Quince departamentos del país están en riesgo electoral, según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), que alertó sobre posibles interferencias de grupos armados ilegales y estructuras criminales en las elecciones presidenciales de 2026.
Los casos más críticos fueron identificados en Caquetá, Guaviare, Norte de Santander, Cauca y Chocó, donde se detectaron presiones, vigilancia y restricciones contra votantes en 722 puestos de votación, que concentran 327.196 votos y un potencial de 494.434 electores habilitados.
El informe señaló que en Caquetá se exigieron certificados electorales bajo amenaza de multas o sanciones; en Guaviare se registraron restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas; en El Tarra, Norte de Santander, hubo presencia de grupos armados cerca de los puestos de votación; en Guapi y López de Micay, Cauca, se reportó acompañamiento de electores hasta la mesa y vigilancia sobre la opción marcada; y en Bajo Baudó, Chocó, se documentó constreñimiento contra comunidades indígenas.
El ICP identificó además 103 puestos de votación donde el voto en blanco, nulo o no marcado resultó ganador en municipios con riesgo territorial activo.
La organización explicó que las señales atípicas corresponden a patrones estadísticos inusuales cruzados con variables de control territorial y hallazgos de veeduría ciudadana, como vigilancia del voto, presión comunitaria y restricciones al proselitismo político.
El instituto señaló que la interferencia criminal opera antes de que el elector llegue a la urna mediante mecanismos de coerción y control territorial.
El ICP pidió a las autoridades y a las misiones internacionales de observación electoral centrar la vigilancia en el entorno social y territorial de los votantes, además de los puestos de votación.
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