El Gobierno nacional expidió la Resolución CRA 1039 de 2026, mediante la cual adopta un nuevo marco tarifario para las empresas prestadoras del servicio público de aseo que operan en municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores urbanos. La actualización modifica la metodología con la que se calcula la tarifa del servicio e incorpora criterios relacionados con el aprovechamiento de residuos y la economía circular.
De acuerdo con el documento, la regulación busca incentivar la separación de residuos en la fuente y aumentar las tasas de aprovechamiento, de manera que una mayor cantidad de materiales pueda reincorporarse a procesos productivos en lugar de ser dispuesta en rellenos sanitarios. La resolución también plantea promover modelos de tratamiento de residuos con menor impacto ambiental y facilitar la implementación de parques tecnológicos y ambientales.
Otro de los cambios que introduce la norma es el reconocimiento de los recicladores de oficio dentro del esquema regulatorio. El nuevo marco incorpora incentivos orientados a fortalecer las organizaciones de recicladores y su participación en la cadena de aprovechamiento de residuos como parte de la prestación del servicio público de aseo.
De acuerdo con la nueva metodología tarifaria, los alcaldes municipales tendrán a cargo la responsabilidad de fortalecer la política Basura Cero mediante la incorporación en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos el cuerpo normativo que deja al país el Gobierno saliente del Presidente Gustavo Petro, en específico, los Decretos 670 de 2025, 1381 de 2025 y 271 de 2026.
En ese sentido, directora ejecutiva de la CRA, Gloria Narváez Tafur, indicó que "la gestión de los residuos sólidos enfrenta hoy desafíos muy distintos a los de hace algunos años. Por eso el país necesitaba una regulación moderna, capaz de responder a las nuevas realidades ambientales, sociales y tecnológicas. Este Nuevo Marco Tarifario cambia la metodología para calcular las tarifas y crea las condiciones para avanzar hacia un modelo más sostenible, donde el aprovechamiento y la economía circular ocupan un lugar central".
La resolución fue suscrita por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien actuó como ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio ad hoc y presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) para la expedición de este acto administrativo.
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