Uno de los frentes de batalla del presidente Gustavo Petro tiene que ver con la supuesta impunidad que según él, reina en Colombia y por eso, según el jefe de Estado, tendría que venir al país una comisión de Naciones Unidas o eventualmente, la Corte Penal Internacional, para investigar la corrupción y las violaciones a los Derechos Humanos.El presidente Gustavo Petro mantiene el discurso de candidato que lo llevó a la Presidencia y de hecho, uno de los motivos que utilizó para promover la marcha de hoy, justamente pretende una movilización ciudadana contra la impunidad, que Petro atribuye a lo que él llama sectores políticos tradicionales aliados con el narcotráfico.Aunque la justicia en Colombia tiene muchos problemas, en términos generales está conformada por hombres y mujeres que arriesgan su vida para esclarecer los delitos que ocurren en el país, entre otras cosas, llama la atención que el Presidente Petro pretenda involucrar a la comunidad internacional para que vigile al sistema judicial colombiano, cuando incluso se ha demostrado que ha operado de manera efectiva luego de las graves denuncias que hizo el hoy jefe de Estado cuando era Senador, como el escándalo de la “parapolítica”, que llevó a la cárcel a más de 30 congresistas, y tras el escándalo de las “chuzadas” del DAS durante el Gobierno de Álvaro Uribe, que llevó a la cárcel a decenas de altos funcionarios, incluso de círculo cercano del expresidente.Por todo esto, no deja de ser un golpe para el presidente Gustavo Petro, lo que dijo el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, al terminar su visita a Colombia, en el sentido de señalar que la justicia colombiana en general, y la JEP y la Fiscalía en particular, vienen adelantando una tarea efectiva para buscar y condenar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el país.Además recordó Khan que la CPI es subsidiaria, es decir que entraría a funcionar en un país en el que definitivamente no hubiera justicia o la misma estuviera cooptada por el poder ejecutivo y no avanzaran las investigaciones. En Colombia uno de los grandes activos de su democracia es la separación de poderes y la independencia de la rama judicial. Tesoro que hay que seguir cuidando.Justo cuando se presentaba esta visita del fiscal jefe de la CPI a Colombia, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció el llamado a indagatoria de seis generales en retiro del Ejército presuntamente involucrados en 141 asesinatos de personas que fueron presentadas como guerrilleros abatidos en combate, en el marco de los terribles “falsos positivos”, entre 2004 y 2008 en el Cesar, La Guajira y Magdalena.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, se reunió con el fiscal de la CPI, Karim Khan, en las instalaciones de la Fiscalía. Durante la reunión, se habló de las acciones y resultados que ha obtenido el órgano investigador en la lucha contra la violación de los derechos humanos en el país.Durante el encuentro, el fiscal Barbosa presentó el trabajo que la Fiscalía ha realizado en colaboración con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante los últimos años. Este trabajo fue destacado por Karim Khan."De la reunión de hoy surge una causa de optimismo, porque se revela una verdad esencial y unificada de las diferentes e interrelacionadas jurisdicciones de Colombia: tienen un solo país. Cuentan con la jurisdicción de la JEP, los tribunales ordinarios, el papel del fiscal general, los ciudadanos, la sociedad civil de Colombia y, por supuesto, el poder ejecutivo. La verdad del asunto es que los tipos de crímenes que se investigan en Colombia requieren la participación de todos. Todos deben encontrar su voz, las víctimas y los testigos deben sentir la seguridad de poder hablar sin sufrir repercusiones o represalias. Todas las oportunidades para que las personas abandonen la selva y las áreas remotas de Colombia y hablen la verdad permitirán la consolidación de la paz y la construcción de la reconciliación", señaló el fiscal Khan.Durante el encuentro, el fiscal de la Corte Penal Internacional recibió información sobre 98 imputaciones emitidas en los últimos años en relación con lo que se conoce como casos de "falsos positivos"."La idea de que, en medio del conflicto, cuando personas están siendo asesinadas y violadas, cuando hay discriminación contra los pueblos indígenas y cuando se cometen otros tipos de delitos, las compañías puedan pagar a estas organizaciones criminales para obtener ganancias, esa aflicción debe terminar. Y creo que las acciones del fiscal general, de las cuales espero recibir información detallada, tienen un alcance internacional", indicó el fiscal de la CPI.El fiscal se mostró optimista respecto al trabajo que se está llevando a cabo en el país en las investigaciones de violaciones de derechos humanos. "Agradezco sinceramente la información que me ha proporcionado. Es siempre un placer, fiscal general, ver que no le falta talento. Tanto los hombres como las mujeres de su oficina, así como los de la JEP y los abogados de Colombia, son reconocidos a nivel internacional y tienen mucho que ofrecer a la comunidad internacional", agregó Khan.En medio del encuentro, el fiscal general de la Nación informó que se había citado a seis generales a una indagatoria para responder por ejecuciones extrajudiciales o "falsos positivos" ocurridos entre los años 2004 y 2008 en los departamentos de La Guajira y Cesar.Le puede interesar:
El presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de que sea la Corte Penal Internacional (CPI) quien investigue en Colombia los crímenes del conflicto armado que han quedado en la impunidad, pero que antes dialogará sobre esta propuesta ante las altas cortes del país. "Como jefe del Estado debo decidir si la entrada al país de la Corte Penal Internacional en lugar de profundizar la violencia nos ayude, a través de la verdad, a construir la paz", escribió el jefe de Estado en Twitter.Petro hace este anuncio en respuesta de una columna de opinión que escribió el exfiscal Eduardo Montealegre en la que asegura que la CPI es el "único camino" que tiene Colombia para resolver estos crímenes, responsabilizando de esta impunidad al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al actual fiscal, Francisco Barbosa. "La política de impunidad que han generado los últimos fiscales generales, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, frente a las violaciones masivas a los derechos humanos, ha creado una situación tan delicada para Colombia que sólo tenemos una salida: el presidente de la República debe solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional asumir las principales investigaciones por crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos durante la vigencia del Estatuto de Roma", aseguró Montealegre. Escribió el presidente que Colombia se propuso un camino de justicia restaurativa y transicional, "para construir un pacto sobre la verdad y construir la paz a través de la reconciliación". Pero admite que ese camino ha sido difícil. "Ha aparecido la burla a la verdad y el intento de destruirla, acotarla, para hundir el país en la impunidad y la violencia", comentó Petro. Es por esta situación que el presidente Petro aseguró que deberá decidir si pide a la CPI que tome esos casos, pero que antes "buscaré un dialogo con las cortes del que debe salir el mejor camino para acabar con la impunidad". Esta semana que viene el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, adelantará durante la próxima semana su visita oficial a Colombia. Le puede interesar:
Se reunieron en La Haya, Países Bajos, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Carlos Vidal, y el fiscal de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, con el objetivo de hablar sobre los resultados del trabajo de la justicia transicional en Colombia, pero también buscar alternativas para lograr un trabajo conjunto y coordinado entre ambos organismos, es por esto que Vidal planteó que el tribunal internacional instale una oficina en el país."Colombia se ha convertido en un modelo muy interesante de un Estado que está cumpliendo el pacto de Roma y el sistema de la Corte Penal Internacional, la idea es hacer colaboración técnica y entonces el fiscal recibió muy interesado la propuesta porque para ellos la JEP es un modelo de cómo el sistema de la CPI sí puede funcionar en el mundo, no obligatoriamente porque todo el mundo haga lo mismo de la JEP, pero si es un modelo interesante que ha logrado ciertas cosas que a ellos les interesa mostrar en otros lugares", señaló Vidal.La idea de esta oficina técnica en Colombia es que se puedan conformar equipos conjuntos, entre la JEP y la CPI, para hacer investigaciones de temas que puedan llegar a ser más complejos de tratar, con el objetivo de compartir experiencias, estos temas podrían estar relacionados con la participación de las víctimas en los procesos, el delito de violencia sexual o los crímenes ambientales."Esos temas que parecen muy conocidos son temas muy problemáticos y deben tener desarrollos en el derecho que permitan el juzgamiento, la investigación y la sanción, también contemplamos la posibilidad de reunirnos con otros tribunales, o con gente que está haciendo procesos de paz en otros lugares, mencionamos algunos países del África, mencionamos a Yemen, a Nepal o, incluso, el mismo caso de Ucrania que es el caso tal vez más importante ahorita en la CPI, de que pudieran usar prácticas que se han desarrollado en Colombia", explicó Vidal.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, advirtió que la eventual detención del presidente Vladímir Putin por la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) equivaldría a la declaración de guerra a Rusia. "Se trata de una situación que no va a suceder nunca, pero imaginémonos un instante que sí puede ocurrir", dijo Medvédev en una entrevista con varios medios rusos. "Digamos que el jefe actual de una potencia nuclear viaja a Alemania, como ejemplo, y es arrestado. ¿Qué es eso? Es una declaración de guerra a la Federación de Rusia", agregó.En tal caso, continuó, "todos los equipos (bélicos) rusos" volarán en dirección al Bundestag, la Cancillería y otras instituciones germanas. El ministro de Justicia de Alemania, el liberal Marco Buschmann, celebró la semana pasada la decisión de la CPI de emitir una orden de arresto contra Putin como presunto responsable de la deportación de niños ucranianos.Buschmann afirmó además que Berlín tendrá que cumplir esa orden si Putin pisa el suelo alemán. Junto con la orden de detención contra Putin, la sala de cuestiones preliminares de la CPI emitió también una segunda orden contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, bajo la misma acusación. También le puede interesar:
La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido hoy dos primeras órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, una contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por deportación ilegal de niños ucranianos, un paso sin precedentes, al ser la primera vez que este tribunal pide detener a un jefe de Estado aún en el ejercicio de su cargo.También es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.La CPI emitió una orden de detención contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.Rusia no es miembro del tribunal porque no ha ratificado el Estatuto de Roma. Lo firmó en el 2000, pero retiró la firma en 2016 tras anexionarse Crimea.Ucrania tampoco ha ratificado el tratado, pero ha reconocido la jurisdicción de esta Corte para investigar los crímenes de guerra en el país. Esto permite a la CPI procesar a ciudadanos rusos, incluido su presidente, por delitos cometidos en Ucrania.“Putin tampoco es inmune ante la CPI porque ésta no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado (único tribunal que no lo hace). La elección de los casos es también muy interesante: entre los muchos crímenes de guerra que se están cometiendo, el fiscal (Karim Khan) prioriza el secuestro de niños a gran escala”, agrega la experta consultada por EFE.La segunda orden de arresto ha sido contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.Los crímenes se cometieron presuntamente desde el 24 de febrero de 2022, fecha del comienzo de la invasión rusa de Ucrania.De Hoon cree que este caso es “relativamente fácil” porque Putin y Lvova-Belova están “hablando públicamente de los éxitos de su campaña para ‘rescatar’ a niños ucranianos y ponerlos en adopción en familias rusas”, lo que legalmente es deportación forzada y se traduce en un crimen de guerra.“No es que no nieguen lo que están haciendo, es que argumentan que está justificado, algo con lo que dudo que los jueces de la CPI estén de acuerdo”, señala la letrada.El principal desafío que tiene la CPI en este caso es la detención de los sospechosos porque este tribunal no puede celebrar juicios en rebeldía. El caso estará paralizado hasta que los arrestados estén en la prisión de La Haya y puedan asistir a las sesiones, escuchar las acusaciones y defenderse.De momento, con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos.“El fiscal de la CPI espera que esto ya sea una señal importante para todos los que participan en esta guerra”, cree De Hoon, que recuerda que es “un mito” que la CPI no pueda procesar a Putin porque Rusia no es Estado miembro.Con esta paso, la CPI manda un mensaje a Moscú ya los defensores de la creación de un tribunal especial para juzgar la agresión rusa, algo con lo que el fiscal Karim Khan nunca ha estado de acuerdo.“Les dice: sí, la CPI puede emitir órdenes de arresto de cualquier persona que cometa crímenes internacionales en el territorio donde tiene su alcance. En este caso: Ucrania. Y puede procesar a cualquiera, sin importar su posición política”, detalla De Hoon.La ONG Human Right Watch celebró estas órdenes de arresto porque “convierten a Putin en un hombre en busca y captura” y son “un primer paso para poner fin a la impunidad que ha envalentonado a los perpetradores” de la guerra en Ucrania.Se espera que pronto la CPI emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de crímenes en la guerra en Ucrania.“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el “territorio ocupado de Ucrania”, señaló la CPI, que considera que hay “motivos razonables” para creer que Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.En lo que respecta a Lvova-Belova (1984), la CPI considera que tiene “responsabilidad penal individual” por el mismo tipo de crimen de guerra tras “haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros” desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque “la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa” y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.Qué significa la primera orden internacional de detención contra PutinEs la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.“Es un paso muy importante para la CPI: perseguir a un jefe de Estado en funciones mientras lleva a cabo una guerra llena de crímenes de guerra sistemáticos”, admite Marieke De Hoon, experta en Derecho Internacional.La CPI emitió una orden de detención contra Putin como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.Su responsabilidad individual se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.También le puede interesar:
Los servicios de inteligencia de los Países Bajos informaron este jueves que impidieron en abril a un espía ruso acceder a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que investiga supuestos crímenes de guerra cometidos en Ucrania."El AIVD (los servicios de inteligencia neerlandeses) impidió a un agente de la inteligencia rusa acceder como practicante a la Corte Penal Internacional (CPI)", declaró la agencia en un comunicado.Según el AIVD, se trata de un individuo identificado como Serguéi Vladimirovich Cherkasov, de 36 años, que trabaja para la inteligencia militar rusa GRU.El hombre usaba una identidad brasileña para viajar a Brasil y Países Bajos, precisaron los servicios secretos de Países Bajos. Para acceder al tribunal, se presentó bajo el nombre de Viktor Muller Ferreira, de 33 años."El AIVD lo considera como una amenaza para la seguridad nacional y avisó en un informe oficial al servicio neerlandés de la inmigración y de la naturalización", agregaron."Por estos motivos, al agente de inteligencia se le rechazó la entrada a los Países Bajos en abril" y fue "expulsado a Brasil con el primer vuelo", continuó el AIVD, precisando que la CPI fue informada del caso.La policía brasileña lo detuvo a continuación. En un comunicado difundido el jueves, informó, sin mencionar el nombre, que había detenido a un hombre en abril cuya entrada a los Países Bajos había sido rechazada por usar un falso documento de identidad."Gracias a un sistema sofisticado de falsificación, usurpó la identidad de un brasileño cuyos padres fallecieron", declaró la policía en el comunicado, agregando que estaba detenido a la espera de un juicio.De acuerdo con las autoridades, el espía ruso llegó a Brasil en 2010 y vivió en Irlanda y Estados Unidos. Regresó a Brasil para preparar su mudanza a los Países Bajos.Según la policía brasileña, iba a empezar un "periodo de prueba de seis meses en la Corte Penal Internacional como analista junior en la sección de exámenes preliminares".La CPI investiga actualmente los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.Ni Rusia ni Ucrania son miembros del tribunal, pero Kiev aceptó la competencia de la Corte y trabaja con el despacho del fiscal en la investigación de posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en territorio ucraniano.Le puede interesar: escuche el podcast El Consultorio
El pasado jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó, tras años de litigios, que Colombia violó su obligación “internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva”, es decir, que interfirió con actividades de pesca e investigación marítima, por lo que, ahora, la Armada Nacional tendrá que “cesar” algunas labores en la zona de los archipiélagos.El abogado Ricardo Abello se conectó a Sala de Prensa para hablar del tema resaltando que la sentencia final estaría saliendo entre mayo y junio del próximo año“Nicaragua pierde por haber solicitado una indemnización y la Corte rechazó esa pretensión. Gana por el decreto que creó la zona contigua integral”, indicó Abello.Por su parte, Kent Francis James, exgobernador de San Andrés, habló sobre proceso en La Haya de Nicaragua contra Colombia“Nosotros durante todo ese proceso, que duró hasta el 2012, quisimos ser parte y no fuimos considerados”, señaló.El además, representante de la comunidad raizal, que intervino en la CPI como miembro del equipo de defensa de Colombia, expresó que por derecho este territorio les pertenece a ellosRecordemos que el agente del país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Carlos Gustavo Arrieta considera que Colombia violó algunos derechos nicaragüenses, pero consideró que el 80 u 85% de lo que pretendía el país se logró.
Tras conocerse el fallo de La Haya, en Países Bajos, el presidente Iván Duque destacó la estrategia jurídica de Colombia en este caso que completa más de 10 años, asegurando que “ha sido rigurosa y coherente”. También reveló que Nicaragua no tiene espacio para una nueva demanda contra la Nación.“Ya esas puertas están cerradas hace mucho rato. Aquí queda absolutamente claro que la corte avaló el retiro de Colombia de la jurisdicción y que, además, lo único que nos queda pendiente en este momento es un caso que se interpuso en el momento que salió el fallo del 2012 y el retiro de la competencia del 2013, que es el que tiene que ver con plataforma continental extendida. Ya no hay espacio a ninguna nueva demanda de Nicaragua y todo lo contrario, como lo dijimos hoy, seguimos ejerciendo nuestra soberanía”, manifestó el mandatario.El presidente Duque señaló que, mientras él esté en el poder, no se sentará con el Gobierno de Nicaragua, pues el país centroamericano rechazó esa posibilidad con gobiernos colombianos anteriores, por lo que el embajador Alfredo Rangel se quedará en el país.“El doctor Alfredo Rangel está en Colombia porque nosotros le pedimos que regresara a nuestro país ante la dictadura que está adelantado Ortega y claramente la dictadura de él en este momento no es garantía para ningún país y por eso se están viendo retiros de embajadores y rechazos internacionales al unísono por todas las prácticas que viene cumpliendo. Por esa razón también, vuelvo y lo digo, mientras yo sea el presidente de Colombia con la dictadura de Nicaragua no nos sentaremos a negociar ni un milímetro del territorio colombiano”, expresó el mandatario.Vale recordar que el presidente Iván Duque escuchó el fallo de La Haya en compañía de la vicepresidenta y canciller Marta Lucia Ramírez; el ministro de Defensa, Diego Molano; la jefe del gabinete, María Paula Correa; el director del DAPRE, Víctor Muñoz; los abogados Manuel José Cepeda y Jaime Bermúdez, junto a los consejeros de prensa- Comunicaciones.
En Mañanas Blu, dirigido por Néstor Morales, se debatió este lunes sobre la efectividad de la comunicación del Gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Es realmente un problema de comunicación o hay algo más profundo afectando la administración actual? A este cuestionamiento respondieron los panelistas y periodistas del programa.De acuerdo con uno de los panelistas, el principal problema radica en que el presidente Petro "dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75 % de los colombianos, que no son de izquierda".“A todos los gobiernos les he oído la historia de que tenemos que comunicar mejor. Uno cuando las encuestas no los favorecen dicen: ‘Tenemos que comunicar mejor’. Y el sacrificado casi siempre es el consejero de comunicaciones en la oficina de prensa”, dijo Héctor Riveros.El panelista manifestó que el Gobierno se ha concentrado en el debate ideológico y no en la ejecución.“El Gobierno del presidente Petro se ha concentrado en la discusión, en el debate ideológico y no necesariamente en la ejecución de programas. Y digamos que está bien. Son dos componentes, digamos, generales de la política. Uno podría esperar del presidente Petro que él tuviese ese papel, pero claro que le tiene que reclamar al Gobierno, al Gobierno, ya a los ministros, a los jefes de las entidades, pues ejecución, ejecución de programas. Se necesita que, si hay un problema de falta de agua potable, que más gente tenga acceso al agua potable, que sea más fácil acceder a la educación”, añadió.Mientras tanto, María Consuelo Araújo dijo que el problema radica en que lo que el presidente comunica va por un lado y el Gobierno va por otro.“Nada tiene que ver los programas y planes con lo que el presidente dice todos los días. Tanto así que a los ministros y a los funcionarios les toca salir a leer los trinos del presidente para saber lo que van a hacer y a armar los programas en la marcha. Cuando él lo sorprende con un titular en un trino, terminan ellos corriendo a Palacio a hacer comunicados de prensa sobre los trinos del presidente para salir a ver cómo se ejecuta lo que el presidente, sin ningún tipo de discusión. Inclusive ha sido evidente en muchos temas que los ministros no están de acuerdo”, dijo.Araújo puso como ejemplo el tema de la Constituyente, por ejemplo: “Sorprendió a muchos ministros y muchos todavía dicen que hay que hacerlo por la vía legal. Cuando el presidente dice que es por otro lado”.Mientras tanto, Luis Ernesto Gómez dijo que es evidente que la ejecución es mala, pero también se trata de un tema de comunicación, pero enfatizó en que el verdadero problema es que Petro dejó de comunicarles a los 75% de los colombianos que no son de izquierda.“Yo creo que el verdadero problema de comunicación no es comunicar la obra de Gobierno. No es comunicar que llevaron agua a La Guajira, ¿Sabe cuál es el verdadero problema? Que el presidente Gustavo Petro dejó de comunicarle y dejó de hablarle al 75% de los colombianos que no somos de izquierda. Desistió completamente de hablarles a ellos, de comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque los mensajes que manda son líneas duras para su primera línea, para las bases históricas de la izquierda, para la movilización y nosotros, las personas que no somos de izquierda, decimos: ‘Este hombre, que fue capaz de hablarle a un país, por eso ganó la Presidencia con la mitad más uno. O sea, Colombia se gana la presidencia con mayorías absolutas. Es una mayoría simple y logró hablarle a otra parte del país y ahora no lo está haciendo”, dijo.Mientras tanto, Andrés Mejía dijo que victimizarse no resuelve el problema y que si el Gobierno tuviera logros se verían, sin necesidad de comunicar.“El problema es meterse a ver qué es lo que no están haciendo bien. Si el Gobierno tuviera logros, los logros se notarían. Estos los logros son visibles desde en muchos puntos de vista. Entonces yo creo que es cuidarse en ese tema de que es que no estamos comunicando bien. Es más bien como una excusa para salir de la responsabilidad grande de la responsabilidad dura de la responsabilidad difícil, que es hacer las cosas. Mire, decía el representante David Racero, que es que ellos no pueden seguir las mismas políticas de otros gobiernos anteriores. Y claro, tiene toda la razón. Al fin y al cabo, es un gobierno con una orientación diferente, pero es que ya vamos a entrar al tercer año de gobierno. No es el momento de estar diciendo eso. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado hace un año, casi exactamente la próxima semana va a ser un año. Qué pasa con esa que se supone que es la carta de navegación que sí tiene sus ideas y no las de gobiernos anteriores. ¿Por qué no está en marcha? Decir que son víctimas de campañas de desinformación o que no están comunicando bien, pues no van a lograr nada”, dijo.Por su parte, Aurelio Suárez fue más allá al afirmar que por fortuna este Gobierno no comunica, porque de lo contrario, todo mundo se daría cuenta de lo que califica como un “desastre”.“Yo no creo que el problema sea de comunicaciones. Creo que el problema es de hacer mal de este Gobierno . Mejor que no han comunicado todo lo malo que han hecho, porque estaría peor. El Gobierno tiene que corregir las políticas que ha venido adelantando. mire, por ejemplo, el caso del hambre. Cuando Petro estaba en la campaña decía: ‘Yo voy a quitarle el hambre a la gente’. Mentiras. El informe del Programa de Alimentos de las Naciones Unidas acaba de decir que en términos de seguridad alimentaria avanzamos en el último año de 15 a 17 millones de personas. El tema de la compra de tierras: lleva desde el primer desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 31 de marzo de 2024 ha comprado 80.000 hectáreas de tierra por 400.000 millones de pesos. Tiene guardados en una caja en la Agencia Nacional de Tierras millones de pesos porque no han sido capaces de ejecutar esa plata y bueno, hay que mirar a ver realmente bien qué es lo que han hecho en ese campo y así sucesivamente. La política económica es un desastre estamos creciendo al 0,6 y ya se está hablando de que menos del uno al final del año”, dijo Aurelio Suárez.
Dificultades con el servicio de electricidad ha generado protestas al interior de la cárcel de Puerto Triunfo. Desde la dirección del establecimiento negaron que haya ocurrido un motín y aseguraron que trabajan en soluciones con la Uspec.Un fuerte aguacero ocurrido en la tarde del pasado viernes en el municipio de Puerto Triunfo generó inconvenientes para la prestación del servicio de energía en varias zonas de la localidad del Magdalena Medio, entre ellas, para la cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad El Pesebre.El daño en un transformador no solo los dejó sin energía, sino también sin agua, pues el suministro depende del funcionamiento de motobombas. La situación habría generado un motín en inmediaciones del patio 3 de la prisión como lo evidenciaron reportes ciudadanos.Frente a esta problemática el defensor de la población privada de la libertad en el departamento, Jorge Carmona, insistió al Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Justicia para que preste atención a las complejas condiciones de este establecimiento que acoge a cerca de 1.700 personas."Yo creo que es la única cárcel en todo Colombia de los 138 establecimientos donde no tienen agua potable y eso se convierte en una vulneración gravísima a los derechos humanos porque el agua es esencial para la vida, pero también hay una falta de gobernabilidad", destacó Carmona.Desde la dirección de la cárcel El Pesebre, el capitán Mauricio Eraso indicó que trabajan con la Uspec para restablecer cuanto antes al servicio de energía, pero desmintió que hubiera ocurrido un motín, se refirió a una protestas pacífica e indicó que el servicio de alimentación se viene garantizando, así como el de agua con el ingreso frecuente de hasta cuatro carrotanques que atienden la contingencia."El transformador hay que cambiarlo, pero se entenderá que no se cambia de la noche a la mañana. Ya se están haciendo los trámites con la Uspec para poder cambiarlo y la alimentación a todos los internos se les ha garantizado", confirmó Eraso.Desde las entidades defensoras de la población privada de la libertad en Antioquia esperan soluciones prontas ya que aseguran que las altas temperaturas no mitigadas al interior del penal también generan preocupación ante las enfermedades que algunos de los reclusos padecen.
La Policía ya tiene en su poder a 3 de los 18 hombres más buscados de Antioquia por delitos contra las mujeres. Uno de ellos fue capturado en el departamento de Córdoba.Luego de que el gobernador de Antioquia presentara el cartel con los 18 hombres acusados de cometer delitos contra la mujer en diferentes municipios del departamento y por los cuales ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura, las autoridades ya han capturado a tres de ellos.El 27 de abril el gobernador Andrés Julián Rendón confirmó, a través de su cuenta de X, que dos de los hombres que aparecían en el cartel responderán por sus delitos ante la ley.Se trata de Edison Taborda, quien fue capturado por la Policía Nacional en el municipio de Los Córdoba en el departamento de Córdoba por acto sexual violento. Mientras que John Correa se entregó voluntariamente ante las autoridades en el Comando de Policía de Remedios para responder por el delito de acceso carnal violento agravado.Menos de 24 horas después el mismo mandatario, y también por sus redes sociales, informó que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a Arnobis Hernán Olea por el delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir.Fue el mismo Rendón el que informó que este año se han registrado 28 presuntos feminicidios, 30 por ciento menos que en 2023, pero que este tipo de acciones le apuntan a una apuesta mayor por este flagelo.“Una reducción de cerca de un 30% respecto al mismo periodo del año anterior pero eso no nos deja ni más faltaba satisfechos quisiéramos que no ocurriera ni uno solo y por eso con este cartel estamos señalando la prioridad que este asunto representa para el Gobierno de Antioquia”, aseguró.Por último, destacar que entre los más buscados hay tres hombres señalados del delito de feminicidio, los cuales, hasta este momento, no han sido capturados por las autoridades antioqueñas.
Quedaron definidos los ocho equipos que jugarán los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2024-1. Bucaramanga, Pereira, Millonarios y Junior disputarán su puesto en la final por el grupo A; Tolima, Santa Fe, Once Caldas y Equidad, en el grupo B.La firma Matics, que se especializa en entregar reportes estadísticos del fútbol colombiano, dio a conocer su más reciente estudio, en el que estarían encaminados los clubes que disputarían la gran final. Sería la oportunidad de revancha para un equipo bogotano.Según las probabilidades de Matics, con el 44.4 %, el finalista del grupo A sería Millonarios. La final sería contra Tolima, que tiene un porcentaje del 67.9 % en el grupo B. De esta manera, se repetiría la final del 2021, cuando se coronó campeón el conjunto de Ibagué, con un marcador global de 3 – 2.Lea también: Nairo Quintana, Einer Rubio y Gaviria liderarán al Movistar en el Giro 2024Probabilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay, grupo A:Millonarios: 44.4 %Deportivo Pereira: 26.4 %Atlético Bucaramanga: 21.8 %Junior: 4.4 %Probabilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay, grupo A:Tolima: 67.9 %La Equidad: 17.2 %Santa Fe: 9.2 %Once Caldas: 5.7 %Para llegar a este análisis, de acuerdo con Matics, se evalúa el rendimiento histórico en casa y como visitante, las actuaciones recientes tanto en condición de local como de visitante, el calendario de partidos pendientes con énfasis en la localía, el punto invisible y la diferencia de goles probable.¿Cuándo se jugará la final de la Liga BetPlay?Según informó la Dimayor, los juegos de la gran final de la Liga BetPlay 2024-1 se jugarán el 2 y 9 de junio.La primera fecha de los cuadrangulares inicia este 1 de mayo, mientras que la última, la fecha 6, se disputará el sábado 25 y domingo 26 de junio.
“Puede ser una de las reuniones más importantes” que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido, dijo el representante a la Cámara David Racero sobre el encuentro en Paipa, Boyacá, que sostuvieron varios ministros y que sería un “cambio de viraje” tras las recientes marchas en el país y, mientras sigue el debate de varias reformas en el Congreso.Racero estuvo en dicha cumbre como miembro del Pacto Histórico y en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, compartió sus impresiones sobre los resultados y reflexiones que surgieron durante los dos días de reunión. Según contó, en primer lugar, se discutió la necesidad de revisar la ejecución de las políticas de Gobierno antes de finalizar el segundo año de mandato; se evaluó la ejecución presupuestal y se establecieron estrategias para profundizar otros temas.En segundo lugar, dijo, se planteó la importancia de mejorar la comunicación del Gobierno con la ciudadanía, pues se reconoció que es fundamental comunicar de manera efectiva las acciones que se están realizando. Esto, entendiendo que varios sectores alegan falta de desarrollo en lo prometido. “Es indudable que hay que afinar las comunicaciones de todo el Gobierno, cosas que se están haciendo, pero no se están comunicando bien y eso en la política del siglo veintiuno. De nada sirve hacer lo que se hace si no se comunica y, tercero, un poco el fortalecimiento del equipo de trabajo. La parte anímica es clave para afrontar los retos y eso hubo un muy buen ambiente durante los dos días, importante para recargar energías colectivas, para asumir los retos que nos demanda el país”, sentenció.¿Hay un viraje del Gobierno en algún sentido después del cónclave de este fin de semana?Sobre esto, indicó que sí existe un cambio, ya que la cumbre fue una de las más importantes que se han realizado hasta ahora, justamente, para poner sobre la mesa las varias inquietudes y los ajustes que deben hacerse. Añadió que “gobernar implica administrar las expectativas de los ciudadanos” y contrastarlas con las realidades presupuestales y económicas.“Yo creo que sí. Insisto, puede ser una de las reuniones más importantes que se han tenido. Sobre todo porque parte de lo que implica gobernar es administrar las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas respecto a su anhelo de cambio, su anhelo de vivir mejor, pero segundo, contrastarlo con las dinámicas propias de lo que es el ejercicio de Gobierno, por ejemplo, los retos presupuestales. Por ejemplo, un escenario económico que amerita una reactivación económica colectiva”, respondió.El representante Racero también habló sobre la “cohesión del equipo y la importancia de mantener una buena comunicación” entre los mismos miembros del Gobierno. Esto, ante los cuestionamientos sobre una posible diferencia entre el gabinete del presidente Petro; comentó que todos “están motivados” y comprometido en sacar adelante las políticas y proyectos del Gobierno.En relación a la ejecución de las políticas gubernamentales, el representante Racero aclaró que, si bien la ejecución del presupuesto puede parecer baja en este momento, se están cumpliendo los compromisos y existe una planificación adecuada. Recalcó que el Gobierno está implementando una nueva orientación de la política pública y se está trabajando en iniciativas que buscan abordar la pobreza y mejorar las condiciones de vida.