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Fiscalía cita a declaración a alcalde de Medellín y gerente de EPM por Hidroituango

En la diligencia, ambos podrán formalizar las denuncias que han hecho en medios de comunicación sobre el presunto ocultamiento de información.

313966_Foto: Hidroituango/EPM
Foto: Hidroituango/EPM

La Fiscalía citó a diligencia de declaración al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gerente de EPM, Alvaro Guillermo Rendón, para que den explicaciones y entreguen formalmente el nuevo informe de los errores en Hidroituango.
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En la diligencia, el alcalde Quintero y el gerente de EPM podrán formalizar las denuncias que han hecho en medios de comunicación sobre el presunto ocultamiento de información para evitar demandar a consorcios y empresas implicadas en el megaproyecto, en especial, el nuevo informe causa-raíz hecho en agosto de 2019 y relevado hace poco por el mandatario local.

Se trata del informe causa-raíz contratado por la reaseguradora Mapfre y realizado por la firma Advanta, en el que se habla de errores de construcción en la hidroeléctrica. Por ejemplo, diseños debilitados, un 25 % menos de tornillos, refuerzos menos resistentes y excavación más allá de los límites permitidos.

Lea también: Lo que dice Daniel Quintero sobre continuidad de constructor de Hidroituango

En la misma decisión, la Fiscalía ordena una inspección al expediente de Hidroituango de la Procuraduría, que admitió la petición de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de adelantar una conciliación extrajudicial con los constructores de la hidroeléctrica.

El caso judicial

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El caso se reactiva en la Fiscalía, ya que llevaba más de un año paralizado el juicio contra el exgerente de Hidroituango, Luis Guillermo Gómez y contra el exgerente de EPM, Luis Javier Vélez, por las presuntas irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica. Ambos fueron acusados por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La primera razón del retraso estaría relacionada con el envío del expediente al Tribunal de Medellín que, posteriormente , tuvo que resolver a que entidades acreditaba como víctimas, pues hubo peticiones tanto de la Gobernación de Antioquia, de la Alcaldía de Medellín y de la Contraloría.

Por si fuera poco, cuando el proceso parecía reactivarse tras el fallo del Tribunal, el juzgado 17 de Medellín (que adelantaba el proceso) se declaró impedido, y entonces, el caso tuvo que ser reasignado a otro despacho.

Por lo tanto, a pesar de que la fiscalía acusó a los funcionarios el 26 de agosto de 2019, aún no inicia el juicio.

 

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