La senadora del Centro Democrático María Clara Posada respondió a la Defensoría del Pueblo después de que la entidad rechazara sus publicaciones sobre la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, y solicitara a la congresista rectificar afirmaciones que considera falsas o sin sustento.
En una carta publicada este 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del pueblo, Iris Marín, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada defendió su libertad de expresión y sus funciones de representación y control político. Aseguró que no necesita autorización de la entidad para cuestionar las actuaciones de una institución financiada con recursos públicos.
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La controversia se produjo después de que la Defensoría rechazara lo que calificó como “una campaña de desprestigio y desinformación” contra Lemaitre, al advertir que algunas publicaciones, entre ellas pronunciamientos de Posada y del senador Germán Rodríguez, difundían fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales y recurrían a expresiones que calificó como violencia de género.
Frente a esos señalamientos, la congresista sostuvo que una solicitud de contextualización no puede convertirse en una imposición sobre sus opiniones y defendió sus cuestionamientos al trato que, según su interpretación, recibió un antiguo integrante de las FARC durante actuaciones judiciales.
En su respuesta, Posada afirmó que las decisiones judiciales posteriores no impiden examinar el trato que reciben los comparecientes ante la jurisdicción ni contrastarlo con el dispensado a las víctimas. La senadora también pidió explicaciones sobre las diferencias que asegura haber identificado entre las diligencias de antiguos integrantes de las FARC y las de miembros de la Fuerza Pública.
Posada insistió en que la independencia judicial no debe impedir el escrutinio público y aseguró que continuará examinando las actuaciones de la jurisdicción y denunciando posibles irregularidades con argumentos y pruebas.
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Otro de los puntos de la carta está relacionado con los compromisos de entrega de bienes por parte de las extintas FARC. La senadora aseguró que, según las cifras que ha señalado, estaría pendiente el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.
A partir de esos datos, pidió a la Defensoría informar qué seguimiento ha realizado al cumplimiento de esas obligaciones y a la protección de los derechos de las víctimas.
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La congresista también planteó interrogantes sobre la contratación de la JEP mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En particular, mencionó una cifra de 201.467 millones de pesos que, según sus denuncias, se habrían ejecutado a través de ese mecanismo.
Posada cuestionó la imparcialidad de la Defensoría
La senadora también se refirió a la trayectoria profesional de Iris Marín y a su anterior vinculación con la JEP. “Su anterior vinculación profesional con la JEP no puede traducirse en el uso de la autoridad de la Defensoría para defender a su antiguo empleador ni en una solidaridad con antiguos colegas que comprometa su imparcialidad”, dijo la senadora.
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Además, cuestionó el enfoque de algunos informes y advertencias de la Defensoría, que considera sesgados y descontextualizados. No obstante, aseguró que su desacuerdo con la entidad no significa que pretenda imponerle sus propias opiniones.
En otro apartado, Posada advirtió que la controversia puede aumentar su exposición a amenazas y pidió a la defensora del pueblo actuar con prudencia y evitar que las actuaciones institucionales contribuyan a estigmatizar sus denuncias.
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