La Fiscalía desarticuló la presunta red delincuencial ‘Los Cobra’, señalada de ofrecer préstamos informales y recurrir a amenazas y daños a los bienes de quienes se atrasaban en los pagos. La investigación, que da cuenta de ocho casos desde 2022, permitió establecer que los integrantes de esta organización habrían cobrado intereses muy por encima de los límites legales en Tunja, Samacá y Duitama, Boyacá.
De acuerdo con el ente acusador, la red tenía una estructura organizada, con integrantes encargados de dirigir las operaciones, administrar el dinero, entregar los créditos y recaudar las cuotas. Se trata de John Michael Beltrán Bernal, Luis Miguel Garcés Guerra, Víctor Hugo Pera Sabáez, Jeffer Hernán Bernal Reyes, Juan Diego Espina Bernal y Romul Antonio Garcés.
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El fiscal del caso se refirió a dos hechos investigados por las autoridades. En enero de 2025, una de las víctimas recibió un millón de pesos y, por cinco semanas de préstamo, le cobraron $250.000 de intereses, cuando el máximo permitido para ese periodo era de $21.601. En otro caso, por un préstamo de $800.000 realizado en septiembre de ese mismo año, los intereses superaron 13 veces la tasa máxima de usura permitida.
La investigación también estableció que los señalados intercambiaban información sobre los deudores, utilizaban tarjetas y cartulinas para llevar el control de las obligaciones y organizaban rutas de cobro en motocicletas y vehículos. Además, habrían utilizado productos financieros y billeteras digitales para recibir y movilizar los recursos obtenidos de los préstamos.
Según la Fiscalía, estas actividades habrían generado incrementos patrimoniales injustificados por más de $240 millones, reflejados en movimientos bancarios y en la adquisición de bienes muebles e inmuebles. Los seis hombres fueron capturados en operativos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, en los que se incautaron dinero en efectivo, celulares, tarjetas SIM, registros contables y vehículos.
Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y usura. Ninguno aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia. Los vehículos y motocicletas incautados quedaron a disposición de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, que determinará si están relacionados con las conductas investigadas.