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Fiscal advierte que ley estatutaria de la JEP puede abrir la puerta a la CPI

El fiscal hace fuertes cuestionamientos a temas como el del narcotráfico.

294575_BLU Radio. Nestor Humberto Martínez // Foto: Fiscalía
BLU Radio. Nestor Humberto Martínez // Foto: Fiscalía

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, en la cual le advierte sobre algunos vacíos en el fallo que le dio viabilidad a la Ley Estatutaria de la JEP, que podrían terminar con injerencia de la Corte Penal Internacional, por las omisiones del Estado a la hora de juzgar delitos de lesa humanidad.

En uno de los apartes dice que la Fiscalía, en varios casos, quedaría maniatada para revisar esos casos, hasta tanto no haya definiciones en la Justicia Especial de Paz, lo cual haría que Colombia perdiera las evidencias de que delitos graves están siendo investigados y juzgados.

El ente acusador también se pregunta si para la Justicia Internacional será suficiente el hecho de que sean juzgados los “máximos responsables” de crímenes atroces, dejando de lado a los ejecutores materiales de esas conductas. Plantea la Fiscalía que en ese caso se podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional.

Además, en la extensa misiva, la Fiscalía advierte que hay un vacío para perseguir a aquellas personas que sigan cometiendo conductas delictivas después del primero de diciembre de 2016, que fue la fecha en la cual se selló el acuerdo de paz.

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 “Se haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos, almacenando estupefacientes, o destinando ilícitamente inmuebles para el narcotráfico (…) porque en tales eventos la Fiscalía carecería de competencia hasta que la JEP decida, caso por caso, si la otorga a la jurisdicción ordinaria”, dice parte del texto de la misiva.

En la carta, la Fiscalía también plantea la posibilidad de que se “sustraiga” la posibilidad de que la Fiscalía pida circulares rojas a Interpol para la captura de criminales e incluso que se le quite competencia a la Fiscalía para definir casos de extradiciones.

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Bajo estas premisas, el Fiscal Martínez considera que este tipo de normatividad podría generar dificultades a la hora de consolidar la política criminal del Estado colombiano.

 

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