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Corte Suprema ratifica condena contra exgobernadora del Huila por corrupción

Cielo González Villa, exgobernadora del Huila, fue condenada a 6 años y 1 mes de prisión por irregularidades en contratos para la producción y comercialización de aguardiente Doble Anís.

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia
Foto: Blu Radio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra Cielo González Villa, exgobernadora del Huila, al hallarla responsable de interés indebido en la celebración de contratos, la decisión se dio en segunda instancia, tras resolver los recursos de apelación presentados por la defensa y el Ministerio Público.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena en contra de la exgobernadora del Huila Cielo González Villa por las irregularidades en un contrato de licores, ahora, la Corte tras un recurso de casación le redujo la pena que inicialmente era de 6 años y 5 meses a 6 años y 1 mes por el delito de celebración indebida de contratos

De acuerdo con la sentencia, González Villa suscribió tres contratos interadministrativos con la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) en 2012, sin garantizar un proceso de selección transparente y objetivo. "Se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva, al favorecer de manera indebida a la FLA", determinó el fallo.

La Corte Suprema pudo comprobar que cielo González Villa siendo gobernadora entre 2012 y 2013, les entregó a dedo tres contratos para la fabricación del aguardiente regional doble anís a la fábrica de licores de Antioquia, además la Fiscalía encontró que la selección del contratista se saltó las leyes de contratación pública.

Además, según la Corte, la exgobernadora "fraccionó contratos para eludir la obligación de adelantar una licitación pública".

En su defensa, la exgobernadora argumentó que su actuación se fundamentó en la necesidad de asegurar el abastecimiento de aguardiente y que actuó con el respaldo de un equipo interdisciplinario.

Sin embargo, la Corte desestimó esta justificación, señalando que "Las irregularidades eran evidentes y habrían sido advertidas incluso por una persona con conocimientos básicos en contratación estatal".

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