La declaración del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias durante el juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, reveló detalles inéditos de su encarcelamiento en Estados Unidos por el caso Agro Ingreso Seguro. Arias habló de las dificultades para comunicarse con sus abogados, de los problemas alimentarios que enfrentó al punto de perder considerable peso y del temor que sintió al compartir celda con reconocidos exjefes paramilitares.Arias aseguró que durante su reclusión en una prisión de Miami convivió con figuras como Diego Murillo, alias 'Don Berna', y Francisco Zuluaga, alias 'Gordo Lindo'. Expresó que en un principio temió posibles represalias por haber sido parte del Gobierno Uribe, responsable de extraditar a muchos de los paramilitares allí detenidos.Uno de los momentos más llamativos de su testimonio fue una anécdota que vivió durante una jornada en la que los reclusos bajaban a una plataforma para encontrarse con sus abogados. Allí, Arias relató que luego de la revisión de rutina, mientras esperaban en fila, un recluso colombiano hizo un comentario en tono burlón “Berna, aquí tan mancito?”, le dijo. Ante esto, alias 'Don Berna', presente en la escena, intervino: “Aquí adentro todos somos colombianos. Lo que pasó afuera, se queda afuera”. Esa frase, aseguró Arias, le dio tranquilidad, al entender que no corría peligro en ese entorno.Desde entonces, dijo, comenzó a hablar con varios de los exparamilitares, entre ellos 'Don Berna', 'Gordo Lindo', 'Macaco' y 'Cuco Vanoy'. Fue en esas conversaciones donde, según su testimonio, recibió información delicada relacionada con el expresidente Uribe y su hermano Santiago Uribe.Arias aseguró que 'Gordo Lindo' le reveló que a Álvaro y Santiago Uribe se les había hecho un montaje con ayuda de un oficial de la Policía conocido como el mayor Meneses. “Vea, al presidente Uribe y a Santiago Uribe les hicieron un montaje con un mayor de apellido Meneses”, le dijo. Y agregó que Meneses, en ese entonces capitán de la Policía en Buga, habría trabajado para Ramón Quintero, narcotraficante también detenido en esa prisión. “Ramón Quintero le pagaba para que desde su posición como capitán ayudara en sus operaciones”, relató Arias.Según lo que le transmitió 'Gordo Lindo', todo esto haría parte de una supuesta venganza de un sector del narcotráfico contra el expresidente Uribe, utilizando el testimonio de Meneses para afectar también a su hermano Santiago.Arias cerró su relato señalando que, en una de las visitas que recibió en prisión por parte del expresidente Álvaro Uribe, le compartió directamente esta información.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, quien fue condenado a 17 años de prisión en relación con el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).La decisión, comunicada este miércoles 10 de enero, destaca que Arias ha cumplido las tres quintas partes de la pena impuesta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esta condena se relaciona con los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.La defensa del exfuncionario enfatiza el comportamiento ejemplar que Arias ha mantenido durante su tiempo de reclusión.Arias estuvo bajo detención domiciliaria desde agosto de 2023, tras la aprobación de sus actividades de estudio y trabajo realizadas durante su encarcelamiento en la Escuela de Infantería, ubicada en el norte de Bogotá.Así estalló el caso de el exministro Andrés Felipe Arias por el caso de AISEl caso Andrés Felipe Arias estalló durante la década de 2010. El exministro de Agricultura de colombiano, Andrés Felipe Arias, fue condenado en 2014 a 17 años de prisión por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).El AIS fue un programa de subsidios a los productores agropecuarios colombianos que fue creado en 2002 por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El programa estaba destinado a apoyar a los pequeños y medianos agricultores, pero Arias fue acusado de desviar los recursos del programa hacia grandes productores y aportantes a la campaña de Uribe.La investigación del caso Arias se inició en 2007, pero no fue hasta 2011 que fue detenido preventivamente. En 2014, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.Los hechos del casoSegún la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Arias habría modificado los requisitos para acceder al AIS de manera que beneficiara a grandes productores y aportantes a la campaña de Uribe.En particular, Arias habría permitido que los beneficiarios del programa fueran definidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), una entidad que estaba bajo su control. El ICA habría seleccionado a los beneficiarios de acuerdo con criterios que no estaban establecidos en la ley, como la capacidad de pago y el nivel de ingresos.Como resultado de estas irregularidades, el AIS habría beneficiado a grandes productores que no necesitaban los subsidios, mientras que los pequeños y medianos agricultores habrían quedado excluidos.Escuche el informa acá:Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
En diálogo con Blu Radio, el exministro Andrés Felipe Arias aseguró que acata y respeta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó su condena a 17 años, 4 meses y 8 días por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pero que no se abstendrá de exponer los “miles reproches” del fallo en su contra.Según explicó, uno de los reproches que tiene es con las garantías, los magistrados y conjueces. Aseguró que uno de los magistrados que falló en el caso llegó 24 horas antes, “porque todos los demás se declararon impedidos” y el último fue el martes, 31 de enero, y la sentencia fue firmada el miércoles, 1 de febrero.“Yo me pregunto, un caso tan voluminoso, farragoso y tan complejo, ¿cómo es que alguien lo puede examinar en 24 horas, en el mejor de casos? Entonces quedan esas dudas de la garantía real, por eso estamos explorando caminos”.Cabe recordar que Arias es acusado por haber beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores. En 2014, la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos, señalamientos de los que hoy en día se sigue defendiendo.“Si ellos terminaron cometiendo el fraude, por qué termina siendo el ministro el que va a la cárcel (…) A mí me condenan por unos convenios que suscribí con el Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), como lo han hecho todos los ministros que me antecedieron”, respondió.El exministro fue condenado por celebración indebida de contratos y peculado, en específico, por tres convenios con el IICA.“De los 380.000 beneficiarios del programa, un número muy pequeño, como de 10 u 11, cometieron el fraude, la mayoría eran medianos productores y todos aceptaron que cometieron el fraude (…) No pagaron un solo día de cárcel, sí, fueron condenados, pero por qué el ministro también tiene que serlo”, recalcó.El alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que, como resultado de esos convenios, se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
De 17 años, 4 meses y 8 días es la condena contra Andrés Felipe Arias, la cual ratificó la Corte Suprema de Justicia por celebración indebida de contratos y peculado, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Andrés Felipe Arias habría beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores: este caso se remota a 2014 cuando lo condenaron por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por tres convenios del Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), convenios que se justificaron iban a ser para ciencia y tecnología.Precisamente, este asunto es uno de los temas que más debate generó alrededor de la naturaleza de los convenios que firmó el Ministerio de Agricultura con el (IICA), para el programa Agro Ingreso Seguro.En 2014, la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos. Ahora el alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que, como resultado de esos convenios, se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.Además, señaló que los beneficiarios del programa asumieron las instalaciones técnicas para los programas de riego, por lo que no es cierto que el IICA haya dado un soporte en esa materia, pues lo que hizo fue administrar recursos, algo que no podía hacer por ser un organismo internacional.Durante la audiencia, la Fiscalía explicó en su intervención que la sentencia se ajustó a los parámetros de ley y corresponde a la gravedad de las conductas ilícitas que le fueron demostradas al exministro Arias.En la investigación se constató que fue seleccionado de manera directa el IICA para la celebración de tres convenios, que fueron los que le dieron vida a Agro Ingreso Seguro, constituido para entregar incentivos económicos a los campesinos del país con el propósito de acabar con la desigualdad en el campo; la legalidad del proceso de la contratación es que debía abrirse una licitación pública y no haber contratado de manera directa.Le puede interesar:
Un juez de ejecución de penas le concedió la detención domiciliaria al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, luego de un recurso de su abogado Víctor Mosquera, quién pidió que fuera trasladado. El argumento para pedir la medida domiciliaria fue que su cliente ya pagó buena parte de la condena.Arias fue condenado a 17 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia debido a los malos manejos en los recursos del programa Agro Ingreso Seguro, proyecto de estímulos económicos para los campesinos en el gobierno de Álvaro Uribe, que terminó en escándalo.La sentencia en su contra se profirió en julio del año 2014 luego de un juicio en el alto tribunal donde se evidenció que el exministro le hacía un seguimiento minucioso al programa para saber en dónde se debían invertir los recursos y que réditos políticos podía sacar.La Corte señaló en su sentencia, que Arias sí sabía cómo se habían destinado los recursos del programa, específicamente en las convocatorias de riego y drenaje.“Esa postura es insostenible, menos aún si se advierte que se trataba de su política bandera, de cuyos resultados estaba pendiente, no solo porque era su obligación funcional, sino también por los réditos que podía derivarle, dado el reconocimiento público alcanzado hasta ese momento”, manifestó la Corte en su decisión.Le puede interesar:Luego de ocho años de estar en prisión, su defensa pidió la medida de casa por cárcel debido a que ya purgó buen parte de la condena. El exministro está recluido actualmente en la Escuela de Caballería del Cantón Norte, en Bogotá.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar:
Este lunes se conoció el fallecimiento de Rodrigo Arias, padre del exministro Andrés Felipe Arias y quien perdió la vida luego de luchar contra un cáncer.”Rodrigo Arias, ¡tú vida, ejemplo y obra nos llenaron siempre de felicidad! ¡Gracias a Dios por tu legado. Ahora descansa en paz de la mano de Dios!", se lee en un trino de la cuenta oficial del Centro Democrático."La vida, ejemplo y obra de Rodrigo Arias Leiva nos deja un legado inolvidable. Mis condolencias a su esposa Sonia, a nuestros queridos Andrés Felipe y Juan Camilo y a sus amigos y familiares", escribió, por su parte, Nubia Stella Martinez, directora del Centro Democrático.Las senadoras María del Rosario Guerra y María Fernanda Cabal también se sumaron a los mensajes de condolencias por la partida de Rodrigo Arias. A ellas se sumaron otras personalidades políticas como Paloma Valencia y Luis Alfredo Ramos. Escuche más noticias
Mucha expectativa se generó en torno a la reaparición del exministro Andrés Felipe Arias desde su sitio de reclusión en Bogotá, dónde ofreció una entrevista virtual. El tema fue tendencia en redes sociales y desató una avalancha de insultos"Instigación al odio, e incluso al daño físico, a la muerte, como han sido algunos mensajes que llegaron y que los registró mi abogado. Ya están en la Fiscalía", dijo Arias durante una entrevista con un blog digital.Citando al senador Gustavo Petro, Arias pidió respeto por el 'contrincante' para alcanzar la paz política en Colombia.Mientras eso llega está dedicado a obtener paz para sí mismo a pesar del encierro. Dice que hace ejercicio con frecuencia, lee mucho y prepara una investigación sobre el papel del cómo el narcotráfico estabilizó a la economía colombiana en el segundo gobierno de Juan Manuel Santos."Ese boom de cocaína del 2014 al 2018 compensó como el 85% de lo que Colombia dejó de recibir por el desplome de los precios del petróleo", aseguró.El exministro llegó a esa conclusión luego de entrevistar en prisión en Estados Unidos a varios integrantes del Clan del Golfo y 'cartel de las farc' y comprar la información con datos oficiales. Calcula que sin esos 50.000 millones de dólares del narcotráfico la contracción de la economía, la devaluación del peso y la pérdida de empleos habrían sido mucho más elevadas después de la caída del precio del crudo de más de 100 dólares a tan solo 30 en pocos meses.
El exministro Andrés Felipe Arias, quien se encuentra recluido en el Cantón Norte cumpliendo una condena de 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, participará en un foro a través de videoconferencia.Juan Manuel Jaramillo, quien es moderador del evento, explicó que tendrán como invitado al exministro. “Él estará haciendo la transmisión en vivo desde su lugar de reclusión, creo que es el Cantón Norte donde está, se conectará vía internet. El permiso se gestionó vía derecho de petición con el Inpec desde el año pasado, pero apenas nos vinieron a dar respuesta ahora”.En el foro denominado ‘Salvemos Colombia' se hablará sobre las perspectivas con respecto a la actualidad del campo y la agricultura del paísEl evento se realizará este miércoles 20 de enero a las 6:00 de la tarde. Jaramillo señaló que se invitó al exministro por ser economista, “tener maestría y doctorado en economía” y porque quieren preguntar sobre su percepción de la crisis económica que afronta el país y que se espera luego de la pandemia.Desde ya el evento generó reacciones políticas. La senadora del Centro Democrático Paola Holguín calificó el foro como “imperdible”. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar, de la oposición, rechazó el evento a través de sus redes sociales. “imperdible: quieren aprender cómo regalar el dinero del Estado a los terratenientes más ricos de Colombia y cómo hacer que le devuelvan una parte para su campaña... No se pierdan la conferencia del señor de los mil agros, Andrés Felipe Arias”.
En los últimos días la Fiscalía General de la Nación anuncio que investigará a dos twitteros por amenazar de muerte al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien salió con un permiso el pasado 30 de diciembre del 2020 y regresó a su celda el 1 de enero del 2021.Esto generó indignación de algunos sectores políticos y, en especial, del senador Gustavo Bolívar de la Colombia Humana, quien critico el permiso y la actuación del fiscal Francisco Barbosa.“Pues ahora resulta que no le podemos decir nada porque tenemos el fiscal, el policía de bolsillo del señor Duque amenazando a todo el mundo. Creen que esa es la vía para callar a todo un país que está cansado de tanto ladrón, de tanta violencia, de tanto matón”, expresó el senador Gustavo Bolívar en su red social.Ante sus declaraciones hizo que reaccionara la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín a través de una carta que publicó en sus redes sociales en la que responde al senador Bolívar."Los abogados del exministro han puesto algunos de estos trinos de odio e incitación a la muerte y daño físico en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que, como le corresponde, simplemente procedió a registrar la noticia criminal", dice el documento.Lo que generó de inmediato una nueva respuesta a través de la red social del congresista de los decentes. “No se dejen asustar, los que tienen que estar asustados son ellos, los que delinquen, no los que denunciamos".
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel, declaró en un juicio que se lleva ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá contra tres exfuncionarios, que fueron sus subalternos en el ministerio, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.Arias habló en los estrados como como testigo en el juicio contra los exfuncionarios: Juan David Ortega Arroyave, Óskar August Shoeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.El exministro defendió los convenios que suscribió y por los cuales fue procesado, y presentó un concepto inédito del Ministerio de Agricultura que, siendo víctima en el proceso, dice, supuestamente, que los convenios sí fueron de ciencia y tecnología, que se debieron suscribir de manera directa y que siempre se había hecho de esa manera. Documento que tiene radicado del 22 de octubre del 2020.“El Ministerio de Agricultura radicó un documento en donde reconoce no solo que el riego es ciencia y tecnología, sino que esos convenios por los cuales yo fui procesado el 003 del 2007, el 055 de 2008 y el 052 de 2009 efectivamente eran convenios de cooperación científica y tecnológica que así se han suscrito siempre en el ministerio y que debían suscribirse de esa manera: sin licitación, de forma directa. Es la primera vez que veo que la víctima en un caso de estos, tanto tiempo después, dice que no hay delito. Porque la víctima, el ministerio, en dónde se suscribieron los convenios reconoce que sí eran de ciencia y tecnología, que aplicaba la norma de contratación directa, que así se ha hecho siempre y que era lo correcto”, dijo Arias.Por petición de los abogados y a pesar de la oposición de la Fiscalía, avaló el documento como nueva prueba en el proceso.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.