La violencia contra líderes sociales en Colombia volvió a aumentar en 2025, así lo advierte el informe 'Promesas Rotas' del Programa Somos Defensores, que documenta un incremento en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el reporte, en ese año se registraron 874 agresiones, dentro de las cuales se incluyen 165 asesinatos, dirigidos contra 783 líderes y lideresas sociales. La cifra representa un aumento superior al 20 % frente a 2024, según el análisis del sistema de información del programa.
El informe detalla que varias formas de violencia presentaron incrementos durante el último año. Entre ellas, los asesinatos aumentaron un 5 %, los desplazamientos forzados un 64 %, las desapariciones forzadas un 24 %, los secuestros un 38 %, las amenazas un 19 % y los atentados un 16 %.
“El suroccidente del país concentra aproximadamente el 40 % de los casos, a pesar de albergar dos de los principales escenarios de diálogo con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. A nivel departamental, el caso más alarmante es el Cauca, donde tuvieron lugar 238 agresiones, seguido de Antioquia con 186. Por su parte, la violencia letal se concentra cada vez más en ciudades capitales como Cali, Bogotá D.C. y Cartagena, así como en municipios en regiones con crisis humanitarias, como Tibú, en Norte de Santander, y Calamar, en Guaviare”.
En cuanto a los perfiles de las víctimas, el liderazgo indígena registra el mayor número de agresiones, con 257 casos, seguido por liderazgos comunitarios (206), comunales (124), campesinos (60) y de víctimas (58). El informe también advierte sobre un posible subregistro en las agresiones contra integrantes de Juntas de Acción Comunal, especialmente en departamentos como Cauca, Guaviare, Huila, Meta y Córdoba.
El reporte incluye que en el caso de la Fiscalía General de la Nación, persisten bajos niveles de esclarecimiento en los hechos de violencia letal contra personas defensoras. Según las cifras presentadas, entre 2002 y septiembre de 2025, el 11 % de los casos cuenta con sentencia condenatoria. Asimismo, se advierte que un alto porcentaje de agresiones permanece con autores desconocidos.
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Sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), el informe se refiere a limitaciones en la evaluación del riesgo y en la implementación de medidas. Entre 2022 y 2025, la entidad analizó 19.807 casos, de los cuales solo 20 fueron clasificados como de riesgo extremo. En ese mismo periodo, se implementaron más de 59.000 medidas individuales y se realizaron 283 estudios de riesgo colectivo.
El documento también menciona que el mayor número de solicitudes de protección proviene del suroccidente del país, especialmente de departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, seguidos por Bogotá, Santander y Norte de Santander.
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