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Después de 10 días de paro, que tuvo cerrado el comercio, la alcaldía y el Banco Agrario, del municipio de Iscuandé en el pacifico nariñense, campesinos y mineros artesanales decidieron levantar la protesta. Esto, después de la realización de una mesa de diálogo con la alcaldesa de esa población Consuelo Ardila, autoridades de Policía y Ejército, en la que se ordenó el retiro de la brigada móvil 16 que había llegado a esa zona.
Los labriegos dicen que "no son ningunos delincuentes y que tienen mucha desconfianza, pero que no pueden seguir afectando la vida de más de 6.000 habitantes del casco urbano de Iscuandé", por lo que decidieron levantar la protesta de forma provisional. Lo anterior, con el compromiso que el Gobierno Nacional generará una mesa de concertación, donde pueda atender sus peticiones y se logre un buen acuerdo sobre pactos acordados hace más de década.
Estas familias de la zona rural de Iscuandé llevan siglos sacando oro de la cuenca del río Iscuandé en Nariño y ahora desde Bogotá los califican de"cómplices de los grupos armados y que su trabajo es ilegal".
Los mineros informales de una de las regiones más pobres del pacifico en Nariño están indignados con el Gobierno Nacional, ya que desde el 2014 no se ha cumplido con la expedición de los títulos mineros prometidos en pasadas manifestaciones y sí, por el contrario, quieren militarizar sus tierras.
Por ello le piden al Estado que viaje a la zona para conozcan la verdad de como se vive en esa región históricamente abandonada. Aseguran que hasta con su vida están dispuestos a defender su territorio para que no se adjudicado a una multinacional que intentan ingresar para explotar los minerales que en esa zona del pacifico, límites con la cordillera occidental en el norte de Nariño.
Kener Estupiñan, presidente del consejo comunitario de la cuenca del rio Iscuandé, hizo serios reclamos a las autoridades por los señalamientos y la mala imagen que crean.
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Estupiñan asegura que desde hace décadas se han dedicado a estigmatizarlos y todo parece que esto obedece a una estrategia del gobierno para desplazarlos y darle paso a la gran minería.
Los campesinos dicen que el gobierno "se ha inventado un problema con carácter de orden público y quiere militarizar esa región de Vuelta Larga e Iscuandecito", en donde, de acuerdo a versiones extraoficiales, se busca montar un batallón de alta montaña para lanzar una gran ofensiva contra el narcotráfico y grupos al margen de la ley que operan en el pacifico nariñense.
Por su parte Johana Perea, asesora jurídica del consejo comunitario, señaló que en los municipios del paciífico, en especial en Iscuandé, son miles las familias campesinas de bajos recursos económicos que devengan su sustento de una actividad que heredaron de sus ancestros, mientras que otros la aprendieron sobre la marcha y no los pueden señalar de "bandidos o de estar apoyando a los grupos armados ilegales que operan en la región".
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La alcaldesa de Iscuandé, Consuelo Ardila, dijo a BLU Radio que las reclamaciones que hacen los campesinos son compromisos del Gobierno Nacional pactados en pasadas protestas desde el 2014. Dijo que ella servirá de intermediaria para que el Estado atienda la petición de los campesinos, porque la comunidad "no puede seguir afectada por la incertidumbre de nuevos bloqueos al comercio y entidades oficiales del municipio".
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