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La Controlaría General de la Nación le puso ‘la lupa’ al contrato por 725 millones de pesos con el que la Alcaldía de Cartagena adquirió 10.000 pruebas rápidas para el diagnóstico de COVID-19.
A través de un oficio, el órgano de control decretó la apertura de la investigación de este contrato firmado entre la Alcaldía de Cartagenay la empresa Ventas Distribución y Marketing LTDA, en sus etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales.
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“La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata remitirá a la Contraloría Delegada para el sector salud toda la información recauda y que concierna a los objetos de control relacionados con el artículo primero de ese acto administrativo, así como los informes que sobre el particular sean elaborados”, señala uno de los apartes del oficio firmado por el contralor general Carlos Felipe Cardona.
Ya se habían alertado posibles sobrecostos
Precisamente, sobre este contrato la Fundación Cívica por Cartagena-Funcicar, ya había alertado sobre posibles sobrecostos en la adquisición de dichas pruebas rápidas, tras estudiar contrataciones similares en la Alcaldía de Montería, la Fuerza Aérea Colombiana y La Dirección General de Sanidad Militar.
“Analizamos la contratación de la Alcaldía Cartagena del 8 de abril para adquirir pruebas rápidas y pudimos ver como en el SECOP solo cuelgan una cotización por un valor unitario de 89. 250 pesos”, dijo la directora de Funcicar, Carolina Calderón.
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“Pudimos acceder a cotizaciones de la Alcaldía de Montería, la Fuerza Aérea Colombiana y Sanidad Militar, donde presentan varias cotizaciones con IVA y sin IVA, y en las mismas fechas de la Alcaldía de Cartagena y los precios oscilaron entre 27.000 y 33.000 pesos, cuando la Alcaldía de Cartagena adquirió estas pruebas a un valor unitario de 72.500 pesos”, añadió.
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Una vez se conoció la denuncia de Funcicar, la Alcaldía de Cartagena se pronunció detallando que “el distrito realizó una convocatoria el 2 de abril, recibiendo 6 propuestas, de las cuáles solo dos cumplían con los requisitos exigidos, en cuanto a no pago de anticipo, es decir, que tuvieran la capacidad financiera, y que, además, el objeto social de la empresa proponente tuviera relación con el tipo de insumos que se debían adquirir”.
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También señalaron que “los valores del mercado han sido muy cambiantes en las últimas semanas a causa de la demanda de este tipo de pruebas” y que otro factor que tuvieron en cuenta a la hora de escoger a la empresa contratista, fueron los tiempos de entrega.
“Había empresas que, además de pedir anticipos de casi el 100%, daban tiempos de entrega superior a los 25 días”, precisaron a través de un comunicado de prensa.
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