El asesinato de Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, ocurrió pocos días después de que el líder comunitario participara en un consejo de seguridad en el que expuso ante las autoridades los problemas de inseguridad que venían afectando a las comunidades de esta zona rural.Rodríguez fue asesinado este martes 22 de septiembre cuando se movilizaba en una camioneta por la vía que conduce hacia el corregimiento El Centro, en inmediaciones del sector del cementerio. Según información preliminar, hombres armados lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades.El líder quedó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía del Magdalena Medio adelanta las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar el móvil del homicidio.Durante el consejo de seguridad realizado el pasado 13 de septiembre en el corregimiento El Centro, Rodríguez habló de los hechos que estaban afectando a las comunidades, entre ellos hurtos, extorsiones y, especialmente, el robo de motocicletas en diferentes veredas.“Estos consejos de seguridad son muy importantes. Aquí se viene exponiendo toda la problemática en cuanto a temas de seguridad que se vienen presentando en el corregimiento El Centro: hurtos, extorsión, todo ese tipo de situaciones que se han venido presentando”, manifestó Rodríguez durante esa jornada.El líder comunitario insistió además en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades, los líderes y la Fuerza Pública para tratar de reducir los hechos delictivos que se estaban presentando en el territorio.También es materia de investigación por parte de las autoridades un panfleto de supuestas disidencias de las Farc que circuló en Barrancabermeja y en el que aparecía el nombre de Julián y otras 12 personas, a las que señalaban como objetivo militar.El crimen generó rechazo entre las autoridades locales. La Alcaldía de Barrancabermeja, en cabeza del alcalde Jonathan Vásquez Gómez, lamentó el asesinato y destacó el trabajo que Rodríguez realizaba con las comunidades del corregimiento.Tras el homicidio, la administración distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables.Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, aseguró que fue activado un plan de búsqueda y una investigación para esclarecer el crimen.“Tenemos desplegado un plan candado y también una línea de investigación contundente, no solo en el corregimiento, sino en toda la ciudad”, afirmó el funcionario.
Una compleja situación de orden público atraviesa el municipio de Remedios en el departamento de Antioquia, luego de que al menos 11 familias salieran desplazadas desde la vereda Río Bagre por un homicidio y diversas amenazas de grupos armados.La información que confirman las autoridades departamentales es que desde zona rural del Nordeste antioqueño salieron 21 personas de 11 familias con rumbo al casco urbano del municipio de Segovia, en esta misma subregión.Aunque el censo podría aumentar en las próximas horas como indicaron desde Remedios, lo que se ha sabido hasta el momento es que el motivo del desplazamiento fue el asesinato de William de Jesús Giraldo, un líder social y comerciante de la zona.Asimismo, Corpades denunció a través de sus redes sociales que en el sitio desde donde se desplazaron las familias se habría instalado un retén ilegal hace unos días, situación que sumada al homicidio ocasionó que el temor y la zozobra se apoderará de la comunidad.La corporación envió un mensaje contundente y pidió, “al Estado, organismos humanitarios y comunidad internacional acciones urgentes para proteger a la población civil rural y prevenir nuevos desplazamientos”.Por ahora se espera que las personas desplazadas lleguen hasta Segovia en donde las autoridades recibirán más información que les permita conocer quién está detrás de estos hechos, aunque la primera hipótesis arroja que sería el Clan del Golfo.
Las autoridades capturaron en Apartadó, a un hombre conocido como alias 'Juan', señalado como el presunto responsable material del homicidio de un líder sindical y docente, ocurrido en enero de 2025 en el corregimiento de Currulao.De acuerdo con la investigación, alias 'Juan' sería quien habría ejecutado asesinado al hombre, por lo que el caso había sido priorizado por las autoridades debido a su relación con hechos violentos contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.Los investigadores señalaron que la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física permitió avanzar en la identificación del presunto responsable. Además, durante el operativo le fue incautado un teléfono celular, que será sometido a análisis técnicos.El comandante de la Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda, explicó que entre las hipótesis que se manejan está que el crimen habría tenido relación con situaciones de carácter pasional."Es requerido por los delitos de homicidio y hurto. De acuerdo con la investigación, el capturado sería el presunto autor material del homicidio de un líder sindical y docente, cuyos móviles estarán relacionados con situaciones de carácter pasional", precisó Cepeda.Alias 'Juan' quedó a disposición de la autoridad judicial y deberá responder por los delitos de homicidio y hurto, por los cuales tenía una orden de captura vigente.
Conmocionada se encuentra la comunidad de la vereda Chontaduro, del corregimiento Peón, zona rural plana de Jamundí, Valle, tras el asesinato de Cirlady Gómez, una reconocida lideresa social que pertenecía al Comité de Adulto Mayor de la vereda.El crimen ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de la mujer, ubicada en el sector conocido como La Vega, y le propinaron tres disparos que le provocaron la muerte.La familia de esta lideresa tuvo que salir a escondidas de la vivienda, para dar aviso a las autoridades y protegerse de los delincuentes, que permanecieron en la zona durante varios minutos. Al llegar la Policía, se adelantó con el grupo de la Sijín los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Legal.La muerte de Cirlady enciende las alarmas entre las comunidades y defensores de derechos humanos de la zona rural de Jamundí, pues es el segundo asesinato registrado en el municipio que afecta los liderazgos sociales, pues el día viernes fue encontrado sin vida y con signos de tortura, el cuerpo de Jefferson Maquerry Mamián, hijo de la líder integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas de Jamundí, Marleny Mamián.Jefferson fue obligado a salir de su casa por sujetos armados, al parecer integrantes de la disidencia Jaime Martínez, en la parte alta de Jamundí, horas después sus restos fueron abandonados en el sector de Timba, Cauca.La comunidad en Jamundí exige acciones inmediatas para restablecer la seguridad en la zona rural, y así garantizar la protección de los liderazgos sociales en el municipio.
El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.
Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia contra líderes sociales y comunidades continuó afectando a los territorios. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 78 líderes y lideresas sociales hasta junio de este año. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la construcción de paz en el país.Según el informe, entre las víctimas se encuentran 17 líderes y 61 líderes sociales. Abril fue el mes más crítico del semestre, con 18 homicidios registrados. En cuanto a la distribución territorial, el departamento del Cauca concentró el mayor número de casos con 19 asesinatos, seguido por Antioquia con 11 y Norte de Santander con siete.La Defensoría también reportó que, durante el mismo periodo, fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila, lo que mantiene las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.Por otro lado, la entidad documentó 68 masacres entre enero y junio, con un saldo de 272 personas asesinadas. Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho, departamentos que continúan concentrando buena parte de las afectaciones por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.Las cifras coinciden con las alertas que han venido haciendo organizaciones sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas. Sin embargo, cuando aún faltan seis meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2 % de las registradas en todo el año anterior.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, al considerar que su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra José Elías Cortés Velásquez, señalado integrante del Clan del Golfo, por su presunta participación en el asesinato del líder social José Isidro Cuesta Rivas, crimen ocurrido el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Carmen del Darién, Chocó.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría citado mediante engaños a la víctima a un sector conocido como La Y del Vergel, ubicado en la vereda Uradá. Allí, presuntamente, lo sometió para dejarlo en estado de indefensión y posteriormente fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte.Según el ente acusador, Cortés Velásquez integraría desde 2020 la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, donde cumpliría funciones como comandante de punto y tendría a su cargo un componente armado con presencia e injerencia en el municipio de Carmen del Darién.El señalado fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de la vereda La Borojera, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 21 cartuchos y un proveedor.La Fiscalía recordó que, con anterioridad, José Elías Cortés Velásquez ya había sido declarado persona ausente dentro de la investigación por el homicidio del líder social José Isidro Cuesta Rivas. En esa actuación también fue vinculado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de una lideresa en el municipio de Santa Bárbara. La mujer fue baleada y encontrada al interior de su vivienda.La muerte de Mónica Sánchez, de 54 años, no solo tiene consternado al municipio de Santa Bárbara, donde era reconocida como lideresa social, sino que también ha generado preocupación en Antioquia, donde recientemente se conoció el ofrecimiento de una recompensa para dar con la captura de los responsables.Cabe recordar que fue el sonido de varios disparos lo que alertó a los habitantes del barrio Los Almendros, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. Los uniformados llegaron hasta el lugar y encontraron sin vida a la mujer, quien había sido presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector donde residía.Ante este hecho, la Gobernación de Antioquia ofreció en las últimas horas una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la identificación, individualización y judicialización de él o los responsables del asesinato de la lideresa social.El alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, aseguró que está a la espera de un informe detallado por parte de las autoridades judiciales. No obstante, indicó que la principal hipótesis del caso apunta a un ataque sicarial.“Extraoficialmente, la gente habló de haber escuchado una detonación. Es lo que se dice. La Policía llegó al lugar y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos un informe oficial que permita determinar las causas de la muerte. Inicialmente, sí tenemos la hipótesis de que se trataría de un ataque de este tipo”, afirmó.Las autoridades locales resaltaron que, hasta el momento, no existía ningún reporte sobre amenazas contra la lideresa, ya fuera relacionadas con su labor social o con asuntos de carácter personal.
Autoridades en el municipio de Santa Bárbara están tras la pista de los responsables del asesinato de una reconocida lideresa social que fue hallada sin vida en las últimas horas en su vivienda, en zona urbana de esta localidad del Suroeste de Antioquia.Fue el sonido de disparos los que alertaron a los habitantes del barrio Los Almendros quienes dieron aviso a la Policía y encontraron sin vida a la mujer identificada como Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años de edad.Según el alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, se trata de una persona reconocida por liderar desde hace más de una década diferentes procesos comunitarios y políticos. Sánchez fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, candidata a la Asamblea de Antioquia e incluso asistía frecuentemente a la sesiones del Concejo Municipal por lo que era distinguida cariñosamente como ‘la concejal número 14’.El mandatario sostuvo que a la espera de un informe detallado por parte de entidades judiciales, la principal hipótesis del caso es que se trató de un ataque sicarial."La Policía bajó y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos como el informe real que pueda determinar las causas de la muerte inicialmente. Si se maneja la hipótesis de que por un ataque sicarial", indicó Quintana.En la mañana de este 20 de junio se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en articulación con la Gobernación de Antioquia y no se descarta el ofrecimiento de recompensa por información que permita dar con el paradero de los victimarios.Autoridades locales resaltaron que hasta el momento no tenían ningún tipo de reporte sobre amenazas contra esta lideresa ya fuera por motivos de su labor social o por asuntos personales.
De varios disparos fue asesinada la docente Enilda Esther Rudas Vaca en el barrio Villa Gladys, del municipio de Fundación (Magdalena), mismo sector en el que ella ejercía como presidenta de la Junta de Acción Comunal, destacándose por su liderazgo y luchas sociales.La mujer, de 44 años, laboraba como maestra en una institución educativa del mencionado municipio y a raíz del atentado, en el que pistoleros en moto también dejaron herido un hombre que la acompañaba, diversos sectores sociales y hasta la misma gobernadora del Magdalena han pedido celeridad en las investigaciones para dar pronto con los responsables y esclarecer lo sucedido.Octavio Foronda, asesor de la Secretaría del Interior del Magdalena, aseguró al término de un consejo extraordinario de seguridad que la investigación del caso ha sido priorizada."Se han tomado decisiones para trabajar la investigación de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, con el fin de lograr resultados en corto plazo y lograr la captura de los responsables", informó el funcionario.La gobernadora Margarita Guerra expresó que este asesinato le “duele aún más porque ocurre en Fundación”, tierra donde ella nació y creció, “y porque se trata de una mujer lideresa que había sobrevivido a un atentado en abril de 2024 y que, aún así, nunca dejó de luchar por su comunidad”.Destacó que “Enilda dedicó gran parte de su vida al servicio de su comunidad como maestra, presidenta de la Junta de Acción Comunal, trabajando siempre por el bienestar de las familias, la construcción de paz y el desarrollo de oportunidades para su sector”.
El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público que desde el pasado 21 de septiembre han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y pidió a la Secretaría de Educación de Santa Marta mantener un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.La Secretaría deberá entregar reportes diarios en el marco del Puesto de Mando Unificado, para evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.Desde el Ministerio aseguraron que por ahora, el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los colegios podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular de acuerdo con las condiciones de cada territorio.La entidad también pidió a docentes y directivos mantener comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.La directiva contempla que, si las condiciones de seguridad continúan y no es posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales, entre ellas una eventual modificación del calendario académico.El Ministerio aclaró además que estas disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales, y que buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, sin interrumpir los procesos de aprendizaje.La cartera de Educación señaló que continuará acompañando a las autoridades territoriales para adoptar las medidas que sean necesarias frente a la situación de orden público en Santa Marta.
La cosecha cafetera de Santander avanza en medio de un escenario que preocupa a los productores la falta de lluvias está marcando una diferencia cada vez más evidente entre las zonas donde los cultivos todavía responden favorablemente y aquellas donde el déficit de agua ya está afectando la producción.Uno de los puntos donde esta situación resulta más evidente es Aratoca, allí, las condiciones son especialmente complejas para las fincas ubicadas hacia la parte baja del cañón del Chicamocha, donde productores aseguran que el impacto del verano puede superar el 40 %.La afectación no es igual en todo el municipio. Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó que en las parcelas que maneja directamente el déficit ronda el 15 %, pero señaló que en las zonas más bajas hay fincas con un impacto mucho mayor.La ubicación geográfica es uno de los factores que, según los productores, está agravando el panorama. En el cañón del Chicamocha, los fuertes vientos dificultan que las nubes permanezcan sobre las zonas cafeteras y esto reduce las posibilidades de lluvia.El problema aparece además en un momento clave para el sector la recolección de la cosecha comenzó a mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de enero.La preocupación de los cafeteros no está relacionada únicamente con cuánto café podrán recoger. Las condiciones climáticas también pueden terminar reflejándose en las características del grano que llega a los puntos de compra.Ante este escenario, la Federación Nacional de Cafeteros modificó algunas condiciones comerciales para disminuir el impacto sobre los productores. El valor reconocido por el kilo de pasilla pasó de $10.000 a $12.000.También aumentó de 20 a 30 el promedio de granos brocados permitido en la muestra para que el café pueda ser recibido bajo las condiciones establecidas para el café convencional.La medida hace parte de las acciones adoptadas por el gremio ante los efectos que las condiciones climáticas están generando sobre la caficultura.El impacto potencial no es menor. La Federación Nacional de Cafeteros registra 34.013 familias dedicadas a esta actividad en Santander, con 55.640 hectáreas cultivadas en 78 municipios. La caficultura genera además alrededor de 42.000 empleos directos en las zonas rurales.Por eso, el comportamiento del clima durante las próximas semanas será determinante para los productores, especialmente en las zonas donde las fuentes de agua y las lluvias han sido insuficientes.Mientras avanza la recolección, el reto para los cafeteros será sacar adelante una cosecha que comenzó bajo condiciones climáticas diferentes según la zona del departamento, con especial preocupación en los sectores más secos del cañón del Chicamocha.
El Área Metropolitana identificó cerca de 240 hectáreas afectadas por incendios en el Valle de Aburrá. La autoridad ambiental indicó que durante esta temporada con el Fenómeno de El Niño se identificaron más de 150 columnas de incendiosEl seguimiento a los incendios de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales acciones de monitoreo ambiental que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.La entidad ambiental informó que uno de los principales resultados del monitoreo ha sido la identificación y cartografía de aproximadamente 240 hectáreas que presentan cicatrices de incendio, es decir, zonas donde la cobertura vegetal ha quedado afectada como consecuencia de las llamas.A este trabajo se suma la utilización de herramientas de teledetección, ya que de los incendios registrados durante el año, 14 fueron sobrevolados con el propósito de obtener información que contribuya a la atención y análisis de las afectaciones.“Este es un llamado importante porque este fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 90% en que sea un fenómeno muy fuerte, es decir, en los últimos 150 años no hemos tenido registros de un fenómeno del Niño tan fuerte. Frente a los incendios forestales, un llamado importantísimo. La mayoría de incendios forestales reportados en nuestro Valle de Aburrá tienen que ver con la intervención humana”, aseguró la directora del AMVA, Paula Palacio.Otro de los datos destacados por la entidad corresponde a la georreferenciación de 155 columnas de humo, lo que permitió ubicar espacialmente las señales asociadas a posibles incendios y aportar información para el seguimiento de las emergencias.La estrategia hace parte del monitoreo permanente que se desarrolla a través del proyecto SIATA, que mantiene vigilancia 24/7 sobre las condiciones ambientales e hidrometeorológicas del Valle de Aburrá, lo que hace posible identificar posibles escenarios de riesgo, generar alertas y entregar insumos para activar oportunamente los protocolos de respuesta.
Autoridades en Medellín buscan en tres zonas a los responsables del asesinato de Esteban Ramírez. Dentro de los datos que ya tendría en su poder la Policía Nacional, está la identificación de los vehículos que habrían participado en el crimen.El crimen de Esteban Ramírez, el hombre asesinado por robarle joyas y celulares en el barrio Belén Rosales, no solo ha causado indignación en Medellín sino que también ha encendido la preocupación de las autoridades que ya tendrían algunas pistas sobre el asesinato.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se avanza en la investigación y que desde el momento en que se conoció el crimen impartió instrucciones a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para identificar y capturar a los responsables.Según explicó el mandatario, ya existen pistas que están siendo analizadas para tratar de dar con la ubicación exacta de los responsables que aún estarían en la capital de Antioquia.“Estamos encima, hay buenas pistas. Estamos concentrados en tres zonas de la ciudad buscando a los participantes. Pero eso le digo una cosa, esos criminales van a caer y van a pagar y va a haber justicia. No hay derecho. Qué dolor, pero la instrucción mía es muy clara. Estoy pendiente de eso, cada media hora llamando”, aseguró.Gutiérrez también indicó que ha mantenido comunicación con la familia de Esteban Ramírez y que también ha hablado directamente con el director nacional de la Policía Nacional, general Jesús Barrera, para que las labores avancen rápidamente y se capturen a los responsables del asesinato.Uno de los elementos clave de la investigación sería el sistema de videovigilancia de la ciudad, ya que de acuerdo con la información entregada, las autoridades han logrado identificar algunos de los vehículos que presuntamente habrían participado en el crimen.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó los primeros resultados de una auditoría a proyectos de agua y vivienda que, según explicó, fue ordenada desde su llegada a la cartera para revisar el estado de las obras y el uso de los recursos públicos.Uno de los principales hallazgos está relacionado con más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De acuerdo con el ministro, 23 de estos proyectos presentan presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos, lo que pondría en duda su viabilidad.“¿Qué quiere decir esto? Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad. Mientras esos recursos se quedan hoy estancados y amarrados sin viabilidad, otras comunidades siguen esperando agua potable y soluciones para resolver los problemas urgentes”, aseguró el ministro de Vivienda.Otro de los casos revisados es una planta de agua y alcantarillado en La Guajira, en la que se invirtieron más de $8.000 millones. Según la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente cercana de captación de agua, por lo que el ministro cuestionó que se haya construido una planta sin asegurar el recurso que necesita para funcionar y advirtió que podría convertirse en un elefante blanco.En materia de vivienda, Beltrán también se refirió a un proyecto de más de $60.000 millones para construir 327 viviendas, destinadas principalmente a comunidades afro e indígenas de Cauca y Nariño.El proyecto lleva más de cuatro años estancado y, según el ministro, no se ha construido ni entregado una sola vivienda. Sin embargo, sí se habrían ejecutado $143 millones en interventoría.Otro de los casos está en Caquetá, donde se comprometieron más de $3.200 millones para 36 viviendas. La auditoría encontró, según el ministro, indicios de un presunto “gemeleo”: una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias casas. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para determinar qué ocurrió con los recursos.El ministro, finalmente, cuestionó el aumento de la contratación por prestación de servicios en la cartera. Según sus cifras, pasó de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.“Mientras las familias seguían esperando soluciones, la contratación por prestación de servicios en el Ministerio de Vivienda aumentó en más de un 80 por ciento”, aseveró el jefe de la cartera de Vivienda.Beltrán pidió que las autoridades investiguen estos casos y determinen dónde terminaron los recursos, por qué los proyectos no se concretaron y, si se establecen responsabilidades, quiénes deben responder.