A través de la Delegada de Minas y Energía, la Contraloría revisará los subsidios de energía recibidos durante cuatro años más, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados.
Además, la actuación especial pretende cuantificar el monto del daño al patrimonio estatal que se habría dejado de cuantificar durante el período antes citado.
La medida se aplica luego que la Contraloría verificó que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito.
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De acuerdo con el ente de control, Electricaribe utilizó más de 78.500 millones de pesos que le giró el Gobierno para subsidiar alrededor de 600 mil usuarios, en un objeto totalmente distinto y presuntamente ilegal: disminuir sus pérdidas.
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El hallazgo fue detectado por el organismo de control luego de analizar un promedio de 800 mil facturas mensuales expedidas durante los años 2015 y 2016, para un total de 19 millones de facturas revisadas aproximadamente.
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