena habría entregado pagos y beneficios a exparamilitares presos con este fin. La defensa sostiene que las gestiones de Cadena fueron actos lícitos de litigio y que los pagos correspondían a ayudas humanitarias.El pulso político y mediáticoMás allá de lo jurídico, el caso mantiene un fuerte impacto político. Uribe, fundador del partido Centro Democrático, ha utilizado plataformas como X (antes Twitter) y Facebook para cuestionar la decisión judicial y para mantener contacto directo con su base de seguidores.Esta estrategia, lejos de atenuar la controversia, ha profundizado el debate sobre el alcance de la libertad de expresión para personas en medio de procesos judiciales. Para sus críticos, estas intervenciones pueden influir en la opinión pública y en testigos; para sus defensores, son un ejercicio legítimo de derechos fundamentales.Granados lo resume así: “Esperamos que luego de estudiar esta apelación, el tribunal ratifique su inocencia. Mientras tanto, tiene derecho a expresarse y participar en la vida política del país.”Lo que vieneEl Tribunal Superior de Bogotá deberá ahora estudiar la apelación y determinar si confirma o modifica el fallo de primera instancia. El proceso podría extenderse varios meses, periodo en el que el expresidente continuará bajo prisión domiciliaria, pero sin restricción formal para comunicarse con la opinión pública.En un escenario judicial y político tan polarizado, cada mensaje que Uribe publique será analizado con lupa, mientras Colombia espera la decisión definitiva sobre uno de los casos más emblemáticos de su historia reciente.
El abogado Jaime Granados apeló la decisión de la jueza Sandra Heredia, que condenó al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El equipo jurídico del exmandatario prefirió no entrar en detalles sobre los señalamientos de presuntos intentos de dilatar el proceso; sin embargo, expresó su rechazo a dichas afirmaciones.Asimismo, expresidente expresó durante la audiencia que presentará este viernes, y de manera oral, la apelación a la condena en su contra por los dos delitos."Sustentar el recurso de apelación en lo que corresponde a mi defensa material", añadió Uribe.En ese mismo sentido, el representante de la Procuraduría General de la Nación también anunció que apelará el fallo de la sentencia contra el exmandatario.EN VIVO: audiencia contra el expresidente Álvaro UribeDetalles de la condena contra UribeEl expresidente colombiano fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia de este tipo. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años. La condena marca un hito en la historia política y judicial de Colombia.Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de manipular testigos para desviar investigaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares, responsables de graves crímenes durante el conflicto armado.Horas antes del fallo, Uribe manifestó en redes sociales que se refugiaba en su familia y en la oración. Por su parte, su equipo legal ya había anunciado que apelaría la condena, argumentando que se trata de una decisión politizada influida por la izquierda actualmente en el poder. Por su puesto, esta sentencia ha generado un intenso debate nacional y una ola de reacciones de diferentes posturas políticas.
Un voraz incendio forestal mantiene en alerta al municipio de El Peñón, Santander, luego de que las llamas comenzaran a consumir parte del Cerro de Barco, uno de los principales referentes naturales, ambientales y paisajísticos de esta población santandereana.La emergencia, que se registra en una zona montañosa y de difícil acceso, ha generado preocupación entre los habitantes por el impacto ambiental que podría ocasionar sobre la flora y la fauna silvestre que habitan este importante ecosistema. Imágenes conocidas en las últimas horas evidencian varias columnas de humo y el avance del fuego sobre la cobertura vegetal del cerro.Las difíciles condiciones del terreno han complicado las labores para controlar el incendio, por lo que la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de socorro para que se intensifiquen las acciones de atención y se evite que las llamas continúen propagándose.El Cerro de Barco es considerado uno de los símbolos naturales más representativos de El Peñón y un importante patrimonio ambiental del sur de Santander. Por ello, habitantes del municipio han insistido en la necesidad de proteger este ecosistema para las presentes y futuras generaciones.La emergencia se presenta en medio de las altas temperaturas y la temporada de menos lluvias que afecta a varios municipios del departamento, condiciones que han incrementado el riesgo de incendios forestales en Santander durante las últimas semanas.Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de hectáreas afectadas ni han determinado las causas que habrían originado la conflagración. Entretanto, los organismos de socorro mantienen el monitoreo de la situación y evalúan las acciones necesarias para lograr el control total del incendio.La comunidad permanece atenta al comportamiento del fuego y espera una pronta intervención que permita evitar mayores afectaciones sobre este importante patrimonio natural del municipio.
Las autoridades y organismos de socorro en Cali permanecen en alerta ante el riesgo de incendios forestales que corre la región en medio de esta temporada seca, pues en lo corrido de julio de este año se han atendido más de 30 incendios forestales, un incremento del 20% comparado con las cifras de todo este mismo mes en el 2025.Por esta razón se intensificará la vigilancia en las zonas con mayor exposición a estas emergencias, para tener una mayor capacidad de reacción y respuesta desde el momento en el que se detecte alguna novedad."Las comunas 1, 18 y 20, así como los corregimientos de Pance, La Buitrera, Felidia, La Leonera, Golondrinas, Montebello, El Saladito, Los Andes y Villacarmelo, hacen parte de las áreas priorizadas para el monitoreo y la prevención", indicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.También está activo el plan de contingencia para el suministro de agua en la ladera de la ciudad, esto teniendo en cuenta la considerable reducción del nivel de los ríos Cali y Meléndez, que abastecen el servicio en este sector de la capital vallecaucana."Estamos haciendo todos los esfuerzos para garantizar el suministro de agua potable a todos los caleños. Esto es gracias a que la red baja, que su fuente principal es el río Cauca, puede sustentar gran parte del agua de la ciudad y el resto lo estamos abasteciendo con el caudal que nos queda del río Meléndez, con los 530 litros que hoy tenemos en Meléndez, estamos abasteciendo una parte de la población de las comunas 18 y 20", señaló Diego Fernando Carabalí, gerente de Acueducto de EMCALI.En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de gestión del riesgo, donde se definieron acciones preventivas y de respuesta Ante seis escenarios de riesgo: los incendios forestales, desabastecimiento de agua, afectaciones a la salud pública y servicios esenciales, impactos al sector agropecuario u el deterioro de los ecosistemas.
El maillot amarillo Tadej Pogacar logró su cuarta victoria de etapa en este Tour de Francia, este sábado en la 14ª etapa, con final en Markstein Fellering, mientras que la joya francesa Paul Seixas arrebató al español Juan Ayuso el maillot blanco de mejor joven.Ya vencedor en Le Markstein hace tres años, el esloveno atacó a 1,6 km para la cumbre del col du Haag, a cinco kilómetros para meta, y logró su cuarta victoria en este Tour con 38 segundos de ventaja sobre su compañero Isaac Del Toro y sobre Paul Seixas.Pogacar, cuatro veces ganador de la carrera, ya había impuesto su autoridad en las anteriores etapas de montaña, pero este sábado en la cordillera de los Vosgos volvió a subrayar su superioridad con otro devastador ataque final.Esta fue su 25ª victoria de etapa en la Grande Boucle desde su primera participación en 2020.En los bosques de los Vosgos, el equipo UAE de Pogacar controló la carrera y nunca dejó más de tres minutos a la escapada.Seis hombres se destacaron en cabeza: Tobias Johannessen y su hermano gemelo Anders Johannessen, el ecuatoriano Richard Carapaz y su compañero de equipo Ben Healy, el colombiano Einer Rubio y el francés Valentin Paret-Peintre. Este último pasó en cabeza en los primeros puertos del día y acumuló valiosos puntos en la lucha por el maillot de lunares de mejor escalador.Tobias Johannessen y Richard Carapaz fueron los últimos en ser alcanzados a pocos kilómetros de la meta y terminaron 14º y 15º en Markstein Fellering.Juan Ayuso, que llevaba el maillot blanco desde hacía varios días, cayó a la quinta plaza de la general, a tres segundos de Seixas, y algo más lejos de Remco Evenepoel (3º) y Jonas Vingegaard (2º).Tom Pidcock, que ayer había remontado hasta la cuarta posición tras una larga escapada, se hundió rápidamente en el col du Haag y se encuentra ahora en la 9ª plaza de la general.
Por séptima vez desde el año 2020, la Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial le puso la lupa a las principales obras de Hidroituango, realizando una visita y recorrido técnico en las últimas horas.En el encuentro participaron representantes de los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre, esto para verificar el estado de los instrumentos de gestión del riesgo asociados al proyecto, en especial con las comunidades aguas abajo.Durante la jornada se expuso la preparación de la megaobra frente al fenómeno de El Niño, en el que se pronostican grandes sequías en meses como septiembre, por lo que desde el proyecto reiteraron la importancia de elevar el embalse hasta la cota 420 para garantizar el abastecimiento de energía al país. Francisco Canosa Guerrero, procurador delegado de la Procuraduría General de la Nación."Queremos seguir trabajando articuladamente con ellos a través de la Procuraduría General de la Nación, no solo en las mesas técnicas, sino en el trabajo de diálogo social que hay que realizar con las comunidades y hacer seguimiento a todos esos compromisos que se han pactado a lo largo de estos años, y aspiramos que los que estén pendientes también lleguen a feliz término", destacó el funcionario.Tras surtirse el encuentro, las autoridades acordaron programar una mesa de alto nivel con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Ministerio de Minas y Energía.Finalmente, Empresas Públicas de Medellín expuso que la visita se encuentra en el seguimiento preventivo que la Procuraduría adelanta desde la expedición de la Resolución 0018 de 2020, proceso dentro del cual se han llevado a cabo visitas técnicas para verificar las acciones implementadas por la empresa paisa en gestión del riesgo de desastres, así como la entrega de información.
Las autoridades dieron un nuevo golpe a las estructuras armadas que operan en el Bajo Cauca antioqueño con la captura de Yorman Enrique Salgado, conocido con el alias de ‘Carlos Way’, identificado como uno de los principales mandos de la subestructura Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo.El operativo fue ejecutado por unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de comandos especiales Jungla, en el corregimiento Jardín de Tamaná en el municipio de Cáceres.De acuerdo con las investigaciones, ‘Carlos Way’ acumulaba más de seis años de trayectoria dentro de la organización criminal, periodo en el que ascendió hasta convertirse en uno de sus principales líderes en la región. Según el expediente, tenía bajo su responsabilidad más de 160 hombres armados, a quienes dirigía en actividades relacionadas con el control territorial, las economías ilegales y la expansión de la estructura en el Bajo Cauca.Las autoridades le atribuyen un papel determinante en la coordinación de diversas acciones delictivas. Entre ellas figura su presunta participación como instigador de hechos violentos durante el paro minero de marzo de este año y donde hubo bloqueos viales y quema de vehículos.De igual manera, es investigado por su presunta responsabilidad en el homicidio de Luis Ángel López, un ciudadano venezolano ocurrido en septiembre de 2023 en Caucasia, crimen que estaría relacionado con las disputas por el dominio de corredores estratégicos para el narcotráfico.Las pesquisas también lo señalan como el encargado de dirigir el cobro de extorsiones a comerciantes y mineros en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia, recursos que, según la investigación, eran utilizados para financiar la compra de armamento, equipos de intendencia y medios de transporte para la organización.Alias ‘Carlos Way’ era requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento ilegal. Como parte del material probatorio e investigativo, ya están en poder de las autoridades tres celulares que le fueron incautados durante la operación.