Los informes que emiten las oficinas de las Naciones Unidas que tienen presencia en el país no han caído bien en el Gobierno. La semana pasada la arremetida fue en contra de la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos y, esta vez, la canciller Claudia Blum criticó el informe que presentó este miércoles ante la ONU en Ginebra, Suiza, Michel Forst, el relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos tras su visita al país en 2018.
Inicialmente la canciller resalta que el relator “reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos”, y paso seguido hace cinco críticas fuertes a la evaluación asegurando que estas afirmaciones no reflejan objetividad e integridad.
“La supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”.
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El informe tiene un capítulo de criminalización y estigmatización de defensores de derechos humanos en el que Forst puso como ejemplo la detención de protestantes contra la petrolera Frontera Energy, que tiene contratos con el Ministerio de Defensa y Fiscalía. A esto la canciller responde que estas afirmaciones no cuentan con soporte verificado.
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“Las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”, afirma Blum.
También critica que el informe dice que hay falta de determinación política y de asignación de recursos para la implementación del acuerdo de paz, en lo cual “desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.
En el mismo sentido de la crítica a la oficina de derechos humanos, la Cancillería dice que el relator reflejó opiniones subjetivas en este informe en las cuales extralimitó sus funciones entrando a campos que no le corresponden.
“Las supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, que se mencionan ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente. Y las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”, dice.
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La canciller pide que todos los representantes de las Naciones Unidas cumplan con su labor respetando el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos que les exige cumplir dos reglas.
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“Primero, establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”.
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