El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.
Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia contra líderes sociales y comunidades continuó afectando a los territorios. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 78 líderes y lideresas sociales hasta junio de este año. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la construcción de paz en el país.Según el informe, entre las víctimas se encuentran 17 líderes y 61 líderes sociales. Abril fue el mes más crítico del semestre, con 18 homicidios registrados. En cuanto a la distribución territorial, el departamento del Cauca concentró el mayor número de casos con 19 asesinatos, seguido por Antioquia con 11 y Norte de Santander con siete.La Defensoría también reportó que, durante el mismo periodo, fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila, lo que mantiene las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.Por otro lado, la entidad documentó 68 masacres entre enero y junio, con un saldo de 272 personas asesinadas. Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho, departamentos que continúan concentrando buena parte de las afectaciones por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.Las cifras coinciden con las alertas que han venido haciendo organizaciones sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas. Sin embargo, cuando aún faltan seis meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2 % de las registradas en todo el año anterior.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, al considerar que su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra José Elías Cortés Velásquez, señalado integrante del Clan del Golfo, por su presunta participación en el asesinato del líder social José Isidro Cuesta Rivas, crimen ocurrido el 29 de marzo de 2020 en el municipio de Carmen del Darién, Chocó.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el procesado habría citado mediante engaños a la víctima a un sector conocido como La Y del Vergel, ubicado en la vereda Uradá. Allí, presuntamente, lo sometió para dejarlo en estado de indefensión y posteriormente fue atacado con arma de fuego hasta causarle la muerte.Según el ente acusador, Cortés Velásquez integraría desde 2020 la estructura Carlos Vásquez del Clan del Golfo, donde cumpliría funciones como comandante de punto y tendría a su cargo un componente armado con presencia e injerencia en el municipio de Carmen del Darién.El señalado fue capturado durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en un inmueble de la vereda La Borojera, en zona rural de Nuevo Belén de Bajirá, Chocó. En el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego, 21 cartuchos y un proveedor.La Fiscalía recordó que, con anterioridad, José Elías Cortés Velásquez ya había sido declarado persona ausente dentro de la investigación por el homicidio del líder social José Isidro Cuesta Rivas. En esa actuación también fue vinculado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
La Gobernación de Antioquia ofreció 50 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del asesinato de una lideresa en el municipio de Santa Bárbara. La mujer fue baleada y encontrada al interior de su vivienda.La muerte de Mónica Sánchez, de 54 años, no solo tiene consternado al municipio de Santa Bárbara, donde era reconocida como lideresa social, sino que también ha generado preocupación en Antioquia, donde recientemente se conoció el ofrecimiento de una recompensa para dar con la captura de los responsables.Cabe recordar que fue el sonido de varios disparos lo que alertó a los habitantes del barrio Los Almendros, quienes dieron aviso a la Policía Nacional. Los uniformados llegaron hasta el lugar y encontraron sin vida a la mujer, quien había sido presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector donde residía.Ante este hecho, la Gobernación de Antioquia ofreció en las últimas horas una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la identificación, individualización y judicialización de él o los responsables del asesinato de la lideresa social.El alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, aseguró que está a la espera de un informe detallado por parte de las autoridades judiciales. No obstante, indicó que la principal hipótesis del caso apunta a un ataque sicarial.“Extraoficialmente, la gente habló de haber escuchado una detonación. Es lo que se dice. La Policía llegó al lugar y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos un informe oficial que permita determinar las causas de la muerte. Inicialmente, sí tenemos la hipótesis de que se trataría de un ataque de este tipo”, afirmó.Las autoridades locales resaltaron que, hasta el momento, no existía ningún reporte sobre amenazas contra la lideresa, ya fuera relacionadas con su labor social o con asuntos de carácter personal.
Autoridades en el municipio de Santa Bárbara están tras la pista de los responsables del asesinato de una reconocida lideresa social que fue hallada sin vida en las últimas horas en su vivienda, en zona urbana de esta localidad del Suroeste de Antioquia.Fue el sonido de disparos los que alertaron a los habitantes del barrio Los Almendros quienes dieron aviso a la Policía y encontraron sin vida a la mujer identificada como Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años de edad.Según el alcalde de Santa Bárbara, Jorge Mario Quintana, se trata de una persona reconocida por liderar desde hace más de una década diferentes procesos comunitarios y políticos. Sánchez fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, candidata a la Asamblea de Antioquia e incluso asistía frecuentemente a la sesiones del Concejo Municipal por lo que era distinguida cariñosamente como ‘la concejal número 14’.El mandatario sostuvo que a la espera de un informe detallado por parte de entidades judiciales, la principal hipótesis del caso es que se trató de un ataque sicarial."La Policía bajó y la encontró en su propia casa. Aún no tenemos como el informe real que pueda determinar las causas de la muerte inicialmente. Si se maneja la hipótesis de que por un ataque sicarial", indicó Quintana.En la mañana de este 20 de junio se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación en articulación con la Gobernación de Antioquia y no se descarta el ofrecimiento de recompensa por información que permita dar con el paradero de los victimarios.Autoridades locales resaltaron que hasta el momento no tenían ningún tipo de reporte sobre amenazas contra esta lideresa ya fuera por motivos de su labor social o por asuntos personales.
De varios disparos fue asesinada la docente Enilda Esther Rudas Vaca en el barrio Villa Gladys, del municipio de Fundación (Magdalena), mismo sector en el que ella ejercía como presidenta de la Junta de Acción Comunal, destacándose por su liderazgo y luchas sociales.La mujer, de 44 años, laboraba como maestra en una institución educativa del mencionado municipio y a raíz del atentado, en el que pistoleros en moto también dejaron herido un hombre que la acompañaba, diversos sectores sociales y hasta la misma gobernadora del Magdalena han pedido celeridad en las investigaciones para dar pronto con los responsables y esclarecer lo sucedido.Octavio Foronda, asesor de la Secretaría del Interior del Magdalena, aseguró al término de un consejo extraordinario de seguridad que la investigación del caso ha sido priorizada."Se han tomado decisiones para trabajar la investigación de manera conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, con el fin de lograr resultados en corto plazo y lograr la captura de los responsables", informó el funcionario.La gobernadora Margarita Guerra expresó que este asesinato le “duele aún más porque ocurre en Fundación”, tierra donde ella nació y creció, “y porque se trata de una mujer lideresa que había sobrevivido a un atentado en abril de 2024 y que, aún así, nunca dejó de luchar por su comunidad”.Destacó que “Enilda dedicó gran parte de su vida al servicio de su comunidad como maestra, presidenta de la Junta de Acción Comunal, trabajando siempre por el bienestar de las familias, la construcción de paz y el desarrollo de oportunidades para su sector”.
Un preocupante panorama de violencia contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos sitúa a Antioquia con nueve de ellos asesinados este año, estando solamente debajo del departamento del Cauca, que acumula 13 casos. A ello se suma que el departamento también acumula seis masacres durante 2026, según cifras de la Defensoría del Pueblo, lo que enciende las alarmas de la crisis humanitaria que se vive en varias de las subregiones.Como ya lo había alertado un informe de varias organizaciones no gubernamentales el mes pasado, en el departamento la mitad de los fallecidos de manera violenta se desempeñaban como líderes comunales en sus localidades.De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, aunque se registra casi la misma cifra que el año pasado a esta misma fecha, esa leve reducción muestra la necesidad de reforzar la seguridad y las garantías para quienes ejercen el liderazgo en sus territorios. Camilo González Posso, presidente de Indepaz."El cuatrénio anterior tuvimos un promedio anual de 220 líderes asesinados en todo el país, y en este período del gobierno de Gustavo Petro la cifra ha sido de 180. Es un poco menos, pero no podemos hablar de un cambio estructural. Siguen los mismos patrones y la estigmatización como 1 de ellos, en los discursos del odio, el fanatismo, todo un constreñimiento a los procesos de reclamo de derechos humanos en diferentes regiones del país", indicó. Katrim de La Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, se refirió a la importancia de proteger a quienes ejercen liderazgo por las sexualidades diversas, en especial los trans, ante la estigmatización y la violencia de la que son objeto."Puedo poner el ejemplo de las personas LGBTIQ más que son constantemente amenazadas, que son víctimas de violencia letal, especialmente las personas con experiencia de vida trans. Que los discursos estigmatizantes o de odio han permeado todas las esferas del poder y también como de las sociedades", aseguró. Recientemente desde la Fundación Forjando Futuros también indicaron, desde el informe anterior, que el Gobierno nacional debe plantear una reestructuración en el apoyo y cuidado a los líderes sociales que trabajan por los recursos naturales, y en especial, por los que trabajan en contra de la corrupción en el país.De acuerdo con datos de Indepaz, en Antioquia durante 2025 fueron asesinados 30 líderes sociales, y en la última década la cifra asciende a 270, lo que se suma a un panorama todavía más desalentador a nivel país: en los últimos 10 años han matado 1.935 líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de la violencia contra líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz en distintas regiones del país.Según cifras de la entidad, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 54 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.De acuerdo con el reporte, enero cerró con 13 casos, febrero con 14, marzo con 7 y abril con 20 asesinatos, convirtiéndose este último en el mes más violento del periodo analizado. Del total de víctimas, 45 correspondían a hombres y 9 a mujeres.La Defensoría señaló además que desde enero de 2016 hasta marzo de 2026 se tiene registro de 1.719 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.Por departamentos, Cauca aparece como el territorio con mayor número de casos reportados en lo corrido del año, con 13 asesinatos. Le siguen Antioquia con 9 y Arauca con 6. También se registraron homicidios en Nariño y Valle del Cauca, con 3 casos cada uno; Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Putumayo y Santander, con dos casos respectivamente; así como en Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de Santander y Tolima, con un caso cada uno.En cuanto a los firmantes de paz, la entidad reportó tres asesinatos durante los primeros cuatro meses del año. Los casos se concentraron en Cauca, Huila y Caquetá. Según el informe, dos de los homicidios ocurrieron en febrero y uno en marzo.La Defensoría también advirtió sobre el impacto de las masacres en el país. Entre enero y abril de 2026 se documentaron 49 masacres con un total de 203 víctimas. Enero y abril fueron los meses con más hechos registrados, con 13 casos cada uno; marzo reportó 14 masacres y febrero nueve.Antioquia encabezó las cifras territoriales con seis masacres reportadas, seguido por Cauca y Valle del Cauca con cinco casos cada uno. Norte de Santander registró también cinco masacres, mientras que Atlántico y Nariño reportaron cuatro respectivamente. Otros departamentos afectados fueron La Guajira, Huila, Santander, Tolima, Córdoba, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Guaviare, Caldas y Bogotá.“La labor de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos es vital para la democracia y el tejido social”, señaló la Defensoría, que además insistió en que “no estigmatizar y proteger la vida de las personas que defienden derechos es una responsabilidad colectiva”.
Consternación y rechazo ha generado en el municipio de Bello un nuevo hecho violento que cobró la vida de una lideresa comunal en las últimas horas.En medio de un ataque sicarial fue ultimada con arma de fuego Sandra Cecilia Nogales Cortés, quien se desempeñaba como vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Vegas.Los hechos ocurrieron en este mismo sector de la comuna 10 Fontidueño cuando la víctima estaba acompañado también de su esposo, quien registró heridas en su mano derecha.Nogales fue trasladada a la Clínica del Norte en el sector de Niquía donde llegó sin signos vitales, según el reporte del personal médico. "La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando articuladamente para esclarecer estos lamentables hechos y hacer justicia", destacó Wber Zapata, secretario de Seguridad de Bello.Organizaciones defensoras de derechos humanos también expresaron su rechazo por lo ocurrido. Óscar Yesid Zapata, integrante de la Fundación Sumapaz, manifestó su preocupación por al menos 11 homicidios reportados durante 2026 contra líderes y lideresas sociales en todo el departamento de Antioquia."Queremos exigir realmente, en primer lugar, que no quede en la impunidad, y en segundo lugar, que se brinden todas las garantías para los líderes y la lideresas en los territorios que están en muy alto riesgo", añadió.Autoridades avanzan en la recolección de evidencias e información que permita esclarecer las circunstancias del hecho violento en esta zona del norte del Valle de Aburrá y dar con el paradero de los responsables.
La violencia contra líderes sociales en Colombia volvió a aumentar en 2025, así lo advierte el informe 'Promesas Rotas' del Programa Somos Defensores, que documenta un incremento en las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.De acuerdo con el reporte, en ese año se registraron 874 agresiones, dentro de las cuales se incluyen 165 asesinatos, dirigidos contra 783 líderes y lideresas sociales. La cifra representa un aumento superior al 20 % frente a 2024, según el análisis del sistema de información del programa.El informe detalla que varias formas de violencia presentaron incrementos durante el último año. Entre ellas, los asesinatos aumentaron un 5 %, los desplazamientos forzados un 64 %, las desapariciones forzadas un 24 %, los secuestros un 38 %, las amenazas un 19 % y los atentados un 16 %.“El suroccidente del país concentra aproximadamente el 40 % de los casos, a pesar de albergar dos de los principales escenarios de diálogo con los Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. A nivel departamental, el caso más alarmante es el Cauca, donde tuvieron lugar 238 agresiones, seguido de Antioquia con 186. Por su parte, la violencia letal se concentra cada vez más en ciudades capitales como Cali, Bogotá D.C. y Cartagena, así como en municipios en regiones con crisis humanitarias, como Tibú, en Norte de Santander, y Calamar, en Guaviare”.En cuanto a los perfiles de las víctimas, el liderazgo indígena registra el mayor número de agresiones, con 257 casos, seguido por liderazgos comunitarios (206), comunales (124), campesinos (60) y de víctimas (58). El informe también advierte sobre un posible subregistro en las agresiones contra integrantes de Juntas de Acción Comunal, especialmente en departamentos como Cauca, Guaviare, Huila, Meta y Córdoba.El reporte incluye que en el caso de la Fiscalía General de la Nación, persisten bajos niveles de esclarecimiento en los hechos de violencia letal contra personas defensoras. Según las cifras presentadas, entre 2002 y septiembre de 2025, el 11 % de los casos cuenta con sentencia condenatoria. Asimismo, se advierte que un alto porcentaje de agresiones permanece con autores desconocidos.Sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), el informe se refiere a limitaciones en la evaluación del riesgo y en la implementación de medidas. Entre 2022 y 2025, la entidad analizó 19.807 casos, de los cuales solo 20 fueron clasificados como de riesgo extremo. En ese mismo periodo, se implementaron más de 59.000 medidas individuales y se realizaron 283 estudios de riesgo colectivo.El documento también menciona que el mayor número de solicitudes de protección proviene del suroccidente del país, especialmente de departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Nariño, seguidos por Bogotá, Santander y Norte de Santander.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.