El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la carta enviada el pasado 18 de septiembre por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento, el magistrado denunció una supuesta “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”.El presidente afirmó que fijar una posición del Gobierno y debatir el presupuesto general de la Nación en el Congreso no constituye una amenaza contra ningún juez, sino que es “la Constitución funcionando”. De La Espriella recordó que, desde 2018, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos del erario. Según explicó, en 2025 se le asignaron 777.069 millones y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027, la jurisdicción habría solicitado 947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó De La Espriella.La carta, identificada con el número PRS-239-2026, fue enviada por el magistrado Ramelli a la ciudadanía y a la Fiscalía de la CPI. En ella, advirtió sobre una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP, que atribuyó a iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso. “Ello tendría consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP”, afirmó en la carta.El presidente sostuvo que su deber es preguntar qué se ha hecho con los recursos ya recibidos. Señaló que durante años se cuestionó a la JEP por la falta de sentencias y que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025. A su juicio, los resultados judiciales no corresponden con el tamaño de la estructura burocrática. Añadió que, solo en 2026, el costo estimado de la nómina fue de 404.477 millones de pesos.También se refirió a cifras difundidas en el debate público sobre el salario de Ramelli. Según el mandatario, pasó de cerca de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente de la JEP, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones desde su llegada a la magistratura. “Respeto la independencia judicial, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, sostuvo.De La Espriella exigió a la JEP explicar cómo planea y ejecuta sus recursos, cuáles son sus prioridades y por qué necesita más dinero en medio de las restricciones fiscales. Afirmó que cumplir el acuerdo de paz implica honrar a las víctimas, pero no aprobar automáticamente cualquier solicitud presupuestal ni financiar sin límites una estructura especial, en detrimento de la Rama Judicial ordinaria.Sobre este último punto, el presidente aseguró que la justicia ordinaria necesita con urgencia más recursos, debido a los millones de procesos represados, la congestión de los despachos, la infraestructura insuficiente y las limitaciones tecnológicas. Por eso, dijo que su prioridad será fortalecerla. “Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, expresó.Finalmente, el presidente De La Espriella negó que exista una política de venganza contra la JEP y reiteró que su deber es ordenar el gasto público y exigir resultados. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas”, concluyó.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional."Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal."Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal."La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
Después de que se conociera la sentencia de la JEP contra los últimos exjefes de las Farc por secuestro, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar radicó una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiendo que sea esa corte la que pueda juzgar a los excomandantes de la antigua guerrilla.“El mundo debe saber que en Colombia la justicia se rindió ante el terrorismo. La JEP le dio libertad disfrazada de sanción a los secuestradores, asesinos, torturadores, violadores de miles de civiles y militares. No hay cárcel, no hay restricción, ni siquiera un lugar de concentración. Solo un brazalete de monitoreo indeterminado: una burla a las víctimas y al país (...) Colombia tiene una obligación internacional de investigar, perseguir y sancionar de manera proporcional los crímenes de lesa humanidad”, dijo Villamizar.Las sanciones impuestas contra los exjefes de las Farc son restaurativas, es decir, que deben reparar a las víctimas de secuestro.Estas sanciones están centradas sobre cuatro ejes: la restauración ecológica, la memoria de las víctimas, el desminado humanitario y la búsqueda de los desaparecidos.En el mismo sentido el representante Villamizar pidió a la CPI que “se reactive el expediente de Colombia, cerrado tras el Acuerdo de Paz, ya que queda evidenciado que, la JEP no brindará las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la jurisdicción penal internacional la que se encargue de hacerlo”.
Según el exministro de Justicia, después de haber radicado su denuncia el pasado 27 de mayo en La Haya, fue notificado de una decisión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que redujo significativamente su esquema de seguridad, a pesar de las múltiples amenazas y ataques documentados en su contra.Entre los hechos más graves mencionados por el exminjusticia Wilson Ruiz se encuentra, un intento de atentado en noviembre de 2022 en Cali, frustrado por su esquema de seguridad.Además, habla de un ataque armado en enero de 2023 contra su hijo, en el que el vehículo recibió seis disparos.A esto se suma, según el comunicado, el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio del presente año, quien había elevado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su protección sin recibir respuesta.“Al respecto, vale relacionar los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, en el lugar conocido con el nombre de la Plaza de la Alpujarra, donde el jefe de Estado, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de Gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectadas por estas bandas delincuenciales”, señala la ampliación del exministro.
La denuncia interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, asegura estar respaldada por más de veinte pruebas documentales que evidenciarían una política sistemática del actual gobierno para empoderar a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.Entre los elementos aportados se encuentran decretos presidenciales, entrevistas públicas de jefes guerrilleros y reportes de organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la CIDH, la Cruz Roja, así como estadísticas oficiales de la Defensoría del Pueblo e Indepaz.El exfuncionario aseguró haber agotado todas las instancias judiciales nacionales antes de acudir a la justicia internacional. “Hago esta denuncia con la determinación de quien sabe que su deber es proteger a su país, incluso cuando hacerlo implique enfrentarse al poder”, manifestó Ruiz.Entre los principales fundamentos de la denuncia destacó el exminjusticia:El aumento de masacres (más de 270 víctimas en 2024).Desplazamientos forzados que afectaron a más de 695.000 personas en 2023.La disminución de más de 40.000 efectivos en la Fuerza Pública desde 2022.Un recorte del 35,7 % en el presupuesto de inversión de la Policía Nacional.Ruiz señala que el presidente Petro, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha incurrido en una omisión dolosa al no impedir ni sancionar la expansión del crimen armado en varias regiones del país, violando así los artículos 7, 8 y 28 del Estatuto de Roma.La denuncia ha sido radicada formalmente ante la CPI en La Haya y representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del país: un exministro acudiendo al tribunal internacional para denunciar al actual presidente por presuntos crímenes internacionales.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que seguirá “cumpliendo con su mandato judicial”, después de que Estados Unidos haya confirmado que el fiscal Karim Khan es la primera víctima de las sanciones decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la investigación a Israel por crímenes de guerra en Gaza.En una breve reacción, el tribunal subrayó que “deplora que el Gobierno estadounidense haya designado al fiscal de la CPI, Karim Khan, como sujeto de sanciones”.El de Khan es el primer y único nombre que apareció ayer en un anexo a la orden ejecutiva firmada la semana pasada por Trump para sancionar a funcionarios de la Corte por la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.“La Corte se compromete a seguir cumpliendo su mandato judicial en beneficio de millones de víctimas inocentes de atrocidades. La Corte hace un llamamiento a sus 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en favor de la justicia internacional”, instó la CPI, en reacciones a las medidas tomadas contra el fiscal.Las sanciones económicas y de viaje emitidas suponen la congelación de los activos en Estados Unidos de los afectados, así como una prohibición de entrar al país tanto para los sancionados como para sus familias (pareja e hijos).En principio, esto no debería afectar los viajes que Karim Khan tiene que hacer a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los avances en las investigaciones remitidas por este organismo, en relación a Libia y Sudán.El pasado día 7, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, denunció que la orden ejecutiva firmada por Trump para sancionar a sus funcionarios busca “socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas” las investigaciones abiertas, y estas “amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques” contra los países miembros.Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant se deben a la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, incluido el uso de hambre como arma de guerra contra la población civil.
La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la emisión de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a funcionarios del tribunal, lo que va a “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, advirtió la institución, que investiga crímenes de guerra de Israel en Palestina.En una reacción, la CPI subrayó que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas.Entre ellas se encuentra la que es razón de las sanciones que busca imponer Estados Unidos, que incluye una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó el tribunal en un breve comunicado en reacción a la firma esta madrugada de una orden ejecutiva para sancionar a la corte por sus acciones contra Estados Unidos y aliados como Israel.Trump consideró en ese documento que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “estrecho aliado”, y que ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.Otra de las investigaciones abiertas por la CPI se centra en los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania durante la agresión rusa, lo que también conllevó la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos a Rusia, una investigación y decisión que sí estuvieron respaldadas por Estados Unidos.La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida. La firma de la orden llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien la CPI considera, entre otras cuestiones, presunto responsable de crímenes como el uso del hambre como arma de guerra contra los palestinos de Gaza.La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.Para Trump, las recientes acciones de la CPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto".Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados.El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.Para Trump, cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar o procesar a personas protegidas "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", razón por la que dijo declarar "una emergencia nacional para abordar esa amenaza".En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida.Su firma llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.La medida de Trump se produce después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa Cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por la ofensiva israelí en Gaza.La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza. Estas órdenes también incluyen al líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, quien murió en un bombardeo.“Colombia reafirma su compromiso con la paz, dentro y fuera de sus fronteras, y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra", dice el comunicado de la Cancillería.Detalles del caso en la CPILa CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, señalados de emplear tácticas como el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, el tribunal incluye en sus acusaciones al líder de Hamás, Mohammed Deif, aunque su estado actual es incierto tras reportes de un supuesto fallecimiento en un ataque en junio.A pesar de los intentos de Israel por desacreditar la jurisdicción de la CPI en este caso, el tribunal rechazó de forma unánime dichos argumentos. Los jueces del tribunal decidieron hacer públicas ciertas partes de las órdenes, tradicionalmente clasificadas, para garantizar que las víctimas y sus familias tengan conocimiento de las acciones emprendidas. Según la CPI, “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo todavía”, lo que hace urgente visibilizar estas decisiones.Petro celebra orden de captura contra NetanyahuEl presidente Gustavo Petro calificó el jueves como "lógica" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que "se debe acatar su fallo"."Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo", escribió el mandatario en su cuenta de X, una vez se conoció la noticia.Petro, un firme defensor de la causa palestina, añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la responsabilidad de reconocer esa orden.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.
