La decisión de suspender totalmente las operaciones de la planta de Comestibles La Rosa en Dosquebradas (Risaralda) ha encendido las alarmas tanto en el sector laboral como entre los consumidores de emblemáticos productos como Saltinas Doré, Cocosette y galletas Milo Sándwich. La medida fue oficializada por el jefe de recursos humanos de la fábrica, Fernando Gómez, tras varios meses de incertidumbre originados por los daños estructurales que dejó un terremoto en la infraestructura del complejo industrial.
El hecho abre una profunda incógnita sobre el futuro del abastecimiento de estas marcas tradicionales en Colombia y sobre la estabilidad de más de 400 trabajadores.
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La imposibilidad técnica de producir en otras plantas y la incógnita del desabastecimiento
Uno de los puntos de mayor preocupación para el mercado es si los productos elaborados en Dosquebradas podrán ser reubicados en otras instalaciones de la multinacional en el país. En diálogo con Mañanas Blu, y de acuerdo con José Manuel Uribe, trabajador de la fábrica y dirigente sindical en Risaralda, las otras plantas activas de la empresa en Colombia —ubicadas en Bugalagrande (Valle del Cauca), Valledupar y Mosquera (Cundinamarca)— no cuentan con la tecnología requerida.
Al ser consultado sobre si es técnicamente viable trasladar la producción de Cocosette o Saltinas a esas sedes, Uribe fue enfático: "En estos momentos técnicamente no es posible porque no existe la maquinaria idónea para desarrollar estos productos". El dirigente explicó que la línea de galletería de Dosquebradas requiere de un equipamiento altamente especializado que incluye dosificadoras, mezcladoras, áreas de laminado, hornos industriales, bandas transportadoras de enfriamiento y un proceso de empaque específico que no existe en ninguna de las otras plantas operativas.
Esta restricción técnica deja en el aire la continuidad del suministro de estas marcas, en un mercado de galletas tipo cracker donde las galletas Saltinas han venido enfrentando una fuerte competencia frente al dominio de Saltín Noel (que acapara cerca del 50% del mercado) y el auge de las marcas propias de los canales de hard discount como D1 y Ara. Frente a las consecuencias de este cierre en la distribución de los productos, Uribe señaló que la compañía no ha dado claridad sobre si habrá desabastecimiento o un cambio de estrategia: "La empresa deja algo en el aire, hay una incógnita... oficialmente anuncian la suspensión total de las operaciones de la fábrica. En ningún momento han mencionado que se van a ir o que van a realizar otro tipo de situación".
Daños por el terremoto: infraestructura afectada pero maquinaria intacta
El origen directo de la parálisis se remonta a un terremoto ocurrido hace más de tres meses, el cual provocó daños en aproximadamente el 56% de la infraestructura física del 1edificio. Sin embargo, la representación de los trabajadores denuncia que las áreas operativas no quedaron destruidas en su totalidad y que cerca del 30% de la capacidad instalada continuaba produciendo hasta el pasado lunes festivo.
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Según detalló Uribe, el sismo destruyó parte de los muros, pero gran parte de la maquinaria de galletería permaneció en sus puestos de trabajo sin daños irreparables. A pesar de que la organización de trabajadores propuso formalmente ingresar a la planta para remover escombros y rehabilitar las líneas —tal como se realizó tras el terremoto de 1999—, la directiva rechazó la iniciativa.
"Desafortunadamente hay que decir luego de 3 meses no se movió un solo ladrillo para tratar de recuperar eso. Seguramente pues allí está lleno de animales y cosas porque la empresa lo único que hizo fue aislar esa zona y no permitió el acceso", aseveró Uribe. El dirigente añadió que la maquinaria en áreas clave como la de mezclas continúa "recogiendo polvo", sin que la empresa haya presentado un plan de reconstrucción para las zonas afectadas.
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Crisis laboral, suspensiones masivas y presión para retiros voluntarios
La parálisis de la fábrica ha derivado en un agudo conflicto social y laboral en Risaralda. Un mes después del sismo, el 8 de septiembre, la compañía procedió a suspender los contratos de 221 trabajadores de un total de 400 empleados activos. Entre los suspendidos se incluyó a personal a término fijo, 50 trabajadores con estabilidad laboral reforzada por problemas de salud, 30 madres cabeza de hogar, 20 empleados en estado de prepensión (incluyendo a un trabajador al que le faltaban 15 días para su jubilación) y a la totalidad de la junta directiva del sindicato.
La crisis alcanzó su punto crítico con el anuncio del cese total de operaciones, escenario en el que la compañía aisló a grupos de empleados para ofrecerles arreglos económicos mediante planes de retiro voluntario a cambio de sus despidos. Uribe denunció fuertes presiones durante dichas reuniones: "Hay una afectación gravísima en estos momentos, porque aparte de que están encerrados por grupos en lugares donde les dicen: 'si no firman esto hoy, pues entonces ya mañana no va a haber esta propuesta'. Es una presión muy fuerte".
Los líderes sindicales sostienen que la suspensión general de operaciones no cuenta con la autorización previa del Ministerio del Trabajo ni de una orden judicial, los cuales constituyen prerrequisitos legales para este tipo de decisiones. Asimismo, destacaron que el viernes anterior un juez de la República emitió una orden judicial para proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de Comestibles La Rosa, por lo que acudirán a las instancias legales para exigir el cumplimiento de las garantías laborales.
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Escuche aquí la entrevista: