Cien teléfonos satelitales para protegidos están empolvándose en bodega de UNP

En el departamento del Meta hay un problema entre el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia y la Unidad Nacional de Protección. El 21 de julio del 2017 el secretario de Seguridad del departamento, Gerardo León Mancera, firmó un contrato con la empresa Global Business Innovation con el objeto del “desarrollo de una sala de monitoreo y control para fortalecer la capacidad operativa de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el departamento”. 
 
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El contrato estableció la compra de 100 teléfonos satelitales para personas con riesgo de seguridad en la región. Por cada teléfono se pagó poco más de 9 millones de pesos. Pero un año después de entregados, estos se encuentran en la bodega de la UNP en Bogotá y no han sido destinados a los protegidos. 

El total de la compra de los teléfonos fue de $937.207.100. El representante legal de Global Business Innovation es Antonio Londoño Guteque, hijo del actual alcalde del municipio Fuente de Oro, del Meta. Los teléfonos, de marca Globalstar, tienen en el mercado un precio promedio de tres millones de pesos. Sin embargo, Londoño Guateque, consultado por Blu Radio, aseguró que “el precio elevado de los teléfonos se debe a que cada uno venía con un plan de 1.200 minutos por tres años consecutivos a partir de la fecha de entrega de los equipos”. 

Según Londoño, él dejó claro como contratista que los planes por tres años empezaban a contar luego de que se entregaran los teléfonos. Pero un año después de adquiridos estos siguen empacados. 

BLU Radio consultó con el director saliente de la UNP, Diego Mora, quien confirmó que los teléfonos están en la bodega en Bogotá. 

“Nuestra responsabilidad con los teléfonos satelitales o con cualquier elemento que haga parte de la UNP es velar por el cuidado de todos los activos. Los teléfonos en este momento se encuentran en nuestro almacén, en la principal, porque la unidad no cuenta con almacenes en las regiones. Su uso dependerá de las necesidades de los esquemas que así lo requieran”, argumentó. 

Según Mora, los teléfonos pueden ser usados para los protegidos en cualquier región, aunque fueron pagados con recursos del departamento. De hecho, el acta de entrega de los elementos del contrato el 13 de septiembre de 2017 puntualizó que “será obligación de la Unidad Nacional de Protección destinar los bienes que se entregan única y exclusivamente para fortalecer la capacidad operativa del departamento del Meta”. 

Pero hay más. El contrato se dio a través de una donación. Según el secretario Mancera, el Fondo de Seguridad que está conformado por los organismos territoriales de la Gobernación, la Fiscalía, la Policía, las Fuerzas Militares, y Migración Colombia decidió que en ese momento se requerían los dispositivos. 

No obstante, el director de la UNP insistió en que a la oficina central nunca se le consultó y, de hecho, solo les avisaron una vez ya se había realizado la compra. 

Fuentes del proceso afirmaron que también hubo irregularidades en la compra de impresoras y elementos para un gimnasio. 

Lo cierto es que hoy, a pesar del número de líderes sociales asesinados en el país-más de 330 con las cifras de la Defensoría-, los teléfonos se están empolvando en la bodega de la UNP en Bogotá.