El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien fue condenado a 17 años de prisión en relación con el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).La decisión, comunicada este miércoles 10 de enero, destaca que Arias ha cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta condena se relaciona con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.La defensa del exfuncionario enfatiza el comportamiento ejemplar que Arias ha mantenido durante su tiempo de reclusión.Arias estuvo bajo detención domiciliaria desde agosto de 2023, tras la aprobación de sus actividades de estudio y trabajo realizadas durante su encarcelamiento en la Escuela de Infantería, ubicada en el norte de Bogotá.Así estalló el caso de el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de AISEl caso Andrés Felipe Arias estalló durante la década de 2010. El exministro de Agricultura de colombiano, Andrés Felipe Arias, fue condenado en 2014 a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).El AIS fue un programa de subsidios a los productores agropecuarios colombianos que fue creado en 2002 por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El programa estaba destinado a apoyar a los pequeños y medianos agricultores, pero Arias fue acusado de desviar los recursos del programa hacia grandes productores y aportantes a la campaña de Uribe.La investigación del caso Arias se inició en 2007, pero no fue hasta 2011 que fue detenido preventivamente. En 2014, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.Los hechos del casoSegún la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Arias habría modificado los requisitos para acceder al AIS de manera que beneficiara a grandes productores y aportantes a la campaña de Uribe.En particular, Arias habría permitido que los beneficiarios del programa fueran definidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad que estaba bajo su control. El ICA habría seleccionado a los beneficiarios de acuerdo con criterios que no estaban establecidos en la ley, como la capacidad de pago y el nivel de ingresos.Como resultado de estas irregularidades, el AIS habría beneficiado a grandes productores que no necesitaban los subsidios, mientras que los pequeños y medianos agricultores habrían quedado excluidos.Escuche el informa acá:Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
En diálogo con Blu Radio, el exministro Andrés Felipe Arias aseguró que acata y respeta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su condena a 17 años, 4 meses y 8 días por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pero que no se abstendrá de exponer los “miles reproches” del fallo en su contra.Según explicó, uno de los reproches que tiene es con las garantías, los magistrados y conjueces. Aseguró que uno de los magistrados que falló en el caso llegó 24 horas antes, “porque todos los demás se declararon impedidos” y el último fue el martes, 31 de enero, y la sentencia fue firmada el miércoles, 1 de febrero.“Yo me pregunto, un caso tan voluminoso, farragoso y tan complejo, ¿cómo es que alguien lo puede examinar en 24 horas, en el mejor de casos? Entonces quedan esas dudas de la garantía real, por eso estamos explorando caminos”.Cabe recordar que Arias es acusado por haber beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores. En 2014, la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos, señalamientos de los que hoy en día se sigue defendiendo.“Si ellos terminaron cometiendo el fraude, por qué termina siendo el ministro el que va a la cárcel (…) A mí me condenan por unos convenios que suscribí con el Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), como lo han hecho todos los ministros que me antecedieron”, respondió.El exministro fue condenado por celebración indebida de contratos y peculado, en específico, por tres convenios con el IICA.“De los 380.000 beneficiarios del programa, un número muy pequeño, como de 10 u 11, cometieron el fraude, la mayoría eran medianos productores y todos aceptaron que cometieron el fraude (…) No pagaron un solo día de cárcel, sí, fueron condenados, pero por qué el ministro también tiene que serlo”, recalcó.El alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que, como resultado de esos convenios, se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Un juez de ejecución de penas le concedió la detención domiciliaria al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, luego de un recurso de su abogado Víctor Mosquera, quién pidió que fuera trasladado. El argumento para pedir la medida domiciliaria fue que su cliente ya pagó buena parte de la condena.Arias fue condenado a 17 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia debido a los malos manejos en los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, proyecto de estímulos económicos para los campesinos en el gobierno de Álvaro Uribe, que terminó en escándalo.La sentencia en su contra se profirió en julio del año 2014 luego de un juicio en el alto tribunal donde se evidenció que el exministro le hacía un seguimiento minucioso al programa para saber en dónde se debían invertir los recursos y que réditos políticos podía sacar.La Corte señaló en su sentencia, que Arias sí sabía cómo se habían destinado los recursos del programa, específicamente en las convocatorias de riego y drenaje.“Esa postura es insostenible, menos aún si se advierte que se trataba de su política bandera, de cuyos resultados estaba pendiente, no solo porque era su obligación funcional, sino también por los réditos que podía derivarle, dado el reconocimiento público alcanzado hasta ese momento”, manifestó la Corte en su decisión.Le puede interesar:Luego de ocho años de estar en prisión, su defensa pidió la medida de casa por cárcel debido a que ya purgó buen parte de la condena. El exministro está recluido actualmente en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
El Consejo de Estado confirmó la sanción fiscal, por más de 740 millones de pesos, que la Contraloría le impuso al exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura Mario Andrés Soto, por la aprobación de 14 contratos para la ejecución de uno de los convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).El exfuncionario pretendía, a través de una acción legal, la nulidad de la multa, que impuso el ente de control fiscal, al considerar que se produjo un detrimento patrimonial con su actuación, ya que, pese a que el señalado convenio estaba destinado a la tecnificación de los procesos productivos y la obtención de recursos para la transformación de las actividades agropecuarias en Colombia, como lo permitía la ley, se incluyó un objeto contractual distinto, la divulgación, difusión y promoción del programa AIS.Para el organismo de control, el exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio fue responsable de la gestión causante del detrimento patrimonial en la modalidad de culpa grave porque, como integrante del comité administrativo, autorizó la celebración de convenios entre el IICA y terceros ajenos al convenio, con propósitos que desbordaban el objeto contractual y eran distintos a los fines frente a los cuales fue aprobada la apropiación de los recursos.
El exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra recluido en el Cantón Norte cumpliendo una condena de 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, participará en un foro a través de videoconferencia.Juan Manuel Jaramillo, quien es moderador del evento, explicó que tendrán como invitado al exministro. “Él estará haciendo la transmisión en vivo desde su lugar de reclusión, creo que es el Cantón Norte donde está, se conectará vía internet. El permiso se gestionó vía derecho de petición con el Inpec desde el año pasado, pero apenas nos vinieron a dar respuesta ahora”.En el foro denominado ‘Salvemos Colombia' se hablará sobre las perspectivas con respecto a la actualidad del campo y la agricultura del paísEl evento se realizará este miércoles 20 de enero a las 6:00 de la tarde. Jaramillo señaló que se invitó al exministro por ser economista, “tener maestría y doctorado en economía” y porque quieren preguntar sobre su percepción de la crisis económica que afronta el país y que se espera luego de la pandemia.Desde ya el evento generó reacciones políticas. La senadora del Centro Democrático Paola Holguín calificó el foro como “imperdible”. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la oposición, rechazó el evento a través de sus redes sociales. “imperdible: quieren aprender cómo regalar el dinero del Estado a los terratenientes más ricos de Colombia y cómo hacer que le devuelvan una parte para su campaña... No se pierdan la conferencia del señor de los mil agros, Andrés Felipe Arias”.
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, declaró en un juicio que se lleva ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá contra tres exfuncionarios, que fueron sus subalternos en el ministerio, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Arias habló en los estrados como como testigo en el juicio contra los exfuncionarios: Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.El exministro defendió los convenios que suscribió y por los cuales fue procesado, y presentó un concepto inédito del Ministerio de Agricultura que, siendo víctima en el proceso, dice, supuestamente, que los convenios sí fueron de ciencia y tecnología, que se debieron suscribir de manera directa y que siempre se había hecho de esa manera. Documento que tiene radicado del 22 de octubre del 2020.“El Ministerio de Agricultura radicó un documento en donde reconoce no solo que el riego es ciencia y tecnología, sino que esos convenios por los cuales yo fui procesado el 003 del 2007, el 055 de 2008 y el 052 de 2009 efectivamente eran convenios de cooperación científica y tecnológica que así se han suscrito siempre en el ministerio y que debían suscribirse de esa manera: sin licitación, de forma directa. Es la primera vez que veo que la víctima en un caso de estos, tanto tiempo después, dice que no hay delito. Porque la víctima, el ministerio, en dónde se suscribieron los convenios reconoce que sí eran de ciencia y tecnología, que aplicaba la norma de contratación directa, que así se ha hecho siempre y que era lo correcto”, dijo Arias.Por petición de los abogados y a pesar de la oposición de la Fiscalía, avaló el documento como nueva prueba en el proceso.
La Corte Suprema de Justicia ha recibido 84 solicitudes de personas que han sido sentenciadas en única instancia o primera condena.La Sala Penal de la Corte se encuentra revisando caso por caso ya que el propio alto tribunal recordó en septiembre de este año que todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, tenían plazo hasta el viernes 20 de noviembre de presentar un recurso para que se revisara su caso.Aquellos que podían presentar esta solicitud eran quienes no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, pero que ahora tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas.Entre la lista de 84 se encuentran nombres como el de los exministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y Andrés Felipe Arias, condenados por escándalos como la de Yidispolítica y Agro Ingreso Seguro.También figuran dos exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado y Miguel Maza Márquez y los secretarios de Presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velásquez.En la lista de peticiones figuran dos exgobernadores: Julio Enrique Acosta, de Arauca, y Julio Ibargüen, quien fue gobernador del Chocó.Congresistas como el caso de Iván Diaz Mateus, Álvaro García Romero, Luis Fernando Almario y Dixon Ferney Tapasco. Así mismo el exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue condenado por recibir un apartamento del exsenador Otto Bula.
La Corte Suprema de Justicia señaló que el tiempo en el que el exministro de Ambiente Andrés Felipe Arias estuvo en Estados Unidos en libertad tras el pago de fianza no cuenta para descontar pena de 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Antes de llegar al país el exministro fue capturado en Miami donde estuvo desde 2016 hasta julio del año pasado cuando fue extraditado a Colombia.Sin embargo, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017 el exministro estuvo en libertad bajo fianza y quería que fuera tenido en cuenta como el tiempo que pagó en Estados Unidos y que debe descontarse de su condena.Los abogados señalaron que en medio de esa libertad bajo fianza se impusieron restricciones como si fuera una medida de detención, pero la Corte dice que no puede equipararse y que no se descontará ese tiempo.
La Procuraduría y la Fiscalía pidieron mantener el fallo en contra del exministro Andrés Felipe Arias.A través de una carta de 245 páginas, el fiscal 10 delegado, Carlos Iván Mejía, le pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener condena contra el exministro Andrés Felipe Arias.La Fiscalía señaló que no se incurrió en error en el momento de valorar las pruebas y en el proceso por eso pidió “mantener la pena en los términos y condiciones establecidas”.“Frente a la evidencia en este proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, señaló el ente acusador.Se conoce esta carta días después de que la defensa del exministro envió un documento de 460 páginas que fue radicado ante la Corte Suprema en el que argumentaba viable tumbar el fallo que lo condenó a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.La Corte debe evaluar el escrito de más de 400 páginas que presentó la defensa del exministro condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.En la impugnación del fallo los abogados señalaron que la Corte no valoró de manera adecuada las pruebas.
En manos del magistrado Gerson Chaverra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya está la impugnación del fallo que condenó a 17 años de prisión al exminsitro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Tras una fuerte batalla legal por acceder a la segunda instancia y la revisión de su condena, la defensa del exminsitro presentó la impugnación.BLU Radio conoció en primicia apartes del documento que alega que ninguno de los cargos por los que fue condenado, cuenta con "el más mínimo respaldo en el acervo probatorio”.Según su defensa, la apreciación de la Corte sobre las pruebas está “viciada” y con una “gama de errores”.“La Corte en la apreciación de las pruebas, ignoró, tergiversó o mutiló las que desvirtuaban los cargos imputados por la Fiscalía a Andrés Felipe Arias”, dice el documento.También señalan que los hechos que indica la Fiscalía contra Arias, no fueron concretados y se "barrieron” algunas categorías.“La acusación que formuló la Fiscalía contra Andrés Felipe Arias se fue a título de autor de todas las conductas punibles de la Corte. En la sentencia se barrió esa categoría y lo condenó, no como autor conforme fue acusado, sino como coautor, pero sin concretar con quién o quiénes unió voluntades para la comisión de los punibles que indicó la Fiscalía”.Además, explican que el exministro de Agricultura fue condenado por celebración indebida de contratos y peculado con once grupos empresariales, pero que no se juzgó frente a los demás que se vieron beneficiados en este caso.La defensa de Arias buscará probar su inocencia con un documento de 460 páginas, donde está toda la información del caso y sus argumentos para alegar ante la Fiscalía.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
A las 3:30 de la madrugada de este viernes 26 de junio, dos aeronaves Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaron desde la rampa militar del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) con rumbo a Maiquetía, Venezuela, llevando a bordo una misión humanitaria cuyo objetivo principal es salvar vidas entre los escombros que dejaron los fuertes terremotos registrados el pasado 24 de junio en territorio venezolano.En total, las aeronaves transportaron a 62 especialistas en búsqueda y rescate urbano, además de cerca de 12 toneladas de herramientas, equipos y suministros destinados a fortalecer las labores de atención de la emergencia. La operación hace parte de la respuesta inmediata del equipo USAR Colombia-1, del cual hace parte la Fuerza Aeroespacial Colombiana y que reúne capacidades de distintas instituciones del país.El contingente desplazado hacia Venezuela está integrado por personal del Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y Bomberos de Colombia, organismos especializados en operaciones de rescate en estructuras colapsadas y atención de desastres de gran magnitud.Junto al personal fueron transportados equipos tecnológicos para la localización de víctimas atrapadas bajo escombros, herramientas de corte y penetración de concreto y hormigón reforzado, dispositivos médicos y de biomedicina para la atención inicial de los afectados, así como unidades caninas entrenadas en la búsqueda y localización de personas vivas en escenarios de colapso estructural.El despliegue logístico se desarrolló durante la noche y bajo condiciones de alta exigencia operativa. La misión representó un reto adicional debido a que los aeropuertos habilitados por las autoridades venezolanas para la recepción de ayuda humanitaria solo operan durante el día, en medio del intenso flujo de aeronaves y equipos internacionales que han llegado para apoyar las labores de emergencia.Ante este escenario, la capacidad de las tripulaciones colombianas para ejecutar operaciones nocturnas fue determinante para garantizar el traslado oportuno del personal y de la ayuda humanitaria, permitiendo que los equipos de rescate llegaran en las primeras horas de la mañana para iniciar su trabajo sobre el terreno.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.