Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias ‘El Gatico’, nuevamente rinde cuentas ante las autoridades, esta vez, por un proceso que se adelanta bajo la ley 600, el cual está relacionado con el asesinado del líder campesino Guillermo León Montero Carpio, ocurrido el 11 de junio de 1997, quien era el presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en el departamento de Sucre y candidato político.Por esta investigación, la Fiscalía 77 de Derechos Humanos de Bogotá libró una orden de captura en contra del exalcalde de Magangué e hijo de la fallecida empresaria del Chance, Enilce López.La captura fue efectuada por agentes del CTI de la Fiscalía en el centro Mediclínica IPS, ubicado en la carrera 47 con la calle 80. Mismo centro asistencial donde en mayo de 2024 fue blanco de un atentado sicarial en el que asesinaron a dos personas.El abogado Diego Muñetón, defensor de Alfonso López, habló del procedimiento.“Jorge hace la entrega voluntaria con la coordinación de la fiscalía de Bogotá y con miembros del CTI. Ya estaba interno en la clínica cuando yo le noticié de su medida de aseguramiento y de una vez optamos por presentarlo voluntariamente. A él se escuchó en indagatoria, se le escuchó y ahora se le define situación jurídica. Él estaba gozando de la libertad condicional, pero muy sin embargo, Jorge Luis está en un tratamiento de extensión hospitalaria en casa por unas patologías que tiene”, dijo el abogado.Le puede interesar: Destituyen a director de la cárcel El Bosque por rumba del hijo de ‘La Gata’La detención de Jorge Luis Alfonso López se produjo la tarde del miércoles, en el centro donde estaba hospitalizado. El hijo de la ‘Gata’ desde diciembre de 2025 gozaba de libertad condicional, pese a que fue condenado por homicidio agravado y concierto para delinquir al ser hallado responsable del asesinato del periodista Rafael Enrique Prins Velásquez, ocurrido en febrero de 2005 en Magangué, Bolívar.Por este hecho alias ‘El gatico’ fue condenado a 29 años de prisión, sin embargo la juez sexta de Ejecución de Penas de Barranquilla el diciembre pasado tomó la polémica decisión de dejarlo en libertad condicional, lo que desató una controversia que terminó en una investigación disciplinaria en contra de la funcionaria judicial
Antioquia se posiciona como el segundo departamento del país con mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos en lo que va del año. De acuerdo con los monitoreos presentados por la Fundación Sumapaz y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el territorio antioqueño se han documentado 20 asesinatos de líderes sociales durante este periodo.El reporte más reciente registrado por estas organizaciones se produjo el pasado martes 13 de octubre en zona rural del municipio de El Retiro, en el Oriente antioqueño. La víctima fue identificada como Diego Alexander Sánchez Cardona, de 47 años, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Portento, quien fue atacado con arma de fuego en el sector La María, sobre la vía Carabanchel.Según Oscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, entre las víctimas registradas en el departamento figuran siete líderes comunales, siete líderes comunitarios, dos comunicadores o periodistas defensores de derechos humanos, dos sindicalistas, un ambientalista y un líder juvenil."Este año hemos identificado que se han presentado hasta el momento 20 casos y es una cifra que realmente nos preocupa demasiado porque año tras año seguimos viendo cómo se sigue derramando la sangre de personas que son fundamentales para sus comunidades y para la democracia en los territorios. Antioquia sigue siendo lamentablemente el segundo departamento de Colombia con más cifras registradas", narró.Las evaluaciones de ambas ONG señalan que las subregiones con mayor concentración de ataques son el Suroeste, el Nordeste y el Oriente antioqueño, escenarios atravesados por disputas entre grupos armados ilegales.Frente a estas cifras, las organizaciones le piden a la Fiscalía General de la Nación aplique las directivas de investigación que priorizan la labor comunitaria de las víctimas como principal hipótesis en los procesos penales, buscando dar con los autores materiales e intelectuales de los crímenes."Primero por la Unidad Nacional de Protección, donde hemos visto suficientes barreras para que los líderes y las liderezas que están amenazados, agredidos, desplazados, esos líderes deben tener acceso y facilidades para acceder a mecanismos de protección, pero no hemos encontrado en los últimos años una unidad nacional de protección garante del ejercicio de los defensores y las defensoras de derechos humanos", agregó Zapata. Finalmente, voceros de la Fundación Sumapaz advirtieron sobre la persistencia de barreras institucionales en el trámite de esquemas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), señalando que integrantes de organizaciones sociales en zonas rurales temen por su seguridad e integridad física ante el incremento de amenazas y situaciones de riesgo en sus territorios.
Un nuevo ataque con arma de fuego cobró la vida de un líder comunitario en el Oriente antioqueño. La víctima fue identificada como Diego Álexander Sánchez, de 47 años, quien se desempeñaba como fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Portento, en el municipio de El Retiro.De acuerdo con el reporte de las autoridades, Sánchez se dedicaba a labores de construcción y habría llegado hasta la vereda Normandía, ubicada a unos 15 minutos del casco urbano de El Retiro, luego de que, al parecer, una mujer lo citara para concretar un negocio. Sin embargo, una vez en el lugar, fue atacado con arma de fuego y murió como consecuencia de las lesiones.Le puede interesar: Líder comunitario de Itagüí está entre los muertos durante intento de hurto en el centro de MedellínEn el sitio Juan Camilo Sánchez también acompañaba a Sánchez y resultó herido durante el atentado. Debido a la gravedad de su condición, fue remitido al Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, donde recibió atención médica especializada."Por respeto a ese proceso, no vamos a anticipar hipótesis sobre móviles o responsables. Desde la administración municipal reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y la tranquilidad de nuestra comunidad", sostuvo Edgar Martínez, secretario de Gobierno de la localidad.El crimen ocurre en medio de la preocupación por los recientes hechos de violencia contra líderes en Antioquia. Menos de 48 horas antes se conoció el homicidio de Luis Albeiro Serna, reconocido por su trabajo en iniciativas sociales en Puerto Berrío y por su participación en la Coordinadora Agraria, Étnica y Campesina de Colombia, Nodo Magdalena Medio.
Entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026, en Colombia fueron asesinados 112 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, según cifras de la Defensoría del Pueblo.Del total de víctimas, 91 eran hombres y 21 mujeres. Los casos se registraron en 22 departamentos y Bogotá, con Cauca, Valle del Cauca y Antioquia como los territorios con mayor número de asesinatos.Cauca registró 26 casos, seguido de Valle del Cauca, con 14, y Antioquia, con 12. También se reportaron casos en Norte de Santander, Arauca, Caquetá, La Guajira, Nariño, Caldas, Putumayo, Chocó, Huila, Magdalena, Bogotá, Córdoba, Risaralda, Santander, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Tolima y Vichada.Agosto fue el mes con más asesinatos, con 22 casos, seguido de abril, con 18. En mayo se registraron 14; enero y junio, 13 cada uno; febrero, 12; julio, 11, y marzo, 9.La entidad señaló que, entre enero de 2016 y el 31 de agosto de 2026, se han registrado 1.777 asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos.Además, la Defensoría también reportó 86 masacres, que dejaron 326 víctimas en 23 departamentos entre enero y agosto de 2026.Los departamentos con mayor número de masacres fueron Cauca, con 13 casos; Antioquia, con 12; Valle del Cauca, con 10; Norte de Santander y Atlántico, con 9 cada uno, y Nariño, con 6.También se registraron masacres en La Guajira, Meta, Bogotá, Santander, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guaviare, Putumayo, Risaralda y Vichada.Por meses, enero registró 13 masacres; febrero, 9; marzo y abril, 14 cada uno; mayo, 10; junio, 9; julio, 8, y agosto, 9.En el mismo periodo, fueron asesinados 10 firmantes del Acuerdo de Paz. Los casos se registraron en seis departamentos: Cauca, con 3 casos; Caquetá y Putumayo, con 2 casos cada uno; y Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander, con 1 caso cada uno.Por meses, agosto concentró el mayor número de asesinatos de firmantes, con 5 casos, seguido de febrero, con 3. En marzo y junio se registró un caso en cada mes.
El asesinato de Julián Rodríguez, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, ocurrió pocos días después de que el líder comunitario participara en un consejo de seguridad en el que expuso ante las autoridades los problemas de inseguridad que venían afectando a las comunidades de esta zona rural.Rodríguez fue asesinado este martes 22 de septiembre cuando se movilizaba en una camioneta por la vía que conduce hacia el corregimiento El Centro, en inmediaciones del sector del cementerio. Según información preliminar, hombres armados lo interceptaron y le dispararon en varias oportunidades.El líder quedó gravemente herido y fue trasladado para recibir atención médica, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones. La Policía del Magdalena Medio adelanta las investigaciones para establecer quiénes estuvieron detrás del ataque y determinar el móvil del homicidio.Durante el consejo de seguridad realizado el pasado 13 de septiembre en el corregimiento El Centro, Rodríguez habló de los hechos que estaban afectando a las comunidades, entre ellos hurtos, extorsiones y, especialmente, el robo de motocicletas en diferentes veredas.“Estos consejos de seguridad son muy importantes. Aquí se viene exponiendo toda la problemática en cuanto a temas de seguridad que se vienen presentando en el corregimiento El Centro: hurtos, extorsión, todo ese tipo de situaciones que se han venido presentando”, manifestó Rodríguez durante esa jornada.El líder comunitario insistió además en la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre las comunidades, los líderes y la Fuerza Pública para tratar de reducir los hechos delictivos que se estaban presentando en el territorio.También es materia de investigación por parte de las autoridades un panfleto de supuestas disidencias de las Farc que circuló en Barrancabermeja y en el que aparecía el nombre de Julián y otras 12 personas, a las que señalaban como objetivo militar.El crimen generó rechazo entre las autoridades locales. La Alcaldía de Barrancabermeja, en cabeza del alcalde Jonathan Vásquez Gómez, lamentó el asesinato y destacó el trabajo que Rodríguez realizaba con las comunidades del corregimiento.Tras el homicidio, la administración distrital y la Gobernación de Santander anunciaron una recompensa de hasta $100 millones por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables.Eduardo Ramírez, secretario de Seguridad de Barrancabermeja, aseguró que fue activado un plan de búsqueda y una investigación para esclarecer el crimen.“Tenemos desplegado un plan candado y también una línea de investigación contundente, no solo en el corregimiento, sino en toda la ciudad”, afirmó el funcionario.
Una compleja situación de orden público atraviesa el municipio de Remedios en el departamento de Antioquia, luego de que al menos 11 familias salieran desplazadas desde la vereda Río Bagre por un homicidio y diversas amenazas de grupos armados.La información que confirman las autoridades departamentales es que desde zona rural del Nordeste antioqueño salieron 21 personas de 11 familias con rumbo al casco urbano del municipio de Segovia, en esta misma subregión.Aunque el censo podría aumentar en las próximas horas como indicaron desde Remedios, lo que se ha sabido hasta el momento es que el motivo del desplazamiento fue el asesinato de William de Jesús Giraldo, un líder social y comerciante de la zona.Asimismo, Corpades denunció a través de sus redes sociales que en el sitio desde donde se desplazaron las familias se habría instalado un retén ilegal hace unos días, situación que sumada al homicidio ocasionó que el temor y la zozobra se apoderará de la comunidad.La corporación envió un mensaje contundente y pidió, “al Estado, organismos humanitarios y comunidad internacional acciones urgentes para proteger a la población civil rural y prevenir nuevos desplazamientos”.Por ahora se espera que las personas desplazadas lleguen hasta Segovia en donde las autoridades recibirán más información que les permita conocer quién está detrás de estos hechos, aunque la primera hipótesis arroja que sería el Clan del Golfo.
Las autoridades capturaron en Apartadó, a un hombre conocido como alias 'Juan', señalado como el presunto responsable material del homicidio de un líder sindical y docente, ocurrido en enero de 2025 en el corregimiento de Currulao.De acuerdo con la investigación, alias 'Juan' sería quien habría ejecutado asesinado al hombre, por lo que el caso había sido priorizado por las autoridades debido a su relación con hechos violentos contra líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos.Los investigadores señalaron que la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencia física permitió avanzar en la identificación del presunto responsable. Además, durante el operativo le fue incautado un teléfono celular, que será sometido a análisis técnicos.El comandante de la Policía Urabá, coronel Jovanni Cepeda, explicó que entre las hipótesis que se manejan está que el crimen habría tenido relación con situaciones de carácter pasional."Es requerido por los delitos de homicidio y hurto. De acuerdo con la investigación, el capturado sería el presunto autor material del homicidio de un líder sindical y docente, cuyos móviles estarán relacionados con situaciones de carácter pasional", precisó Cepeda.Alias 'Juan' quedó a disposición de la autoridad judicial y deberá responder por los delitos de homicidio y hurto, por los cuales tenía una orden de captura vigente.
Conmocionada se encuentra la comunidad de la vereda Chontaduro, del corregimiento Peón, zona rural plana de Jamundí, Valle, tras el asesinato de Cirlady Gómez, una reconocida lideresa social que pertenecía al Comité de Adulto Mayor de la vereda.El crimen ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando hombres armados llegaron hasta la vivienda de la mujer, ubicada en el sector conocido como La Vega, y le propinaron tres disparos que le provocaron la muerte.La familia de esta lideresa tuvo que salir a escondidas de la vivienda, para dar aviso a las autoridades y protegerse de los delincuentes, que permanecieron en la zona durante varios minutos. Al llegar la Policía, se adelantó con el grupo de la Sijín los actos urgentes y el levantamiento del cuerpo, para trasladarlo hasta el Instituto de Medicina Legal.La muerte de Cirlady enciende las alarmas entre las comunidades y defensores de derechos humanos de la zona rural de Jamundí, pues es el segundo asesinato registrado en el municipio que afecta los liderazgos sociales, pues el día viernes fue encontrado sin vida y con signos de tortura, el cuerpo de Jefferson Maquerry Mamián, hijo de la líder integrante de la Mesa Municipal de Participación Efectiva de las Víctimas de Jamundí, Marleny Mamián.Jefferson fue obligado a salir de su casa por sujetos armados, al parecer integrantes de la disidencia Jaime Martínez, en la parte alta de Jamundí, horas después sus restos fueron abandonados en el sector de Timba, Cauca.La comunidad en Jamundí exige acciones inmediatas para restablecer la seguridad en la zona rural, y así garantizar la protección de los liderazgos sociales en el municipio.
El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.
Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia contra líderes sociales y comunidades continuó afectando a los territorios. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 78 líderes y lideresas sociales hasta junio de este año. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la construcción de paz en el país.Según el informe, entre las víctimas se encuentran 17 líderes y 61 líderes sociales. Abril fue el mes más crítico del semestre, con 18 homicidios registrados. En cuanto a la distribución territorial, el departamento del Cauca concentró el mayor número de casos con 19 asesinatos, seguido por Antioquia con 11 y Norte de Santander con siete.La Defensoría también reportó que, durante el mismo periodo, fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila, lo que mantiene las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.Por otro lado, la entidad documentó 68 masacres entre enero y junio, con un saldo de 272 personas asesinadas. Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho, departamentos que continúan concentrando buena parte de las afectaciones por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.Las cifras coinciden con las alertas que han venido haciendo organizaciones sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas. Sin embargo, cuando aún faltan seis meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2 % de las registradas en todo el año anterior.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, al considerar que su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios.
Continua la consternación en Resistencia, Argentina, por el asesinato de Matías Julián Álvarez, de 29 años, a manos, al parecer, de su novia, Victoria Luz Cantero, quien lo habría apuñalado en un ataque de celos y una discusión en el interior de la camioneta de este hombre.El caso sucedió a inicios de agosto de 2026, la mujer fue detenido y, hasta la fecha, sigue en marcha la investigación para determinar si fue o no culpable de este crimen. De hecho, esta mujer se encuentra recibiendo tratamiento psicológico y farmacológico luego de ser evaluada por especialistas del área de Salud Mental del Hospital Julio C. Perrando.Sin embargo, nuevo material probatorio habría dado más fuerza a su culpabilidad, pues las autoridades hallaron en la camioneta donde murió varias cartas que habría escrito antes de morir en donde aseguraba que “se estaba alejando de todos por miedo”.“Hoy me levanté con ansiedad y depresión por la situación que estoy pasando. No saber qué va a pasar. Me queda poco por hace. No me conviene ella, pero bueno el corazón es así. La realidad es que me estoy aislando de todos”, fueron las palabras halladas en la carta de este joven, que, ahora, daría más fuerza a que ella seria la responsable de este crimen.Ante esto, han solicitado una autopsia psicológica para conocer en qué estado se encontraba su salud mental y así relacionar este material probatorio con la investigación en curso. Además, otro dato que surgió de los elementos encontrados en el vehículo es que Julián y Victoria habían ido al cine la noche anterior al crimen, según contó el medio local TN.El reporte, hasta ahora, indica que el joven no se esperaba este ataque y fue apuñalado por sorpresa, al parecer, tras una discusión en el interior de la camioneta de acuerdo con todo lo encontrado en el escena del crimen.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este lunes:Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por sus críticas a la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional. El entrenador verdolaga cuestionó que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo deban ausentarse en partidos decisivos de la Copa Colombia, mientras que otros futbolistas, como Álvaro Montero, permanecen con sus clubes. El técnico aseguró que la alternancia de Montero y Camilo Vargas estaba planificada desde la convocatoria anterior y recordó que los clubes deberían sentirse orgullosos de aportar jugadores a la Selección Colombia.El seleccionador nacional también desmintió los rumores de una supuesta pelea con Jorge Carrascal. El técnico explicó que el volante continúa dentro de sus planes y que su ausencia responde a la intención de probar otras alternativas. También aclaró que, después de un partido frente a Ghana, hubo un llamado de atención a varios futbolistas que no querían atender a la prensa, pero negó que se hubiera presentado un enfrentamiento personal con Carrascal.La lucha por los cuadrangulares de la Liga Colombiana quedó abierta con tres cupos todavía en disputa. Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Bucaramanga e Independiente Santa Fe son los cinco equipos clasificados. Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta mantienen opciones de quedarse con las tres plazas restantes.Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en un partido marcado por los problemas económicos del conjunto nariñense. Pasto presentó una nómina integrada principalmente por juveniles, situación que generó críticas sobre el manejo financiero de algunos clubes y la manera en que estas dificultades pueden alterar el campeonato. Hugo Rodallega marcó tres goles, mientras que el técnico Pablo Repetto reconoció que buscó recibir una quinta tarjeta amarilla para cumplir la suspensión antes de los cuadrangulares, aunque el árbitro no se la mostró.Andrés Gómez quedó en el centro de la polémica en Brasil después de fallar un penal decisivo frente a Palmeiras. El colombiano erró su cobro durante la definición que permitió al equipo de Jhon Arias avanzar a la final de la Copa de Brasil. Una publicación de la esposa de Gómez, en la que aseguró que otros compañeros evitaron cobrar, generó debate sobre las posibles consecuencias dentro del camerino. También se destacó el gesto de Arias, quien se acercó a consolar a su compatriota después de la eliminación.Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
La inflación anual en Colombia se ubicó en 6,3 % para octubre de 2026, según el Dane. Con esto, son tres meses consecutivos al alza. Además, en octubre, la variación mensual del IPC fue de 0,20%, mientras que entre enero y octubre de este 2026 alcanzó 5,94%.La inflación anualizada en Colombia se ubicó en 6,3 % a octubre de 2026, lo que representa un incremento de 0,79 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025. Por su parte, la variación acumulada en lo corrido del año alcanzó el 1,24 %, mientras que la inflación mensual, correspondiente a la comparación entre octubre y septiembre de 2026, fue de 0,02 %.
El viceministro técnico de Hacienda, Juan Sebastián Betancur, explicó que el Gobierno recibió un presupuesto que ya llevaba ocho meses de ejecución, lo que limitó el margen para hacer los ajustes previstos. Por eso, aunque la meta inicial era recortar cerca de $20 billones, el decreto expedido el pasado 22 de octubre dejó el ajuste en $13,8 billones, de los cuales $6,8 billones serían en contratación, $4 billones en deuda y $3 billones en gastos de funcionamiento.Ahora, el Gobierno contempla un segundo recorte para acercarse lo más posible a la cifra inicial. “Teníamos una meta de hacer un recorte de alrededor de $20 billones, no lo logramos. Estamos contemplando la posibilidad de hacer un segundo recorte para acercarnos tanto como sea posible”, afirmó Betancur. Y agregó que “la política fiscal no se hace con anuncios, se hace con decisiones”.Durante la decimotercera edición del Congreso de Asofiduciarias, el funcionario también alertó sobre el peso que está teniendo la deuda en las finanzas públicas. Según explicó, uno de cada tres pesos que recauda el Estado se destina a pagarla, el doble de lo que ocurría hace diez años, cuando la proporción era de uno de cada seis. “Eso muestra que el espacio de gastos social o de gasto productivo es cada vez más bajo, y eso, además de ser un problema técnico, es un problema político. Aquí hay una bola de nieve y si nos quedamos cruzados de brazos en tres o cuatro años será uno de cada dos (el 50 % del recaudo)”, dijo.Betancur también sostuvo que, sin la Ley de Rescate Fiscal, el Gobierno tendría que conseguir cerca de 26.000 millones de dólares en los mercados internacionales durante 2027. Una cifra que contrasta con los cerca de 5.000 millones de dólares que Colombia ha obtenido, en promedio, mediante financiamiento externo durante los últimos diez años.En materia de inflación, el viceministro aseguró que el impulso fiscal está aportando más de dos puntos porcentuales a este indicador. Sin ese efecto, señaló, la inflación estaría cerca del 4 %, aunque todavía por encima de la meta del 3 % del Banco de la República. También atribuyó la falta de anclaje de las expectativas a la incertidumbre sobre el ajuste de las finanzas públicas y a lo que calificó como “decisiones desafortunadas sobre el salario mínimo”.Sobre el crecimiento económico, consideró que una expansión de entre 2,5 % y 2,9 % no representa una catástrofe frente al desempeño de otros países de la región, pero sí resulta “mediocre” para una economía emergente como la colombiana."Lo que sí es un desastre es ver qué ocurre con la economía. Cuando uno descuenta el aporte que le genera el sector público, eso sí es un desastre. Eso demuestra que la economía privada está creciendo a tasas del 1”, afirmó el viceministro técnico de Hacienda.Para Betancur, la salida es avanzar en un ajuste fiscal que permita recuperar la confianza de los mercados, reducir las primas de riesgo y abrir espacio para la inversión privada. Advirtió que no tomar decisiones tendría consecuencias mucho más graves, pues la deuda podría superar el 80 %, los intereses absorberían una proporción cada vez mayor del recaudo y el déficit primario alcanzaría niveles insostenibles. Además, aseguró que los mercados perderían la paciencia mucho antes de llegar a ese escenario.
El viernes, 11 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación continuará con la diligencia de indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro de la investigación que busca establecer su presunta vinculación con hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro, el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la conformación de un grupo paramilitar en Antioquia, entre ellos el denominado Bloque Metro.La diligencia es adelantada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y hace parte de un expediente en el que Uribe, quien también fue gobernador de Antioquia, es investigado por los presuntos delitos de homicidio en persona protegida agravado y concierto para delinquir agravado, además de hechos relacionados con la presunta conformación de organizaciones armadas paramilitares.La primera sesión de la indagatoria se realizó el pasado 4 de septiembre en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación. En esa oportunidad, el expresidente se refirió a los señalamientos que lo relacionan con el denominado “Petro-uribismo” y rechazó que existieran acuerdos o favorecimientos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro.A su llegada a la Fiscalía, Uribe aseguró: “Ahora me acusan de "Petro-uribismo" para sembrar desconfianza en nuestros compañeros de lucha. Para esto no ha importado nuestra oposición sin declives con la nación. Al Gobierno Petro la combatimos mirando a los ojos y sin pretensiones de pactos o favorecimientos. Elegimos un presidente del Senado con condiciones de patriota”.Durante esa primera jornada, el exmandatario también hizo referencia a las actuaciones y señalamientos relacionados con el expresidente Gustavo Petro y sostuvo que, frente a cualquier ciudadano, debía garantizarse el debido proceso.“A pesar que esta acusación también está basada en los señalamientos y movidas del expresidente Petro, frente a él, como frente a cualquier ciudadano, acusado con o sin justicia, prefiero mi adhesión a las mismas garantías constitucionales que para mi reclamo, en lugar de caer en la rabiosa actitud del ‘diente por diente o del ojo por ojo’”, afirmó Uribe.La investigación tiene antecedentes en denuncias iniciadas desde el año 2000 y en una compulsa de copias ordenada en noviembre de 2017 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, durante el proceso relacionado con el asesinato de Jesús María Valle.Dentro del expediente también se analiza la posible omisión de deberes de protección a la población civil durante la administración de Uribe como gobernador de Antioquia. De igual manera, se investigan los señalamientos relacionados con un presunto fomento y apoyo al Bloque Metro en la hacienda Las Guacharacas y una eventual responsabilidad en la promoción o formación de organizaciones armadas paramilitares.