En diálogo con Blu Radio, el exministro Andrés Felipe Arias aseguró que acata y respeta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su condena a 17 años, 4 meses y 8 días por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pero que no se abstendrá de exponer los “miles reproches” del fallo en su contra.Según explicó, uno de los reproches que tiene es con las garantías, los magistrados y conjueces. Aseguró que uno de los magistrados que falló en el caso llegó 24 horas antes, “porque todos los demás se declararon impedidos” y el último fue el martes, 31 de enero, y la sentencia fue firmada el miércoles, 1 de febrero.“Yo me pregunto, un caso tan voluminoso, farragoso y tan complejo, ¿cómo es que alguien lo puede examinar en 24 horas, en el mejor de casos? Entonces quedan esas dudas de la garantía real, por eso estamos explorando caminos”.Cabe recordar que Arias es acusado por haber beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores. En 2014, la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos, señalamientos de los que hoy en día se sigue defendiendo.“Si ellos terminaron cometiendo el fraude, por qué termina siendo el ministro el que va a la cárcel (…) A mí me condenan por unos convenios que suscribí con el Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), como lo han hecho todos los ministros que me antecedieron”, respondió.El exministro fue condenado por celebración indebida de contratos y peculado, en específico, por tres convenios con el IICA.“De los 380.000 beneficiarios del programa, un número muy pequeño, como de 10 u 11, cometieron el fraude, la mayoría eran medianos productores y todos aceptaron que cometieron el fraude (…) No pagaron un solo día de cárcel, sí, fueron condenados, pero por qué el ministro también tiene que serlo”, recalcó.El alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que, como resultado de esos convenios, se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Un juez de ejecución de penas le concedió la detención domiciliaria al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, luego de un recurso de su abogado Víctor Mosquera, quién pidió que fuera trasladado. El argumento para pedir la medida domiciliaria fue que su cliente ya pagó buena parte de la condena.Arias fue condenado a 17 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia debido a los malos manejos en los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, proyecto de estímulos económicos para los campesinos en el gobierno de Álvaro Uribe, que terminó en escándalo.La sentencia en su contra se profirió en julio del año 2014 luego de un juicio en el alto tribunal donde se evidenció que el exministro le hacía un seguimiento minucioso al programa para saber en dónde se debían invertir los recursos y que réditos políticos podía sacar.La Corte señaló en su sentencia, que Arias sí sabía cómo se habían destinado los recursos del programa, específicamente en las convocatorias de riego y drenaje.“Esa postura es insostenible, menos aún si se advierte que se trataba de su política bandera, de cuyos resultados estaba pendiente, no solo porque era su obligación funcional, sino también por los réditos que podía derivarle, dado el reconocimiento público alcanzado hasta ese momento”, manifestó la Corte en su decisión.Le puede interesar:Luego de ocho años de estar en prisión, su defensa pidió la medida de casa por cárcel debido a que ya purgó buen parte de la condena. El exministro está recluido actualmente en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
El Consejo de Estado confirmó la sanción fiscal, por más de 740 millones de pesos, que la Contraloría le impuso al exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura Mario Andrés Soto, por la aprobación de 14 contratos para la ejecución de uno de los convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS).El exfuncionario pretendía, a través de una acción legal, la nulidad de la multa, que impuso el ente de control fiscal, al considerar que se produjo un detrimento patrimonial con su actuación, ya que, pese a que el señalado convenio estaba destinado a la tecnificación de los procesos productivos y la obtención de recursos para la transformación de las actividades agropecuarias en Colombia, como lo permitía la ley, se incluyó un objeto contractual distinto, la divulgación, difusión y promoción del programa AIS.Para el organismo de control, el exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio fue responsable de la gestión causante del detrimento patrimonial en la modalidad de culpa grave porque, como integrante del comité administrativo, autorizó la celebración de convenios entre el IICA y terceros ajenos al convenio, con propósitos que desbordaban el objeto contractual y eran distintos a los fines frente a los cuales fue aprobada la apropiación de los recursos.
El exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra recluido en el Cantón Norte cumpliendo una condena de 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, participará en un foro a través de videoconferencia.Juan Manuel Jaramillo, quien es moderador del evento, explicó que tendrán como invitado al exministro. “Él estará haciendo la transmisión en vivo desde su lugar de reclusión, creo que es el Cantón Norte donde está, se conectará vía internet. El permiso se gestionó vía derecho de petición con el Inpec desde el año pasado, pero apenas nos vinieron a dar respuesta ahora”.En el foro denominado ‘Salvemos Colombia' se hablará sobre las perspectivas con respecto a la actualidad del campo y la agricultura del paísEl evento se realizará este miércoles 20 de enero a las 6:00 de la tarde. Jaramillo señaló que se invitó al exministro por ser economista, “tener maestría y doctorado en economía” y porque quieren preguntar sobre su percepción de la crisis económica que afronta el país y que se espera luego de la pandemia.Desde ya el evento generó reacciones políticas. La senadora del Centro Democrático Paola Holguín calificó el foro como “imperdible”. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la oposición, rechazó el evento a través de sus redes sociales. “imperdible: quieren aprender cómo regalar el dinero del Estado a los terratenientes más ricos de Colombia y cómo hacer que le devuelvan una parte para su campaña... No se pierdan la conferencia del señor de los mil agros, Andrés Felipe Arias”.
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, declaró en un juicio que se lleva ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá contra tres exfuncionarios, que fueron sus subalternos en el ministerio, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Arias habló en los estrados como como testigo en el juicio contra los exfuncionarios: Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.El exministro defendió los convenios que suscribió y por los cuales fue procesado, y presentó un concepto inédito del Ministerio de Agricultura que, siendo víctima en el proceso, dice, supuestamente, que los convenios sí fueron de ciencia y tecnología, que se debieron suscribir de manera directa y que siempre se había hecho de esa manera. Documento que tiene radicado del 22 de octubre del 2020.“El Ministerio de Agricultura radicó un documento en donde reconoce no solo que el riego es ciencia y tecnología, sino que esos convenios por los cuales yo fui procesado el 003 del 2007, el 055 de 2008 y el 052 de 2009 efectivamente eran convenios de cooperación científica y tecnológica que así se han suscrito siempre en el ministerio y que debían suscribirse de esa manera: sin licitación, de forma directa. Es la primera vez que veo que la víctima en un caso de estos, tanto tiempo después, dice que no hay delito. Porque la víctima, el ministerio, en dónde se suscribieron los convenios reconoce que sí eran de ciencia y tecnología, que aplicaba la norma de contratación directa, que así se ha hecho siempre y que era lo correcto”, dijo Arias.Por petición de los abogados y a pesar de la oposición de la Fiscalía, avaló el documento como nueva prueba en el proceso.
La Corte Suprema de Justicia ha recibido 84 solicitudes de personas que han sido sentenciadas en única instancia o primera condena.La Sala Penal de la Corte se encuentra revisando caso por caso ya que el propio alto tribunal recordó en septiembre de este año que todas las personas condenadas en Colombia en única instancia o con primera sentencia condenatoria entre el 30 de enero de 2014 y el 17 de enero de 2018, tenían plazo hasta el viernes 20 de noviembre de presentar un recurso para que se revisara su caso.Aquellos que podían presentar esta solicitud eran quienes no pudieron ejercer los derechos a la impugnación y la doble conformidad, pero que ahora tendrán la oportunidad de impugnar sus condenas.Entre la lista de 84 se encuentran nombres como el de los exministros del gobierno Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacios y Andrés Felipe Arias, condenados por escándalos como la de Yidispolítica y Agro Ingreso Seguro.También figuran dos exdirectores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado y Miguel Maza Márquez y los secretarios de Presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velásquez.En la lista de peticiones figuran dos exgobernadores: Julio Enrique Acosta, de Arauca, y Julio Ibargüen, quien fue gobernador del Chocó.Congresistas como el caso de Iván Diaz Mateus, Álvaro García Romero, Luis Fernando Almario y Dixon Ferney Tapasco. Así mismo el exfiscal Rodrigo Aldana, quien fue condenado por recibir un apartamento del exsenador Otto Bula.
La Corte Suprema de Justicia señaló que el tiempo en el que el exministro de Ambiente Andrés Felipe Arias estuvo en Estados Unidos en libertad tras el pago de fianza no cuenta para descontar pena de 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Antes de llegar al país el exministro fue capturado en Miami donde estuvo desde 2016 hasta julio del año pasado cuando fue extraditado a Colombia.Sin embargo, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2017 el exministro estuvo en libertad bajo fianza y quería que fuera tenido en cuenta como el tiempo que pagó en Estados Unidos y que debe descontarse de su condena.Los abogados señalaron que en medio de esa libertad bajo fianza se impusieron restricciones como si fuera una medida de detención, pero la Corte dice que no puede equipararse y que no se descontará ese tiempo.
La Procuraduría y la Fiscalía pidieron mantener el fallo en contra del exministro Andrés Felipe Arias.A través de una carta de 245 páginas, el fiscal 10 delegado, Carlos Iván Mejía, le pidió a la Corte Suprema de Justicia mantener condena contra el exministro Andrés Felipe Arias.La Fiscalía señaló que no se incurrió en error en el momento de valorar las pruebas y en el proceso por eso pidió “mantener la pena en los términos y condiciones establecidas”.“Frente a la evidencia en este proceso no se incurrió en error o desconocimiento de garantías”, señaló el ente acusador.Se conoce esta carta días después de que la defensa del exministro envió un documento de 460 páginas que fue radicado ante la Corte Suprema en el que argumentaba viable tumbar el fallo que lo condenó a 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.La Corte debe evaluar el escrito de más de 400 páginas que presentó la defensa del exministro condenado a 17 años de prisión por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.En la impugnación del fallo los abogados señalaron que la Corte no valoró de manera adecuada las pruebas.
En manos del magistrado Gerson Chaverra de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ya está la impugnación del fallo que condenó a 17 años de prisión al exminsitro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Tras una fuerte batalla legal por acceder a la segunda instancia y la revisión de su condena, la defensa del exminsitro presentó la impugnación.BLU Radio conoció en primicia apartes del documento que alega que ninguno de los cargos por los que fue condenado, cuenta con "el más mínimo respaldo en el acervo probatorio”.Según su defensa, la apreciación de la Corte sobre las pruebas está “viciada” y con una “gama de errores”.“La Corte en la apreciación de las pruebas, ignoró, tergiversó o mutiló las que desvirtuaban los cargos imputados por la Fiscalía a Andrés Felipe Arias”, dice el documento.También señalan que los hechos que indica la Fiscalía contra Arias, no fueron concretados y se "barrieron” algunas categorías.“La acusación que formuló la Fiscalía contra Andrés Felipe Arias se fue a título de autor de todas las conductas punibles de la Corte. En la sentencia se barrió esa categoría y lo condenó, no como autor conforme fue acusado, sino como coautor, pero sin concretar con quién o quiénes unió voluntades para la comisión de los punibles que indicó la Fiscalía”.Además, explican que el exministro de Agricultura fue condenado por celebración indebida de contratos y peculado con once grupos empresariales, pero que no se juzgó frente a los demás que se vieron beneficiados en este caso.La defensa de Arias buscará probar su inocencia con un documento de 460 páginas, donde está toda la información del caso y sus argumentos para alegar ante la Fiscalía.
Este viernes, la Corte Suprema de Justicia admitió la impugnación presentada por la defensa del exministro Andrés Felipe Arias para que se revise su condena por el escándalo del Agro Ingreso Seguro.Fue después de más de tres negativas, la Corte admitió la impugnación para estudiar la condena de 17 años de cárcel, cuya ponencia le correspondió al magistrado Antonio Hernández.Fueron separados de este caso los magistrados: Patricia Salazar, Eugenio Fernández y Eyder Patiño por haber hecho parte previamente de la sala que condenó al exministro.De esta manera, empiezan a correr los términos para que la defensa Andrés Felipe Arias en cabeza del abogado Víctor Mosquera pueda sustentar ante la corte suprema de justicia la impugnación.Sobre esta decisión, el abogado Mosquera le dijo a BLU Radio: “El recurso de impugnación procede, es decir, la Corte Suprema reconoce lo dicho por la Corte Constitucional. Esperaremos a que en los próximos días se definan las reglas para desarrollar este recurso. Agradecemos nuevamente a la Corte Suprema”.
Nueve campesinos han sido desplazados y más de 80 familias permanecen confinadas en sus casas por los enfrentamientos del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, que ya dejan tres de sus integrantes muertos en zona rural del municipio de Valdivia, Antioquia.La disputa a sangre y fuego de estos dos grupos armados ilegales tiene atemorizadas a la comunidad de la vereda La Cruzada, en esa localidad del Norte del departamento, donde los disparos de fusil han acabado con la tranquilidad de los pobladores.La misma Procuraduría alertó que los enfrentamientos del Clan del Golfo y la guerrilla del ELN han dejado más de 18 muertos en los últimos días, de los cuales tres cadáveres ya fueron recuperados. Sin embargo, la zozobra tiene confinadas en sus casas a 84 familias y nueve campesinos, que confirman otras dos familias, tuvieron que salir desplazadas porque estaban en alto riesgo, según el personero de Valdivia, Didier García."En Valdivia hemos recibido esas dos declaraciones de dos familias. Eso fue por recomendación de los dos grupos que les dijeron que salieran del territorio mientras que eso se normalizaba porque esas casas están ubicadas a la orilla de la carretera", aseveró el representante de la agencia del Ministerio Público.Los campesinos desplazados podrían ser mucho más, pues las autoridades sospechan que algunos decidieron no hacer el reporte en la Personería y Casa de Justicia de Valdivia sino que podrían haberse ido a otras veredas de amigos y parientes en límites con Yarumal.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este martes, 21 de marzo, en La Nube estuvo Catalina Londoño, líder del equipo de servicios profesiones y educativos de Turnitin América Latina, quien habló sobre el ChatGPT en el campo de la educación."Toca actualizar las políticas de integridad académica de las instituciones y orientar a los profesores y estudiantes", añadió Londoño.Por otro lado, se habló sobre la nueva actualización de WhatsApp, ahora los administradores de los grupos podrán controlar más fácil quiénes quieren ingresar.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos nacionales e internacionales más importantes acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, reconoció en nombre del Estado la responsabilidad "en las violaciones a los derechos humanos cometidas contra las comunidades afrodescendientes de los territorios de la cuenca del Cacarica", en el departamento del Chocó (oeste), durante una operación militar en febrero de 1997.En un acto en Riosucio (Chocó), Márquez reconoció este martes la responsabilidad del Estado por la "Operación Génesis" en cumplimiento de una sentencia dictada en 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)."Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia", dijo Márquez.La vicepresidenta agregó: "Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros".Por ello pidió "perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica".En el acto también participó el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien llamó a los diferentes actores armados a que se unan a la construcción de la paz total propuesta por el Gobierno.La resolución de la CorteIDHLa CorteIDH declaró en 2013 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por los desplazamientos forzados que sufrieron las 23 comunidades que históricamente han habitado la cuenca del río Cacarica, en el marco de la operación militar "Génesis" y de las incursiones simultáneas del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre el 24 y el 27 de febrero de 1997.Entre los desplazados se encuentra la poeta y lideresa de la organización Cavida (Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica) Jahaira Salazar Córdoba, quien recuerda cómo a sus siete años, una mañana de febrero de 1997, tuvo que abandonar su casa por los bombardeos y sobrevuelos de los aviones Kfir.Por su parte, John Jairo Mena, otro de los cientos de campesinos que llegaron desplazados al municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia (noroeste), señala que el Ejército y los paramilitares le dieron a las comunidades un plazo de tres días para abandonar sus casas porque iban a combatir a la guerrilla de las FARC.Tras culminar la última fase de retorno, en marzo de 2001, la comunidad ha denunciado nuevas "invasiones irregulares" en las zonas humanitarias a manos de militares y paramilitares que los revictimizaron.Exigencias de las victimas Salazar admite que se hicieron algunos progresos en materia de justicia, como la sentencia de la CorteIDH, donde también se reconoce la violación del derecho a la vida y a la integridad personal del campesino Marino López, cuyo cuerpo, según los testimonios, fue desmembrado y su cabeza usada como balón de fútbol.No obstante, la lideresa insiste en que "faltan muchas cosas por hacer" ya que, además del caso de López, "hubo muchos otros casos" y, por ende, aún necesitan "saber la verdad" sobre el paradero de "muchos desaparecidos" o sobre quiénes dieron la orden del desplazamiento.Entre las exigencias presentadas, según explicó a EFE Salazar, también está la necesidad de revisar las reparaciones que se les dieron a las víctimas para encontrar "algo más digno".Del mismo modo, se solicita al Estado colombiano que se mejore la atención sanitaria en la zona ya que para recibir asistencia médica deben trasladarse hasta Riosucio donde, según denuncian, ni siquiera hay un centro "de primer nivel".Le puede interesar:
La aplicación WhatsApp es una de las más usadas diariamente por millones de personas en el mundo por lo que las actualizaciones siempre están presentes para mejorar la experiencia de los usuarios. En esta oportunidad llegó la sala de espera.De esta manera, los administradores de los grupos de WhatsApp podrán controlar con mayor facilidad quiénes son las personas que entran a estos espacios.Ahora bien, la sala de espera, que estaba siendo desarrollada desde el año pasado, no está activa de forma predeterminada, sino que será el administrador el encargado de hacerlo a través del menú configuración de grupo y luego aprobar nuevos participantes.Vale recordar que antes las personas podrían ingresar a un grupo sin la necesidad que un administrador lo agregue, pero ahora se podrá activar la sala de espera para que se controle de mejor manera quién está pidiendo acceso para entrar.Asimismo, los usuarios que no sean administradores pueden invitar a contactos a ingresar al grupo a través de un link, pero deberán permanecer en la sala de espera hasta recibir la luz verde.Las salas de espera ya están disponibles en los diferentes dispositivos móviles, si todavía no lo tiene, asegúrese si su WhatsApp tiene la última actualización o por el contrario debe descargarla.WhatsApp: grupos en comúnAl momento de buscar el nombre de un contacto en WhatsApp solo aparecía el chat personal, seguido de filtros que incluyen contenido multimedia, enlaces, fotos, GIFs o audios que se hayan compartido. Sin embargo, ahora se puede buscar los grupos en común con determinado contacto.Lo anterior se puede hacer al buscar el nombre del contacto en la parte superior: primero sale el chat privado y luego los grupos en común con esa persona.Esta función solo estaba disponible en la versión web, pero ahora ya se puede utilizar desde los dispositivos móviles.Le puede interesar:
