Senadores y representantes de la Farc radicaron un proyecto de ley que determina un tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores de amapola, coca y marihuana en todo el país.
Los congresistas del nuevo partido político aseguran que radican esta iniciativa de tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito como respuesta a la insistencia del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero, de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico.
Según el proyecto, se exonerará de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y se priorizará en la atención a mujeres
en condición de pobreza y a los pueblos étnicos. “El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos identificará quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial y que deberán cumplir con requisitos como firmar el acta de compromiso de someterse al programa de sustitución voluntaria”,
indicó el senador Carlos Antonio Lozada.
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“Este proyecto tiene un componente internacional con un enfoque distinto al guerrerista que hasta el momento ha caracterizado las políticas contra el narcotráfico.
Iniciará en 50 municipios pero está pensado para todo el país”, dijo, por su parte, la senadora Victoria Sandino.
Los requisitos son los siguientes: 1. Que se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos
375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000. 2. Que se trate de pequeños agricultores o agricultoras,
pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito. 3. Que no se les demuestre
pertenencia a grupos armados organizados. 4. Que se manifieste ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal,
una declaración voluntaria para ser acogida dentro de los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito y oportunamente suscriba un acta de compromiso 5. Que no se reincida en la
comisión de las conductas punibles.
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