En la agenda de la Corte Constitucional de esta semana está un tema polémico porque involucra a miles de conductores de vehículos particulares en el país.
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La corte recibió en enero una demanda de Guillermo Otálora Lozano. Este ciudadano está pidiendo que se “caiga” parcialmente el artículo 26 del Código de Tránsito del 2002, el cual mantiene actualmente la suspensión de licencias por más de 25 años.
Varios conductores de plataformas como Didi o Uber han expresado inconformidad porque consideran que se trata de una medida exagerada.
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Su tesis es que este punto de la ley viola el debido proceso porque extendió a todo tipo de conductas que no tienen la misma gravedad como, por ejemplo, a los conductores en estado de embriaguez.
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La Sala Plena eligió para su estudio una demanda que considera desproporcionada que, a un conductor de las nuevas plataformas como Uber, Didi, o Cabify, le quiten la licencia de conducir por 25 años.
En su momento, el Ministerio de Transporte, le dijo a la Corte que es igualmente grave conducir un vehículo en estado de embriaguez, como lo es la “irresponsabilidad de trasladar personas de un lugar a otro sin las medidas de seguridad ordenadas por la normatividad”.
Para el ministerio era válido sancionar a personas que prestaban el servicio público en vehículos no autorizados, argumentando que “ponían en peligro un gran conglomerado social”.
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