La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas ante el acelerado ritmo de contratación directa ejecutado por el Gobierno Nacional en las últimas semanas. Según Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas, entre el 22 de junio y el 21 de julio, se identificaron compromisos presupuestales por 4 billones de pesos, una cifra que, de mantenerse la tendencia, podría superar los 6 billones de pesos al finalizar el periodo administrativo.
"En estas cuatro semanas identificamos más compromisos por 4 billones de pesos, lo que alertó a la Contraloría General de la República en materia de la presión de caja y el presupuesto general de la nación que hay que garantizar para este segundo semestre", afirmó la funcionaria en entrevista con Mañanas Blu.
Un incremento impulsado por la contratación directa
El análisis del organismo de control detalla que, de los más de 14.000 contratos suscritos recientemente, al menos 11.000 fueron adjudicados mediante la modalidad de contratación directa. Esta cifra ha generado preocupación por la alta concentración de órdenes de prestación de servicios (OPS) en un periodo de transición gubernamental.
Lindo subrayó que la Contraloría ya se encuentra realizando una verificación exhaustiva sobre la planeación y eficiencia de estos acuerdos. "Nosotros como Contraloría General estamos identificando, revisando rápidamente la planeación, la eficiencia y obviamente la eficacia que pueden tener la suscripción de estos contratos y la de ejecución y de supervisión que tiene el Estado", precisó.
La preocupación central de la entidad radica en que gran parte de estos contratos deberán ejecutarse en los cinco meses restantes del año, lo cual, sumado a las deudas vigentes en sectores como salud, energía y educación, podría comprometer las reservas presupuestales del próximo año, las cuales ya cerraron con un déficit superior a los 41 billones de pesos en el ejercicio anterior.
Investigaciones por presuntas irregularidades en deuda pública
Además de la "feria de contratos", la Contraloría adelanta investigaciones sobre el manejo de la deuda pública, particularmente en el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Crédito Público. Según Lindo, se detectó una operación de canje de TES (Títulos de Tesorería) que pasó de tasas de interés del 7% a tasas superiores al 12% o 13%, lo que fue calificado como una posible "ilicitud sustancial".
"Ese incremento en las tasas de interés, por supuesto, es una situación que desde el punto de vista legal es una ilicitud sustancial que nos hace activar a nosotros el hallazgo disciplinario, y fue remitido a la Procuraduría General", explicó la Contralora Delegada.
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Función de advertencia ante riesgos financieros
Ante este panorama, la Contraloría ha activado funciones de advertencia dirigidas a los ordenadores del gasto. El objetivo, según indicó Lindo, es que el Ejecutivo actúe con prudencia presupuestal para evitar la materialización de riesgos que obliguen a iniciar procesos de responsabilidad fiscal.
Aunque el Gobierno mantiene la facultad legal de suscribir contratos hasta el 7 de agosto, la Contraloría instó a la mesura. "Estamos activando estas herramientas preventivas, como es la función de advertencia, notificándole a los ordenadores del gasto los riesgos inminentes que estamos identificando", concluyó la funcionaria, advirtiendo que la entidad seguirá monitoreando el impacto de estas operaciones sobre las finanzas públicas de Colombia.
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