Tras concluir una indagación preliminar donde se revisaron más de 56 millones de facturas de usuarios, la Contraloría General de la República cuantificó en 216.894 millones de pesos el monto del daño patrimonial ocasionado por la empresa Electricaribe, al hacer uso indebido de recursos por este valor, que se le giraron para subsidiar a los usuarios con menores ingresos de la región.
Electricaribe incurrió en esta práctica durante seis años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017.
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La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social, FOES, a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas.
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La Contraloría delegada de Minas y Energía, que realizó esta indagación preliminar, encontró que de 56´751.704 facturas revisadas, 48'405.622 presentan irregularidades en la asignación de estos recursos, es decir el 85 % del total.
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Lo anterior implica que miles usuarios de 183 municipios del mercado atendido por Electricaribe resultaron afectados.
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Al revisar las diferencias entre el valor del subsidio FOES que debían recibir los usuarios y el que se les aplicó en sus facturas por parte de Electricaribe, se encontró que el departamento más afectado es Atlántico, con $58.466 millones, Córdoba con $44.155 millones, Bolívar con, $41.659 millones, Magdalena con $21.317 millones, Sucre con $19.895 millones, La Guajira con $18.516 millones y Cesar con $12.883 millones.
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