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Corte Suprema ratifica condena de 17 años contra Andrés Felipe Arias por Agro Ingreso Seguro

Para la alta corte, Andrés Felipe Arias “desconoció principios de contratación estatal de transparencia al acudir a la contratación directa”, beneficiando a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores.

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De 17 años, 4 meses y 8 días es la condena contra Andrés Felipe Arias, la cual ratificó la Corte Suprema de Justicia por celebración indebida de contratos y peculado, por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Andrés Felipe Arias habría beneficiado a empresarios con subsidios que eran para pequeños agricultores: este caso se remota a 2014 cuando lo condenaron por contrato sin cumplimiento de requisitos y peculado por tres convenios del Instituto interamericano de cooperación para la agricultura (IICA), convenios que se justificaron iban a ser para ciencia y tecnología.

Precisamente, este asunto es uno de los temas que más debate generó alrededor de la naturaleza de los convenios que firmó el Ministerio de Agricultura con el (IICA), para el programa Agro Ingreso Seguro.

En 2014, la Corte Suprema había dicho que esos convenios no eran de ciencia y tecnología, sino de administración de recursos. Ahora el alto tribunal ratificó que en este caso no se hizo una licitación pública, sino una contratación directa y que no hay pruebas de que, como resultado de esos convenios, se hayan aportado en ciencia y tecnología como debía hacerse.

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Además, señaló que los beneficiarios del programa asumieron las instalaciones técnicas para los programas de riego, por lo que no es cierto que el IICA haya dado un soporte en esa materia, pues lo que hizo fue administrar recursos, algo que no podía hacer por ser un organismo internacional.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó en su intervención que la sentencia se ajustó a los parámetros de ley y corresponde a la gravedad de las conductas ilícitas que le fueron demostradas al exministro Arias.

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En la investigación se constató que fue seleccionado de manera directa el IICA para la celebración de tres convenios, que fueron los que le dieron vida a Agro Ingreso Seguro, constituido para entregar incentivos económicos a los campesinos del país con el propósito de acabar con la desigualdad en el campo; la legalidad del proceso de la contratación es que debía abrirse una licitación pública y no haber contratado de manera directa.

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