El Tribunal Administrativo de Putumayo suspendió provisionalmente el plan piloto de fumigación aérea de cultivos ilícitos con glufosinato de amonio en ese departamento. La decisión ordena al Gobierno detener las actividades para iniciar las aspersiones y establece que la suspensión se mantendrá hasta por cuatro meses, contados desde que quede en firme la sentencia, siempre y cuando los demandantes interpongan un recurso para que se discuta de fondo y se aclaren las dudas sobre sus posibles efectos en la salud y el medioambiente.Uno de los principales motivos de la suspensión es que todavía existen dudas sobre los efectos que podría tener el glufosinato de amonio cuando se aplica desde el aire. El Tribunal destacó que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que todavía no había entregado el concepto previo sobre los posibles riesgos del proyecto para la salud."El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Salud el 2 de octubre de 2026, mediante el cual dicha entidad informó que no había emitido concepto previo en salud respecto del proyecto objeto de controversia. Aunque tal circunstancia no implica por sí misma la demostración de una afectación cierta a la salud pública, sí constituye un elemento relevante al momento de valorar el grado de certidumbre científica existente acerca de los posibles efectos derivados de la aspersión aérea con glufosinato de amonio", se lee en la decisión.Además, la orden cobija al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Estas entidades deberán detener las actividades relacionadas con el proyecto autorizado mediante la Resolución 0007 del 18 de agosto de 2026, que contemplaba fumigar desde aeronaves un máximo de 1.000 hectáreas durante un periodo de siete días.El Tribunal explicó que la medida busca evitar posibles daños a la salud de las comunidades y al medioambiente mientras otro juez estudia el caso. Por esta razón, protegió temporalmente los derechos a la salud, a participar en las decisiones ambientales, a recibir información y a que se cumplan las reglas de protección del medioambiente.La decisión también tuvo en cuenta las advertencias de expertos del Centro de Derechos Reproductivos y de la Universidad del Valle, quienes señalaron posibles efectos sobre la salud reproductiva y falta de información sobre las consecuencias de utilizar este producto mediante fumigaciones aéreas.A estas preocupaciones se sumaron los conceptos de la Universidad de los Andes, que advirtió sobre los posibles efectos del herbicida a mediano y largo plazo y la fragilidad ambiental del Piedemonte Amazónico. La Universidad de Nariño, por su parte, señaló que todavía no se han descartado riesgos para las fuentes de agua y las actividades económicas de las familias campesinas.En el análisis también se tuvo en cuenta la dimensión del problema en el departamento. De acuerdo con la información presentada durante el proceso, en Putumayo se han identificado 40.565 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales la Policía Antinarcóticos señaló que 5.401 hectáreas serían susceptibles de intervención. Sin embargo, el Tribunal consideró que las medidas para evitar que el producto llegue a zonas protegidas no despejan las dudas sobre sus posibles efectos.Por esta razón, los magistrados aplicaron el principio de precaución ambiental, que significa que, aunque no exista certeza científica sobre un daño, las autoridades deben tomar medidas para evitarlo cuando hay indicios de posibles afectaciones graves a la salud o al medioambiente.Sin embargo, aclararon que esta decisión no significa que el plan de fumigación sea ilegal ni que se haya prohibido definitivamente el uso del herbicida. Los accionantes deberán presentar una demanda, como una acción popular, dentro de los cuatro meses siguientes a que quede en firme la sentencia. Si no lo hacen, la suspensión perderá automáticamente sus efectos.Mientras tanto, el Tribunal pidió al Gobierno continuar revisando la información científica y adoptar medidas para prevenir posibles daños si encuentra nuevos riesgos para la salud, las fuentes de agua o el medioambiente.
Tropas del Ejército Nacional ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en zona rural de Valdivia, Norte de Antioquia. Según la institución, la estructura presuntamente estaría al servicio del Clan del Golfo y contribuiría al sostenimiento de la subestructura Julio César Vargas.La operación fue adelantada por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, adscrito a la Décima Primera Brigada, en el corregimiento de Puerto Valdivia.Durante la intervención, los militares desmantelaron una estructura rústica en la que encontraron 800 litros de insumos líquidos, 10 bultos de hoja de coca, 10 bultos de insumos sólidos, canecas y otros elementos utilizados para la producción del estupefaciente.De acuerdo con el Ejército, la destrucción del laboratorio representaría una afectación económica estimada en 70 millones de pesos, correspondiente al valor de la infraestructura y los materiales inutilizados.La institución señaló que las operaciones militares en esta zona de Antioquia buscan afectar las economías ilícitas de los grupos armados ilegales. Vale la pena mencionar que las autoridades no reportaron capturas durante este procedimiento.
El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, destruyó un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que, al parecer, pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. La infraestructura fue localizada en la vereda Alto del Oso, jurisdicción del municipio de San Alberto, en el sur del Cesar.De acuerdo con la información entregada por la Quinta Brigada del Ejército, el laboratorio estaría al servicio del Frente Resistencia Campesina de este grupo armado organizado y tendría capacidad para producir aproximadamente 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes.Las autoridades señalaron que esta infraestructura representaba ingresos superiores a los 68 millones de pesos mensuales para las finanzas de la organización criminal. Con su destrucción, además, se habría evitado que más de un millón de dosis de estupefacientes llegaran al mercado ilegal.Durante la intervención militar, las tropas encontraron 848 galones de insumos líquidos, de los cuales 800 correspondían a ACPM y 48 a ácido clorhídrico. También fueron hallados 350 kilogramos de soda cáustica.Entre los elementos utilizados para el procesamiento de la droga se encontraban cinco hornos, cuatro grameras, una balanza, un equipo denominado marciano, cuatro tanques con capacidad de 500 litros cada uno, dos tolvas, un molde y nueve bidones.La operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería número 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Antinarcóticos.Según el Ejército, este resultado hace parte de las operaciones militares dirigidas contra las economías ilícitas de los grupos armados organizados, particularmente aquellas relacionadas con el narcotráfico.
Siendo uno de los objetivos de alto valor para la DEA, fue capturado alias ‘Kebin’, en Cali, señalado de ser el principal articulador del narcotráfico de la Segunda Marquetalia en el Pacífico colombiano. El hombre, que presuntamente el principal negociante de cargamentos de cocaína por toneladas con emisarios de carteles mexicanos y centroamericanos, es requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición.Se trata de Kebin Erney Arroyo Cortés, señalado de integrar la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, estructura de la Segunda Marquetalia, donde presuntamente coordinaba las operaciones del narcotráfico en el departamento de Nariño.Las investigaciones de la Policía establecieron que dirigía una red criminal dedicada a la producción y el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína. Para esto, contaba con una estructura logística terrestre y marítima que le permitía movilizar la droga desde las costas de Colombia y Ecuador hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.En estas operaciones utilizaban lanchas rápidas, conocidas como Go-Fast, y artefactos semisumergibles, embarcaciones diseñadas para navegar con gran parte de su estructura debajo del agua y dificultar su detección por parte de las autoridades.Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que alias ‘Kebin’ presuntamente tenía contacto directo con compradores mexicanos y centroamericanos. Incluso, trasladaba a sus emisarios hasta laboratorios de procesamiento de cocaína bajo su control en el Pacífico nariñense para que verificaran la calidad de la droga, negociaran las cantidades y acordaran los envíos.Por su capacidad económica y operativa, la DEA lo tenía identificado como un objetivo de alto valor. Además, la Dijín estableció que cumplía funciones de coordinador nacional y mantenía conexiones internacionales a través de alias ‘El Mexicano’, capturado el pasado 2 de octubre.Kebin Erney Arroyo Cortés es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para las Islas Vírgenes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Por esta razón, fue capturado con fines de extradición y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.Ahora, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se adelantarán los trámites legales correspondientes para su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.
Un hombre capturado y 32 kilogramos de clorhidrato de cocaína incautados dejó un operativo de la Policía Nacional contra el tráfico de estupefacientes en el barrio La Hondanada de Medellín.De acuerdo con las autoridades, el resultado representa una afectación a las actividades ilícitas del grupo delincuencial organizado ‘Los Chivos’, estructura que, según las investigaciones, obtendría rentas criminales de hasta 900 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de sustancias.Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es el posible destino del cargamento. Las indagaciones preliminares señalan que la cocaína incautada presuntamente sería distribuida y comercializada en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar de la intervención.El coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, mencionó que esta situación representa un riesgo para la seguridad y la integridad de niños, niñas y adolescentes, debido a la posible presencia de redes de expendio de drogas en entornos escolares."De acuerdo con nuestras investigaciones, estos estupefacientes estarían destinados a la subcomercialización en inmediaciones de una institución educativa cercana al lugar del procedimiento, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes", indicó el uniformado.Durante el allanamiento, los uniformados también encontraron e incautaron elementos utilizados para la dosificación de sustancias estupefacientes, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte del material probatorio del procedimiento.El hombre capturado registra antecedentes judiciales por los delitos de aprovechamiento de error ajeno y lesiones personales, según el reporte oficial. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, junto con la droga y los demás elementos incautados, para avanzar en el proceso de judicialización.
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 15 años a los exagentes de la Policía William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella, por su participación en el envío de 446 kilos de cocaína desde Bogotá hasta la isla de Providencia, en mayo de 2021, en un caso que generó gran atención pública.De acuerdo con el fallo de primera instancia, los entonces uniformados se encargaron de embarcar el alcaloide en la aeronave privada, en uno de los hangares del aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá, antes de que el avión emprendiera su desplazamiento hacia la isla Providencia.La droga fue incautada por la Policía Nacional en el aeropuerto El Embrujo, que presta servicio a las islas de Providencia y Santa Catalina. El hallazgo de los 446 kilos de cocaína convirtió este episodio en un caso muy sonado por el uso de una aeronave privada para transportar el cargamento.La Procuraduría estableció que los dos exagentes participaron en el envío del estupefaciente y determinó que su conducta constituyó una falta gravísima cometida a título de dolo, es decir, que actuaron de manera intencional.Por estos hechos, el Ministerio Público impuso a William Alexander Castro Olaya y Juan Guillermo López Campanella la sanción de destitución e inhabilidad general de acuerdo con la decisión disciplinaria.Sin embargo, el fallo es de primera instancia y fue apelado por los investigados, por lo que la decisión deberá ser revisada en la etapa correspondiente.
Un total de siete toneladas, 646 kilos y 400 gramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en el Puerto de Cartagena, en lo que han descrito las autoridades, como el mayor golpe al narcotráfico en esta terminal marítima en los últimos 10 años.La droga fue encontrada en un cargamento de panela pulverizada, y fue detectada a partir de alertas en el proceso de verificación.“Este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas. Con esta incautación, afectamos significativamente las finanzas de las organizaciones criminales y evitamos que millones de dosis de cocaína lleguen a los mercados ilegales”, aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.De acuerdo con la Policía, con este resultado, que además es la incautación más grande bajo esta modalidad en el año 2026, se afectan las finanzas de los grupos criminales en más 42.000 millones de pesos, ya que se evita la comercialización de aproximadamente 19.116.000 dosis de cocaína en mercados ilegales.
El Ejército Nacional y la Policía destruyeron un complejo clandestino para el procesamiento de cocaína que, según información de inteligencia militar, pertenecía al frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, en zona rural de Sardinata, Norte de Santander.La infraestructura clandestina, ubicada en zona rural de Sardinata, tendría capacidad para producir tres toneladas de clorhidrato de cocaína al mes. Las autoridades estiman que su destrucción representa una afectación de $8.600 millones a las finanzas del grupo armado.La operación se desarrolló en la vereda San Miguel Encerradero, mediante un trabajo coordinado entre tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, adscrito a la Trigésima Brigada del Ejército, y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía.En el lugar fue encontrada una infraestructura compuesta por cuatro construcciones destinadas al procesamiento de clorhidrato de cocaína. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 859 kilogramos de esta sustancia, 160 kilogramos de base de coca y 660 galones de cocaína en suspensión."Además, fueron encontrados más de 3.650 galones de insumos químicos líquidos y 620 kilogramos de sustancias sólidas utilizadas en el procesamiento de alcaloides", dijo el teniente coronel Diego Mauricio León Osorio, comandante Grupo de Caballería Mediano N.°5 General Hermógenes MazaDe acuerdo con las estimaciones de inteligencia militar, el complejo tenía capacidad para producir aproximadamente tres toneladas de clorhidrato de cocaína mensuales. La inutilización de estas instalaciones representaría una afectación económica cercana a los $8.600 millones para las finanzas de esta estructura armada, según las valoraciones institucionales.Con este resultado, las autoridades buscan debilitar las economías ilícitas del ELN y contrarrestar las actividades relacionadas con el narcotráfico en Norte de Santander.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
La Policía ecuatoriana detuvo en el aeropuerto de Quito a una mujer de nacionalidad colombiana que pretendía viajar a Madrid (España) con medio kilo de clorhidrato de cocaína en su equipaje, informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.La mujer fue identificada por el ministro como Verónica Restrepo, de 26 años, quien "registraba inusuales movimientos migratorios".Reimberg señaló que personal de la Subsecretaría de Migración presente en el aeropuerto de la capital detectó el caso e inmediatamente se le realizó un "registro corporal y de su equipaje, donde fue encontrado medio kilogramo de clorhidrato de cocaína".Agregó que la mujer fue detenida y puesta a las órdenes de las autoridades competentes.Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.Aunque la mayor cantidad de droga es decomisada en puertos, en carreteras o en casas y bodegas donde grupos criminales la esconden, la Policía también ha decomisado cantidades más pequeñas en aeropuertos y empresas de paquetería.
Medellín y la Corte Suprema firmaron un acuerdo para facilitar el acceso a la justicia de la población vulnerable. Recientemente, la ciudad se fijó la meta de resolver 5.000 procesos que estaban represados en las comisarías locales.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, firmaron un memorando de entendimiento que busca facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y mejorar la difusión de las decisiones judiciales.La firma se realizó durante el Primer Encuentro Interinstitucional para la Protección de la Niñez, en el que se reunieron comisarios, defensores y jueces de familia para hablar sobre la atención de niños, niñas y adolescentes.El presidente de la Corte Suprema explicó que el acuerdo permitirá que las decisiones judiciales y los criterios establecidos para proteger a la población vulnerable sean aplicados desde las distintas dependencias de la Alcaldía, las comisarías y las defensorías."Es un memorando de entendimiento para hacer que la justicia sea más accesible, cercana y oportuna para los ciudadanos y, en particular, para la niñez. Las Reglas de Brasilia lo que buscan es eliminar las barreras de acceso a la justicia, y estamos muy comprometidos en ello", señaló.Lenis Gómez también destacó que una atención adecuada de los conflictos familiares desde las comisarías puede evitar que algunos casos lleguen a los estrados judiciales o permitir que, cuando sea necesaria la intervención de los jueces, los procesos ya tengan un trámite adelantado.La firma se da en un momento en el que Medellín también enfrenta el reto de mejorar la respuesta de las comisarías de familia. El pasado 26 de octubre, la Alcaldía informó que había resuelto 4.871 de los 5.000 procesos que tenía como meta descongestionar. Quedaban 129 pendientes, lo que representaba un avance del 97,42 %.Además, el Distrito anunció la apertura de dos nuevas comisarías, la 7B y la 13B, con una inversión superior a los $618 millones. Las sedes, ubicadas en el búnker de la Fiscalía y en el sector de La Floresta, buscan ampliar la atención en diferentes zonas de Medellín.Durante 2026, según el balance presentado por la Alcaldía, se habían radicado 10.802 procesos y finalizado 12.056. También se vincularon 64 nuevos servidores y se incorporó ComisarIA, una herramienta de inteligencia artificial para apoyar el trabajo de estas dependencias.
En Cartagena, Bolívar, fue capturado el hombre señalado de agredir con un arma cortopunzante a Vanessa Vera, una mujer que resultó gravemente herida cuando intentaba auxiliar a una vecina durante una presunta situación de violencia intrafamiliar ocurrida el pasado 17 de octubre en el norte de Bogotá.La Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial que había sido emitida en contra del señalado responsable. El procedimiento fue adelantado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional.Los hechos por los que es investigado ocurrieron durante la madrugada del 17 de octubre, cuando Vanessa Vera se encontraba departiendo con varios vecinos en un barrio de la localidad de Usaquén, en Bogotá. En medio de ese momento, ella y una amiga escucharon llamados de auxilio que provenían de un apartamento ubicado en el primer piso.Las dos mujeres se dirigieron hasta el lugar para verificar qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, únicamente observaron al vecino, pero no encontraron a su esposa. En medio de esa situación se habría producido la agresión contra Vanessa Vera con un arma cortopunzante.La mujer sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica. Posteriormente permaneció en una unidad de cuidados intensivos, pero falleció dos días después como consecuencia de las lesiones sufridas.La investigación de la Fiscalía permitió establecer la identidad del hombre señalado de haberla agredido y obtener una orden judicial para su captura. El procedimiento finalmente se materializó en Cartagena, donde fue ubicado por las autoridades.En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado por los hechos relacionados con la muerte de Vanessa Vera.
Cerca de 200.000 contribuyentes tienen obligaciones pendientes con la DIAN, por un monto de $22,9 billones. Para ponerse al día, pueden acogerse a un beneficio tributario que permite reducir el 85 % de las sanciones y liquidar los intereses de mora con una tasa del 4,5 % anual. Sin embargo, tienen plazo únicamente hasta el 19 de noviembre de 2026 para cumplir las condiciones.El alivio está contemplado en el Decreto Legislativo 1419 de 2026 y aplica en todo el país para obligaciones tributarias vencidas antes del 10 de agosto de este año. La medida no elimina el capital adeudado: los contribuyentes deben pagar el impuesto correspondiente, los intereses con la tasa especial y el 15 % de las sanciones.Fernando Bustos, abogado experto en reorganización empresarial y presidente fundador de la Organización Impulso Empresarial (OIEM), explicó que el ahorro puede representar una oportunidad para las compañías con deudas tributarias."En la práctica, hay empresas que terminan pagando entre el 20 % y el 30 % de lo que deben. Si alguien debe 600 millones de pesos, con el alivio puede pagar cerca de 200 y quedar al día", señaló.¿Cómo aprovechar los descuentos de la DIAN antes del 19 de noviembre?De acuerdo con Bustos, no es necesario solicitar autorización ni presentar documentos para acogerse al beneficio. El procedimiento consiste en liquidar cada obligación con los intereses y las sanciones correspondientes al alivio y realizar el pago.No obstante, el especialista identificó cinco errores que pueden impedir que los contribuyentes aprovechen la reducción:Descartar el beneficio por falta de liquidez: antes de desistir, recomienda evaluar alternativas de financiación y comparar sus costos con el ahorro que representa normalizar la deuda.Calcular mal intereses y sanciones: una liquidación incorrecta puede dejar obligaciones pendientes y poner en riesgo el acceso al descuento. "No se equivoquen en el cálculo", advirtió Bustos.Realizar pagos parciales: no es obligatorio normalizar todas las deudas al mismo tiempo, pero cada obligación seleccionada debe pagarse completamente para cumplir las condiciones.Suponer que todas las empresas tienen los mismos acuerdos: las facilidades especiales previstas para determinados contribuyentes afectados por la emergencia no se extienden automáticamente a todos los negocios.Esperar hasta el último día: los errores de liquidación o las dificultades operativas pueden impedir completar el procedimiento antes del vencimiento.¿Qué pasa si no se aprovecha el descuento tributario?Las empresas que no cumplan las condiciones dentro del plazo deberán atender sus obligaciones bajo las reglas tributarias aplicables. Además del ahorro económico, normalizar las deudas puede ayudar a resolver situaciones como embargos de cuentas y procesos de cobro coactivo, dependiendo de cada caso.Bustos recomendó que las compañías revisen sus obligaciones y evalúen cómo obtener los recursos para realizar los pagos antes del 19 de noviembre, fecha límite para acceder al beneficio.
Después de un fin de semana particularmente violento contra las mujeres, con el asesinato de cuatro de ellas en hechos aislados, pues la tendencia continuó este lunes con el ataque a una cajera de la Olímpica, en pleno supermercado en el sur de la ciudad.En el primero de los casos, la víctima es Gellis Julieth Rambao Martínez, quien resultó gravemente herida a bala, mientras cumplía su turno en un supermercado del barrio Rebolo.La mujer estaba atendiendo en la caja, cuando un hombre ingresó al lugar con un arma oculta, caminó entre los estantes fingiendo ser un cliente y, después de ocho minutos dando vueltas, fue directo hacia la víctima y le disparó ahí mismo frente a los demás compradores y trabajadores.El atacante alcanzó a huir en una moto, en la que lo esperaba un cómplice; sin embargo, las cámaras de seguridad del supermercado lo grabaron dentro del lugar y, gracias a estas imágenes, su rostro está siendo difundido por las autoridades para que la comunidad se una a su búsqueda y poder llevarlo ante la justicia.El hombre es delgado, cabello negro, tez trigueña y, al momento del ataque, vestía un buzo azul claro, un jean oscuro y tenis negros. Llama la atención que, pese al grave hecho que cometió, nunca cubrió su rostro ni se preocupó por evadir las cámaras.
A dos años de la sentencia condenatoria por el feminicidio y abuso sexual de Erika Valeria Guzmán Sierra, su madre, Jenny Carolina Sierra, pidió que se haga efectiva la captura de Massimo Alessandro Sierra Ortiz, anteriormente identificado como Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien fue hallado responsable de los hechos cometidos contra la menor de 17 años el 26 de noviembre de 2019, en el barrio La Coruña, en Bogotá.La preocupación de la madre está relacionada con que, pese a la sentencia, el condenado, quien es su hermanastro, no ha sido capturado. De acuerdo con información de la familia y los registros de Migración Colombia, Sierra Ortiz salió de Colombia en mayo de 2023 con destino a Países Bajos. Por esta razón, también reclama avances en el trámite de ubicación y extradición.El caso se remonta al 26 de noviembre de 2019. De acuerdo con la sentencia, Erika Valeria tenía 17 años y ocho días después de recibir su grado de bachiller, los demás integrantes del núcleo familiar salieron del apartamento 406 de un conjunto residencial ubicado en el barrio La Coruña, por lo que la menor quedó sola en la vivienda con Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien posteriormente cambió y adoptó legalmente el nombre de Massimo Alessandro Sierra Ortiz y tenía 18 años para la época de los hechos.Hacia el mediodía, la madre perdió comunicación telefónica con Erika, debido a que las llamadas y mensajes dejaron de ingresar. Ante la falta de contacto, durante la tarde alertó al exnovio de la joven, Kevin Andrés Talero Cardozo, y a su abuelo, Alfonso Sierra Sánchez, para que fueran hasta la vivienda a verificar qué había ocurrido.En la sentencia se estableció sobre la responsabilidad del condenado “El encartado ejecutará las conductas punibles que fueron atribuidas, dado que el encartado y la víctima convivieron en la misma residencia, y para el día de marras en concreto ellos dos quedaron solos en el inmueble, es decir, existía una verdadera unidad doméstica. Asimismo, estimó que se ejerció sobre el cuerpo de la menor actos de instrumentalización, de opresión y dominio, como quiera que ella no accedió a ese encuentro sexual, tan así que fue ejercido mediante el uso de la violencia”.El cuerpo de Erika fue encontrado en horas de la noche por su abuelo y su exnovio dentro de la vivienda. De acuerdo con el material aportado, la inspección técnica y la necropsia establecieron como causa de muerte una asfixia mecánica por estrangulación, además de hallazgos relacionados con violencia sexual.Dos años después de la condena, la madre asegura que continúa sin conocer con certeza si la orden de captura internacional ya fue activada y cuál es el estado del trámite para ubicar al condenado en el exterior. En entrevista con Blu Radio, Jenny Carolina Sierra expresó su preocupación por la falta de materialización de la decisión judicial.“Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel. Porque no hemos llegado a fin de hacerlo efectivo. Entonces, a veces, me he quedado esperando, bueno, pero al fin, ¿cuándo? Prácticamente, no tengo mucho conocimiento en estos momentos si esa orden ya salió o si ya lo solicitó el juzgado que tiene en estos momentos mi proceso. Entonces, esperé mucho que llegara el fallo condenatorio, pero me quedé con el mismo sinsabor, pues no hay captura”.La madre también explicó que, después de la sentencia, el proceso pasó al juzgado de ejecución de penas en donde se solicitó impulsar la expedición de una circular roja de Interpol.“Yo a esto llegué sin saber nada. Uno como víctima no tiene ni idea de estos procesos, y en el caso mío, yo no conozco de leyes, yo no soy abogada. Y llegué imaginándome que todo este camino que me esperaba después de la muerte de Erika era fácil. Llegamos a la sentencia y, ya la Fiscalía, digamos, como que ellos ya no tienen nada más que ver en el proceso. Cambia de juzgado al juzgado de penas. Y solicitamos, con un impulso procesal, la orden de la Interpol. Efectivamente, él sí tiene orden de captura colombiana”.Sierra agregó que tenía conocimiento de que el trámite ante Interpol se encontraba en curso desde mayo, pero que no había recibido una actualización sobre su estado.“Estaban como en ese proceso desde mayo de enviarle a Interpol la solicitud pero, no supe más. No se si finalmente ya está la circular roja, si efectivamente sí lo están buscando. Y también es un poco desgastante, ya llega el punto en que uno dice, pero ¿qué más hago? Ya pierde uno hasta las esperanzas”.La madre también pidió que la búsqueda no se limite a un solo país, debido a que, de acuerdo con el último registro oficial que se conoce, el condenado salió de Colombia hacia Países Bajos en mayo de 2023.“Entonces, que si la orden que Interpol aún no está, pues, que sea un poco más rápido este proceso y ya sea activada. Y, obviamente, que no se vayan a centrar en un solo país a buscarlo, porque es lógico que él ha estado moviéndose por todo ese continente, digámoslo así. Lo ideal sería, no sé cómo son las leyes, pero sí sería bueno que las cambien, porque no es posible que, durante un proceso de estos, les permitan la salida del país a personas como estas”. El hombre habría salido de Colombia en 2023 en medio del juicio en su contra y que inicialmente se entregó ante las autoridades, pero no fue capturado.Por ahora, desde mayo, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá solicitó al Ministerio de Justicia avanzar en el proceso de ubicación y solicitud de extradición de Massimo Alessandro Sierra Ortiz. Sin embargo, no se registra una actualización reciente sobre el estado de ese trámite.
