Aunque desde un comienzo, el exministro de Agricultura del Gobierno Uribe defendió las bondades del programa Agro Ingreso Seguro, dada su concepción de estímulo a los campesinos y empresarios del sector agrícola para aliviar su carga tributaria, los efectos del mercado de divisas y generar inversión apalancada en tecnología, el uso y destinación de los recursos durante su administración en esa cartera terminaron llevándolo a los estrados judiciales.
A finales de 2009 se conocieron las primeras denuncias públicas sobre favorecimiento a adineradas e influyentes familias de la costa Caribe y el Valle del Cauca, como los Vives Lacouture, Dávila Jimeno y Holguín, entre otras; se habló entonces del giro de subsidios por valores incluso superiores a los 2 mil millones de pesos a través de contratos y decisiones que para la Corte Suprema de Justicia derivaron en delitos como la celebración indebida de contratos y peculado a favor de terceros, cargos que condenaron al exministro Arias a 17 años y 4 meses de prisión.
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Cabe señalar que previamente, la Procuraduría lo había encontrado culpable, al punto de destituirlo e inhabilitarlo por 16 años para el ejercicio de cargos públicos.
En su momento, hasta la exreina Valerie Domínguez resultó salpicada en medio de este escándalo por la entrega de 2.415 millones de pesos a la familia de su exnovio, Juan Manuel Dávila, para proyectos de riego y drenaje en un terreno de más de 1.200 hectáreas.
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En ese sentido, este proceso también significó la imposición de una pena equivalente a 12 años de prisión para los hermanos Inés Margarita y José Francisco Vives Lacouture por peculado por apropiación y falsedad en documento privado, así como la devolución de una suma superior a 1.500 millones de pesos.
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