El presidente Abelardo De La Espriella rechazó la carta enviada el pasado 18 de septiembre por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Corte Penal Internacional (CPI). En el documento, el magistrado denunció una supuesta “asfixia presupuestal” por parte del Gobierno. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró: “No comparto ni acepto el contenido, el alcance ni el tono de esa comunicación”.El presidente afirmó que fijar una posición del Gobierno y debatir el presupuesto general de la Nación en el Congreso no constituye una amenaza contra ningún juez, sino que es “la Constitución funcionando”. De La Espriella recordó que, desde 2018, la JEP ha recibido más de 3 billones de pesos del erario. Según explicó, en 2025 se le asignaron 777.069 millones y en 2026 opera con cerca de 744.659 millones. Para 2027, la jurisdicción habría solicitado 947.642 millones, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones. “Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó De La Espriella.La carta, identificada con el número PRS-239-2026, fue enviada por el magistrado Ramelli a la ciudadanía y a la Fiscalía de la CPI. En ella, advirtió sobre una supuesta afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP, que atribuyó a iniciativas legislativas y presupuestales que se tramitan en el Congreso. “Ello tendría consecuencias directas sobre las condiciones de seguridad de miles de personas vinculadas a los procesos que adelanta la JEP”, afirmó en la carta.El presidente sostuvo que su deber es preguntar qué se ha hecho con los recursos ya recibidos. Señaló que durante años se cuestionó a la JEP por la falta de sentencias y que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025. A su juicio, los resultados judiciales no corresponden con el tamaño de la estructura burocrática. Añadió que, solo en 2026, el costo estimado de la nómina fue de 404.477 millones de pesos.También se refirió a cifras difundidas en el debate público sobre el salario de Ramelli. Según el mandatario, pasó de cerca de 32 millones de pesos mensuales en 2018 a más de 55 millones como presidente de la JEP, con ingresos acumulados estimados en alrededor de 4.500 millones desde su llegada a la magistratura. “Respeto la independencia judicial, pero no acepto que se pretenda volver inmune la gestión administrativa frente al control, la eficiencia y la rendición de cuentas”, sostuvo.De La Espriella exigió a la JEP explicar cómo planea y ejecuta sus recursos, cuáles son sus prioridades y por qué necesita más dinero en medio de las restricciones fiscales. Afirmó que cumplir el acuerdo de paz implica honrar a las víctimas, pero no aprobar automáticamente cualquier solicitud presupuestal ni financiar sin límites una estructura especial, en detrimento de la Rama Judicial ordinaria.Sobre este último punto, el presidente aseguró que la justicia ordinaria necesita con urgencia más recursos, debido a los millones de procesos represados, la congestión de los despachos, la infraestructura insuficiente y las limitaciones tecnológicas. Por eso, dijo que su prioridad será fortalecerla. “Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar”, expresó.Finalmente, el presidente De La Espriella negó que exista una política de venganza contra la JEP y reiteró que su deber es ordenar el gasto público y exigir resultados. “No permitiré que ninguna institución se sitúe por encima de esas reglas”, concluyó.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que las nuevas sanciones impuestas hoy por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un miembro de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional."Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una breve reacción remitida a la prensa internacional en La Haya, después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra miembros del tribunal.Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal."Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", añadió el tribunal.Estados Unidos incluyó hoy a ambos funcionarios en su lista de sanciones, dentro de la campaña de presión de Washington contra la CPI por sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán.La CPI rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal."La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró el tribunal en una reacción similar a la que hizo pública cuando se anunciaron sanciones previas contra otros de sus jueces y fiscales.En febrero del año pasado, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que abrió la puerta a medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos que investiga la CPI.Además de la investigación de presuntos crímenes cometidos en Afganistán en las dos últimas décadas, Washington rechaza las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. El tribunal sostiene, sin embargo, que puede ejercerla sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o de un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.La CPI, creada en 2002 y con sede en La Haya, es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren hacerlo.
En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió la decisión del mandatario de denunciar a alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central (EMC), ante la Corte Penal Internacional (CPI). La discusión surgió luego de que se conociera un audio atribuido a Iván Mordisco en el que convoca a otros grupos armados ilegales a una “cumbre insurgente” y a una unión para enfrentar lo que califican como injerencias extranjeras. Para Carranza, ese mensaje confirma la necesidad de acudir a instancias internacionales.“Esta batalla que se da para garantizar la soberanía y la libertad del país es tanto militar como jurídica”, afirmó el abogado, quien insistió en que la denuncia ante la CPI busca integrar un instrumento internacional a la persecución contra un “delincuente, terrorista y criminal” como Mordisco. ¿Denuncia es sinónimo de incapacidad del Estado?En su concepto, el país enfrenta una “guerra híbrida” que combina acciones armadas, judiciales, políticas y comunicacionales, lo que obliga al Estado a responder con todas las herramientas disponibles.Carranza rechazó que la denuncia implique una admisión de incapacidad de la justicia colombiana. Por el contrario, sostuvo que Iván Mordisco tiene múltiples procesos y condenas en el país y que tuvo la oportunidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a nuevos intentos de negociación, pero los desaprovechó. “Colombia tiene todas las capacidades para hacerlo y lo seguirá haciendo”, dijo, al tiempo que explicó que la diferencia está en cómo se presenta el caso ante otros Estados de la región.Según el abogado, llevar el caso ante la CPI cambia la narrativa internacional: “No es lo mismo que un país crea que en su frontera hay un supuesto guerrillero con discurso político, a que sepa que hay un criminal de guerra”. En ese sentido, señaló que la decisión del presidente Petro busca que los países de América tengan claridad sobre la naturaleza de estas estructuras y actúen en consecuencia.Carranza también aseguró que con esta denuncia se marca un punto de quiebre frente a futuras negociaciones. A su juicio, el presidente está cambiando la doctrina histórica que veía el narcotráfico como un resultado del conflicto armado, para señalarlo como el motor de la violencia. “Son grupos narcoterroristas que lesionan el Derecho Internacional Humanitario y luego salen a dar discursos”, afirmó. En esa línea, sostuvo que, de prosperar el proceso, Iván Mordisco quedaría catalogado como criminal de guerra y no podría volver a salir de listas de terrorismo ni aspirar a nuevas negociaciones de paz.Frente a las críticas que señalan que el Gobierno debería concentrarse exclusivamente en operaciones militares en zonas como el Amazonas o el Guaviare, Carranza respondió que no se trata de un “show”, sino de una estrategia integral. Argumentó que el Estado colombiano, a diferencia de los grupos armados, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario y a proteger a la población civil. “No vamos a acabar con el Amazonas ni con el Caquetá; vamos a proteger a nuestra población y a usar los instrumentos internacionales”, sostuvo.Escuche la entrevista en el audio adjunto:
Después de que se conociera la sentencia de la JEP contra los últimos exjefes de las Farc por secuestro, el representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Villamizar radicó una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional pidiendo que sea esa corte la que pueda juzgar a los excomandantes de la antigua guerrilla.“El mundo debe saber que en Colombia la justicia se rindió ante el terrorismo. La JEP le dio libertad disfrazada de sanción a los secuestradores, asesinos, torturadores, violadores de miles de civiles y militares. No hay cárcel, no hay restricción, ni siquiera un lugar de concentración. Solo un brazalete de monitoreo indeterminado: una burla a las víctimas y al país (...) Colombia tiene una obligación internacional de investigar, perseguir y sancionar de manera proporcional los crímenes de lesa humanidad”, dijo Villamizar.Las sanciones impuestas contra los exjefes de las Farc son restaurativas, es decir, que deben reparar a las víctimas de secuestro.Estas sanciones están centradas sobre cuatro ejes: la restauración ecológica, la memoria de las víctimas, el desminado humanitario y la búsqueda de los desaparecidos.En el mismo sentido el representante Villamizar pidió a la CPI que “se reactive el expediente de Colombia, cerrado tras el Acuerdo de Paz, ya que queda evidenciado que, la JEP no brindará las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la jurisdicción penal internacional la que se encargue de hacerlo”.
Según el exministro de Justicia, después de haber radicado su denuncia el pasado 27 de mayo en La Haya, fue notificado de una decisión de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que redujo significativamente su esquema de seguridad, a pesar de las múltiples amenazas y ataques documentados en su contra.Entre los hechos más graves mencionados por el exminjusticia Wilson Ruiz se encuentra, un intento de atentado en noviembre de 2022 en Cali, frustrado por su esquema de seguridad.Además, habla de un ataque armado en enero de 2023 contra su hijo, en el que el vehículo recibió seis disparos.A esto se suma, según el comunicado, el caso del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio del presente año, quien había elevado más de 20 solicitudes a la UNP para reforzar su protección sin recibir respuesta.“Al respecto, vale relacionar los hechos ocurridos en la ciudad de Medellín, en el lugar conocido con el nombre de la Plaza de la Alpujarra, donde el jefe de Estado, se dirigió a varios ciudadanos de su misma línea de Gobierno y a su vez lo hizo en compañía y compartió tarima con poderosos exmiembros de estructuras criminales que operaban en el Valle de Aburrá, una región en Colombia muy afectadas por estas bandas delincuenciales”, señala la ampliación del exministro.
La denuncia interpuesta por el exministro de Justicia, Wilson Ruiz, asegura estar respaldada por más de veinte pruebas documentales que evidenciarían una política sistemática del actual gobierno para empoderar a grupos armados ilegales como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.Entre los elementos aportados se encuentran decretos presidenciales, entrevistas públicas de jefes guerrilleros y reportes de organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, la CIDH, la Cruz Roja, así como estadísticas oficiales de la Defensoría del Pueblo e Indepaz.El exfuncionario aseguró haber agotado todas las instancias judiciales nacionales antes de acudir a la justicia internacional. “Hago esta denuncia con la determinación de quien sabe que su deber es proteger a su país, incluso cuando hacerlo implique enfrentarse al poder”, manifestó Ruiz.Entre los principales fundamentos de la denuncia destacó el exminjusticia:El aumento de masacres (más de 270 víctimas en 2024).Desplazamientos forzados que afectaron a más de 695.000 personas en 2023.La disminución de más de 40.000 efectivos en la Fuerza Pública desde 2022.Un recorte del 35,7 % en el presupuesto de inversión de la Policía Nacional.Ruiz señala que el presidente Petro, en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, ha incurrido en una omisión dolosa al no impedir ni sancionar la expansión del crimen armado en varias regiones del país, violando así los artículos 7, 8 y 28 del Estatuto de Roma.La denuncia ha sido radicada formalmente ante la CPI en La Haya y representa un hecho sin precedentes en la historia reciente del país: un exministro acudiendo al tribunal internacional para denunciar al actual presidente por presuntos crímenes internacionales.
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes de que seguirá “cumpliendo con su mandato judicial”, después de que Estados Unidos haya confirmado que el fiscal Karim Khan es la primera víctima de las sanciones decretadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la investigación a Israel por crímenes de guerra en Gaza.En una breve reacción, el tribunal subrayó que “deplora que el Gobierno estadounidense haya designado al fiscal de la CPI, Karim Khan, como sujeto de sanciones”.El de Khan es el primer y único nombre que apareció ayer en un anexo a la orden ejecutiva firmada la semana pasada por Trump para sancionar a funcionarios de la Corte por la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.“La Corte se compromete a seguir cumpliendo su mandato judicial en beneficio de millones de víctimas inocentes de atrocidades. La Corte hace un llamamiento a sus 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo para que se unan en favor de la justicia internacional”, instó la CPI, en reacciones a las medidas tomadas contra el fiscal.Las sanciones económicas y de viaje emitidas suponen la congelación de los activos en Estados Unidos de los afectados, así como una prohibición de entrar al país tanto para los sancionados como para sus familias (pareja e hijos).En principio, esto no debería afectar los viajes que Karim Khan tiene que hacer a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los avances en las investigaciones remitidas por este organismo, en relación a Libia y Sudán.El pasado día 7, la presidenta de la CPI, la jueza Tomoko Akane, denunció que la orden ejecutiva firmada por Trump para sancionar a sus funcionarios busca “socavar la capacidad de la Corte para administrar justicia en todas” las investigaciones abiertas, y estas “amenazas y medidas coercitivas constituyen graves ataques” contra los países miembros.Países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción, ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.Las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant se deben a la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, incluido el uso de hambre como arma de guerra contra la población civil.
La Corte Penal Internacional (CPI) condenó este viernes la emisión de una orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, para sancionar a funcionarios del tribunal, lo que va a “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, advirtió la institución, que investiga crímenes de guerra de Israel en Palestina.En una reacción, la CPI subrayó que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas.Entre ellas se encuentra la que es razón de las sanciones que busca imponer Estados Unidos, que incluye una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.“Hacemos un llamamiento a nuestros 125 Estados Parte, a la sociedad civil y a todas las naciones del mundo a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos fundamentales”, agregó el tribunal en un breve comunicado en reacción a la firma esta madrugada de una orden ejecutiva para sancionar a la corte por sus acciones contra Estados Unidos y aliados como Israel.Trump consideró en ese documento que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “estrecho aliado”, y que ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Galant.Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.Otra de las investigaciones abiertas por la CPI se centra en los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Ucrania durante la agresión rusa, lo que también conllevó la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños ucranianos a Rusia, una investigación y decisión que sí estuvieron respaldadas por Estados Unidos.La orden de Trump contempla restricciones financieras y limitaciones en la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida. La firma de la orden llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien la CPI considera, entre otras cuestiones, presunto responsable de crímenes como el uso del hambre como arma de guerra contra los palestinos de Gaza.La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel.El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.Para Trump, las recientes acciones de la CPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto".Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados.El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.Para Trump, cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar o procesar a personas protegidas "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", razón por la que dijo declarar "una emergencia nacional para abordar esa amenaza".En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida.Su firma llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.La medida de Trump se produce después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa Cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por la ofensiva israelí en Gaza.La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.
El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestó su apoyo a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Gaza. Estas órdenes también incluyen al líder de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, quien murió en un bombardeo.“Colombia reafirma su compromiso con la paz, dentro y fuera de sus fronteras, y reitera su posición frente a lo que ha venido sucediendo con el pueblo palestino y la acción genocida perpetrada por el gobierno de Israel. Tal como lo expresó el presidente Gustavo Petro, Colombia siempre apoyará los esfuerzos para alcanzar la paz y rechazará cualquier acto de guerra", dice el comunicado de la Cancillería.Detalles del caso en la CPILa CPI dictó órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant, señalados de emplear tácticas como el uso del hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza. Asimismo, el tribunal incluye en sus acusaciones al líder de Hamás, Mohammed Deif, aunque su estado actual es incierto tras reportes de un supuesto fallecimiento en un ataque en junio.A pesar de los intentos de Israel por desacreditar la jurisdicción de la CPI en este caso, el tribunal rechazó de forma unánime dichos argumentos. Los jueces del tribunal decidieron hacer públicas ciertas partes de las órdenes, tradicionalmente clasificadas, para garantizar que las víctimas y sus familias tengan conocimiento de las acciones emprendidas. Según la CPI, “conductas similares a las abordadas en la orden de arresto parecen estar ocurriendo todavía”, lo que hace urgente visibilizar estas decisiones.Petro celebra orden de captura contra NetanyahuEl presidente Gustavo Petro calificó el jueves como "lógica" la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) y aseguró que "se debe acatar su fallo"."Esto es lo lógico. Netanyahu es un genocida. El tribunal de justicia del mundo lo dice y se debe acatar su fallo", escribió el mandatario en su cuenta de X, una vez se conoció la noticia.Petro, un firme defensor de la causa palestina, añadió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene la responsabilidad de reconocer esa orden.
Una celebración por el inicio de una nueva etapa terminó con enfrentamientos entre familiares, vajilla rota y la intervención de la Guardia Civil. Una discusión entre los recién casados habría desencadenado una serie de altercados durante el banquete, en medio de versiones sobre una supuesta infidelidad y una posible ruptura.Los hechos ocurrieron durante una boda celebrada en Gomesende, en Ourense, España. La celebración terminó con varios invitados enfrentados y con la presencia de las autoridades, después de que la situación escalara hasta el punto de que parte de la vajilla y la cristalería del lugar resultaran dañadas.En las horas posteriores al matrimonio comenzaron a circular diferentes versiones sobre lo ocurrido. Una de ellas apuntaba a una supuesta infidelidad de la novia con un trabajador encargado de la organización del evento, mientras que también se habló de una posible separación de la pareja tras la celebración.Sin embargo, los propios recién casados salieron posteriormente a desmentir parte de esas informaciones. En declaraciones recogidas por La Región, el novio aseguró que continúa junto a su esposa y negó que ella le haya sido infiel.De acuerdo con la reconstrucción difundida por Efe y La Región, el conflicto habría comenzado durante la celebración por una discusión relacionada con 40.000 euros.Según esas versiones, la novia habría reclamado al novio dicha cantidad, que estaría relacionada con el dinero recibido como regalos de los invitados y con un supuesto acuerdo previo entre ambos. Él, de acuerdo con esa reconstrucción, se habría negado a entregarle el dinero.La discusión habría involucrado posteriormente a familiares de los dos recién casados. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta trasladarse al espacio donde se desarrollaba el banquete, donde se registraron gritos, agresiones y tirones de pelo, según las informaciones publicadas.La situación llegó a tal punto que los responsables del establecimiento solicitaron la presencia de la Guardia Civil. Durante el altercado también resultaron rotos elementos de la vajilla y la cristalería.El novio niega la supuesta infidelidadUno de los detalles que más repercusión generó después de la boda fue una versión según la cual la novia habría acudido a los baños junto a un joven que trabajaba en la organización del evento y habría mantenido allí un encuentro íntimo.La información fue difundida posteriormente por distintos medios y programas de televisión como una posible explicación del conflicto y de la supuesta separación de los recién casados.No obstante, esa versión es rechazada por la pareja. El novio defendió públicamente a su esposa y aseguró que nunca existió una infidelidad."Mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento", afirmó en el mensaje recogido por La Región, donde también negó que existiera un acuerdo entre ambos por 40.000 euros relacionado con la boda.El recién casado sí reconoció que durante la celebración hubo enfrentamientos, aunque presentó una explicación diferente sobre el origen de las peleas.Según el relato del novio, uno de los primeros altercados ocurrió después de que su hermana, quien estaría enferma, le tapara la boca a su esposa mientras esta hablaba. El hermano de la novia habría reaccionado ante ese gesto y la situación terminó desencadenando una pelea.Posteriormente habría ocurrido otro enfrentamiento, que el propio recién casado calificó como "más gorda". En este caso, dos invitadas se habrían agarrado del pelo en las inmediaciones del recinto.El novio también rechazó las versiones que hablaban de una ruptura inmediata después de la boda. En su mensaje, sostuvo que él y su esposa permanecen juntos y cuestionó a quienes, según afirma, intentaron perjudicarlos."Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias", aseguró.La pareja sostiene actualmente que continúa unida y que ambos se encuentran viviendo en A Coruña, donde están trabajando. De esta manera, los recién casados dieron su propia versión de una celebración que terminó rodeada de versiones contradictorias sobre una supuesta infidelidad, una pelea familiar y una eventual ruptura que ellos niegan.
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
