Cerca de 700.000 colombianos desde este 8 de septiembre podrán sacar sus armas de sus casas y llevarlas, esto luego de que el presidente Abelardo De La Espriella flexibilizara el porte legal en el país tras su suspensión en diversas ocasiones por mandatarios que han pasado por la Casa de Nariño.
Mediante el decreto 1368, publicado este 8 de septiembre, el Gobierno vuelve a dejar plenamente vigente un sistema con más de 30 años, creado por un Decreto Ley en 1993. Pero esto abrió el debate legal y moral de qué tan correcto es usar un arma para defenderse ante la inseguridad, como lo ha propuesto el presidente De La Espriella.
En medio del debate que ha generado el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una de las principales preguntas que surge entre los ciudadanos es qué ocurre jurídicamente cuando una persona utiliza un arma para defenderse durante un atraco o una agresión.
¿Cuándo es legítimo usar un arma para defenderse?
En diálogo con Recap Blu, el abogado penalista Fabio Mar aseguró que el porte legal no implica que la puedan usar en cualquier situación sin razón alguno, sino que se contempla para la legítima defensa ante un ataque actual o inminente contra una persona, familiar o sobre bienes que se encuentren en peligro.
“La legítima defensa requiere, según el Código Penal, y esto pues es una institución milenaria, que la defensa para que sea legítima, es decir, cuando yo estoy impidiendo un ataque a mi ser, al de mi familia, a mis bienes, a mi propiedad, a mi intimidad en general, debe ser proporcional”, explicó Mar.
El abogado puso un ejemplo: si una persona es atacada con un elemento contundente, no necesariamente tiene que responder utilizando otro elemento de las mismas características. Lo importante, según su explicación, es que exista una agresión actual o inminente y que la respuesta esté dirigida a detenerla.
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“Esto no es que uno entre como en EE.UU. a cualquier tienda y le vendan un arma, no. Y de esa manera reconocer que los ciudadanos tienen derecho a la defensa, porque hoy en día los únicos que tienen derecho a la defensa son las personas que cometen delitos, porque ellos el Estado sí debe proteger los derechos fundamentales cuando van a un proceso penal. Pero quien está en un restaurante almorzando y entran a atracarlo, él no tiene derecho a la defensa. Se encuentra con una maraña jurídica infinita, infinita de procesos para lograr con la condena”, puntualizó.
El límite sigue siendo la defensa, no la venganza
La discusión sobre el porte de armas, sin embargo, no elimina la responsabilidad individual frente al uso de estos elementos. La propia explicación del penalista establece una línea entre la defensa ante una agresión y la retaliación contra quien ya dejó de representar una amenaza.
Por eso, frente a un caso concreto, no basta con afirmar que una persona estaba siendo víctima de un robo o una agresión. Las circunstancias en las que se produjo la reacción serán determinantes para establecer si la conducta puede considerarse legítima defensa.
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El debate adquiere especial relevancia en un país donde los atracos y hechos de violencia hacen parte de las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. Para Fabio Mar, permitir el porte legal y regulado de armas debe ir acompañado de mayores controles y capacitación, precisamente para evitar que estos elementos terminen siendo utilizados de manera indiscriminada.