Fiscal advierte que ley estatutaria de JEP abre puerta a la CPI

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al ministro del interior, Guillermo Rivera, haciéndole varias sugerencias desde la fiscalía para la justicia especial para la paz. En el primer pronto habla de la garantía de no repetición. Dice que es insostenible una serie de beneficios De la jurisdicción especial para la paz para quienes cometan nuevos delitos. En otras palabras, para aquellos disidentes o desertores. El fiscal reiteró que los exmiembros de Farc que hayan cometido los crímenes más graves durante la guerra deben ser igualmente sancionados; es decir, delitos como “masacres, violaciones, desapariciones y reclutamiento menores”. Según el documento, si se salvan de esas responsabilidades penales sería “desconocimiento total de los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, lo que activaría la competencia de la Corte Penal Internacional”. Le puede interesar: Santos confía que este miércoles Cámara de Representantes dé trámite a la JEP. Asimismo, explica que hay una interpretación errónea sobre que los exguerrilleros solo se comprometen a no levantarse en armas contra el Estado y no a renunciar a la comisión de otro tipo de delitos. “El principio de no repetición obliga a los beneficiarios del sistema de justicia transicional a alejarse totalmente del delito, a comportarse como ciudadanos íntegros”, señala Martínez en la misiva. En el tercer punto, le dice el Gobierno que es el único autorizado para acreditar los desmovilizados que entrarán a las listas de la JEP y que debe ser el Gobierno mismo quien expida el último listado de FARC. Finalmente, Martínez enfatizó que todo aquel que no esté en esos listados debe ser juzgado por la justicia ordinaria.