La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, cuestionó la sanción de tres días de arresto que le impuso un juez por el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la reubicación laboral de un trabajador. La funcionaria aseguró que el caso se originó antes de su llegada al Gobierno y criticó la gestión del expresidente Gustavo Petro y del exministro de Trabajo Antonio Sanguino.
A través de su cuenta de X, López señaló que, aunque la medida de arresto no es lo que más le preocupa, cuestionó tener que responder por hechos que atribuye a la administración anterior. “¡Lo indignante es tener que responder por la ineptitud, la negligencia y los incumplimientos del gobierno de Petro, del exministro Sanguino y sus amigos, que tanto decían defender a los trabajadores!”, aseguró.
Publicidad
La decisión judicial a la que se refiere López también cobija al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres Castro. A ambos funcionarios les impusieron tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, equivalentes a $5.252.715.
El caso se relaciona con Gregorio Alfredo Dajome Granja, quien acudió a la justicia para que se protegieran sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. En julio de 2026, una tutela amparó sus derechos y ordenó adoptar medidas para su reubicación laboral.
Sin embargo, según la providencia que declaró el desacato, las entidades no demostraron que hubieran cumplido las órdenes judiciales. En particular, el Ministerio de Trabajo no acreditó que hubiera verificado la existencia de cargos vacantes en los que el trabajador pudiera ser reubicado, mientras que el SENA tampoco demostró haber resuelto de fondo las medidas que correspondía adoptar.
Por otro lado, en su pronunciamiento, Natalia López también aseguró que continuará denunciando las presuntas irregularidades que, según dijo, han encontrado en la administración anterior. La funcionaria sostuvo que presentarán pruebas ante las autoridades para que se investiguen los hechos y se establezcan las posibles responsabilidades.