La Asociación Colombiana de Salud Pública cuestionó al Gobierno en su política inicial contra el narcotráfico y el consumo de drogas. Aseguran que el regreso del glifosato es un error porque la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer concluyó que este compuesto era probablemente cancerígeno.
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“La única razón por la que el estudio no dijo que definitivamente era carcinógeno, es que no pudieron hacerse pruebas en humanos por un tema de bioética”, explica la vicepresidenta de la organización, Dionne Cruz, quien también asegura que la confiscación de la dosis mínima a partir del decreto del presidente Duque va a tener un efecto económico simple: el aumento del precio, lo que significa más estímulos al negocio.
“Cuando las personas son adictas, están atadas a algo que se llama el régimen de abstinencia. Cuando no están consumiendo eso tiene unos efectos en su cuerpo, depresión y una serie de angustias que se generan por la posibilidad de la pérdida de la vida. Cuando a los adictos les quiten las dosis, naturalmente ellos van a buscar una nueva dosis. Hay personas que desafortunadamente van a utilizar los crímenes para conseguir las nuevas drogas. Pero, además, el prohibicionismo lo que inmediatamente genera en el menudeo es el aumento de los precios”, explicó Cruz.
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En ese sentido, la experta en drogas criticó al Ministerio de Salud porque luego de que el anterior ministerio liderara en 2014 la suspensión del uso del glifosato, este no se ha mostrado en contra de la utilización de ese químico.
“Nos llama profundamente la atención porque el exministro Alejandro Gaviria fue muy enfático. Esa visión se adoptó acatando lineamientos internacionales de la OMS y estudios muy acreditados de la academia internacional. Nos preocupa que de un Gobierno a otro el viraje sea absoluto. Esto es perjudicial para el país”, argumentó.
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Según dijo la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, el presidente Duque firmará el viernes el decreto de la prohibición.
Entre tanto, sobre la aspersión, aún se mantienen pruebas con drones, pero el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, señalaron en diferentes ocasiones que será imposible reducir las más de 170.000 hectáreas de coca que existen actualmente sin acudir a la aspersión aérea.
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