La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado en el que resultaron heridos dos dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Barranquilla, el sábado 10 de octubre, así como las amenazas dirigidas al presidente de la República, al ministro de Justicia y al director de esa institución.
Los funcionarios heridos fueron identificados como Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes trabajan en el establecimiento penitenciario El Bosque. De acuerdo con la entidad, ambos fueron atacados cuando salían de su turno.
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El pronunciamiento de la Defensoría se produjo luego de que el Ministerio de Justicia hiciera públicas las amenazas contra altas autoridades del Estado y personal penitenciario.
La entidad expresó su solidaridad con los funcionarios afectados, sus familias y compañeros de trabajo, y advirtió sobre la persistencia de la violencia contra quienes trabajan en el sistema carcelario.
Según la Defensoría del Pueblo, estos hechos ocurren en un contexto en el que el Gobierno ha adoptado medidas para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas en los establecimientos penitenciarios, entre ellas, el traslado de personas privadas de la libertad.
La entidad señaló que las amenazas y los ataques buscan condicionar las decisiones de las autoridades, aunque insistió en que las medidas de control penitenciario deben desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por los derechos humanos.
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Además, recordó que la violencia contra funcionarios del INPEC no es un hecho aislado. Entre los antecedentes mencionó el asesinato del director de la Cárcel Modelo, en mayo de 2024, y los atentados registrados durante 2025 contra servidores penitenciarios en Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia, Cartagena y Neiva.
Frente a esta situación, la entidad formuló varias recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevos ataques y garantizar la seguridad de los funcionarios.
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Al Ministerio de Justicia y al INPEC les pidió avanzar, en coordinación con la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y las autoridades territoriales, en un plan de protección que incluya evaluaciones individuales de riesgo, medidas de seguridad para los funcionarios y sus familias, y rutas de atención inmediata.
También solicitó fortalecer los planes de seguridad penitenciaria y revisar los riesgos asociados a los traslados de personas privadas de la libertad, teniendo en cuenta las condiciones de los establecimientos de destino y los derechos de los internos y sus familias.
Por su parte, pidió al INPEC y a la Policía reforzar los protocolos de seguridad durante estos procedimientos.
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Finalmente, la Defensoría instó a la Fiscalía General de la Nación a investigar con celeridad el atentado y las amenazas, verificar la autenticidad del panfleto que ha circulado y llevar ante la justicia a los responsables.