Atlántico, segundo departamento con más contrataciones directas durante la pandemia

De los contratos celebrados bajo modalidad directa para atender la pandemia en el país, el 36% se ha realizado utilizando la causal de urgencia manifiesta por valores que, sumados, ascienden a 1.5 billones de pesos. Así lo reveló un informe realizado por nueve organizaciones sociales de diferentes partes de Colombia, que se han aliado para identificar riesgos de corrupción en la contratación pública durante la actual emergencia sanitaria. De acuerdo con el informe, los 1.5 billones contratados a través de la figura de urgencia manifiesta representan el 63% de todos los recursos contratados para atender la emergencia. En Atlántico, el 84% de los contratos fueron pactados por esta vía, convirtiéndose en el segundo departamento, después de Caldas, “que más realizó contratación directa bajo esta causal”.“A casi 5 meses de decretada la emergencia, es necesario mejorar la planeación de los procesos contractuales y usar modalidades diferentes a la contratación directa, que permitan mayor pluralidad de oferentes, y calidad en los bienes y servicios”, afirmó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia y uno de líderes de este ejercicio de vigilancia y control.Lea también: Suspenden al alcalde de Malambo por sobrecostos en contratos de mercados‘Ciudadanía Activa: con los ojos puestos en los recursos COVID-19’ es el nombre de esta iniciativa que busca velar por el debido cumplimiento de las contrataciones públicas. En su tercer informe también se expone cómo en el Atlántico y en otros cinco departamentos del país se habría incurrido en sobrecostos en contratos para la compra de elementos de bioseguridad y kits de alimentación.Asimismo, han encontrado alertas sobre contratistas que no cumplen con criterios de idoneidad, empresas sin experiencia previa en contratación pública o sin Registro Único de Proponente (RUP)."Vemos como un riesgo que quienes estén contratando con el Estado puedan tener algún interés indebido, y esto lo planteamos teniendo en cuenta que 331 personas naturales o jurídicas que aportaron a campañas electorales del 2019 estarían recibiendo algún tipo de contratos en estos momentos, eso nos genera una alerta que deben investigar las autoridades competentes", dijo Hernández.Las organizaciones sociales que realizan este ejercicio son Corporación Región, Foro Costa Atlántica, Corporación Transparencia por Colombia, Funcicar, Corporación Cívica de Caldas, Cordupaz, Corporación Vigía Cívica, Comité Transparencia por Santander, Alianza por una Cali más Transparente y Participativa.